JUDICIAL II

 Donald Trump Asume el Poder en los Estados Unidos y Este es el Contexto Judicial de su Situación Particular

NEW YORK, USA-Ahora que Donald Trump es nuevamente el presidente de esta nación y que ha enfrentado una cantidad impresionante de juicios, ¿Cuál es su situación jurídica en relación con su investidura como gobernante de los Estados Unidos? Veamos:

            El fiscal especial a cargo, desestimó el caso en el que se acusa al presidente Trump de interferir en las elecciones del 2020 y la otra acusación en la que se indicó que almacenó documentos clasificados, propiedad del gobierno estadounidense, en su residencia de Mar-a-Lago en Florida, una vez que concluyó su primer período presidencial. Esto significa que el aparato judicial de este país ha puesto punto final y ha cerrado esos casos en los que el hoy mandatario, aparecía culpable irrefutable e irremediable de los cargos de los que era acusado. Y no hay duda de que el hecho de haber resultado ganador de las pasadas elecciones, le dio ese hándicap a Trump, para ser sobreseído, si el término técnico cabe.

            Recordemos que este empresario del espectáculo o del show business norteamericano y de los bienes raíces y ahora metido a político –para desgracia de la humanidad entera, valga el comentario-, intentó frenar la proclamación de presidente de Joe Biden, cuando conoció el resultado de las antepasadas elecciones nacionales, cuando el demócrata Biden lo derrotó; también, lanzó a las hordas de seguidores suyos contra el edificio de El Capitolio, con la orden expresa de que asesinaran –literalmente-, a su propio vicepresidente, Mike Pence, por no obedecerlo en la no declaración de Biden como presidente de USA. Recordemos, así mismo, las tropelías, los abusos y hasta las muertes que esos asaltantes del Congreso causaron ese día.

            Poco tiempo después, se supo que Trump había raptado gran cantidad de documentación, en cajas usadas por el gobierno, y que era material sensible, top secret, que pertenecía al Departamento de Estado y que, tras una intervención del FBI a la mansión de Trump en La Florida, apareció hasta en los baños de esa casa, donde estaba a la vista de cualquier visitante ocasional que allí llegara. Empero, a pesar de lo aquí recordado y descrito, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha decidido, hace pocas fechas, desestimar los dos principales casos penales contra el nuevamente electo presidente, lo que, según los analistas, supone ser un gran éxito para Trump en su regreso a la Casa Blanca.

Con nombres y apellidos

            Para conocer el nombre de la persona que decidió desestimar ambas acusaciones, tenemos que remitirnos al ex fiscal Jack Smith, quien estuvo al frente de los dos casos federales contra el líder del Partido Republicano y, para ello, presentó una moción para desestimarlos en la Capital de esta nación, Washington D.C. Lo mismo hizo en el Estado de La Florida en relación con el rapto de los documentos clasificados, que sólo el gobierno de los Estados Unidos puede poseer y disponer de ellos. Para justificarse de ambas decisiones, deleznables ante los ojos de la opinión pública mundial, ya que se esperaba una fuerte y aleccionadora condena contra Donald Trump, el entonces fiscal esgrimió el argumento de que “la política del Departamento de Justicia ordena no investigar a presidentes en ejercicio. Es decir, prevalece la tesis de que los mandatarios de este país son intocables, tanto si están en la cúspide del poder, en la Oficina Oval, como si estuvieren fuera de ella. Y Trump ha dado a conocer a la humanidad entera, sin que él se lo haya propuesto, que, efectivamente, los presidentes de los Estados Unidos son inmunes durante toda la vida.

            En lo que estriba a la voz oficial de este indiciado, su portavoz, Steven Cheung, difundió un comunicado en el que manifestó que el final de los procedimientos representa “una gran victoria para el Estado de Derecho (¡!)” y esas acusaciones eran “inconstitucionales” según su modo de ver (y torcer) las cosas. Es decir, se puede deducir entre líneas de su argumentación equivocada, que Donald Trump podía causar cualquier acto reñido, evidente y convincentemente, contra las leyes del país, que por ser Trump, toda acción judicial en su contra se califica “inconstitucional.” Una especie de “dios”, que pone de manifiesto que las leyes estadounidenses son endebles en varios de sus puntos y eso desalienta a quienes admiran al sistema del que hacen gala los norteamericanos. Es evidente que no se trata de un caso de “inmunidad”, como realmente lo es, sino de gravísima “impunidad.” “El pueblo estadounidense y el presidente Trump quieren un fin inmediato al uso político de nuestro sistema de justicia como arma”, agregó el portavoz. De tal manera, la invasión violenta a El Capitolio y el robo de las cajas atestadas con documentación sensible y secreta, fue “legal”, según el modo de considerar los hechos y de acuerdo a esas mismas leyes permisivas de los Estados Unidos, que en ningún otro país, aparte de las dictaduras, es posible observar.

            Y para terminar con este abrumador caso, el propio Trump podría indultarse a sí mismo, como si realmente fuese un dios: “muy probablemente Trump habría detenido el proceso judicial después de asumir el cargo como presidente de la nación”, aseguró el ex fiscal Smith. Los expertos creen posible que el republicano se indultará a sí mismo, una vez en el poder. De eso no quepa la menor duda. Podría ser el primer acto al estar frente al escritorio de la Oficina Oval; el segundo será, como ha anunciado previamente, la persecución de los inmigrantes en todo el territorio estadounidense. También es posible que Trump desate una persecución contra fiscales, abogados, jueces y miembros de los jurados que estuvieron presentes en los procesos judiciales contra él y “descabece” a la mayoría de ellos, sino los mete a prisión también. En otras naciones, en el caso de Guatemala, por ejemplo, quienes han trabajado en el Departamento de Justicia han tenido que exiliarse sin demora ante las campañas abiertas, desmedidas y descaradas en las que se ha ordenado encontrarlos, perseguirlos y encarcelar a todos esos funcionarios que intentaron hacer prevalecer a las leyes establecidas.

            En lo que atañe al ex fiscal Jack Smith, previendo un muy posible acto de venganza de parte de Trump, presentó su renuncia irrevocable tras conocer la victoria de su acusado, Donald Trump, en las elecciones nacionales recién acaecidas en noviembre pasado. Pero antes de hacerlo, presentó su informe final sobre los procesos criminales, cuya conclusión se vio alterada definitivamente tras el resultado de los comicios. Es decir, el funcionario actuó en consecuencia cuando el Tribunal Supremo otorgó la inmunidad al presidente –tal y como está estipulado con los mandatarios de los Estados Unidos-, para todos sus actos oficiales y haciendo imposible, en la práctica, que el juicio empezara antes de las elecciones, al forzar un cambio total en la estrategia del ministerio fiscal. No obstante, quedaba una leve “resignación” para quienes han querido ver a Trump detrás de los barrotes de una celda, tal y como realmente lo merece, y estaba en manos de Merrick Garland, quien designó a Smith fiscal en estos dos casos delictivos, ya que podía decidir si hacía público el informe donde se explica con detalle ambos delitos cometidos por Donald Trump, o los archivaba definitivamente y en el mayor de los secretos. Es una prerrogativa que le pertenece a la fiscalía y que, por la salud general del aparato judicial de este país, era oportuno que los diera a conocer a la opinión pública para enterarnos o reforzar la imagen que tenemos del nuevo presidente. Siempre en torno a este asunto, el Departamento de Justicia solicitó en un escrito a la magistrada Aileen Cannon, para que no extendiera la prohibición que emitió en referencia a la publicación del informe de Smith; es decir, Cannon bloqueó dicha publicación, mientras un tribunal federal de apelaciones, con sede en Atlanta, Georgia, decidía sobre la cuestión. Sobra decir que los abogados de Trump intentaron, por todos los medios, para que no se publicara dicho informe acerca de los dos delitos cometidos por su cliente y que fue elaborado por el hoy ex fiscal Smith. No obstante, la magistrada levantó el bloqueo y el informe ha salido finalmente a la luz pública. En ese “forcejeo” lo que prevalecía era una lucha de poder, ego y competencias en torno al informe, que, sin embargo, no tendrá consecuencias jurídicas en contra del indiciado: el equipo de Garlan se inclinó por hacerlo público, ya que en el documento se narran detalladamente las interferencias electorales de Trump en detrimento del triunfo trasanterior de Biden en las elecciones presidenciales; y por el lado contrario, la jueza Cannon, que, dicho sea de paso, fue nombrada por el propio Donald Trump en ese cargo en el circuito federal, desestimó tajantemente el caso de los documentos confidenciales que fueron sacados de la Casa Blanca y guardados en Mar-a-Lago de manera arbitraria. Pero, reiteramos, era oportuno que el pueblo estadounidense y la opinión pública mundial conociera, con lujo de detalles, los desmanes de Donald Trump cuando robó la documentación clasificada e intentó obstaculizar la llegada de Biden a la Casa Blanca.

            Por el momento, lo que acabamos de ver ha sido la primera renuncia de un alto personero de la justicia de los Estados Unidos, previendo la persecución que el nuevo presidente desatará contra aquellos a quienes él considera sus enemigos y “trataron de dañarlo” en el pasado reciente. Jack Smith, para mejores señas, fue fiscal también para los crímenes de guerra en Kosovo, Los Balcanes, en el sur de Europa, lo cual habla en parte de su vasta experiencia en la materia. Abandonó su oficina en Washington en días recientes, sin hacer declaración alguna a la prensa ni haber emitido ningún comunicado. Periodistas estadounidenses así lo relatan: “su decisión, esperada e inevitable, ya que Trump lo tiene en la mirilla, fue para no darle al presidente la satisfacción de su despido. Así consta en una nota al pie de la documentación remitida a la fiscalía general.” Para Smith estaba claro que Donald Trump debía ser imputado y procesado y así lo hizo saber: “Mi intención es investigar a Trump de manera justa y rápida. La adhesión al Estado de Derecho es un principio fundamental del Departamento de Justicia y el compromiso de nuestra nación con el Estado de Derecho, es un ejemplo para el mundo. Tenemos un conjunto de leyes en este país y se aplican a todos (incluyendo al entonces ex presidente).” Así lo aseguró en agosto del 2023, en La Florida, al presentar las acusaciones formales contra el magnate inmobiliario.

El triunfo electoral impidió una condena inminente

            En el informe redactado por el ex fiscal Smith se dice tácitamente que el nuevo mandatario de los Estados Unidos, de no haber ganado las elecciones del pasado 5 de noviembre, habría sido procesado y condenado por interferencia electoral y todas las maniobras llevadas a cabo en el 2020, tras no aceptar la derrota ante Joe Biden.” Es decir, según su consideración técnica, “había suficientes pruebas para condenarlo.”  Y añade: “La opinión del Departamento (de Justicia) de que la Constitución prohíbe la acusación y el procesamiento de un presidente, es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, la solidez de las pruebas del gobierno o de los méritos de la acusación, que la oficina respalda plenamente. De hecho, de no ser por la elección de Trump y su inminente regreso a la Presidencia, la oficina evaluó que las pruebas admisibles eran suficientes para obtener y sostener una condena en el juicio.” Esas fueron sus consideraciones enteramente o ciento por ciento seguras de parte de este ex fiscal que llevó los dos casos contra Trump. Su convencimiento sobre la culpabilidad del actual mandatario, fue tal… que no permitió la menor duda posible.

            Ese informe consta de 137 páginas y en él, el ex fiscal Smith indica contundentemente que “Donald Trump intentó revertir los resultados de una elección libre y limpia y alentó constantemente a la violencia contra sus supuestos oponentes entre noviembre y el 6 de enero del 2021, cuando sus partidarios, alentados por él mismo, asaltaron El Capitolio, hiriendo a más de 140 agentes de policía (…).” En este punto específico, Trump ha decidido, con el paso de los días en la Oficina Oval de la Casa Blanca, indultar y sacar de las cárceles a esos asaltantes del Congreso, en agradecimiento a la lealtad que le demostraron en aquellos momentos, únicos en la historia del país.

            Además, el ex fiscal entrevistó a más de 250 personas y obtuvo el testimonio de 55 testigos ante dos grandes jurados y concluye que había pruebas más que suficientes para juzgar y condenar al hombre que ya está entronizado de nuevo en el gobierno de los Estados Unidos. “Fue un esfuerzo criminal sin precedentes para anular los resultados legítimos de las elecciones, con el fin de retener el poder”, aseguró Smith. Así mismo, este ex funcionario judicial denunció en distintas etapas, “la capacidad y voluntad de Trump para usar su influencia y seguimiento en las redes sociales, para atacar a testigos, tribunales y empleados del departamento, lo que requirió que la oficina participara en litigios que consumían mucho tiempo, para proteger a los testigos de amenazas y acoso.” Escribió. Si lo recordamos bien, el juez que veía este caso, ordenó a Trump mantenerse callado y no escribir en su red social o de lo contrario tendría que encerrarlo en prisión. El hoy presidente obedeció… a medias.

            La respuesta del mandatario en su cuenta de Truth Social, fue inmediata a este informe recién publicado y atacó de esta manera: “para mostrar lo desesperado que está, el desquiciado Jack Smith, publicó sus hallazgos falsos (¡!), a la 1:00 am (en la madrugada). ¿Dijo que el Comité de Anulación de la Selección destruyó y borró ilegalmente todas las pruebas? El trastornado Jack Smith no pudo procesar con éxito al oponente político de su jefe, el corrupto Joe Biden, por lo que termina escribiendo otro informe basado en información que el Comité No Electo de Matones y Piratas Políticos destruyó y eliminó ilegalmente, porque mostraba cuán totalmente inocente era yo y cuán completamente culpables eran Nancy Pelosi y otros. Jack es un fiscal patético que no pudo lograr que su caso fuera juzgado antes de las elecciones, que gané de manera aplastante. ¡¡¡Los votantes han hablado!!!” Hizo leer Trump. En todo caso, el ahora presidente ha quedado libre de estas dos acusaciones y no tendrá que enfrentarse más a ningún fiscal, jurado ni jueces y pasará la página de un capítulo que le quitó la tranquilidad, si es que esa emoción fuese posible en su fuero interno, pues es un ser en constante ebullición y violencia interna, en su espíritu y mente.

            Por otra parte, en lo que se refiere a otro caso, esta vez contra la ex actriz pornográfica Stormy Daniels, el juez Juan Merchan, de origen colombiano, mantiene la condena contra Donald Trump, pero se niega a imponerle ninguna pena, que, de todos modos, quedaría inhibida debido a la elección nuevamente del magnate inmobiliario a la presidencia del país. Sin embargo, la andanada de insultos, retos y descalificaciones de parte del acusado y sentenciado, no se ha hecho esperar en contra del magistrado, más todavía cuando Trump se siente seguro por haber alcanzado nuevamente el poder en los Estados Unidos y tener de su lado al Congreso, al Senado y la posibilidad de llenar al aparato judicial con la gente que a él lo acuerpa y podría causar daño a este juez si el mismo Trump lo solicitara. Es así como acusó a Juan Marchan de llevar a cabo “un ataque político ilegítimo (contra mí)”, por el caso del soborno a la ex actriz del cine para adultos, Stephanie Clifford, conocida popularmente como Stormy Daniels. Recordemos que Trump, por medio de su abogado “estrella”, Michael Cohen, le pagó a esta mujer la suma de US$130,000, antes de las elecciones que Trump ganó y le llevaron por vez primera a la Casa Blanca, para que ella no narrara las aventuras íntimas que sostuvo con el ahora mandatario.

            “Este ataque político ilegítimo no es más que una farsa amañada –continuó su ataque Trump contra el funcionario de justicia-. El juez en funciones, Merchan, que es un partidista radical, acaba de emitir otra orden que es ilegal, a sabiendas que va en contra de nuestra Constitución y, si se permite que se mantenga, sería el fin de la presidencia tal y como la conocemos.” Así redactó Trump en su cuenta en Truth Social, en referencia a la posición firme del juez de sentenciarlo, a pesar de haber sido electo de nuevo presidente de los Estados Unidos. “(Es) ¡Una despreciable violación a la Primera Enmienda!” Aseveró un siempre violento Trump. Es decir, no puede soportar la idea de que fuera condenado por el caso “Stormy Daniels”, a pesar de que ganó las pasadas elecciones presidenciales. Para Trump, lo que él llama persecución política, debe cesar inmediatamente porque, según su manera de ver las cosas, él es “intocable” desde todo punto de vista terrenal o divino, de acuerdo a su retorcido ego y a su mentalidad también retorcida y carente de principios, respeto, humanidad, cordura y sensatez fundamental.

Y el magnate saltó más contrariado aún, cuando escuchó decir al juez Merchan que “la inmunidad no afectará a este caso.” Así, Donald Trump ha quedado condenado por un total de 34 casos y su ascenso a la Casa Blanca no limpiará su imagen de ningún modo. Una derrota moral que le ha dolido a su gigantesco orgullo, a su arrogancia desmedida y patológica, que supera todas las proporciones razonables y normales.

Yo, Tú, Él, Ella, Nosotros, Vosotros, Ellas y Ellos Antisemitas

BRUSELAS, Bélgica-¡Está hecho! Todos los que no compartimos las políticas y manera de pensar de los judíos (o israelíes), somos antisemitas. Y ello nos lleva a una paradoja inevitable, porque no sabemos si reír, enojarnos o llorar. En lo personal, preferimos ser antisemitas que apoyar el comportamiento genocida del ejército hebreo o judío en Oriente Próximo, donde está llevando a cabo una campaña de exterminio contra todo aquel pueblo que no es israelí. De tal manera, quienes no aceptamos esos asesinatos, somos automática e instantáneamente antisemitas y por lo tanto somos el 99,7 por ciento de los ciudadanos que habitamos este planeta; pero los judíos siguen con ese “cantadito” cansino y majadero de que somos “antisemitas.” Y en lo que a nosotros respecta… ¡Por supuesto que lo somos! Como también somos antimarxistas, antirracistas, antinazis, antifeministas, antibelicistas, anti, anti, anti, anti, contra todo aquello que vaya contra la moral, la dignidad del hombre y el aniquilamiento del mismo hombre, a manos del hombre.

Las verdades irrefutables de Josep Borrell

            Este catalán, quien fue hasta hace poco alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, resulta que también lleva ahora el sello de “antisemita” –igual que nosotros en este periódico y en este país-, porque, lo mismo que António Guterres, Secretario General de la ONU, el primer ministro de Irlanda, el presidente de España y muchos más que están en contra de los asesinatos en masa que llevan adelante los judíos en la región de Oriente Próximo, recordó al dictador de Israel, Benjamín Netanyahu, el causante directo de esas muertes masivas de inocentes en la Franja de Gaza y en el Líbano, que ya está bueno, “que se dejen de esconder detrás del antisemitismo”, en especial cuando varios líderes mundiales han criticado el asesinato masivo de palestinos ejecutado por Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, ambos requeridos por la Corte Penal Internacional de Justicia (CPI). De tal manera, cada vez que se le recuerdan a estos dos verdugos de nuestro tiempo, Netanyahu y Gallant, lo criminales que han sido y son, saltan violentos en Tel Aviv, Capital de Israel, para acusar a sus detractores de “antisemitas”, como si ese calificativo causara algún daño al prestigio de las personalidades que los señalan criminales de nuestro tiempo, de nuestra época. Porque ambos son los peores asesinos del Siglo XXI y están en las mismas “ligas” del georgiano Josef Stalin, el carnicero de la Unión Soviética, en los albores del siglo pasado.

            “Dejen de esconderse detrás del antisemitismo –les señaló Borrell a ambos hebreos-, no tiene nada que ver con el antisemitismo, se trata de buscar la justicia en la escena mundial.” Les dijo. Y es que los judíos, desde 1945, año del final de la Segunda Guerra Mundial, se han valido de ese término (antisemitismo), para defenderse de quienes los critican, de quienes no los quieren y de quienes les resaltan sus errores y su deseo frenético de dominar al mundo, ya sea por medio de la economía, la religión (principalmente con el Antiguo Testamento de la Biblia, plagado de historias fantasiosas donde el pueblo judío es el protegido y preferido de dios, un dios ultra-hebreo) o del arma militar.

            En todo caso, la franqueza de Josep Borrell, tan española, tan precisa con la masacre que está llevando a cabo el ejército israelí en Gaza y Líbano, era imprescindible y necesaria en estos momentos cuando nadie desea ni quiere detener a los judíos en esa sangría generalizada, a pesar de las críticas que se les hacen desde todos los ángulos de la realidad mundial.

            Ciertamente Borrell ha cumplido su trabajo, su ciclo, en la Unión Europea (UE), pero antes de marcharse les ha dicho a los asesinos de Tel Aviv unas cuantas verdades y por ello les agregó: “No es lo mismo España con Franco que con Felipe (González), al igual que no es lo mismo Israel con (Shimon) Peres que con Netanyahu.” Recordándole a la comunidad mundial lo supremamente asesino que es Netanyahu, quien, cada vez que es señalado por la justicia interna de Israel, procede a masacrar a los pueblos vecinos, para desviar la atención de los israelíes hacia la guerra externa y “vestirse” o arroparse de “patriota” y gran defensor de los intereses judíos.

            Y añadió Borrell a sus declaraciones: “(…) el pueblo israelí está siendo colonizado desde adentro por el extremismo y los violentos.” Y es que los comentarios y señalamientos de Borrell fueron in crescendo a medida que avanzaba la masacre en Gaza por parte del ejército israelí, de tal modo que, unos días antes, había dicho que “la guerra en esa zona es contra los niños (ya que) el 70 por ciento de los muertos en Gaza son mujeres y niños con menos de nueve años de edad. Algunas veces creo que es muy necesario decir la verdad, porque es evidente que si no la dices, pierdes credibilidad. Quién puede creer que Israel está respetando el derecho humanitario. ¿Alguien puede creerlo? Ciertamente, yo no.”

La situación actual de Netanyahu

            Además de ser requerido por la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos, y de haber dictado orden de captura contra este carnicero israelí, Netanyahu está sentado en estos momentos en el banquillo de los acusados en los tribunales de su país, Israel. Está acusado de corrupción galopante en su gobierno, por prácticas inusuales, reñidas con la moral en la administración pública o Estatal. Es decir, tiene abiertos dos frentes judiciales: uno ante la CPI en La Haya, por crímenes horrendos, salvajes, demenciales y supra-sanguinarios en sus ataques a la Franja de Gaza y el Líbano contra mujeres, ancianos y niños; y otro en el interior de Israel.

            Estas son las acusaciones: el Caso 1000 señala que Netanyahu y su esposa recibieron costosos regalos ilícitos (champagne, joyas y otros), de parte del magnate de Hollywood, también judío, Arnon Milchan, en agradecimiento porque Netanyahu le ayudó a renovar su visado estadounidense. Milchan nació en Israel y necesita visa para mantenerse en USA y, además, Netanyahu amplió la exención fiscal para los israelíes expatriados retornados. Así mismo, el verdugo judío recibió el regalo por un monto de US$186,000, del inversor australiano James Packer, entre el 2007 y el 2016, precisamente por la exención fiscal arriba señalada.

            En el Caso 2000, se acusa a Benjamín Netanyahu de fraude por un supuesto acuerdo con el editor Arnon Mozes, dueño del periódico israelí Yedioth Ahronoth, cuando el dictador judío estuvo de acuerdo en debilitar al medio rival de Mozes, el periódico Israel Hayom. Para ello, Netanyahu consideró la posibilidad de promulgar una legislación reguladora que permitiera debilitar al diario.

            El Caso 4000 se dio cuando Netanyahu era ministro de Comunicaciones, y se le acusa de autorizar decisiones regulatorias, entre 2012 y 2017, que beneficiaron financieramente a la empresa israelí de telecomunicaciones Bezeq, propiedad del multimillonario hebreo Shaul Elovitch. A cambio de ese favor, este último proporcionó cobertura favorable a Netanyahu en su sitio web de noticias Walla. Este empresario y su esposa, también están siendo enjuiciados y niegan, a pies juntillas, lo mismo que Netanyahu, que hayan cometido los delitos que se les achacan. Además, Netanyahu se niega rotundamente a renunciar al gobierno, a su dictadura sempiterna, de acuerdo a su prepotencia y megalomanía naturales. En todo caso, las nuevas revelaciones en el juicio, según la opinión de los analistas de la realidad de Israel, podrían traerse por tierra la estadía de Netanyahu en el poder, ya que perdería unas elecciones anticipadas. Así según una encuesta hecha por el diario judío Maariv.

            Y para no perder su costumbre criminal y habitual, el ejército israelí ha estado bombardeando inmisericordemente a Siria, a pesar de que los rebeldes han derrocado a su dictador Bashar al-Assad. Es decir, en medio de la algarabía y el desorden que vive actualmente Siria, los judíos están llevando la guerra, las masacres, a esta nación recién liberada. Es por ello que la ONU ha pedido a los israelíes detener los ataques; es cuando el secretario general de este organismo mundial, António Guterres ha dicho: “me siento preocupado por las recientes y extensas violaciones a la soberanía e integridad territorial siria (de parte de los judíos), por los centenares de ataques aéreos israelíes sobre varias localidades de Siria y es necesario desescalar la violencia en  todos los frentes en el país. Muchos países dan justificaciones para violar la soberanía de otros. En este momento, Siria necesita el apoyo de sus vecinos para avanzar hacia una forma de gobierno que sea inclusiva, democrática y que proteja los derechos de las minorías.”

            Pero, igual que siempre, Netanyahu hace con las órdenes de la ONU y de cualquier otro organismo mundial, lo que a él le place, y ha continuado la masacre allí donde a él se le ocurre, porque lo importante para él es ocultar con sangre humana inocente sus aberraciones corruptas, cometidas en el seno de su dictadura en Israel, en un deseo frenético por desviar la atención hacia el extranjero. Además, su enfermedad necrófila le lleva a causar más baños de sangre, para complacencia suya, de su instinto criminal desatado.

Benjamín Netanyahu

Estamos en Presencia del Peor Asesino del Siglo XXI, Requerido por la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad (Asesinatos en Masa) en Palestina y Líbano

LA HAYA, Países Bajos- La Corte Penal Internacional, que es el brazo ejecutor de la justicia de las Naciones Unidas y por ello está en pleno derecho de solicitar, por medio de su fiscal, la investigación y detención de los potenciales criminales de guerra que se hayan repartidos en distintos países en la actualidad, ha solicitado la detención del genocida israelí, Benjamín Netanyahu, quien se hace llamar a sí mismo “Primer Ministro”, pero que sus consabidas características en el poder de Israel, son las de un dictador y más que un dictador… es un tirano y además… genocida.

            Naciones como Suráfrica, tan sensible a estos asuntos del apartheid, sufrido en carne propia por su pueblo mayoritariamente de raza negra, más la adición de Colombia, Egipto y Brasil, solicitaron a la Corte Penal Internacional (CPI), que actúe sin dilación en el caso de Netanyahu, quien desde hace un año ha estado aniquilando al pueblo palestino y desde hace unos pocos meses, está haciendo lo mismo con la población de su vecino Líbano.

            Ciertamente, Benjamín Netanyahu tuvo una clara opción de liberar a los más de mil rehenes capturados por la facción armada Hamás, en octubre del 2023, pero prefirió tomar el camino o la decisión más sanguinaria que sólo a él se le podía ocurrir: masacrar a la población de la Franja de Gaza, que vivía aglomerada allí en un número superior a los 2,5 millones de personas.

Las tres razones de Netanyahu

            ¿Cuáles motivos empujaron a este judío para cometer genocidio en Gaza? Lo vamos a resumir en tres puntos únicamente, aunque hay más de fondo: 1. Porque su naturaleza, su genética, es la de un asesino. Es el primer aspecto que se debe tomar en consideración al analizar la personalidad de este maniático que encabeza al gobierno israelí, sin darle mucho afán a la idea. 2. Porque su situación política en el interior de Israel era tambaleante; esto es debido a una reforma que él mismo impulsó para quitarle poder al aparato judicial y otorgárselo al Ejecutivo, que es el que encabeza él mismo en condición de dictador. Esa desafortunada determinación de Netanyahu, antes del secuestro de los rehenes perpetrado por Hamás, tenía a los israelíes vociferando en las calles de Tel Aviv y Jerusalén, incluso frente a la misma casa de Netanyahu, para que se bajara de una vez por todas del seno del gobierno. El ataque de los guerrilleros de Hamás, el 7 de octubre del 2023, fue una oportunidad “de oro” para Netanyahu, quien ya había utilizado anteriormente este mismo recurso, de atacar a Palestina, para desviar la atención interna hacia lo internacional. Y 3. Porque en el fondo de su alma, de sus negros sentimientos, este judío siempre ha deseado exterminar al pueblo palestino y traspasar Cisjordania y la Franja de Gaza a los colonos hebreos, que están deseosos de arrebatar esas tierras que no les pertenecen desde ningún punto de vista.

            Nótese, entonces, que Benjamín Netanyahu rara vez habla de los rehenes que están todavía en poder de Hamás, porque lo que realmente le interesa a él es el exterminio de los gazatíes y por eso bombardea desde suelo israelí el territorio de Gaza; también impide que entre la ayuda occidental a los palestinos con hambre, heridos y con sed. Incluso, el ejército judío, un verdadero comando de exterminio racial, ha atacado a ONGs humanitarias, a misiones de la ONU y a todo aquel que se solidarice con los condenados a muerte de Gaza y lo ha hecho sin el menor reparo, sin que le remuerda la consciencia y sin importarle tampoco la opinión de la comunidad mundial que le señala con el dedo acusador, debido al genocida que es. Incluso, en el último discurso que pronunció ante el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 98 por ciento de los delegados de todos los países adscritos a la ONU, abandonaron el salón y dejaron al genocida hablando a unos asientos solitarios y abandonados. Tal es la vergüenza, el estupor, el rechazo y la animadversión que este asesino, el mayor del Siglo XXI, que ha superado con creces al ruso Vladímir Putin, causa a diario en toda la circunferencia de la Tierra.

            ¿Qué era lo que correspondía a un Primer Ministro de Israel que fuese centrado, humano y comprensivo con la situación del asalto de Hamás aquel 7 de octubre al territorio israelí? Proteger primero las vidas de los secuestrados. De hecho, muchos de esos retenidos por Hamás, murieron producto de los ataques del ejército judío en Gaza. A Netanyahu no le ha importado absolutamente quién nace, quién sobrevive y quién muere en ese reducido espacio que conforma a la Franja de Gaza. Otra persona completamente distinta a Netanyahu, en la cabeza del gobierno de Israel, hubiese negociado con los secuestradores que pedían un intercambio de sus hombres en cárceles judías, por los civiles que convirtieron en rehenes suyos, al tomarlos por asalto cuando estaban en medio de un festival musical en territorio israelí. Ese intercambio de prisioneros hubiera mantenido la cordura, la paz, y, muy probablemente, hubiese permitido el regreso a sus casas, sanos y salvos, a los rehenes. Pero Benjamín Netanyahu observó aquello como su oportunidad para hacer olvidar a los miles de manifestantes en el interior de su país, enojados con las reformas que quería implementar a la fuerza y en contra del Poder Judicial y en beneficio de su dictadura. También, se le presentó en “bandeja de plata” la oportunidad de masacrar, peor que nunca, al pueblo palestino y llevar a efecto su deseo de exterminarlo.

            El resultado es el que todos conocemos: se ha cumplido un año de un genocidio (no “una guerra” como llama con eufemismo Netanyahu, porque no tiene a un ejército enemigo al frente, sino a un pueblo desarmado e inocente), tiempo durante el cual han muerto algunos de los rehenes judíos en manos de Hamás y tampoco ha logrado la liberación de ninguno de ellos, simplemente porque eso no le importa a él, no le interesa en lo más mínimo al dictador judío, mientras lleva a cabo el aniquilamiento de una etnia, la palestina, ante los ojos del resto de la humanidad.

            Es por eso y más, que estamos ante el peor asesino del Siglo XXI, un criminal llamado Benjamín Netanyahu, racista, supremacista, amigo de otros genocidas y líderes corruptos, como Donald Trump y Viktor Orban, el gobernante de Hungría.

            Con base en lo que se ve a diario en Gaza, la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos, ha dictado orden de captura para este criminal israelí, junto a su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien fue destituido hace pocos días atrás por Netanyahu, debido a “algunos rasgos de humanidad” que mostró aquel en el terreno donde se llevan a efecto las masacres en Gaza. Sobra decir que la comunidad internacional está de plácemes, exultante, por esta noticia que bien podría ser una enorme y justa realidad, si este dictador, tirano y criminal fuese atrapado en alguno de sus viajes al exterior.

            Cuando apenas la CPI recibía las peticiones de Suráfrica y otros gobiernos en contra de Israel y su tirano, el Estado judío intentó impugnar dicha captura; pero se adelantaron a la Corte Internacional, y ésta, por medio de la Sala de Cuestiones Preliminares, rechazó por unanimidad la exigencia israelí para que se desechara la idea de capturar a Netanyahu. En acto seguido, el gobierno de Israel alegó ante la misma CPI que no reconoce su jurisdicción; es decir, Israel no es signatario de dicha Corte, y por esa razón puede continuar con su masacre en Gaza, porque la CPI no tiene el alcance para influir en las decisiones que tome el Estado judío. Fue cuando los israelíes exigieron (así como se lee… “exigieron”), a la CPI que detuviera “cualquier procedimiento relacionado con la situación (en Gaza), incluyendo la consideración de las solicitudes de órdenes de arresto.” Un acto de prepotencia, de ese creerse que los judíos están por encima de todas las leyes que la humanidad ha creado para respetarse, regirse y hacer justicia, porque “su dios” les ha dado ese aval de sentirse “y ser” superiores a todo orden establecido por el resto de los hombres. Fue entonces cuando los magistrados internacionalistas rechazaron ad portas esa exigencia, que es otra prueba de que los israelíes se consideran inmunes, intocables y no punibles allí donde sea y cuando llevan a cabo sus crímenes horrendos a los que ya nos tienen acostumbrados desde 1948, cuando comenzaron a arrebatarle sus tierras al pueblo de Palestina.

            Y es que ese es el principal desajuste que sufren los judíos alrededor del mundo, o en los países que sus padres elijen para que nazcan sus hijos (fuera de Israel), el de creerse por encima de todas las leyes humanas, como hemos subrayado en las líneas de arriba, y por esa razón son dados a cometer delitos tan infames como las violaciones a jovencitas (recordemos el caso reciente de Jeffrey Epstein), o el mismísimo genocidio que están llevando a cabo en Palestina, en Gaza propiamente. No conformes con ello, están perpetrando otro genocidio en forma paralela en el Líbano, en estos momentos. Y en lo profundo, yacen los mil y resto de judíos secuestrados por Hamás, de los que rara vez habla Netanyahu. Pero si llegasen a morir por una u otra causa, se acabaría su gobierno de facto en Israel y podría ser encarcelado por los mismos israelíes por una serie de violaciones y cuestionamientos causados por él mismo, contra el orden interno de esa nación.

            La orden de captura de la CPI contempla también la aprehensión del líder de Hamás, Mohammed Deif, a quien, según la inteligencia israelí, asesinaron en uno de los tantos bombardeos contra Gaza, en junio del 2024. Deif era el jefe del ala militar de Hamás. Sin embargo, su muerte no ha podido ser confirmada y obedece, por ahora, a un rumor de parte del alto mando judío. La Corte Penal Internacional, en tales casos, señala que los tres, Netanyahu, Gallant y Deif, tienen que hacer frente a las acusaciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.

Lo que dice la jurisprudencia…

            Los hechos acaecidos desde el 8 de octubre del 2023, son sumamente claros: para liberar a un poco más de mil rehenes tomados por Hamás, los israelíes han bombardeado y asesinado –en represalia y obedeciendo a su política de exterminio-, a más de 300,000 ciudadanos palestinos inocentes, entre quienes se hallaban mujeres, niños, ancianos y hombres de trabajo, ajenos al conflicto armado. En consecuencia, la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos, ha ordenado la captura del principal implicado en esas masacres y no es otro que el dictador de Israel, Benjamín Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant. La Corte ha expresado así su decisión de capturar y juzgar a ambos genocidas: “No es necesario que Israel acepte la jurisdicción de la Corte, ya que ésta puede ejercer su jurisdicción sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina, como se determinó anteriormente. Los Estados no pueden impugnar la jurisdicción de la Corte, antes de la emisión de una orden de arresto, por lo que la impugnación de Israel es prematura.” Asevera.

            Por otra parte, de acuerdo a la petición del fiscal de la CPI, de arresto de estos individuos, indica que Netanyahu y Gallant son “responsables penalmente como coautores de los crímenes de guerra, de uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. También se les considera responsables, como superiores civiles, por el crimen de guerra de dirigir de forma intencionada, ataques contra la población civil en la Franja de Gaza. (…) Ambos privaron intencionadamente a la población civil de Gaza, de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, entre octubre del 2023 y mayo del 2024. Ese bloqueo tuvo graves consecuencias, incluida la muerte de civiles, incluidos niños, debido a la desnutrición y la deshidratación.” Cita de manera textual el documento emitido por la CPI.

            Fundamentados en lo anterior, en esa orden de captura extensa y explícita, tanto Benjamín Netanyahu como su ex ejecutor de los crímenes masivos en Gaza, su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, podrán y deben ser detenidos y enviados a La Haya sin dilación, por aquellos gobiernos que son signatarios de la Carta de la CPI y sólo estarán seguros cuando viajen a naciones que no estén dentro de la jurisdicción de la misma Corte. Netanyahu, a partir de ahora, si estuviere dentro del gobierno judío o fuera de él, sabe que podrá ser detenido y puesto en una celda para ser juzgado posteriormente en esta nación europea, en Los Países Bajos.

            Por su parte, mientras estaba de visita en Amán, Jordania, el alto representante de la Unión Europea (UE), para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrell, manifestó al respecto que la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), “debe ser respetada y aplicada en todo su peso, ya que se trata de la decisión de un tribunal y no es una decisión política.” manifestaciones las dejó escuchar en rueda de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi. Seguidamente, Borrell exigió a Netanyahu que explique “cuál es su solución para el conflicto palestino-israelí; y si éste se trata de la aniquilación de los palestinos, la comunidad internacional no lo aceptará. Si no quieres la solución de los dos Estados –prosiguió Borrell-, cuenta al mundo cuál es tu solución; porque si la solución es la aniquilación de los palestinos, esto no pasará y la comunidad internacional no lo aceptará.” Aseguró el diplomático de la UE.

            En acto seguido, al continuar su conversación con los periodistas, Josep Borrell añadió que “la única solución al conflicto es dar a los palestinos un Estado, su dignidad y libertad. No veo ninguna otra solución. Si alguien está en contra de esta solución, parece que Netanyahu está en contra de esta solución, entonces tiene la obligación de explicarnos qué solución quiere. Usted no quiere la solución de los dos Estados, entonces… ¿Qué quiere? ¿Cuál es su solución? Por favor, explíquenos. La respuesta no es una respuesta: es una acción. Ellos no dicen nada… ¡Hacen! ¿Y qué hacen? Es obvio: forzar a los palestinos fuera de sus tierras, expulsarlos. Esto no es una solución, porque siete millones de personas no desaparecerán ni migrarán a la Luna. Se quedarán. ¿Entonces no quiere la solución de dos Estados? Diga a todo el mundo cuál es su solución. Porque la aniquilación de los palestinos no sucederá. Toda la comunidad internacional no lo aceptará.” Puntualizó Borrell, una vez que se dirigió directamente a Benjamín Netanyahu, quien, lo mismo que a Antonio Guterres, el Secretario General de la ONU, los ha calificado, como siempre hacen los judíos, de “antisemitas”, de estar en contra del pueblo judío y poco le ha faltado para encasillarlos dentro del nazismo, una queja recurrente, un argumento pobre de los judíos de hoy y de siempre, contra aquellos que no estamos de acuerdo con sus excesos, sus exterminios masivos, en este caso contra los gazatíes y todo lo que signifique Palestina.

            Es evidente que Netanyahu y su grupo, incluyendo a los colonos que arrebatan tierras a los habitantes de Gaza y Cisjordania, no quieren la creación de un Estado palestino, porque la intención, el plan callado que no mencionan, pero que ejecutan clara y concretamente, es el exterminio del pueblo palestino, una acción que han venido haciendo a través de los años y que en los últimos 12 meses se ha intensificado abierta y descaradamente de parte de los genocidas que residen en Tel Aviv.

            Para concluir, una faceta de esta problemática humanitaria es la que acaba de denunciar la ONU, en relación con el “saqueo sistemático de la ayuda a Gaza”, mientras ésta llega con mucha dificultad, debido a múltiples obstáculos que ponen los israelíes en perjuicio de los damnificados por los ataques del ejército judío. Lo cierto es que los palestinos desplazados se agolpan para comprar, a muy altos precios, el pan en la única panadería que queda en pie en la ciudad de Jan Yunís. “La situación humanitaria en Gaza se deteriora continuamente –afirma la ONU-, ya que Israel sigue obstaculizando la entrada de ayuda en medio del conflicto. El saqueo de la ayuda humanitaria en Gaza se ha convertido en algo sistemático y debe cesar de inmediato.” Según denuncia hecha por el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, después del peor asalto a un convoy de la ONU que fue perpetrado por soldados israelíes en territorio palestino. “Con eso se obstaculizan operaciones humanitarias vitales y se pone aún más en peligro a nuestro personal,” dijo Stéphane Dujarric y añadió: “Además, la oficina humanitaria de las Naciones Unidas dice que prácticamente no se ha entregado ningún alimento ni ayuda humanitaria, al extremo norte de Gaza, durante más de 40 días, debido al asedio del ejército israelí.”

            Observadores internacionales coinciden cuando argumentan que la hambruna puede haberse instalado ya en el norte, donde Israel ha estado efectuando una ofensiva que ha abarcado varias semanas, ha matado a cientos de personas y ha obligado a decenas de miles a abandonar sus hogares. En lo que lleva transcurrido el mes de noviembre del 2024, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), informó que 27 de las 31 misiones humanitarias planeadas, fueron rechazadas por Israel, y las otras cuatro se vieron severamente obstaculizadas. Indicó Dujarric y explicó que “las ciudades devastadas como Beit Hanoun, Beit Lahiya y partes de Jabaliya, siguen aisladas.” En lo que se considera el desplazamiento de más de 75,000 palestinos, obligados por los soldados israelíes para que se marchen hacia el sur, y entre sus métodos para que este drama se efectúe, los judíos les niegan la entrega de la ayuda, es cuando el mismo funcionario de la ONU manifiesta: “El flujo de ayuda está casi en el nivel más bajo de todo el conflicto (…). En lo que va de mes (noviembre), Israel dice que ha dejado entrar en Gaza un promedio de 88 camiones al día, menos de la mitad de la tasa más alta en abril. Los grupos de ayuda dicen que sigue siendo demasiada baja.” A ello hay que sumarle el reciente robo de la carga de 100 camiones que llevaban alimentos y otra clase de ayuda humanitaria. Eso hizo que los precios se dispararan y provocara escasez en el centro de Gaza.

            Para finalizar el presente reportaje sobre la realidad y actualidad que sufre el pueblo palestino, un Comité de la ONU enviado “al terreno”, para analizar las incidencias de los ataques israelíes, ha emitido un informe en el que pone de manifiesto que Israel “usa el hambre como método de guerra y ha dejado caer sobre la Franja de Gaza más de 25,000 toneladas de explosivos, que es el equivalente a dos bombas nucleares. Los métodos de guerra empleados por Israel en la Franja de Gaza, tienen las características de un genocidio. Las pérdidas civiles masivas y las condiciones impuestas a los palestinos allí, ponen sus vidas en peligro de manera intencionada. Con su asedio a Gaza –continúa el informe- la obstrucción de ayuda humanitaria, los ataques selectivos y matando a civiles y trabajadores humanitarios, a pesar de los reiterados llamados de la ONU y eludiendo órdenes de la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones del Consejo de Seguridad, Israel está, intencionadamente, causando la muerte, hambre y heridas graves a la población de Gaza. Israel usa el hambre como método de guerra e inflige un castigo colectivo a la población palestina.” Concluye el amplio documento. 

            Los detalles anteriores sólo corroboran las ansias de crimen que persisten en el alma de Benjamín Netanyahu y que han servido para observar en el teatro de los asesinatos masivos, con toda claridad, esa intencionalidad y práctica de parte del dictador judío. De ahí la orden de arresto emitido por la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Países Bajos, un tribunal que fue creado sobre la base de un tratado internacional de 1998 y al que se han adherido 124 países del mundo. Es por esa razón que Netanyahu podría ser detenido si viajara a alguna de esas naciones signatarias, porque están obligadas a hacerlo y entregarlo a la justicia por ser el peor criminal del Siglo XXI, a todas luces.         

Cristina Vda. de Kirchner Irremisiblemente “Corrupta”

BUENOS AIRES, Argentina-Da la impresión de que todo ha terminado para esta mujer que tanto daño le ha hecho a la Argentina en todo sentido y en todos los aspectos, desde la imagen internacional hasta su situación interna. Ya era hora que los argentinos se sacudieran de encima a esta politicastra que siempre se ha considerado la dueña del país por encima de su pueblo y haciendo trastadas, actos corruptos y abusando de lo que noblemente se le puso en sus manos para que fuera gobernado con sapiencia y justicia. Pero no. Porque Cristina Fernández de Kirchner hizo todo lo contrario: se enriqueció mediante el poder, humilló a cientos de personas y manipuló por doquier para sentirse dictadora y llevar a la nación entera a la bancarrota entre otros males que le heredó a sus sucesores.

¿Es realmente su final político?

            Muchos en América Latina lo sueñan y lo quieren así: que esta mujer se haga a un lado definitivamente de la escena pública de Argentina y dé paso a una generación de personas buenas y honestas que podrían hacer un papel decoroso, como nunca ella quiso hacerlo.

            Sin embargo se ha empezado por algo que bien podría conducirla al final de su carrera política y ha sido la Cámara Federal de Casación Penal la que acaba de confirmar la condena por seis años de prisión para esta mujer y su inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Pero todavía no irá a la cárcel, porque le queda la apelación a este fallo judicial y mientras los jueces no rechacen dicha apelación, continuará en libertad. La pregunta que aquí surge es: ¿Huirá del país, se marchará de la Argentina, pedirá refugio en Venezuela, Nicaragua, Cuba, México o España, como lo han hecho otros ex gobernantes corruptos del pasado? Justamente de una huida así de espectacular tiene que cuidarse la policía argentina y vigilarla muy de cerca.

            Lo cierto es que la presidenta del Partido Justicialista (peronista), fue hallada culpable de actos corruptos llevados a cabo en la provincia de Santa Cruz, en la zona austral de esta nación suramericana. Los hechos se dieron durante el gobierno de su fallecido esposo, el también ex mandatario Néstor Kirchner, quien gobernó del 2003 al 2007. En aquella oportunidad, los Kirchner dieron en concesión 51 obras viales a empresas que supuestamente pertenecían a Lázaro Báez, quien no era otro que un testaferro de esta pareja de políticos.

            En este punto hay que tener presente que la provincia mencionada era el bastión del kirchnerismo y su ambiente se prestaba para toda esta clase de tropelías y abusos que los magistrados han encontrado ilegales a todas luces y que son sumamente convincentes. Anteriormente, el Tribunal Oral Federal 2 ya había condenado a la Fernández de Kirchner en aquel diciembre del 2022, ya que la encontró culpable de administración fraudulenta de fondos públicos, en esta causa que lleva por nombre “Vialidad.” Y hace pocos días, un tribunal de alzada, compuesto por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, decidió condenar a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis años de cárcel y la inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos, entre otras razones por considerarla “penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, en perjuicio de la administración pública.” Según reza la sentencia que ha trascendido a los medios de prensa. No obstante, son miles los argentinos que no creen que vaya a prisión, debido a la debilidad de las acciones judiciales y a la falta de carácter de los mismos jueces, pero se muestran esperanzados, aunque sea levemente, de que así ocurra en el futuro próximo. El pequeño comerciante de la ciudad de Buenos Aires, Ovidio Santiesteban, opina ante la consulta de este periódico que “es tal su fuerza de manipulación y el poder que ejerce sobre los ciudadanos argentinos y sus Instituciones, que no creemos que sea factible o realizable que ingrese a la cárcel como debiera.”

            Por el momento, sus abogados ya están redactando la apelación que presentarán urgentemente ante la Corte Suprema y mientras ésta resuelve, Cristina Fernández seguirá gozando de libertad y escribiendo en su cuenta en la red social X, contra todo aquel que represente ser un enemigo suyo, en especial contra el presidente del país, Javier Milei, quien, en el momento cuando se dio esta noticia, se encontraba de visita en Washington, USA, donde se reunió con el candidato ganador de las últimas elecciones en ese país, Donald Trump. Una información que trascendió de esa reunión, señala que el gobierno de Trump investigará los movimientos internacionales de la Kirchner, para conocer hasta dónde han llegado sus jugarretas reñidas con la legalidad y cómo han afectado a los intereses norteamericanos. Es decir, parece que una avalancha de problemas se avecina sobre la humanidad de Cristina Vda. de Kirchner.

            Y, mientras concurre la apelación de esta indiciada, la Corte Suprema argentina considera que el proceso se alargará, incluso, por varios años, en los cuales podría marcharse del país, como hemos señalado en las líneas anteriores. Aunque lo que más le ha dolido a esta mujer radica en el obstáculo que se le ha impuesto, que le prohíbe participar en los avatares de la política argentina, porque en el 2025 se celebrarán las elecciones legislativas en las que ella pensaba participar y lograr un escaño en el parlamento que, a la postre, le daría inmunidad, que es lo que ella anhela a toda costa, para evadir cualquier sentencia en su contra.

            Otro castigo que se le ha impuesto, hace pocas horas, fue la suspensión de sus dos pensiones vitalicias que, como ex presidenta de la República, tenía a su haber. Un monto de una de ellas ascendía a los €20,000 mensuales en un país atacado por la inflación, el desempleo, los bajos o nulos salarios y el crecimiento de la indigencia en las calles. Es una nación en crisis económica y que no está en condiciones de seguir regalando esa clase de pensiones a sus políticos corruptos, como en este caso particular de la Fernández de Kirchner. El mandatario Milei fue quien tomó esta certera decisión, tras ser condenada por defraudar al Estado: “Es sentido común.” Dejó escuchar el presidente. Y esos montos tienen que ver con sus pensiones como ex presidenta y como viuda de un ex presidente. Así que no recibirá un peso más de parte del Estado.

            Manuel Adorni, vocero del actual gobierno, así lo hizo saber a los periodistas que concurren a su habitual rueda de prensa: “Por orden del presidente Javier Milei y detrás del trabajo del Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSeS, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio que la ex presidenta Cristina Kirchner venía percibiendo, tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.” Al tipo de cambio que predomina en Argentina en estos momentos, esta mujer recibía mensualmente 21,87 millones de pesos al mes, que equivalen a €20,070. Reiteramos, en una nación que atraviesa una de las peores crisis monetarias, con profunda repercusión en lo social y que los repetidos gobiernos de ella y sus esbirros y serviles, causaron desde “la noche de los tiempos.” No hay otra más: Cristina Fernández de Kirchner y sus subalternos han sido los culpables flagrantes e ineludibles de la caótica situación socio-financiera que sufre la Argentina, entre otras problemáticas más que ella ha heredado a la población.

            Y Adorni remató: “El beneficio previsto por la ley para ex presidentes y vices es una asignación que tiene carácter contributivo y se otorga de manera excepcional como contraposición al honor, el mérito y buen desempeño en el cargo. La señora fue condenada por la Cámara como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, el mérito y el buen desempeño.” Dijo el vocero a los periodistas reunidos al frente suyo. Por eso se le suspenden ambas pensiones.

Las respuestas fuera de tono de la indiciada

            Lógicamente, todo esto ha sido inesperado para esta mujer que se considera a sí misma omnipotente y que está por encima de todo lo existente en su país, incluyendo las leyes, los reglamentos, la moral, el respeto y el buen proceder. Pero ha sido tanto su poder, que gobernó a la Argentina en dos períodos que van del 2007 al 2015, y acaba de asumir la presidencia del Partido Justicialista o peronismo y analizaba la posibilidad de ser candidata a las elecciones de medio término, en el 2025, para convertirse en diputada de la República. Nótese su insaciable ser de poder, su megalomanía que le hizo pasar por encima de mucha gente en el ayer y causar mucho daño a amigos y enemigos también.

            Utilizando su verborrea característica, así le contestó al presidente Javier Milei sus decisiones últimas: “Ahora resulta que quieres crear y presidir un ‘Tribunal de Honor’ para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los ex presidentes y ex presidenta de la nación. Y para colmo… ¿Un tribunal con atribuciones para fijar y aplicar penas accesorias a las del Poder Judicial? Estás tan fuera de eje que está apareciendo el pequeño dictadorzuelo (¡!) que siempre llevaste adentro (a los argentinos que te votaron de buena fe no les va a alcanzar la vida para arrepentirse de haberlo hecho). ¿Te quieres asociar con la mafia judicial para perseguirme tú también’? ¿Tanto miedo me tienes? Te comento que al dictador Videla sí le tuve miedo y mucho. Pero tú sólo me das lástima y vergüenza ajena. Ojo Milei… mirá que Olivos (sede del Ejecutivo) ha mareado a más de uno. Y cuéntame… ¿Quiénes integran ese ‘Tribunal de Honor’? ¿Tú, tu hermana (Karina Milei) y (Manuel) Adorni? La verdad es que si hacen un concurso para ver quién es más burro, salen empatados. Y Milei… déjate de dar órdenes ilegales a los funcionarios que acá no hay obediencia debida. ¡Asesórate! La pensión de los expresidentes no se les otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como presidentes de la nación. El mal desempeño de un presidente sólo lo puede juzgar el Congreso de la nación a través del proceso constitucional de Juicio Político, durante el ejercicio del mandato. Por una razón muy sencilla Miley: sólo el pueblo, a través de sus representantes, puede revocarle el honor y el mérito de haber sido electos presidentes de la nación. ¿Qué parte no entiendes Milei? Derecho Constitucional básico. Pensar que hay gente que te votó creyendo que sabías mucho.” Escribió, en medio de una diatriba, en su cuenta de X, y en referencia a la pérdida de sus dos pensiones que le otorgaba la caja del Estado.

            En cuanto al tema  de la causa “Vialidad”, Cristina Fernández escribió que ha sido un show de parte de los jueces y sus enemigos y todo obedece a un intento de “proscripción en mi contra” y porque es blanco de “lawfare” (hostigamiento judicial y político), que sólo desean perjudicarla y alejarla de la política. “Es un show –aseveró textualmente-, cuyo verdadero objetivo es lograr mi inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad.” Se quejó. Después añadió haciendo uso de su condición de mujer, para dar a entender que se trata de un ataque “machista” también: “Como no se bancan que una mujer tenga razón (¿?) y no me pueden dar una piña (¡!), hacen las cosas que hicieron hoy.”

            La verdad es que el fallo contenido en 1,500 páginas, lo que hace es ratificar las condenas a un total de nueve involucrados en la trama y que incluye a varios ex funcionarios públicos en materia de infraestructura y vialidad. Este documento asevera que “los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario (testaferro de los Kirchner), a raíz de la maniobra defraudatoria, tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex presidenta.” En concreto, las empresas llamadas “Los Sauces” y “Hotesur”, que pertenecían a la familia Kirchner, recibían los fondos del supuesto empresario Lázaro Antonio Báez, el testaferro, con el alquiler de sus hoteles y propiedades. En forma textual, el fallo de los jueces dice lo siguiente: “Desde 2003 a 2015 funcionarios públicos nacionales y provinciales, entre los que se encontraba la dos veces presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, llevaron a cabo una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado nacional, pues se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas.”

            La Kirchner apelará próximamente este fallo, lo mismo que el fiscal general. Este último lo hará para que se incluya el delito de asociación ilícita y con ello alcanzar 12 años de prisión, en vez de los 6 de ahora. El máximo tribunal no tiene plazo específico para resolver, según lo establece la ley argentina; mientras la indiciada en este asunto podría apelar la previsión legal que establece que a partir de los 70 años de una persona, ésta puede solicitar “casa por cárcel” o prisión domiciliaria. Recordemos que Cristina Vda. de Kirchner tiene en estos momentos 71 años de edad y en febrero próximo cumplirá los 72, que sería la “tabla de salvación en este naufragio en el que se ha destrozado su vida entera.”

Lima, Perú.

Esta es la Situación Judicial de los Expresidentes

Alejandro Toledo y Pedro Castillo

LIMA, Perú-Este país suramericano es donde los mandatarios siempre tienen que rendir cuentas ante la justicia, por el más leve motivo, y más todavía si se trata de un sonado caso de corrupción o mal manejo de la cosa pública, como ha sido con estos dos ex presidentes que se han enfrentado con los tribunales –únicos en el mundo-, a los que no les tiembla el pulso para judicializar a los más poderosos, sin importarle justamente eso… que sean los más poderosos. Todo un ejemplo a seguir y admirar por parte de los demás latinoamericanos que nos enteramos de estos avatares.

            La situación de ambos la analizamos seguidamente en este reportaje especial sobre la política y la justicia peruana.

Alejandro Toledo y el Caso Odebrecht

            El caso de este ex presidente de origen indígena, de lo que tanto alardeó durante la campaña que lo llevó a la presidencia y más allá, cuando estuvo en el ejercicio del poder, está más que resuelto, ya que los tribunales lo han condenado a 20 años y seis meses de prisión, después de hallarlo culpable por haber recibido millonarios sobornos de parte de la constructora (y corruptora) brasileña Odebrecht, a cambio de que su gobierno le otorgara obras de infraestructura (carreteras, puentes, túneles, caminos vecinales, represas hidroeléctricas, etc.).

            Toledo gobernó al Perú del 2001 al 2006 y la comunidad indígena, descendiente de los incas, estaba de plácemes al saber que tenía en la cúspide del gobierno a uno de los suyos; es decir, a un indígena puro, origen del que tantas veces se vanaglorió este sujeto que, sin embargo, contrajo matrimonio con todo lo contrario a un aborigen, pues lo hizo con una judía, quien participó de lleno en sus actos corruptos y se encuentra, en estos instantes, prófuga de la justicia peruana, refugiada en Israel, país que no tiene convenio de extradición con el Perú.

            La Corte Superior y la jueza que vieron su caso, enunciaron en el momento de la sentencia: “Este colegiado asume el pedido hecho por la fiscalía de 20 años y 6 meses de prisión para el señor Alejandro Toledo Manrique”, ante la mirada atenta del indiciado de 78 años de edad, quien ha estado recluido desde abril del 2023, mes en el que arribó procedente de los Estados Unidos a su país, para ser enjuiciado. Estuvo, desde entonces, en una cárcel especial, ubicada en Lima, la Capital peruana.

            Durante la lectura de la sentencia, el expresidente se mantuvo sereno, con la mirada expectante y fija en la jueza que leía el fallo, en el que se confirmó que era culpable de colusión y lavado de dinero, luego de haber recibido de los directivos de la brasileña Odebrecht, US$35 millones. “El por tanto” dice lo siguiente: “Toledo recibió los sobornos en contraprestación de licitaciones, para construir dos tramos de la carretera Interoceánica Sur, que une la costa del Pacífico de Perú y la del Atlántico de Brasil.” Así de acuerdo al tribunal que fue conformado por tres magistrados, bajo la presidencia de la jueza Zaida Pérez, en el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional.

            Si desglosamos lo anterior, se le impuso a Alejandro Toledo 9 años por el delito de colusión y 11 años y seis meses más, por lavado de activos. No obstante, se espera la apelación del abogado defensor del exmandatario, misma que podría producirse antes de la llegada de la Navidad. Por otra parte, Toledo es el primero de los cuatro expresidentes del Perú que están siendo investigados por el escándalo provocado por la constructora/corruptora Odebrecht, en ser condenado por la justicia. Supuestamente, su estado de salud no es bueno, pues él insiste en decir que padece cáncer y problemas en el corazón.

            Odebrecht se hizo famosa en toda América Latina y África, por repartir sumas millonarias entre los gobernantes, a cambio de que éstos le facilitaran adueñarse de las licitaciones que les conferían las obras públicas; es decir, sobornaban a los presidentes, a cambio de que éstos les entregaran las obras que necesitaban ser construidas en distintos países donde los brasileños tenían presencia. Esta corruptora salpicó a los exmandatarios Allan García (2006-2011), apodado “caballo loco” por su origen indígena y su comportamiento fuera de sus cabales en muchas ocasiones, y cuando la policía tocaba a la puerta de su residencia en Lima, en el 2019, para llevarlo ante la fiscalía, García corrió hasta su escritorio particular, sacó un revólver y cometió suicidio. Tal era su temor a ser judicializado. Ollanta Humala (2011-2016); y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) –nótese que ninguno de ellos terminó su período presidencial en modo alguno-, fueron los otros dos expresidentes de la República requeridos por los tribunales, sospechosos de haber recibido sobornos de los corruptores brasileños.

            En regreso al caso de Alejandro Toledo, la sentencia fue leída en una audiencia en el tribunal adyacente a la pequeña prisión, al Este de Lima, que es exclusiva para esta clase de convictos. Allí estuvo Toledo por espacio de 18 meses de manera preventiva, desde que llegó extraditado de los Estados Unidos, en abril del 2023. Mientras la jueza leía la sentencia, el expresidente tomaba notas en un cuaderno que se le facilitó, pero se abstuvo de decir algo durante la audiencia. En oportunidades, parecía muy tranquilo o relajado y esbozaba una sonrisa nerviosa, en especial cuando se le informaba plenamente de la condena.

            Este individuo es economista de profesión, procede de una familia muy pobre y se traicionó a sí mismo cuando repitió varias veces que nunca caería en las garras de la corrupción. Justamente hizo lo contrario, según pudimos ver. “Nunca caeré en las garras de la maldita corrupción”, manifestó repetidamente, camino al Palacio de Gobierno. Otro dato acerca de él, es su profunda y enconada enemistad con el también exmandatario, ya fallecido, Alberto Fujimori Fujimori.

            Se le conocía con el mote de “el cholo”, por su apariencia física, de indio descendiente de los incas: de baja estatura, moreno, pelo y ojos muy negros, nariz achatada y marcas dejadas por el acné que le atacó en la adolescencia. Indígena puro, sin dudarlo ni un poco siquiera. Fue opositor de Fujimori y alcanzó la presidencia del Perú en el 2001. Este hito en la vida republicana de esta nación de América del Sur, era motivo de burla del propio Alejandro Toledo, quien parecía no tomarla nunca en serio, ya que era inaudito, según sus propias palabras, que “un cholo” como él hubiera llegado a tal puesto, cuando provenía de una familia humilde de 16 hermanos, de los cuales 7 murieron por diversas causas en la infancia. “Yo soy un superviviente”, se le escuchó autodefinirse en una ocasión.

            Hasta aquí todo iba bien. Incluso el contraste de su matrimonio con una mujer extremadamente blanca y de la etnia judía, no le afectaba mucho o en nada, de frente al pueblo que le votó en las elecciones. Pero prontamente la desgracia fue a su encuentro, cuando los periodistas peruanos le descubrieron un “offshore” (cuenta millonaria en un paraíso fiscal), llamada “Ecoveta”. Precisamente de esa misma cuenta, Toledo sacó el dinero para comprar tres lujosas casas y despertó las sospechas tanto de la prensa como del pueblo llano que seguía el derrotero de sus actividades públicas y personales.

            Pero “la gota que derramaría el vaso” se dio en el 2006 cuando, tras haber dejado la presidencia del país, se compró una mansión en la lujosa zona de Casuarinas, en Lima; también una oficina en un edificio en la zona financiera en La Molina y canceló la hipoteca de su casa, situada en la residencial zona de Camacho. Fueron demasiadas inversiones que su sueldo o su pensión como expresidente de la República, no podía cubrir en modo alguno. Fue entonces cuando las especulaciones, las dudas y las distintas versiones se dispararon en la realidad política del Perú. Cuando la prensa y la policía ahondaron en las investigaciones, se pudo saber con certeza que aquel dinero provino del soborno que recibió de Odebrecht y que estaba guardado en las cuentas del empresario israelí (judío), Joseph Maiman, quien después transfirió todos esos caudales a la “offshore” de Toledo. Todo quedó al descubierto evidentemente. Los periódicos reprodujeron en grandes titulares la noticia y ya no había “vuelta de página” para este individuo que había jurado mantenerse inalcanzable para la corrupción reinante en toda América Latina.

            Pero lo peor estaba por llegar, ya que su excolaborador judío, Maiman, accedió a colaborar, en plena traición a su amistad, con la fiscalía peruana; fue cuando develó los sobornos que recibió Toledo de Odebrecht y puso al tanto a todo el aparato judicial de los movimientos espurios realizados por el exgobernante. Maiman, no obstante, murió de cáncer en el 2021.

            Y para terminar “de enterrarlo en vida”, Jorge Barata, exCEO de Odebrecht en el Perú, reveló ante la fiscalía que Toledo lo llamaba insistentemente para que despachara los cheques a su favor de parte de los brasileños corruptores: “pedía que los sobornos se le cancelaran lo más pronto posible.” Acusó.

 Una imagen fiel de lo que fue Alejandro Toledo para los peruanos, la concede la historiadora Natalia Sobrevilla, quien lo describió así a un periodista de la BBC de Londres, enviado especial al Perú para tal menester: “La principal tragedia de Toledo –dijo la profesional en historia-, se fundamentó en que él fue la imagen de la recuperación de la democracia (después de la breve dictadura de Fujimori), en el 2000-2001, pero el precio que pagamos es que la corrupción nunca se fue. ¿De qué nos sirve recuperar la democracia, si está atravesada por la corrupción? La democracia peruana pierde de manera tangible con la condena a Toledo.” Manifestó a los ingleses.

El otro se llama… Pedro Castillo

            Es el último de los mandatarios peruanos en poder de la justicia de esta nación suramericana, que tiene poquísima tolerancia con los delincuentes que llegan al poder. Quizás si decimos su nombre, muy pocos en América Latina se acuerden de él; pero si le describimos como el maestro/candidato con el lápiz gigantesco en una de sus manos, la memoria nos comenzará a ser fiel.

            Pedro Castillo comenzó su temprano recorrido por la política del Perú de manera equivocada, ya que se alió con los comunistas radicales; y el segundo error fue que llenó su Gabinete con esos comunistas, amigos de Fidel y Raúl Castro, y simpatizantes abiertos con los regímenes de Nicaragua y Venezuela. Ahí, precisamente, comenzaron los problemas para este bisoño político, quien saltó brusca y abruptamente de ser un tranquilo maestro rural, insertado en las selvas peruanas, a presidente de un pueblo, de un país, donde la corrupción campea y toca de frente, tarde o temprano, a sus gobernantes.

            Hoy, su situación judicial no es nada halagadora y se enfrenta a una posible condena de 34 años de prisión, debido a su intentona golpista, en la que intentó darse a sí mismo un golpe de Estado, en contra de la Constitución peruana, que es sagrada para este pueblo, particularmente. El juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Checkley, anunció hace pocos días que el expresidente Pedro Castillo irá a juicio por los hechos relacionados al fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Lo acompañarán acusados, sus exministros Aníbal Torres y Betsy Chávez. El fiscal pide para él una condena carcelaria por 34 años. Así de difícil es su situación.

La gran mayoría de los peruanos que siguen su caso, no cesan de decir que si se hubiese quedado en las escuelitas de las selvas, enseñando a leer y escribir a los niños de esos lugares, no estaría en la amarga situación en la que ahora se encuentra. Sin duda así habría sido, pero los mismos comunistas lo utilizaron debido a su imagen “fresca”, nada conocida en la realidad política del país, para manejarlo y hacerse con un poder que le había sido esquivo al partido marxista hasta ese momento. Pero cuando Castillo llegó al Palacio de Gobierno en calidad de presidente, hizo a un lado a los marxistas-leninistas que en el Perú son particularmente feroces, radicales y fanáticos y comenzó la ruptura con ese partido, de manera irreversible. Empero, su peor error fue darse el autogolpe que ahora lo tiene a las puertas de un juicio, que sin duda y de acuerdo a lo que hemos visto en esta nación, hace cumplir las leyes a rajatabla, sin devaneos ni titubeos. Hay quienes lo imaginan detrás de unos barrotes carcelarios a lo largo de más de tres décadas de castigo. No es difícil, en el Perú, imaginar tales hechos.

            En la red social X, el Poder Judicial anunció que el juez Checkley “resuelve continuar con el proceso que enfrentan Pedro Castillo, Aníbal Torres, Betsy Chávez y otros, por el delito de rebelión y otro en agravio del Estado, al rechazar la solicitud de sobreseimiento, presentada por la defensa de los imputados.” Otros nombres que se sentarán en el banquillo de los acusados, serán los de los exministros de ese mismo Gabinete, Willy Huerta y Roberto Sánchez.

            ¿Pero qué piensa y dice Pedro Castillo al respecto? Estas han sido sus palabras: “He cumplido 18 meses en prisión preventiva. Solamente en Perú y no en ningún rincón del mundo, se le detiene y después se le vaca (destituye) a un presidente. No tengo derecho a mi defensa. Se le aparta de su familia. Ahora dicen que hay peligro de fuga. Juro por mi patria, por mi familia, que jamás se me ha cruzado por la cabeza que me voy a mover del país (sin embargo, el mismo día de su fallido autogolpe de Estado, Castillo tenía previsto marcharse con su mujer e hijos hacia México, pero fue detenido por la policía). Estas acusaciones responden a un libreto, se comete una injusticia conmigo y encima se me prohíben las visitas.”

            Pero los acontecimientos del 7 de diciembre del 2022 le señalan con toda claridad a él y sólo a él, como perpetrador del autogolpe de Estado que quiso dar. Estaba agobiado por las denuncias de corrupción que se le hacían directamente a él y a su entorno, a sus asesores y ministros. Fue cuando decidió cerrar el Congreso y hacerse con todos los poderes en una incipiente dictadura. Algo que no esperaban los peruanos de ninguna manera. En un discurso que leyó desde el Palacio de Gobierno, en Lima, Pedro Castillo manifestó que convocaría a nuevas elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes; es decir, con la instalación de una Asamblea para elaborar una nueva Constitución y declaró, seguidamente, un toque de queda a nivel nacional. Ya, el 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori, el exmandatario recién fallecido, hizo algo parecido al disolver al Congreso y hacerse con todos los poderes.

            Pero a Pedro Castillo las cosas comenzaron a irle torcidas o mal, porque sus ministros comenzaron a renunciarle uno detrás del otro; y fue cuando decidió huir y al abandonar la sede presidencial y dirigirse hacia la embajada de México en el Perú, para solicitar asilo, gracias a la connivencia (confabulación) del entonces mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue interceptado por la policía, inmediatamente detenido y el Congreso entero votó su destitución. Juramentó a Dina Boluarte como presidenta de la nación, una decisión que no gustó tampoco a los peruanos, quienes se levantaron en los departamentos (provincias) de Puno, Ayacucho, Cusco, Junín, Lima, Arequipa, La Libertad y Apurímac, con el saldo de 49 ciudadanos muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden. En resultado, el gobierno –siempre espurio-, de México, rompió relaciones con el peruano y brindó asilo político a la esposa del expresidente, llamada Lilia Paredes y a sus hijos, Arnold y Alondra.

Un informe publicado en el periódico The Economist, describe lo que es actualmente el sistema que gobierna al Perú: “es desde el 2022 un régimen híbrido, porque está a medio camino entre la democracia y el autoritarismo, donde refleja la creciente inestabilidad política que llevó a que el país fuese gobernado por seis presidentes y tres Congresos, desde 2016.” Ciertamente así ha sido, pero esos exmandatarios labraron el camino “empedrado” por el que han tenido que transitar. Y dígase lo que se quiera decir, en esta nación, la justicia funciona, como no funciona en el resto de los países latinoamericanos, donde los jueces y fiscales, en su mayoría, son tan corruptos como los gobernantes.

            Hoy, Pedro Castillo está donde tiene que estar. Le guste a México o no, les guste o no a los periodistas siempre incómodos e incomodantes que pululan por todo el continente; y ante este autogolpista se acumulan amenazantes 34 años de prisión que debió sopesar, antes de embaucarse él solito en esa aventura de querer ser dictador, sin tener la madera para serlo.

Costa Rica, América Central,

Enfrentamiento entre Jerarcas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la Presidencia de la República y el Organismo

 de Investigaciones Judiciales (OIJ)

SAN JOSÉ-El Organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ), la policía al servicio del Poder Judicial costarricense, ha tenido un éxito significativo en el combate o mejor dicho, en la aprehensión de la delincuencia común, que se ha disparado en la última década hasta niveles impresionantes. Ese éxito se le puede atribuir a dos factores principales: 1. El territorio de Costa Rica, que es muy reducido, de apenas 50,900 kms2; y a la preparación que los investigadores han tenido en países como los Estados Unidos y otros del primer mundo desarrollado.

            Sin embargo, el OIJ, o sus jerarcas, si lo expresamos con mayor precisión, gustan de “los golpes de efecto” ante los ojos de la población y de la prensa, que reproduce fielmente esos actos que, si bien son legales y ordenados por el fiscal general, están reñidos con la dignidad de las personas a las que detienen en medio de un auténtico “circo”, pleno de humillación y maltrato, y por ende, con los derechos humanos, si lo vemos en su justa dimensión. Cada cierto tiempo, el OIJ pasea a los detenidos en los llamados camiones “perrera”, que no son otra cosa que vehículos herméticamente cerrados para trasladar a los apresados y convictos, escoltados por motociclistas de la policía civil, que hacen sonar sus sirenas cuando se desplazan por las calles y avenidas más céntricas de la Capital, mientras la gente se apila, se arremolina en las aceras, para disfrutar del espectáculo.

            En síntesis, para comenzar a detallar el último caso que se ha dado en Costa Rica, ese “show” gratuito, lo que pretende, en el fondo, es congraciarse con los medios de prensa y que el fiscal general de turno y el director del OIJ queden en “el pináculo” de la fama a nivel nacional y los telediarios los entrevisten hasta el cansancio y queden sus ansias desmedidas de publicidad, finalmente satisfechas. Y lo peor se da al día siguiente, cuando un juez, cualquiera de ellos, deja en libertad a la persona que han detenido, aunque “el carnaval del OIJ” ya ha sido llevado a cabo en desprecio y humillación del sospechoso.

El caso “barrenador” y el enfado del Presidente de la República

            En el centro de este nuevo escándalo en la realidad de esta nación centroamericana, está la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Sra. Marta Esquivel, quien fue detenida por los oficiales del OIJ, en Pérez Zeledón, cantón de la provincia de San José, al sur del país. Y para hacer el espectáculo al que nos referimos en la introducción de este reportaje, la trasladaron bajo el ulular de las sirenas policiales y dentro de uno de los carros llamados peyorativa y popularmente “perreras”. Luego, fue encerrada en una celda en los sótanos de los tribunales de justicia; y al día siguiente, fue dejada en libertad.

            Ante la escena anterior, el presidente de la República abrió un capítulo nuevo, al enfrentarse con el Organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ), al decir que se les dio un trato inhumano a los jerarcas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que fueron detenidos; e insinuó que el OIJ pudo haber actuado movido por intereses políticos. De inmediato, el OIJ rechazó categóricamente las palabras del mandatario de los costarricenses, y su director general, Randall Zúñiga –un funcionario que consume gran cantidad de minutos apareciendo en los telediarios, pues es evidente que tiene debilidad por aparecer ante las cámaras de televisión de manera constante e intensa-, aseguró que las detenciones realizadas bajo su supervisión, se ajustaron a la normativa internacional de derechos humanos, lo cual certifica los procedimientos de la Institución. “No es cierto que Marta Esquivel (presidenta ejecutiva de la CCSS), haya recibido un trato diferenciado en comparación con otros detenidos en casos como ‘Diamante’ y ‘Cochinilla’”, expresó  Zúñiga.

            Al repasar los hechos recientes, un contingente de oficiales del OIJ, siguiendo órdenes del Ministerio Público (Fiscalía General), y de su director, allanaron la residencia de la presidenta ejecutiva de la CCSS, secuestraron posibles evidencias; y poco tiempo después, la Sra. Marta Esquivel se presentó ante las oficinas del OIJ en el cantón de Pérez Zeledón, y de allí la historia ha quedado grabada en el inconsciente colectivo de los costarricenses, al ver a la funcionaria cuando era trasladada en “la perrera” o vehículo de la sección de cárceles, bajo el sonido de estridentes sirenas de las motocicletas que escoltaban a la detenida y que de acuerdo a la argumentación de Randall Zúñiga, siempre ante las omnipresentes cámaras de la TV costarricense, “el procedimiento utilizado es el establecido bajo las normativas internacionales y auditado por la Asociación de Correccionales de América.” Por otra parte, el Ministerio Público informaba que la misma Sra. Esquivel tiene abiertas diez causas en los tribunales de justicia.

            ¿Pero por qué se le detuvo? Esa es la pregunta de fondo, sin duda. Se le acusa de participar en aparentes delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública y por tráfico de influencias y el perjuicio económico para la CCSS sería por más de 12 mil millones de colones (moneda costarricense), al año, y en el “epicentro” de ese delito está la Sra. Esquivel, supuestamente.       

            La voz del presidente de la República, Rodrigo Chaves, en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, se dejó escuchar en este sentido: “¿Cómo vamos a pedir a los funcionarios que tomen decisiones valientes, cuando la fiscalía está atrás, matoneando y acosando con sus actuaciones inmorales e ilegales (…). Hemos vivido puntos negros en la historia democrática de Costa Rica, hemos sido testigos de cómo la fiscalía abusó de su poder, del músculo que tiene, para amedrentar e intimidar al gobierno de la República, deteniendo de manera arbitraria y amenazante a una alta jerarca del gobierno.” Manifestó un visiblemente enfadado mandatario del país.

            De acuerdo a su modo de ver las cosas, los acontecimientos últimos, y con él coinciden los costarricenses decentes que detestan el maltrato a las personas, “no se justifica de ninguna manera el trato que recibió Esquivel, quien fue trasladada desde Pérez Zeledón a San José en ‘una perrera’, como si fuera una integrante de un grupo narco o una sicaria. La fiscalía usó una detención mediática, absolutamente innecesaria, porque era suficiente con llamar a Marta (Esquivel), a presentarse en la audiencia; pero no… había, desde el punto de vista del plan, de las acciones de la fiscalía, que usar la fuerza del escándalo para atacarla a ella y al gobierno y así, amedrentar y asustar a los funcionarios públicos, diciendo que puede pasarles lo mismo.” En acto seguido, Chaves hizo énfasis en que el motivo por el cual se ordenó y se procedió a la detención de Esquivel, fue basado en una simple especulación por parte de la fiscalía y la policía judicial, ya que el contrato que investiga el fiscal no está en firme, se encuentra todavía en análisis de la Contraloría General de la República y no se ha comprometido ninguna cantidad de dinero del Estado, porque no ha sido ejecutado. “Todo esto es extraño, porque hay un principio básico del derecho, que es investigar (primero), para poder acusar y no al contrario.” Indicó un enojado presidente Rodrigo Chaves.

            En el llamado caso “barrenador”, se investiga a funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por supuesta corrupción por un presunto sobreprecio de 12 mil millones de colones al año, en la adjudicación de contratos de administración de 138 EBAIS. Estos últimos son clínicas que pertenecen a la CCSS y que, en distintos períodos, han sido administrados por Instituciones que no pertenecen a la CCSS, como la Universidad de Costa Rica (su Facultad de Medicina), o la Universidad de Iberoamérica (UNIBE), especializada en Ciencias de la Salud. Y en esta oportunidad, la Junta Directiva de la CCSS estaba estudiando la posibilidad de poner en manos de algunas cooperativas, la administración de esas 138 clínicas o EBAIS, por un plazo de 10 años. Según el OIJ, los oferentes adjudicados fueron las cooperativas Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco. En un comunicado, el OIJ dejó leer a la opinión pública que “de acuerdo con un informe preliminar, la investigación habría dado a inicio a principios del 2023, cuando al parecer miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y a su vez, realizaron un nuevo procedimiento, en el que supuestamente estas personas habrían ejercido controles y aportes, con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo, bajo los intereses de varias cooperativas de salud, que se encargarían de la administración de los EBAIS del país.” Es decir, miembros de la Junta Directiva de la CCSS, presuntamente, beneficiaron a las cooperativas arriba señaladas para que se hicieran con la administración de las clínicas y lo hicieron de manera dolosa y de espaldas a la legalidad que debería existir siempre en estos casos.

            El Ministerio Público también informó que decomisó durante los allanamientos de la policía judicial, casi 5 millones de colones en efectivo; y dio los nombres de los otros directivos que fueron apresados, lo mismo que la Sra. Esquivel. Ellos fueron: Zeirith Rojas (el de mayor edad, con 70 años); Johnny Gómez, María Isabel Camareno Camareno y Jorge Porras López. Esta fue una intervención de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en la que se procedió a allanar 27 lugares que comprendieron la sede central de la CCSS, en San José; casas de habitación de los supuestos implicados y oficinas de las cooperativas arriba mencionadas, por los presuntos delitos de influencia en contra la Hacienda Pública, Prevaricato y Tráfico de Influencias.

Otras aristas del caso “barrenador”

            Una de las medidas que la fiscalía general de la República solicitó, fue la suspensión de su cargo de la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel (lo mismo pidieron en las calles, en manifestaciones, los sindicalistas del sector salud costarricense); igualmente para otros cuatro directivos de esa Institución. Esta petición la hizo el fiscal a un juez penal y que procediera a inhabilitar a la Sra. Esquivel por espacio de unos seis meses, “porque ella podría intervenir en la investigación”, indicó la oficina de la fiscalía.

            Sin embargo, y en contraste con todo lo sucedido, las ocho personas que fueron detenidas (y paseadas por la Capital en “perrera”), fueron liberadas, ya que el Ministerio Público no pidió prisión preventiva contra éstas; aunque tendrán que presentarse una vez al mes a firmar ante el juzgado competente y tienen impedimento para salir del país. Esta situación, desde el punto de vista moral y humano, compromete el accionar del OIJ, ya que da la impresión de que todo fue “un circo”, una pésima obra teatral, cuyo único objetivo era humillar a las personas detenidas, hacerlas dormir en las celdas judiciales y luego liberarlas al día siguiente, sin cargo alguno.

            De acuerdo a la versión del Ministerio Público, lo que se investiga es un tráfico de influencias y delitos contra Hacienda; mientras que, en versión del ex diputado y ex candidato presidencial, Otto Guevara, quien es abogado litigante, con el contrato con las cooperativas, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se ahorraría unos US$30 millones en salarios de los empleados, según el Estudio de Razonabilidad de Precios de Licitación, que asegura que los funcionarios de las cooperativas (beneficiadas con el contrato de los EBAIS), iban a laborar sólo 48 horas a la semana, mientras los trabajadores de la CCSS, solamente laborarían 44 horas en ese mismo período. Así lo hizo ver este político en su perfil de Facebook; y añadió: “esto demostraría no solo la incompetencia del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, sino también de la fiscalía en este tema.”

            Otra explicación dada por el Ministerio Público dice lo siguiente: “Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar, instruyeron uno nuevo, en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones, de acuerdo a los intereses de las cooperativas. Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades, eran excesivas, significando un incremento anual de más de 12,400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas; es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio.” Las mismas autoridades judiciales sospechan que los miembros de la junta directiva de la CCSS sostuvieron reuniones con los oferentes (las cooperativas), lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a éstos. El sobreprecio al que se refiere la fiscalía en la adjudicación de contratos a las cooperativas de la salud para la operación futura de los EBAIS, tiene un sobreprecio del 33 por ciento. 

            Además, la decisión de beneficiar a las cooperativas la tomaron solamente seis directivos de la CCSS, cuando hacía falta el nombramiento de un funcionario (la junta directiva, de acuerdo a la reglamentación interna de la Institución, no podía sesionar al faltarle un miembro). Finalmente, la licitación se adjudicó por un monto de 178 mil millones anuales; y fue una decisión que se tomó a pesar de que existían recomendaciones técnicas para declarar infructuoso ese proceso.

            Los EBAIS o clínicas que la CCSS puso en manos de las cooperativas, están ubicados en Escazú, Santa Ana, Pavas, Desamparados 2, San Francisco-San Antonio, Tibás, La Carpio-León XIII, San Sebastián-Paso Ancho (en la provincia de San José); y en Barva y San Pablo (en la provincia de Heredia).

            Una de las últimas informaciones concedidas por el OIJ, indica que algún alto funcionario de la CCSS borró preliminarmente unos 300 archivos, unos cuatro elementos incluidos en OneDrive, durante los allanamientos de la policía judicial. Randall Zúñiga, director del OIJ, aseguró incluso, que se estaba valorando pedir ayuda internacional para recuperar la información que hicieron desaparecer premeditadamente. Es por eso que, en su opinión, no se podía citar a las personas involucradas a una audiencia y era necesario efectuar los 27 allanamientos tal y como se hicieron y que causaron las detenciones de ocho directivos de la CCSS, incluyendo a la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel: “Este tipo de acciones criminales orquestadas, refuerzan la tesis del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial, de que los allanamientos en el caso ‘barrenador’ eran totalmente necesarios, mismos que fueron avalados por un juez de la República y que no es posible en estos casos de presunta corrupción, citar a los imputados para que se presenten a declarar a un despacho judicial, ya que esto alertaría a todas las personas involucradas y podrían eliminar pruebas como ya sucedió lamentablemente en este caso.” Expresó textualmente el director del OIJ. 

            En la sede de la CCSS, los allanamientos comenzaron a las 7:00 de la mañana, específicamente en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, donde dio inicio el respaldo de las cuentas electrónicas de las personas involucradas en este caso y, a solicitud de las autoridades judiciales, se deshabilitaron las cuentas de correo de los funcionarios imputados en esta causa. Fue cuando nuevamente el director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó a los periodistas: “Al momento de revisar que el proceso de descarga (de las computadoras), continuara correctamente este miércoles 25 de septiembre, se encontró que en una de las cuentas, perteneciente a uno de los masculinos, se generaron errores en la sincronización de archivos, siendo que al revisar la bitácora, se observó que había cuatro elementos eliminados en el OneDrive y preliminarmente al menos unos 300 archivos del correo electrónico. Al revisar lo sucedido, se determinó que el correo fue habilitado sin autorización judicial posterior al bloqueo realizado durante el allanamiento, utilizando para ello el usuario y clave de un alto funcionario que tiene la capacidad de habilitar cuentas de correo.” Agregó a esta información que “el funcionario no estaba trabajando, por estar en período de vacaciones, por lo que se sospecha que alguien más accedió a las credenciales de este funcionario para habilitar los permisos sobre el contenido en cuestión de una de las personas imputadas. La revisión interna de los IPs apunta que el borrado lo hizo una persona dentro de la misma CCSS, pero desde una terminal del hospital Max Peralta, en Cartago. El Organismo de Investigación Judicial va a trabajar con todas las herramientas forenses que tiene a su disposición, para recuperar esos correos y archivos, y en caso de no contar con la tecnología disponible, se solicitará asistencia internacional para que no quede impune este tipo de situaciones.” Advirtió.

            Y desde la Asamblea Legislativa o Parlamento costarricense, la diputada Pilar Cisneros Gallo, jefa del grupo parlamentario del gobierno (oficialista), calificó la detención de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, de “montaje político”; y se trató de una acción que no se puede justificar por un caso de prevaricato: “En décadas, no recuerdo que una persona haya sido detenida por ese delito en la función pública. Los están acusando de prevaricato, que consiste en dictar resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos, pero yo pregunto una cosa: ¿Acaso había alguna posibilidad de que evadieran la justicia o que dificultaran la investigación? Ninguna, ninguna. (…) Las autoridades judiciales pueden llegar al fondo de la investigación y las autoridades de la CCSS dijeron que darían toda la información. Lo que hay es un montaje político. Es un montaje del Poder Judicial, queriendo amedrentar a la gente que está participando en estas decisiones valientes, para evitar que 130 EBAIS quedaran fuera de servicio. Es una completa barbaridad.” Manifestó Cisneros.

            En un intento por concluir sobre este caso, que más bien parece estar comenzando, el gobierno de la República, por segunda ocasión, se refirió a este tema por medio de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, y estas fueron sus declaraciones. “Nosotros como sociedad, debemos evitar que la fiscalía haga uso de su fuerza para paralizar al gobierno, a través de un hostigamiento ilegítimo. El gobierno no va a aflojar. Esperamos que el gobierno esté alerta y vigilante, porque estamos ante una amenaza sin precedentes en la historia de nuestro país. Luego de una conversación extensa y detallada con el presidente de la República, vengo a darles la posición del gobierno ante los actos de abuso de poder, que llevaron a la detención de miembros de la junta directiva de la CCSS, incluida su presidenta, Marta Esquivel. Todos los funcionarios de este gobierno, estamos dispuestos a responder ante cualquier investigación. El pueblo, la democracia y el gobierno no debemos tolerar abusos de poder de parte de ninguna Institución pública, en este caso, de la fiscalía general. No significa recibir dádivas, propinas o cualquier acto de corrupción. ¿Cómo es posible que la fiscalía argumente prevaricato, cuando la adjudicación del contrato no está en firme y apenas está en revisión de la Contraloría y no se ha pagado ni un solo colón? ¿Cómo habría prevaricato si ningún tribunal contencioso ha declarado ningún acto ilegal y, sobre todo, cuando la adjudicación del contrato no está en firme?” La ministra acusó al Ministerio Público de montar un “show” y sensacionalismo y las acciones de la fiscalía son absurdas desde cualquier punto de vista legal y moral, “además de abusivas.”

            Tal es la situación. Así se han dado los hechos que apenas están en su fase inicial y se esperan más acciones en los próximos días. Por el momento, lo que existe es una fuerte sospecha por parte de la fiscalía contra la junta directiva actual de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en el sentido de que entregó los EBAIS o clínicas a las cooperativas “de espaldas a la legalidad”; pero el presidente de la República y su ministra de la Presidencia, aseguran que no se ha concretado nada porque el contrato está todavía en manos de la Contraloría, que lo está estudiando apenas. Lo que sí ha quedado en firme es la actuación violenta y reñida con el Estado de Derecho que casi siempre ha prevalecido en Costa Rica, cuando el OIJ entró a empellones a las oficinas y casas de habitación particulares, para trasladar, después de las detenciones, a los funcionarios en los carros llamados “perreras” (que son para los delincuentes comunes), cuando no hay nada demostrado contra estos funcionarios Estatales. En el futuro, ellos mismos podrían demandar a la fiscalía y arrancarle una fortísima cantidad de dinero, para resarcir los daños morales. Eso podría darse.

            La prepotencia y “el teatro” han sido evidentes en el OIJ, su director Zúñiga y el fiscal general, mientras a otros encausados y comprobados delincuentes los dejan llegar a los tribunales en sus propios autos, vestidos elegantemente y con falacias en sus labios, diciéndose “inocentes.” Sino recordemos a la ex defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, manifiesta culpable de una severa, cuantiosa y gravísima defraudación a Hacienda y nunca se le apresó ni dos horas siquiera. Incoherencias del sistema judicial costarricense o ¿dinero “pagado a los jueces y fiscales por debajo de la mesa”? ¡Vaya usted a saber! Así sucedía en la época de los gánsteres en los Estados Unidos, allá por las décadas de los 20, 30 y 40.

            El Poder Judicial de Costa Rica ha quedado nuevamente en entredicho: muy severo con unos y muy indulgente con los otros.

¿Por qué la Corte Penal Internacional (CPI) Demora Tanto en Dictar Orden de Captura

contra el Tirano de Venezuela,

Nicolás Maduro?

LA HAYA, Países Bajos-No solamente por los acontecimientos recientes, cifrados en el fraude electoral que acaban de sufrir los venezolanos, sino por todas las situaciones inhumanas que han vivido en este país suramericano, la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en esta ciudad neerlandesa, debería dictar orden de captura contra el dictador y genocida venezolano Nicolás Maduro. Pero esa acción se está tardando demasiado y este sujeto debería unirse “al club” de criminales encabezados por el israelí Benjamín Netanyahu, asesino en masa del pueblo palestino; y Vladimir Putin, quien está haciendo otro tanto parecido en su invasión a Ucrania, masacrando a mujeres, ancianos y niños en esa nación europea.

            En otras palabras más gráficas y claras: los crímenes de lesa humanidad que se cometen a diario en Venezuela, cobran especial relevancia y gravedad por tratarse de crímenes continuados; es decir, sucedieron ayer, suceden hoy y se volverán a dar mañana, en el fecha a fecha, mientras la comunidad internacional solo observa, habla, critica y no resuelve esta situación engorrosa y criminal (léase el editorial de esta misma edición de The City Newspaper).

Numerosa documentación ¿En saco roto?

            Para fundamentar el presente análisis a la situación venezolana, tomamos en consideración las palabras del ex presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional de Venezuela, Blas Jesús Imbroda Ortiz, quien es un versado profundo en este tema de la inacción de La Haya.

 La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), cita Imbroda Ortiz, desde febrero del 2018 ha recibido cuantiosa documentación que detalla los crímenes de lesa humanidad que se han estado cometiendo en Venezuela por parte de la narco-dictadura encabezada por Nicolás Maduro Moro. En acto seguido, se abrió la fase que los juristas llaman Examen Preliminar, en la que se deben determinar diferentes aspectos competenciales y se analiza la gravedad y magnitud de los hechos, tanto como verificar si en el país señalado se llevan a cabo investigaciones y procedimientos judiciales fiables e independientes, para juzgar esos crímenes.

            Pero el gobierno venezolano, conocedor de esas acusaciones en su contra, ha intentado frenar, por su parte, las acciones de los líderes en la oposición y ha intentado impedir el procedimiento judicial en La Haya. Lo ha intentado y con singular éxito. Hasta que en noviembre del 2021, se pudo abrir la siguiente fase procesal conocida con el nombre Investigación. Y es cuando la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, puede adoptar medidas personales, como dictar una orden de detención internacional contra los principales perpetradores de los crímenes que se investigan.

            Es evidente que el proceso ha sido lento en la CPI, y ello debido a las características naturales que tiene ese organismo; pero la realidad venezolana lo que exige es una actuación inmediata para que se frenen los abusos del régimen contra la población civil y los líderes de la oposición, opina Blas Jesús Imbroda Ortiz. Pero, muchos venezolanos prefieren no referirse siquiera a este tema, decepcionados por la lentitud y la indiferencia de las potencias occidentales, cuyos gobernantes saben a ciencia cierta lo que está sucediendo en Venezuela, pero prefieren mirar hacia el lado contrario y ahorrarse la intervención para despojar a este país de su narco-dictadura. Uno de esos gobiernos es el afincado en la Casa Blanca, con sus distintos presidentes. Es decir, Venezuela no pertenece al foco de preocupación de Washington y mientras esa situación continúe de esa manera, la dictadura seguirá en su sitio, en el Palacio de Miraflores en Caracas. Por eso la pregunta resultante es: ¿Los esfuerzos de los denunciantes han caído en “saco roto” en la Corte Penal Internacional y no se elevará ninguna orden en contra de Maduro y sus secuaces en el seno de la dictadura? Todo parece indicar que así ha sido.

            Hasta el momento, la CPI ha estado analizando la estrategia de defensa del gobierno venezolano, que ha asegurado que “en el país ya se tratan esos crímenes (que los opositores indican) y son los juristas venezolanos quienes están al frente de esos abusos”, han dicho los voceros de Nicolás Maduro. Lo cual significa que, en la versión ficticia del dictador, la criminalidad que ha sido ventilada ante La Haya, ya se está verificando en el interior de Venezuela, se corregirá de algún modo con las leyes existentes y se castigará a quienes los hayan perpetrado. Pero la CPI parece que no ha tomado en consideración que ese es un país sin Estado de Derecho, en el que sus magistrados y fiscales pertenecen a la misma gavilla de bandoleros que han usurpado el poder y se mantienen en él y por lo tanto, responden a las exigencias del dictador para garantizar su impunidad y la del régimen de facto. Porque en esa nación suramericana el único “juzgador” es Nicolás Maduro y nadie más. Los jueces están “pintados en la pared” y carecen de cualquier papel de relevancia.

            Ese argumento de que en Venezuela “los propios tribunales están actuando en consecuencia contra los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad”, es parte de la estrategia de la dictadura para frenar la intervención de la CPI; aparte de que el procedimiento en la misma CPI, dura cerca de seis años y medio, es demasiado complejo, mientras que Caracas dilata, distrae, obstaculiza e intenta impedir ese procedimiento. Explica Blas Jesús Imbroda Ortiz. Lo engorroso de la burocracia en la CPI, solo propicia que los crímenes de los ciudadanos venezolanos sigan rampantes y continuos, sin nadie que los defienda y mucho menos que los frenen. Evidentemente, la indefensión es total para el pueblo de esta nación. Asevera Imbroda.

            Para muestra, después de las fallidas elecciones presidenciales, robadas por la dictadura por enésima vez, los encarcelados arbitrariamente, solo por protestar pacíficamente en las calles, sobrepasan el número de las 1,500 personas que las fuerzas de choque al servicio del régimen, han detenido, golpeado y vuelto a torturar en las celdas policiales. O sea, se actúa sin límite, porque se trata de una dictadura con todas sus acepciones, que reprime cualquier contestación y persigue a sus adversarios por medio de una política de terror, que está diseñada y organizada desde el centro del poder. Mientras tanto, la CPI se mueve despaciosamente, contraria a la agilidad y celeridad que debería mostrar en este caso.

            Pero lo más preocupante de cara a la Corte en La Haya, ocurrió cuando el nuevo fiscal de ese organismo adscrito a las Naciones Unidas, Karim Khan, viajó a Venezuela, en abril del presente 2024, se reunió con el dictador Nicolás Maduro en el Palacio sede de la dictadura, “para delinear y poner en funcionamiento un plan de trabajo entre la Corte y el gobierno venezolano y así investigar los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo” y después sostuvo reuniones con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y con el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, todos ellos “socios” de Nicolás Maduro en el seno de la dictadura, plegados a las políticas criminales de su régimen y dispuestos a desvirtuar la realidad al enviado de la CPI, tal y como lo hicieron. Esas reuniones las efectuó nada menos con los tres máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido y como escribió recientemente el ex presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional venezolano, Blas Jesús Imbroda Ortiz, quien a su vez llevó el caso de los crímenes de Nicolás Maduro ante la CPI, “fue una incomprensible ingenuidad por parte de la fiscalía (de la CPI), pues la colaboración en la investigación por parte de los organizadores, planificadores e inductores de los crímenes y de la represión, obviamente sería y es nula. Muy al contrario, distraerán y desviarán los focos de atención de las investigaciones.” Y, en efecto, ese viaje del fiscal Karim Khan, fue un acto inexplicable de ingenuidad del que deben estar riéndose todavía sus contrapartes en el gobierno de Venezuela.

            Y es que la realidad de lo que acontece en esta nación, no hay que investigarla mucho, porque las evidencias se suceden unas detrás de las otras a diario, comenzando por “la diáspora” o el abandono del país que efectúan miles de ciudadanos venezolanos, a pie, cruzando el territorio de Colombia primero, para internarse en la selva de El Darién en Panamá, después, y seguir hacia la lejanísima frontera con los Estados Unidos. También la desaparición de líderes comunales y nacionales, cuando los matones del régimen les han buscado y hallado, son evidencias que no pueden ser pasadas por alto por las autoridades internacionales. Y, habida cuenta de ello, lo que se presume ante tanta ineficacia e indolencia de parte de la CPI para actuar con decisión en Venezuela, indica que la problemática en este país no les interesa, “no está a la misma altura de Ucrania”, para citar solo un ejemplo actualizado. Es por esa razón que Maduro y su aparato represivo se siente a sus anchas, impune y siga actuando con mayor brutalidad en contra del pueblo, a sabiendas de que no existe nadie con voluntad, ningún gobierno extranjero que intente siquiera su caída del poder.

            Es cuando el jurista venezolano Blas Jesús Imbroda Ortiz, se pregunta, “¿Si la CPI ha actuado con agilidad, celeridad y contundencia en los casos de los crímenes de guerra cometidos en Ucrania y ha dictado una orden de detención internacional contra el presidente (dictador) de Rusia, Vladímir Putin, y otros cargos del país; (y) también lo ha hecho en los crímenes internacionales cometidos en Gaza y en Israel y han dictado las correspondientes órdenes de detención internacional contra el primer ministro de Israel y otros miembros de su gobierno, así como contra los líderes del grupo terrorista Hamás, para cuándo (se dictará) la orden de detención internacional contra Nicolás Maduro? 

            El material cargado de evidencias que tiene La Haya es abundante, impresionante, incluso para llevar a efecto muchos juicios por crímenes de lesa humanidad contra la camarilla narco-gobernante en Venezuela, a los que se les deben sumar las amenazas contra la líder opositora María Corina Machado, a quien se le prohibió de manera arbitraria que se presentara como candidata en las pasadas elecciones nacionales y contra el ex candidato, el diplomático Edmundo González, quienes, incluso, tienen órdenes de captura dictadas por la dictadura de Maduro. Pero tampoco la CPI mueve un dedo para elevar a proceso estas situaciones o plantear primeramente una acusación formal contra el dictador y su grupúsculo en el poder.

La fiscalía chavista amenaza por enésima vez al excandidato González

            La última noticia que ha sobrepasado las fronteras de Venezuela, señala que el líder opositor Edmundo González, quien fue el ganador indiscutible de las pasadas elecciones en esta nación, ha sido citado por la fiscalía de la dictadura chavista, “por desacato.” Y el Tribunal Supremo advirtió en los días anteriores que “la conducta de González acarrea sanciones previstas en el ordenamiento vigente.” Nótese el lenguaje eufemístico utilizado por la dictadura, para darle un “toque de barniz”, de sonoridad, a sus acciones represivas.

            Después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), validó el mega-fraude electoral cometido por Maduro y sus acólitos, el fiscal general y presidente del Poder Moral (¡?), Tarek William Saab, anunció que citará al ex candidato presidencial (y verdadero ganador de los comicios), Edmundo González, ante el Ministerio Público -entes totalmente sometidos a los mandatos del dictador Maduro-, para que rinda declaraciones sobre “su autoría de la página que ha usurpado las competencias del poder electoral venezolano.”

            Su compañera de partido, María Corina Machado, también se encuentra “en el ojo” de la dictadura, que la tiene bajo resguardo “por subvertir el orden” y hacer que las fuerzas policiales hayan tenido que trabajar más de lo acostumbrado por restablecer la calma en varias ciudades del país.

            “En las próximas horas, el señor Edmundo González Urrutia –cita la fiscalía de la dictadura-, será citado en base a la investigación en curso, para que él rinda declaraciones sobre su autoría, donde él se declara responsable de la página denominada http://resultadosconvzla.com/, que ha usurpado la competencia que solo le corresponde al Poder Electoral. Va a tener que dar la cara ante este Ministerio Público, tendrá que venir y resolver.” Dijo Tarek Saab a la prensa.

            No obstante, los observadores de lo que está sucediendo hoy en día en Venezuela, aseguran que todo obedece a un plan perfectamente delineado por la dictadura, para acallar y poner tras las rejas a los líderes opositores. Por ello, amenazan sin detenerse, a los rostros visibles del partido democrático, para asustarlos y abandonen el país, so pena de encarcelarlos sino lo hacen. Los insultos se suceden continuamente de parte de Nicolás Maduro, quien llama a los opositores “demonios, ultraderechistas, fascistas, delincuentes” y a Edmundo González, “viejo decrépito.”

            En la mencionada página web, cuya autoría se le achaca al ex candidato presidencial demócrata, González Urrutia, “de forma notoria y comunicacional se publican presuntos documentos forjados o falsificados, con los que se pretende usurpar ilegalmente funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), causando la difusión de esta falsa información, zozobra en el país”, ha declarado el mismo fiscal general de facto, Tarek Saab.

            La respuesta de Edmundo González ha sido en estos términos: “Ante la arremetida de nuestras libertades y la soberanía popular, convoco a los venezolanos a unirse en la defensa de ambas, porque no es poca cosa lo que está en juego. Hagamos respetar la decisión que expresaron con su voto los venezolanos (y solicito) a las naciones del mundo, para que se mantengan firmes en la defensa de nuestra democracia (porque) es el momento de que juntos luchemos por el derecho de elegir, de alternar a los gobernantes que los venezolanos, solo en democracia, tendremos la oportunidad de transitar un cambio en paz.”

            A las anteriores declaraciones, se le deben sumar las de la líder opositora, María Corina Machado, quien aseguró: “El respaldo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a la controvertida victoria electoral de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, muestra la complicidad de los jueces con el fraude y hunde más al líder chavista, cuyo triunfo no es reconocido por numerosos países. Una vez más, el régimen se equivocó: lo que TSJ sentenció, fue su complicidad con el fraude del CNE (Consejo Nacional Electoral) y lejos de ‘cerrar el caso,’ han acelerado el proceso que cada día aísla y hunde más a Maduro.” Según texto escrito en la red social X.

            Tras el anuncio hecho por el TSJ de Venezuela, los Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Ecuador, Argentina, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, se mostraron contrarios a dicho comunicado que no pretende otra cosa que legalizar el fraude electoral. Así las cosas en Venezuela, un país secuestrado por una camarilla de narcotraficantes, desde que Hugo Chávez decidió terminar con la democracia en esta nación y acabar con todos los derechos de sus ciudadanos, quienes han tenido que emigrar o soportar el régimen de hambre y demás carencias creadas por la dictadura de izquierdas que tienen sobre sus vidas.

La ONU Ordena la Liberación Inmediata

del Periodista Guatemalteco

José Rubén Zamora

CIUDAD DE GUATEMALA-Este comunicador ha sido la víctima más célebre de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras y su grupo de delincuentes que están entronizados en la Corte Suprema de Justicia de este país, debido a las publicaciones de prensa que hacían, José Rubén Zamora Marroquín y sus periodistas, en el diario elPeriódico, lamentablemente desaparecido también por la acción del Ministerio Público guatemalteco.

            Lo cierto es que este ex director del rotativo mencionado, lleva más de 700 días purgando prisión por delitos que no cometió y es por eso que la ONU ha declarado recientemente que su detención ha sido “arbitraria” y ha ordenado su liberación inmediata de la cárcel. Sin embargo, el mismo presidente, Bernardo Arévalo de León, quien recién ha asumido el mando del país, extrañamente guarda silencio en relación con este caso, cuando, en campaña política “su caballo de batalla” fue la lucha abierta, valiente y decidida contra la corrupción, como se observa en la detención y encarcelamiento de este comunicador. Y es que aquí no va aquello del respeto a la independencia de poderes, porque si la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así lo ha ordenado después de haber analizado minuciosamente su caso, el presidente de los guatemaltecos tiene que cumplir sin dilación ni pretexto alguno. Aquí no cabe aquello de la autonomía que exige la democracia entre poder y poder, del Ejecutivo en referencia al Judicial, tal y como parece observar el Sr. Arévalo de León con su silencio, que no es otra cosa que silencio cómplice con su enemiga declarada, la fiscal Consuelo Porras.

Determinación de las Naciones Unidas

            Cuando la ONU determina que debe cumplirse una de sus decisiones, referente al país que sea, ésta debe cumplirse sin demora. Pero en Guatemala parece que situaciones parecidas a la del periodista Zamora, van por otro camino y no se acatan como debierían.

            El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha declarado con toda transparencia y nitidez, que la privación de libertad del fundador y director de elPeriódico, en Guatemala, Sr. José Rubén Zamora Marroquín, “ha sido arbitraria” y ha pedido al gobierno guatemalteco que se le ponga “inmediatamente en libertad.” Más claro no hay ningún mandato en estos tiempos en esta nación centroamericana; pero no se ha ejecutado dicha orden.

            Según la fiscal general, Consuelo Porras, la delincuente que es requerida por el mismísimo gobierno de los Estados Unidos, junto a otros miembros del aparato judicial de Guatemala, la prisión preventiva que sufre Zamora Marroquín es por causa “del lavado de dinero y otros activos, obstrucción de la justicia y uso de documentos falsificados en tres causas judiciales en su contra.” Y con esas acusaciones de colosales proporciones judiciales, se le tiene detrás de los barrotes en una celda. Pero la ONU ha denunciado que la detención de este periodista “contraviene seis artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como otros artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,” razones por las cuales pide al Gobierno de Guatemala “adopte las medidas necesarias para remediar la situación del periodista sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes.” Y es aquí, precisamente, donde el presidente de la República ha hecho un extraño silencio y ha dejado que la fiscal general revoque toda intención de ponerlo en libertad, como la posibilidad que se presentó el pasado 15 de mayo, cuando se le otorgó la libertad, pero el Ministerio Público “echó por tierra” dicha posibilidad, re-acusándolo de nuevo de “obstrucción a la justicia.”

            Ciertamente, Consuelo Porras, en una variable sobre el mismo tema, no ha dejado ese cargo como fiscal general, justamente porque le espera la extradición a los Estados Unidos, donde está incluida en la Lista Engel de actores corruptos y que maneja el Departamento de Estado norteamericano. Las acusaciones que observa Washington de esta mujer guatemalteca, están relacionados con sus intentos reiterados “de socavar la democracia” y la persecución judicial que desató en tiempos recientes, contra defensores de los derechos humanos, periodistas, jueces y magistrados. Todos ellos representaban, en alguna medida, un peligro para Porras, debido a que está inmersa en “un mar de corrupción” que hizo que 140,000 ciudadanos de este país firmaran una carta en la que le pedían su renuncia al Ministerio Público, pero ella hizo caso omiso a la voluntad del pueblo y ha continuado allí, en el cargo, complicando y perjudicando más las cosas y a las personas, como lo está haciendo con el periodista Zamora Marroquín. “Desalojar su Despacho –publicó este mismo periódico The City en meses recientes-, significaría para ella, su esposo y los funcionarios que la han secundado en sus acciones ilegales, la detención inmediata por parte de la policía, al convertirse nuevamente en una persona común y corriente sin cargos públicos a su haber; luego sucedería su encarcelamiento y muy probablemente la extradición ante la petición de la embajada de los Estados Unidos en Guatemala. Ella sabe que ese periplo sería el suyo y de sus acólitos y por eso se aferra al puesto en el Ministerio Público, de igual manera que ‘un náufrago a su tabla en altamar.’”

            En retorno a la ordenanza dictada por las Naciones Unidas en relación con el periodista Zamora Marroquín, el citado Grupo de Trabajo de la ONU considera que, “teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería excarcelar a Zamora y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.” Asimismo, insta al gobierno de Bernardo Arévalo de León, ese mismo mandatario quien, en su papel anterior de candidato a la presidencia, pronunció sus encendidos discursos a favor de la legalidad, la honestidad y la lucha frontal contra la corrupción, para que lleve a afecto una investigación “exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del periodista guatemalteco, desde el 29 de julio del 2022 y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. Al mismo tiempo, solicitamos al Ejecutivo (al gobierno guatemalteco), que difunda la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU, por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible, mientras que anuncia que remitirá el presente caso a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como a la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, para que tomen las medidas correspondientes.”

            Y añade el mismo documento emitido desde Nueva York, sede de la ONU: “El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas recuerda que considera arbitraria la privación de libertad de una persona, cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique y cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos.” Concluye el documento que está a favor de la excarcelación del ex editor y periodista del diario elPeriódico, de Guatemala.

La elaboración del informe de la ONU

            Las Naciones Unidas partieron de la base en la misma Guatemala, que aseguró al organismo mundial que el periodista Zamora Marroquín “ha sido encausado penalmente por el ejercicio de la libertad de expresión” y ha recordado y presentado una declaración del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, a la postre aliado de la fiscal Consuelo Porras y también requerido por la justicia de los Estados Unidos, al aparecer en la Lista Engel, en la que menciona amargamente que Zamora “dirigía un medio de comunicación a través del cual se denigraba, se insultaba en su honor y en su prestigio a fiscales, jueces y magistrados y diversas personas de la sociedad civil.”

            Además, el Grupo de Trabajo de la ONU recogió datos que le brindó la misma fuente, profunda conocedora del caso de José Rubén Zamora Marroquín, en los que señalaba que, desde 1996, elPeriódico publicó casos de corrupción, impunidad y abusos de poder, “de manera que las informaciones de Zamora y este medio de comunicación, evidenciaron cientos de actos de corrupción en los diferentes gobiernos de Guatemala, entre 2012 y 2023.” Naturalmente, en algunos reportajes que incomodaron tanto a la fiscal general como al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, se mencionaban los ajetreos, “las andanzas” reñidas con la honorabilidad, la honestidad y la decencia de esos dos personajes requeridos por la justicia estadounidense, como hemos repetido varias veces a lo largo de este artículo de prensa. A partir de esas publicaciones, ambos personajes oscuros decidieron encausar judicialmente al periodista, con los resultados que ya hemos conocido hasta la saciedad.

            En resumen, el Grupo de Trabajo de la ONU llegó a la inevitable conclusión de que las publicaciones en el periódico de Zamora Marroquín sobre casos de corrupción en el gobierno de Guatemala, “entran dentro de los límites del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y el artículo 19 del Pacto.” También hace énfasis en el hecho de que elPeriódico publicó “graves denuncias de casos corrupción en el gobierno del entonces presidente Alejandro Giammattei y otros altos cargos vinculados con su administración”, cinco días antes de que fuera detenido José Rubén Zamora. Lo cual quiere decir que su publicación diaria en la que destapaba casos de corrupción, ya tenía hartos a los funcionarios de los poderes implicados, el Judicial y el Ejecutivo, y había que detenerlo de alguna manera. Es por ello que crearon las acusaciones de lavado de dinero y obstrucción a la justicia, para encarcelarlo, entre otros cargos.

            Fundamentado en lo anterior, la ONU llegó a la conclusión resultante de sus investigaciones de que la detención de Zamora Marroquín, que hasta la fecha de hoy sigue siendo preventiva, “se debió a su ejercicio de la libertad de expresión y opinión a través de la prensa y no se ha demostrado que los comentarios (publicados en su rotativo), del periodista, constituyan una incitación a la violencia o que puedan justificar su detención Y sobre esa base, concluimos que su arresto y detención fueron resultado de su ejercicio de los derechos y libertades garantizados por los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto, por lo que defendemos que no debería celebrarse ningún juicio en contra de Zamora.”

            Aclarado lo anterior que da potestad y la libertad al comunicador, hay que enfatizar que, a pesar de la declaración de la ONU, el pasado 25 de junio del presente año, la Sala Segunda de Apelaciones de Guatemala, a petición de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), cuyo jefe es Rafael Curruchiche, del grupo requerido por la justicia de los Estados Unidos, revocó la libertad que fue otorgada al periodista en cuestión el 15 de mayo del 2024. Curruchiche publicó, en acto seguido, en las redes sociales del Ministerio Público, manejado por su secuaz, la fiscal general Consuelo Porras, que la Fiscalía fue notificada por la Sala Segunda de Apelaciones sobre esta revocatoria de la libertad al periodista y por lo tanto, iba a continuar preso en la cárcel militar de Mariscal Zavala, por otra causa judicial en su contra en la que la Fiscalía lo acusa de “conspiración para la obstrucción de la justicia y uso de documentos falsificados.” Es decir, le crearon dos delitos más, con tal de no dejarlo en libertad como había ordenado la ONU. Es evidente entonces que la aplicación de la justicia y el aparato judicial guatemalteco, están en manos de mafiosos, según se desprende de este caso.

            La jueza presidenta del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, Verónica Ruiz, había decretado para el comunicador en la primera causa, el arresto domiciliario, y tras la paga de una fianza de 30,000 quetzales (moneda de Guatemala o unos 3,750 Euros), porque consideró que no existía el peligro de fuga ni de obstaculización a la averiguación de la verdad; aunque le prohibió la salida del país y le obligó a firmar periódicamente un libro de asistencia en el Ministerio Público, y tampoco podrá comunicarse con implicados en su caso. Pues esa resolución de la jueza Ruiz fue impugnada por la FECI ante la Sala Segunda de Apelaciones, que dio la razón a la Fiscalía General y por lo tanto, Zamora Marroquín continuará también en prisión preventiva por la causa que se sigue en su contra por lavado de dinero y otros activos, denominado “Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero”, en el expediente que existe en los Tribunales de Justicia. Evidentemente, tanto Curruchiche como Porras no quieren que José Rubén Zamora salga libre, pues algo temen, algún documento o legajo de documentos, tiene en su poder el periodista, que los podría implicar en casos de corrupción todavía más graves de los publicados en el pasado y que podría tirarlos a los dos de sus puestos a la cabeza de Instituciones de justicia.

            La verdad sobre su situación penal y jurídica, señala que está preso y no se vislumbra la celebración de ningún juicio todavía y seguirá en prisión preventiva: Se le acusa de haber lavado dinero por Q700,000 (quetzales, unos €87,500), en el año 2013; asimismo, está acusado en una tercera causa judicial por haber falsificado la firma en 16 boletas de declaración aduanera, que fueron entregadas en el Aeropuerto Internacional La Aurora, durante viajes realizados entre el 2015 y el 2017 y que, según el Ministerio Público en manos de Consuelo Porras, “las firmas no coinciden con la del periodista. 

            Zamora fue detenido el 29 de julio del 2022 en su casa de habitación, durante un allanamiento a su residencia, lo mismo que a las instalaciones de elPeriódico, que publicó su última edición en papel, el pasado 15 de mayo del 2023. Luego continuó de manera digital, pero, por falta de publicidad y capital económico, también tuvo que cerrar esta edición en internet. José Rubén Zamora Marroquín cuenta con 67 años de edad y lleva más de 700 días encarcelado; fundó elPeriódico en 1996 y por sus trabajos de prensa, le fue otorgado el Premio Rey de España al Medio de Comunicación Destacado de Iberoamérica, y el pasado mes de mayo, él, en lo personal, recibió otro premio, esta vez al Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2024, otorgado por Colombia, por sus “más de tres décadas de tenaz y valiente trabajo profesional.”

            Recapitulando: la ONU ha demostrado que guarda prisión de manera ilegal y draconiana, ordenada por dos sujetos requeridos por la justicia de los Estados Unidos de América, y que están en la Lista Engel de delincuentes planetarios y que responden a los nombres de Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala; y Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). La misma ONU llegó al convencimiento, después de una exhaustiva y minuciosa investigación, que el periodista en cuestión está preso por denunciar actos de corrupción en el Ministerio Público guatemalteco y en todo el aparato Estatal del anterior presidente de la República y las causas que pesan en su contra, han sido inventadas para mantenerlo “a raya”, en prisión. No hay juicio a la vista, sigue en prisión preventiva y algunos de los periodistas que trabajaron bajo sus órdenes, también están siendo perseguidos por la fiscalía, acusados de “esto, aquello y lo otro”, invenciones propias de Porras y sus secuaces.

            El gobierno de Guatemala tiene que cumplir con la directriz emitida por la ONU y dejarlo en total libertad. No tiene otro camino. Y en esto tiene la palabra el actual mandatario del país, Bernardo Arévalo de León, dueño de un silencio extraño en relación con este caso, que se puede interpretar de varias maneras: una de ellas podría ser cobardía para enfrentarse a Consuelo Porras y su grupo de delincuentes en la Corte de Justicia; o aún peor… deslindarse de sus palabras de campaña en las que prometía luchar contra la corrupción Estatal y puede ser que ahora se encuentre tan cómodo en su sillón presidencial, que Arévalo quiere que la corruptela prosiga, sin que él la obstaculice en modo alguno. Pero su silencio es, además de inesperado y raro… cómplice de los corruptos que tienen a Zamora tras las rejas. Raro, muy raro de verdad.

El Prófugo de la Justicia, el Catalán Carles Puigdemont, Ridiculiza a Todo el Aparato Judicial y de Seguridad de España

BARCELONA-Lo anunció con días de antelación que iba a viajar a España, a su natal Cataluña, para participar en un acto público y dio suficiente tiempo para que jueces y policía esbozaran o delinearan un sencillo plan para detenerlo, porque, por sí mismo, Carles Puigdemont, el ex presidente de la Generalitat (gobierno catalán), no representa peligro alguno. Se trataba de una captura de las más simples y fáciles que policía alguna en el mundo podía hacer, sin esforzarse más allá de lo necesario. Pero fracasaron estrepitosamente.

            En palabras sencillas, los actos de esta comedia bufa, pueden resumirse así: avisó que entraría de nuevo en España; lo hizo, participó en los actos políticos tranquilamente, cuando vio el peligro de captura… desapareció como por arte de magia, se fugó, dejando a toda la policía y al aparato judicial del país como uno de los más ineptos del planeta y regresó a su exilio seguro en Bélgica, donde la policía europea ni la famosa Interpol han hecho nada por aprehenderlo y entregarlo a las autoridades españolas. Un bufón que se burla a diario de un sistema judicial español que no funciona para él y hace lo que le viene en gana cada vez que se le ocurre también.

Así comenzó esta divertida comedia catalana

            Carles Puigdemont, ex presidente de Cataluña, la autonomía en la que una porción importante de su población quiere la independencia o desprenderse definitivamente de España, anunció a la prensa de Europa y a la española en particular, que “he emprendido el viaje de retorno del exilio”, para asistir al pleno de investidura de Salvador Illa y JxCat, quien, incluso, para hacer más bochornoso el asunto, convocó a un acto de recibimiento del ex presidente prófugo de la justicia española. Dicho acto se planeó para llevarse a cabo en el paseo Lluís Companys, cerca del Parlament, y delante de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (¡!); es decir, Puigdemont iba a ser recibido con todos los honores por parte de sus amigos y correligionarios políticos, justo antes de que se iniciara el debate de investidura de Illa. Y este itinerario del programa de actos lo conocían detallada y perfectamente la policía y los jueces, quienes tenían órdenes explícitas, clarísimas, de detener al delincuente catalán exiliado en Waterloo, Bélgica. Incluso, los organizadores tenían temor de que fuese detenido y por esa razón, daban por un hecho que el pleno sería suspendido por el presidente de la Cámara catalana, Josep Rull.

            Evidentemente, su viaje, su regreso a Barcelona, después de siete años refugiado en Bélgica, en plena huida de la justicia española, significaba un reto al orden jurídico instituido en Cataluña y una burla si lograba entrar en España y regresar indemne, “sin rasguño alguno” a su exilio. Tal y como aconteció.         

            Las declaraciones del propio Puigdemont fueron el resultado de esa burla que él quería infringir a la justicia española, de esa mofa a la que nos estamos refiriendo, única en toda la historia de este país que ha quedado ante la opinión pública europea poco menos que un fantoche, gracias al histrionismo del ex presidente catalán. Esto fue lo que dijo antes de su regreso el separatista Puigdemont: “En condiciones de normalidad democrática, que un diputado como yo anuncie su intención de asistir a la sesión, sería innecesario, pero las nuestras no son condiciones de normalidad democrática (¡!). Tampoco el ex conceller y diputado de (partido) Junts, Lluis Puig, puede asistir libremente al pleno, ya que el Tribunal Supremo se niega a obedecer la Ley de Amnistía, pese a que está en vigor y es de obligada aplicación.” Es decir, el catalán lo que quiso hacer pensar a los demás fue que él está “a derecho” y los que no lo están son precisamente los jueces que querían detenerlo; y continuó su perorata antes de salir hacia Barcelona: “En mi opinión, no hay que callar ante la actitud de rebeldía, de rebelión, en la que se han ‘bunquerizado’ algunos jueces del Supremo (los rebeldes son los jueces y nunca él, según deja leer Puigdemont, sardónicamente). Este desafío (de los jueces), debe ser contestado y confrontado. Por esto, he emprendido el viaje de retorno desde el exilio, convencido de que no hay otro camino hacia la normalidad democrática que el fin de la represión política. (…) Que yo pueda asistir al Parlament tendría que ser normal. Que por hacerlo me arriesgue a una detención que sería arbitraria e ilegal, es la evidencia de una anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar (es decir, el denunciado amenaza con denunciar) y de combatir, no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas (¡!).”

            Recordemos que Carles Puigdemont, el tipo con la cabeza llena de pelo, estilo Beatle, desaliñado y que da la impresión de no conocer ni el agua ni el jabón durante meses, declaró la independencia de Cataluña del resto de España de manera unilateral, y utilizó recursos económicos que pertenecían a la Generalitat, miles de Euros, en su propio beneficio, sin responder por ese robo que fue, a todas luces, un hurto descarado. Por eso y por otras causas, la justicia española lo declaró culpable y en fuga, después de refugiarse en Waterloo, Bélgica, sin que tampoco la justicia de esa nación haya hecho lo justo por detenerlo y reenviarlo a España para ser encarcelado sin dilación.

            Su regreso a España, a Cataluña justamente, lo hizo alegando que está protegido por la Ley de Amnistía que pactó con el actual presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y los jueces, al no obedecer la letra de esa ley, están en pleno desacato y rebeldía, según el sedicioso en fuga. Es cuando anunció (y retó): “El parlamento de Cataluña ha convocado a todos los diputados al debate de investidura del próximo presidente de la Generalitat, que empezará mañana jueves. Yo tengo que estar y quiero estar. Por eso he emprendido el viaje de regreso desde el exilio.” Y la respuesta de sus amigos y compañeros de lucha dentro del separatismo catalán, le respondieron: “Mañana te recibiremos con los brazos abiertos en casa, después de un largo e injusto exilio.” Anunciaron, por lo tanto, “un recibimiento institucional” que se produjo ante las mismísimas puertas del Tribunal de Justicia de Cataluña, situado en el Paseo de Lluís Companys, cerca del Parlamento autonómico. Por esa causa, el Consell de la República, la Assemblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, convocaron a los dirigentes políticos, una hora antes del inicio del pleno para investir al nuevo presidente y así dar el recibimiento al fugado Puigdemont. Todo un reto y una burla al sistema judicial español.

            Consultado por este periódico The City, el magistrado español Ignacio González, explicó lo siguiente en relación con el viaje del convicto catalán, Carles Puigdemont; es decir, los posibles escenarios que se pudieron dar con este insólito caso, único en la historia del país, y que pudieron llevar, en primer término, a la suspensión de la investidura de Illa, el nuevo president catalán; y desde el ángulo judicial, lo que hubiese procedido habría sido la captura del prófugo y que estaría fuera de lo aministiable, porque existe una requisitoria cursada por el juez Llarena, que es una orden de búsqueda, captura e ingreso a prisión. La primera: debió ser detenido en la frontera franco-española; y la segunda, detenerlo en la propia ciudad de Barcelona y poner a Puigdemont a disposición del partido de guardia donde se haya efectuado la detención. Si es, por ejemplo, en la frontera por el acceso de la Junquera, el juez de guardia sería el de la localidad de Figueras, en el Alto Ampordán. Siempre basado en que existe una requisitoria, el magistrado González ha explicado: “Una vez ante el juez de guardia, deberá efectuarse una comparecencia al amparo del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para ratificar esa prisión; es decir, para saber si persisten los motivos por los cuales se decretó ese ingreso. También podría hacerse de manera telemática o trasladando a Puigdemont a Madrid, lo que podría prorrogar el proceso. Aunque una de las partes pida el ingreso en prisión, en este caso concreto ya hay dictada una requisitoria para ello. Estamos hablando de un delito de malversación de caudales públicos de forma agravada, que son 10 años de prisión.” Lo cual significa que esos dineros que pertenecían al gobierno catalán y de los cuales Puigdemont utilizó en su propio beneficio, tipificado el delito de hurto a las arcas públicas, es lo que procedía para capturarlo, aunque él alegara que le protege la famosa Ley de Amnistía impulsada por Pedro Sánchez, presidente de España, quien se valió de los votos de los diputados de Puigdemont, para ser investido mandatario de los españoles finalmente, tras unas elecciones que perdió ante el Partido Popular (PP), en las últimas votaciones generales.

            En el caso de que el tránsfuga hubiese aludido la Ley de Amnistía que hemos descrito, pudo aludir también que su detención fue ilegal, un extremo que el juez González rechaza y así lo ha explicado a este periódico: “Primero, hay vigente una requisitoria de detención e ingreso en prisión; segundo, si alega la amnistía, hay un auto del juez Llarena en el que no se considera amnistiable la malversación (de fondos públicos) y lo que tiene que hacer es recurrirlo primero a la propia Sala de lo Penal y en sede de amparo ante el Constitucional.” Sin embargo, el magistrado que hemos consultado insiste que se trata de un caso complejo con muchas aristas “en las que el juez Llarena también debería valorar otras cuestiones, como si existen motivos suficientes para mantener a Puigdemont como autor de los hechos, el riesgo de fuga, las circunstancias personales o la reiteración delictiva.” Puntualiza.

            En lo que estriba a la detención o captura propiamente dicha, González ha descartado la posibilidad de efectuarla dentro del Parlamento catalán, porque el presidente de esa cámara, Josep Rull, tiene advertido que los diputados cuentan con una protección especial mientras se desarrollan los plenos; y la escena de los policías ingresando en la sede del legislativo, también está completamente descartada. De tal manera, la detención se hubiese efectuado a la entrada o salida de ese recinto, que es “donde comienza oficialmente el periplo judicial de Carles Puigdemont.” Y los Mossos d’Esquadra (policía catalana), tuvieron dos posibilidades, si hubieran capturado al sedicioso: una, ponerlo a disposición del juzgado de Barcelona que esté de guardia para atender a detenidos ese día preciso de su captura; o trasladarlo a Madrid, en forma inmediata, para la puesta a disposición directamente ante el instructor del caso, Pablo Llarena, del Tribunal Supremo. Esta segunda opción era la mejor, porque, a diferencia de los asuntos de rutina, con Puigdemont es notorio y conocido quien es el magistrado que está al frente de la causa.

 Pero esto fue lo que sucedió…

            Así como lo había anunciado desde su “base” en Bélgica, el prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont, viajó hasta Barcelona y participó en el acto de bienvenida que sus amigos (y secuaces en el saqueo de las arcas de la Generalitat), le tributaron. La crónica de la prensa catalana lo describió de esta manera: “Irrumpió en un acto organizado por sus seguidores, sin ser detenido (¿!) y tras haber permanecido casi siete años huido de la Justicia española.” Llegó acompañado por dirigentes de su partido independentista Junts per Catalunya (JxC) y mientras caminaba hacia el estrado que se levantó para celebrar allí los actos de investidura del nuevo presidente catalán, sus acólitos no dejaban de gritarle “¡Independencia, independencia, independencia!” Hasta que llegó hasta el conocido Arco del Triunfo de Barcelona, donde dirigió sus palabras a sus simpatizantes. Todo esto sin que la policía hiciera nada por detenerlo, a pesar de la orden que pesa sobre su cabeza. Se sintió “mejor que pez en el agua”, según se pudo notar con claridad.

            Su intervención hablada duró menos de 5 minutos y miles de catalanes no dejaron de aclamarle; de allí partió hacia el Parlament que acogió el debate de investidura de Salvador Illa, pero Puigdemont prefirió no continuar su caminata hasta el recinto, debido a que la policía solo había habilitado una puerta de ingreso y salida y aquello le llenó de temor y no quiso ser detenido cuando llegase hasta allí, debido a su delito de malversación de dineros públicos, según hemos explicado a lo largo de este reportaje.

            De acuerdo con la bitácora policial, los Mossos d’Esquadra activaron durante cuatro horas “la Operación Jaula”, que consistió en vigilar o controlar varias vías de salida de Barcelona, para dar con el paradero de Carles Puigdemont. Y aquí viene la sorna del caso: porque se les escapó en sus propias barbas. Cruzó con la mayor tranquilidad e impunidad la frontera con Francia para ingresar a España y la volvió a cruzar para escapar de la policía catalana, “ducha en incapacidad”, semejante a un cuerpo policial “narcotizado” o mejor dicho “pagado para dejar escapar al delincuente”, que en este caso hizo lo que le vino en gana una vez ingresado a la Ciudad Condal. Los Mossos dieron la impresión de ser una policía característica de los países del tercer mundo africano o latinoamericano, vendida por unos cuantos pesos a los cárteles de la droga.

            Dentro de esta burla concretada por el delincuente catalán, se dijo que Puigdemont estaba feliz por haber burlado el dispositivo policial y haber entrado (y salido del mismo modo), de Cataluña. Y para sellar todavía más este absurdo, durante su discurso que fue leído, el melenudo ex presidente catalán cargó contra los jueces del Tribunal Supremo, y los trató de “marionetas del Partido Popular (PP), y Vox (el partido de ultra derecha, encabezado por el pro-israelí Santiago Abascal).” Para hacer más grande el esperpento, su discurso fue televisado a todo el país y las cadenas de TV españolas pasaron cortos de su comparecencia, mientras la policía se mantenía únicamente como espectadora cercana, sin reaccionar de ninguna manera. Hay quienes han explicado que los Mossos no entraron en acción, debido a la inmensa muchedumbre que arropaba al melenudo delincuente; pero en un país donde la autoridad se da a respetar, los uniformados hubieran abierto camino entre las gentes y llegado hasta el podio de oratoria y detenido al deudor con la justicia española. De ahí el nombre de “fuerza pública.” Es decir, tienen el aval, dado constitucionalmente, para usar la fuerza en aras del respeto y el cumplimiento de las leyes de la nación. Pero en este caso particular de los Mossos d’Esquadra, simplemente no les interesó detener a Carles Puigdemont.

            Y mientras la inacción policial se hacía manifiesta, el prófugo vociferó en su discurso contra aquellos que lo han victimizado por ser un nacionalista catalán; aseguró que “la represión del Estado español se ha cebado con Cataluña y sus Instituciones, hasta el punto de que ser catalán es una cosa sospechosa,” dijo textualmente y añadió: “Más de dos millones de personas votaron (en un falso referéndum por la separación de España) y de aquella victoria surgió una represión feroz, que ha ido interfiriendo en nuestras viudas y nuestras Instituciones. No sé cuánto tiempo pasará hasta que volvamos a vernos, amigos y amigas.” Fue su última frase antes de esfumarse, de desaparecer de la manera más irreal posible, sin que la policía diera jamás con nada que se le pareciera a él. Mientras tanto, la ridícula e ineficaz “Operación Jaula” seguía su rumbo desacertado, sin hallar ni una sola huella del tránsfuga Puigdemont. Y tras cuatro horas de búsqueda infructuosa y hartamente risible, demostrando la nada profesional y seria autoridad en España de sus uniformados, se cerró la “operación” sin nadie “en sus redes rotas”.

            Algunos medios de prensa españoles han publicado: “Punto final a la rocambolesca fuga de Puigdemont: 14 días entre rejas y no los fallecimientos de sus padres le trajeron de vuelta.” O sino esta otra: “La última maniobra del huido ha sido interferir directamente en las negociaciones para la investidura (en Cataluña), y mantener la incertidumbre sobre su vuelta a España, bajo absoluto secretismo por parte de él mismo y de su entorno tras siete años de fuga.” O este otro comentario: “Con esta reaparición se culmina su amenaza y desafío a la Justicia y al Estado. También su último intento de boicot a la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, tras llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana por Cataluña (ERC), a cambio de la soberanía fiscal para Cataluña.”

            Después de haberse esfumado, mucho mejor que el famoso escapista Houdini, la dirigencia de la policía catalana se dio a la investigación de sus subalternos en los Mossos d’Esquadra, para saber realmente qué fue lo que facilitó la huida nuevamente del melenudo ex presidente de Cataluña y requerido por los jueces españoles, por la inmensa malversación de dineros públicos que llevó a efecto durante su presidencia. En un principio, se detuvo a un oficial de la policía por sospechas de haber ayudado al escapista… a escapar de nuevo. Mientras tanto, aparecía la sospecha de que hubo más Mossos implicados en este vergonzoso acto ejecutado por este individuo nada diestro en escapes de extraordinaria complejidad y es por ello que se sospecha que fue ayudado por la misma policía catalana.

            Un vocero policial informó a la prensa, ávida por saber la verdad sobre este escape, que el Mosso podría verse acusado por delitos de obstrucción a la justicia y omisión de la obligación de perseguir delitos. Supuestamente, ese oficial que facilitó el escape de Puigdemont es el dueño del auto en el que se trasladó al delincuente hasta la frontera con Francia, de regreso a su exilio en Bélgica. Su actitud podría enviarlo a prisión por seis meses o ser castigado con una fuerte multa. Algunos presentes en el acto, grabaron con sus teléfonos móviles cuando Puigdemont se subía al vehículo y arrancaba con rumbo desconocido. También se investiga si en la comitiva que acompañaba al convicto, iban miembros de la policía autonómica que estaban de permiso ese mismo día y no llevaban puestos sus uniformes, como era lógico.

            Según el Código Penal español, la obstrucción a la Justicia está regulado en el artículo 463 de dicho código y se aplica a quienes no comparecen o contribuyen a que se produzca una incompetencia injustificada en una causa criminal, como ha sido este caso: la pena aplicable es de tres a seis meses de prisión o una multa de seis a 24 meses. Mientras que la omisión del deber, conlleva una pena de prisión que va desde los seis meses a dos años, si el delito fuera contra la vida, que no es el caso, y la multa de seis a 24 meses en los demás casos.

            Finalmente, trascendió que han sido detenidos otros dos agentes por haber ayudado a escapar a Carles Puigdemont, en Barcelona. Ambos estaban fuera de servicio en el momento cuando se dieron los hechos. Se desconoce el papel jugado por uno de ellos durante la huida del prófugo catalán. Lo cierto es que éste utilizó dos automóviles para llevar a buen término su escape. En principio se dio una persecución de parte de los patrulleros, pero luego perdieron la pista de los dos vehículos, extrañamente. Lo cual ha sido un acto de horrorosa negligencia de una las Instituciones policiales que eran de las más respetadas en el sur de Europa, cual era la española, acostumbrada a batirse en batallas sangrientas con los terroristas de ETA o con islamistas presentes constantemente en la península Ibérica.

            El mensaje y la imagen que los Mossos d’Esquadra han dado a las comunidades española e internacional, dice que no se puede confiar para nada en ellos; que están plegados totalmente a las órdenes de Puigdemont, un delincuente por antonomasia, y que así como fallaron evidente y vergonzosamente en un caso de fácil solución, lo podrían hacer nuevamente y en cualquier momento y lugar en otros de mayor envergadura.

            Lo ocurrido en Cataluña en los últimos días ha sido vergonzoso, inusitado, inesperado, increíble, inconcebible e indigerible en pleno Siglo XXI y en el avanzado continente europeo, a la sombra de la Unión Europea (UE), y ante millones de miradas de personas que han quedado estupefactas por tal despropósito policial y el descaro vergonzante con el que han actuado en este ridículo episodio. Hoy, en Waterloo, donde lloró su última derrota Napoleón Bonaparte, Carles Puigdemont debe estar riéndose a horcajadas por haberse burlado nuevamente de la justicia española y sus representantes, que han sido menos que histriones del peor circo posible.

El Proceso Judicial a Hunter Biden, el Hijo del Presidente de los Estados Unidos

WILMINGTON, DELAWERE. USA-Como si no hubiera sido bastante sufrir aneurismas y otros padecimientos físicos, ahora el mandatario estadounidense tiene que soportar el juicio que ha empezado donde el principal imputado es su propio hijo, Hunter. Y lo que resulta más angustiante y podría ser políticamente perjudicial para Joe Biden, porque su adversario Donald Trump en el Partido Republicano podría usarlo a manera de “munición” en la campaña política que ha comenzado por la presidencia de esta nación, es precisamente el inicio de dicha campaña y en la que el actual mandatario necesita concentrarse al cien por ciento para lograr el triunfo y continuar al frente del gobierno de los Estados Unidos. En este punto en particular, los asesores del actual presidente y candidato demócrata, deberán poner a su disposición todo su conocimiento, destreza y empeño, para que Joe Biden no se distraiga con el proceso contra su hijo y mucho menos que decaiga en una fortísima depresión emocional.

La naturaleza del caso contra Hunter

            Se ha sentado en el banquillo de los acusados por los cargos de supuesta posesión ilegal de un arma y por haber mentido sobre su consumo de sustancias para comprar esa misma arma de fuego, bajo los efectos de la droga.

            Hunter tiene 54 años de edad y ha dado problemas realmente serios a su anciano padre, quien ha tenido que lidiar con sus propias dolencias y padecimientos físicos, por causa de su pésimo estado de salud, según decíamos al principio de este reportaje. De hecho, Joe Biden, si se pudiera decir, es el resultado del esmero y la capacidad de los médicos que lo han salvado de la muerte en repetidas oportunidades, cuando ha estado peligrosamente grave. Y ahora tiene que soportar justamente esto… con su extraviado hijo.

            Para ser más precisos, Hunter Biden mintió en el momento cuando llenaba los documentos que le permitieron comprar el arma de fuego, en el 2018: escribió que no estaba consumiendo psicotrópicos, que estaba “limpio” de drogas en su cuerpo, mente y alma y se le acusa justamente por haber tenido, de manera ilegal, ese revólver durante 11 días después de su compra. Y es que la historia de drogadicción de este hombre ha sido muy dura y se está conociendo detalladamente durante su proceso judicial, el primero que se realiza contra un hijo de un presidente de los Estados Unidos.

            De hecho, los fiscales del caso le han pillado en la mentira, pues Hunter, en el momento de adquirir el arma de fuego, estaba sumido en lo peor de su historial dentro del submundo de las drogas. Y lo peor ha sido la declaración de su ex novia, Zoe Kestan, en el mismo proceso que se le sigue en Willmington, Delawere, porque la mujer dijo que consumía crack “cada 20 minutos aproximadamente” cuando se conocieron  y “Hunter retiraba dinero en efectivo (de su propia cuenta bancaria), para comprar la droga cuando estaba conmigo”, indicó la mujer.

            ¿Pero, en verdad, quién es este hombre, hijo del actual presidente de los Estados Unidos? Su nombre completo es Robert Hunter Biden; nació en Wilmington, Delaware, el 4 de febrero de 1970; es abogado, co-fundador en el 2009, de Rosemont Seneca Partners, una consultoría internacional. Su madre fue Neilia Biden, quien falleció en un accidente automovilístico el 18 de diciembre de 1972, junto a su hija Naomi. En el auto viajaban también aquel fatídico día, Hunter y su hermano Beau, quienes resultaron gravemente heridos.

            En 1977, su padre volvió a casarse, esta vez con Jill Jacobs, quien se convirtió en la madrasta de Hunter; y en 1981 nació su medio-hermana, Ashley.

            Si hablásemos de la formación académica de Hunter Biden, nos daremos cuenta que se trata de un hombre con una sólida capacidad intelectual, pues ha cursado estudios en importantes centros de enseñanza de su país; así, asistió a la Academia Archmere, que es una escuela secundaria católica en Claymond, Delaware; y en 1992 se graduó en la Universidad de Georgetown con una licenciatura en historia. Posteriormente, se graduó como abogado, en 1996, en la Escuela de Derecho de Yale.

            Retornando al proceso judicial que se le sigue, en la apertura estuvo presente su madrastra, Jill Biden, para brindarle su apoyo ante el tribunal federal de Wilmington, en el pequeño Estado de Delawere, el bastión de la familia Biden en la costa Este. La actual primera dama tuvo que escuchar con verdadero estoicismo las palabras del fiscal Derek Hines, quien le dijo severamente al encausado: “Nadie está por encima de la ley, no importa quién seas ni cuál sea tu nombre. Robert H. Biden eligió comprar ilegalmente un arma de fuego cuando era un usuario de crack y un drogadicto.” Dijo el mismo fiscal mientras mostraba una imagen del revolver Colt Cobra calibre 38, que fue el arma adquirida por Hunter y reprodujo fragmentos de las memorias de Hunter, llamadas “Beautiful Things”, grabados por él mismo en un audiolibro, en los que recuerda momentos de su adicción en los que buscaba desesperadamente crack: “Cocinaba (el crack) –añadió el fiscal-, y fumaba. Cocinaba y fumaba.”

            En respuesta, su abogado mencionó a favor de Hunter: “Mi cliente no estaba usando drogas cuando compró el arma, misma que nunca estuvo cargada, nunca la transportó y nunca la usó en los 11 días que la tuvo consigo.” Por supuesto, ante la pregunta inicial del juez, Hunter Biden se declaró inocente; aunque, de ser hallado culpable por el jurado, se expone a una pena de cárcel por 25 largos años; pero pesa en su beneficio el hecho de no tener antecedentes penales y por eso se espera que la sentencia sea más leve, según han dicho los asesores que le acompañan en este juicio.

Posición familiar

            La postura de los Biden gravita alrededor de su hijo y hermano, Hunter, y el mismo padre y presidente de la nación, Joe, junto a su esposa Jill, han dicho que se sienten orgullosos de su hijo; por eso el mandatario agregó a sus palabras: “Como presidente no puedo ni voy a comentar sobre procesos judiciales en curso, pero como padre tengo un amor infinito por mi hijo, confianza en él y respeto por mi fortaleza. Muchos pueden identificarse con la batalla de mi hijo contra la adicción. La resiliencia frente a la adversidad y la fuerza que le ha puesto a su recuperación, nos inspiran. Muchas familias tienen seres queridos que han superado adicciones y saben a lo que nos referimos” Así lo hizo ver y leer en un comunicado emitido desde la Oficina Oval de la Casa Blanca.

            Aparte del tema del revólver, Hunter Biden tiene abiertos otros procesos en California, por evasión de impuestos; y dentro del Congreso, los republicanos afectos a Donald Trump, han tratado de mancillar todavía más a la personalidad del hijo del presidente, al señalarlo corrupto y practicante del tráfico de influencias, aunque nunca se presentó ninguna acusación al respecto; más sus negocios en China y Ucrania, que han sido ventilados por las polémicas que llevan implícitas; y por esas supuestas argucias de Hunter en los dos países, los republicanos quisieron abrir un juicio político para destituir a su padre de la presidencia de los Estados Unidos, asunto que no prosperó para desgracia del partido de Donald Trump.

            Sin embargo, a pesar de la presencia de la Primera Dama en el juicio, dándole fortaleza a su hijastro; y de las palabras amorosas de su padre, éste acaba de decir en la Casa Blanca que no indultaría a su hijo si ganase las próximas elecciones de los Estados Unidos y en el eventual caso de que resultare condenado en el juicio que se le sigue por compra y posesión ilegal de un arma en el 2018.

            Fue en una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC News, cuando el mandatario norteamericano contestó con un parco “sí” al preguntársele si respetaría el veredicto emitido por el jurado que conoce el caso en estos precisos instantes y señaló Joe Biden en un comunicado que “como presidente no voy a hacer ningún comentario sobre casos federales pendientes, pero como padre siento un amor ilimitado por mi hijo, confío en él y lo respeto por su fuerza.”

            Así marchan las cosas en el seno de los Biden, un aspecto que nos hace recordar que las fatalidades pueden darse en cualquier familia, sea esta poderosa o humilde, porque es una ley de vida, del destino, no hacer ninguna excepción en particular y Hunter Biden es un claro ejemplo con esta vicisitud que está sufriendo ahora mismo.

Era Previsible:

Donald Trump Culpable de Todos los Cargos

NUEVA YORK, USA- Junto a la masacre que lleva adelante el ejército israelí en la Franja de Gaza, este juicio contra el ex mandatario estadounidense, Donald Trump, son las dos noticias de mayor envergadura en lo que transcurre el presente año 2024. Así también era absolutamente previsible el veredicto que el tribunal, conformado enteramente por civiles desconocedores, en principio, del caso o de la acusación contra Trump, ya que los indicios eran extraordinariamente diáfanos, clarísimos, acerca de la culpabilidad de este oscuro personaje que se ha apoderado de la opinión pública de los Estados Unidos en los últimos 10 años.

            “Es culpable”. Así lo hizo ver, con esa categoría, el grupo componente del jurado, una determinación que hizo estallar al flemático Trump, quien se deshizo en insultos contra el juez de origen colombiano, Juan Merchan, y contra el fiscal que elevó su caso a proceso judicial. “El juicio fue un amaño y una vergüenza de este juez corrupto. El veredicto real lo dará el 5 de noviembre (día de las elecciones nacionales), el pueblo. Seguiré luchando. Ya no tenemos el mismo país, tenemos un desastre dividido. Estamos en declive, con millones de personas colándose desde prisiones e Instituciones mentales, terroristas apoderándose del país (en referencia a los inmigrantes de origen latinoamericano).” Estas palabras y otras más, las profirió Donald Trump ante los periodistas, en las puertas que dan a la sala de debates, del edificio de la Corte de Manhattan. Se le notaba tenso, muy tenso, cansado y “con cara de circunstancias”; es decir, extremadamente preocupado y dolido por el resultado que, seguramente sus abogados le hicieron creer que sería positivo para él. Aseveró que todo se trata de una persecución política, que es un hombre inocente que no hizo nada mal y que está dispuesto a pelear por el país, su Constitución y sentenció: “¡Esto no ha acabado!”

Amenazas veladas

            Donald Trump ya hizo historia, pues ha sido el primer ex presidente de los Estados Unidos en ser procesado en un juicio y el primero de ellos en ser hallado culpable de los delitos que se le imputan. El jurado, compuesto por siete hombres y cinco mujeres, emitió, después de dos días que se tomaron para deliberar, un veredicto de culpabilidad para el ex mandatario, en los 34 cargos que le eran achacados por parte del fiscal. Delitos graves de falsificación de registros comerciales, con el afán de no dañar, en su momento, su campaña política que finalmente lo llevó a la presidencia del país, en el 2016.

            Algunos de sus alegatos espontáneos en las afueras de la sala de sesiones, se dirigieron al juez colombiano/estadounidense, Juan Merchan, a quien le dijo “está en conflicto y lamento que no lo cambiaran como yo pedí. Todo esto ha sido obra de la administración Biden para perjudicarme a mí, su oponente político.” En todo caso, el 11 de julio próximo será la vista para dictar la sentencia, cuatro días antes de la Convención Nacional del Partido Republicano, al que pertenece el indiciado Donald Trump, en la que harán oficial su candidatura con vistas a las próximas elecciones nacionales. El acontecimiento se llevará a efecto en Milwaukee. Luego, tendrá que estar a la espera de los comicios que serán el 5 de noviembre de este mismo año y su adversario será nuevamente, Joe Biden, el presidente actual de los Estados Unidos, por el Partido Demócrata.

            En forma directa, Trump no ha expresado que cobrará venganza contra el fiscal y el juez, si llegase a ganar las elecciones presidenciales de noviembre, pero, conociendo su estructura psíquica, su arrogancia natural y avasallante, es muy posible que ambos personajes de este proceso judicial tendrán que salir de los Estados Unidos o “blindarse” de alguna manera, en el tanto Trump habite nuevamente en la Casa Blanca. El exmandatario, en medio de sus alocuciones siempre incendiarias y peligrosas, pues caldea los ánimos de sus partidarios más susceptibles, ha dejado entrever que ambos personajes “pagarán el daño moral y psíquico que le han causado durante el juicio que acaba de finalizar.” Además, si resultare elegido presidente, él mismo podría cerrar los dos casos federales en los que le acusan también. A saber: por intentar revertir su derrota electoral del 2020; y de manejar mal documentos clasificados, decenas de cajas que pertenecían al gobierno de los Estados Unidos y se las llevó a su residencia de Mar-a-Lago, en La Florida, donde las tenía a la vista de sus visitantes. Este último delito, de secuestro de documentación oficial, sucedió luego de dejar el cargo presidencial, en el 2021.

            El acusado, hallado culpable, dijo que apelará la sentencia una vez le sea dictada, porque le parece que todo ha sido “injusto”, pero, irrefutablemente, es culpable de los 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales, todos relacionados con el reembolso a su abogado, Michael Cohen, por pagar, en el 2016, un total de US$130,000 a la ex actriz porno, Stormy Daniels, para silenciarla y no contara a la opinión pública estadounidense el desliz que ambos sostuvieron a espaldas de la esposa de Trump, Melania, cuando ella, justamente en esas fechas, daba a luz al único hijo que ambos tienen.

            En detalle, el empresario inmobiliario, hoy con 77 años de edad, vivió dicho affaire con la rubia protagonista de las películas para adultos, en una sola oportunidad, pasaje que ella narró minuciosamente al jurado, a pesar de los intentos de los abogados del ex mandatario por evitar que se refiriera abiertamente al tema. Palabras más, palabras menos, Daniels catalogó a su amante furtivo y ocasional, de “limitado” en el momento íntimo y de ser “muchos truenos y nada de lluvia”; es decir, pésimo en la cama con las mujeres, según la versión de esta ex actriz.

            Pero, tiempo después, Trump se vio urgido de volver a contactar a la misma mujer para proponerle el pago de los US$130,000 por medio de su abogado, Michael Cohen, a quien Donald consideraba un amigo confiable y digno para hacerse cargo de este penoso asunto. Cohen visitó a Daniels y pagó de su bolsillo el dinero, con la salvedad de que su jefe, Donald Trump, le reintegraría la cantidad de dólares y así lo hizo realmente, pero mintió al declarar ese egreso como “un pago a mi abogado por servicios legales.” De tal manera, Trump es culpable, según el jurado que analizó su caso, por haber simulado pagos a una estrella del cine porno, por falsificar documentos para silenciar a su amante ocasional y no contara, en plena campaña política, dicha aventura que hubiera dado con el traste de su derrota ante la candidata del Partido Demócrata de aquel entonces, Hillary Clinton.

Pormenores del proceso

            El fiscal general de Manhattan, Alvin Bragg, ha resumido de esta manera lo que ha sido el veredicto: “El acusado, Donald J. Trump, es culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado, con el fin de ocultar un plan para corromper las elecciones del 2016. Hice mi trabajo –continuó Bragg-, hicimos nuestro trabajo, seguir los hechos sin miedo ni favoritismos, y eso es lo que hemos hecho. La única voz que importa es la del jurado y el jurado ha hablado.” Cuando los periodistas le consultaron si habría prisión para el ex mandatario, el fiscal no quiso hacer comentarios sobre una hipotética petición de prisión para el acusado y concluyó tajante: “Espero a que el juez dicte la sentencia.”

            Fueron 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, entre los cuales se hallaban facturas, cheques y apuntes contables. Cada uno de ellos es punible con cuatro años de cárcel; aunque el juez, si es magnánimo, podría dictar que se cumplan simultáneamente y el máximo del castigo sería solo de cuatro años en total. Es posible que tome en consideración que se trata de un hombre de edad avanzada (Trump tiene 77 años), y es un ex presidente del país. También, el hecho de que no hay antecedentes penales (¡!) obra en su favor y podría quedar en libertad condicional. Finalmente, el ex mandatario puede recurrir el fallo y esto podría dilatar la sentencia en firme; pero, por lo pronto, Donald Trump es un delincuente convicto.

            La presencia en el estrado de los testigos del ex abogado y ex gran amigo de Trump, Michael Cohen, ha sido vital, importantísima para el jurado para entender y tomar la decisión que tomó al final del proceso. Cohen fue el principal testigo de cargo y sobre su testimonio se sustentó el caso; pero no fue suficiente… Por ello, solicitaron revisar la declaración de David Pecker, ex amigo del ex presidente y editor del periódico sensacionalista, The National Enquirer, una publicación que fue base en la ocultación de información desfavorable para los intereses del entonces candidato, que estaba inmerso en la campaña presidencial del 2016.

            El fiscal, Joshua Steinglass, acusó al ex mandatario de “intentar engañar a los votantes en las elecciones presidenciales del 2016, mediante una trama delictiva para enterrar historias embarazosas que podían torpedear su campaña, especialmente entre las votantes (mujeres). El pago del dinero negro a Daniels (la ex actriz pornográfica), se realizó en octubre, semanas antes de los comicios, para acallar una relación sexual en el 2006, que el ex presidente niega. En este caso, en esencia, trata de una conspiración y un encubrimiento”, manifestó el fiscal.

            La reacción de Todd Blanche, el abogado jefe de “la batería” de defensores de Donald Trump en este juicio, restó peso a la expresión “conspiración” y dijo que “cualquier campaña presidencial lo es… (una conspiración precisamente).” Y, en acto seguido, atacó al testigo estrella de la acusación, Michael Cohen, la decirle que “es el mayor mentiroso de todos los tiempos” e insistió en la inocencia de su defendido en todos los cargos y presionó al jurado para que absolvieran a su cliente.

            En lo que atañe a la ex actriz pornográfica, Stormy Daniels, Blanche intentó rebatir los argumentos de esta mujer, a quien presentó como “una aprovechada, movida por el interés económico.” Sin embargo, quedó claro y en firme que el ex abogado de Trump, Michael Cohen adelantó de su bolsillo los US$130,000 por su silencio, para que no narrara nada de su relación íntima con el ex presidente y éste, días más tarde, le reembolsó ese dinero a Cohen, más un bono y la parte proporcional de los impuestos; es decir, en total desembolsó a favor de su ex abogado, US$420,000, a nombre de la Organización Trump, el emporio familiar. Después, registró esos movimientos financieros como “gastos legales.” Esa operación es el centro de los 34 delitos, en consideración de la fiscalía de Manhattan.

            El acusado sigue agarrándose al estribillo de que “no es cierto todo lo que se ha dicho”, que no hubo relación sexual con la susodicha mujer, pero Stormy Daniels dejó sentado que ambos se encontraron en un hotel del Lago Tahoe y esa narrativa, según el fiscal Steinglass, “está llena de detalles que suenan a verdad, como la decoración de la suite y lo que vio en el neceser de Trump. La historia de la mujer es la clave, porque refuerza el interés de Trump en comprar su silencio.”

            ¿Pero cuáles han sido las reacciones de parte de los demócratas hoy en el poder y en el seno de su partido? La Casa blanca afirmó, al conocer el veredicto del jurado, que respeta el Estado de derecho y “no tenemos ningún comentario adicional.” Así según el vocero del actual gobierno, Ian Sams, en un comunicado que difundió entre la prensa que cubre a esta sede gubernamental.

            Empero, la campaña de Joe Biden, que se prepara para las próximas elecciones presidenciales, subrayó que “Trump supone una amenaza para la democracia.” Y el propio Biden, quien se encontraba en Delaware, donde acudió para conmemorar un aniversario más de la muerte de su hijo Beau, midió su reacción ante la pregunta insistente de los periodistas sobre su opinión sobre el fallo en contra de su adversario republicano: “Solo hay una forma de alejar a Donald Trump del Despacho Oval: en las urnas.” Nótese que no se refirió al proceso judicial ni a su resultado, aunque sus asesores y colaboradores dentro del Partido Demócrata manifestaron: “Hoy en Nueva York hemos visto que nadie está por encima de la ley. Donald Trump siempre ha creído erróneamente que nunca se enfrentaría a consecuencias por infringir la ley para su propio beneficio personal. Pero el veredicto de hoy no cambia el hecho de que el pueblo estadounidense se enfrenta a una simple realidad. (…) Convicto o no, Trump será el candidato republicano a la presidencia. La amenaza que Trump representa para nuestra democracia, nunca ha sido mayor. Está llevando a cabo una campaña cada vez más desquiciada de venganza y retribución, prometiendo ser un dictador ‘el primer día’ y pidiendo que nuestra Constitución sea ‘terminada’ (finiquitada) para que él pueda recuperar y mantener el poder. Un segundo mandato de Trump significa el caos, arrancar las libertades de los estadounidenses y fomentar la violencia política, y el pueblo estadounidense lo rechazará este noviembre.”

            Para concluir, Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, dijo: Estados Unidos es una nación construida sobre el imperio de la ley. El jurado ha hablado y ha emitido cuidadosamente una decisión. Un liderazgo responsable exige que se respete el veredicto.”

            En julio próximo, el juez dictará sentencia y será otro momento de altísima tensión para todos en este país de América del Norte. 

Corte Internacional de Justicia (CIJ) Dicta Orden de Captura contra Genocida Israelí,

Benjamín Netanyahu

LA HAYA, Países Bajos-(Especial para The City Newspaper) La espera terminó… Finalmente la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por medio de su fiscalía, ha pedido la captura internacional del dictador y genocida israelí, Benjamín Netanyahu, allí adonde vaya, pero en específico en aquellos países signatarios de esta Corte; es decir, ahí donde este criminal que ha estado masacrando al pueblo palestino desde hace décadas, ponga un pie y sea un gobierno firmante de los estatutos de la CIJ, tendrá que ser detenido sin dilación ni titubeos de ninguna clase.

            No obstante, ante la claridad de las leyes internacionales que moderan al mundo actual, hay naciones donde se titubea acerca de la captura de este criminal y una de ellas es la misma Alemania, carcomida por el eterno sentimiento de culpa que los mismos judíos se empeñan en hundir cada día más en el alma de los alemanes, por lo que los hebreos llaman “holocausto”, sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. Un hecho innegable empero, con evidencias póstumas también diáfanas, pero que sirve de objeto de manipulación para que los alemanes se plieguen (y se arrodillen) ante los judíos actuales; y lo hacen las generaciones alemanas que ninguna culpa tienen encima y las judías que tampoco sufrieron en los campos de concentración que dejaron de funcionar en 1945, cuando la guerra finalizó.

Gobierno alemán dubitativo

            El clima en esta nación emblemática de Europa, la más poderosa del continente europeo, está enrarecido en las calles y en las más altas esferas políticas. De hecho, no todos los alemanes son lo bastante incoherentes como para sentirse permanentemente culpables por los crímenes de la Segunda Guerra Mundial que llevaron a efecto otros y son estos alemanes inteligentes, los que se están manifestando fuertemente contra los crímenes actuales de los judíos en la Franja de Gaza. Es por esa causa que las manifestaciones pro-palestinas en Alemania han ido en crecimiento, mientras el temor crece en los estudiantes de raza judía en las Universidades germanas, pues sufren la paranoia (la mayoría de las ocasiones sobreactuada y sobredimensionada por los hebreos), que devine desde la década de los años 40.

            Para citar un caso concreto, hace pocas fechas, en el Día del Recuerdo de la Nakba, cientos de manifestantes alemanes se hicieron a las calles en Berlín, la histórica Capital alemana, y se congregaron en Berlín-Charlottenburg, ondeando banderas palestinas y en las pancartas que también llevaban en sus manos se podía leer repetidamente la palabra “genocidio”, refiriéndose a las matanzas diarias que los israelíes llevan a cabo en Palestina en estos momentos.

            El Día de la Nakba se celebra cada 15 de mayo y es cuando los palestinos conmemoran el año 1948, cuando unas 700,000 personas fueron desplazadas a los países vecinos y a otras regiones del mundo, durante la primera guerra de Oriente Próximo.

            Otras pancartas en manos de los alemanes indignados por el genocidio efectuado por los judíos que siguen las órdenes de su dictador Benjamín Netanyahu, dejaban leer: “Genocidio, armas de Alemania para Israel”, “Medios de comunicación mentirosos”, “Netanyahu criminal”, entre muchas otras. La numerosa manifestación atravesó Charlottenburg y se dirigió hacia la no menos famosa avenida berlinesa de la Kürfürstendamm. Esta marcha, como muchas otras que se han celebrado a lo largo y ancho en Alemania, fue pacífica; incluso evitaron mencionar al grupo armado palestino Hamás, porque en esta nación se le considera, lo mismo que en el resto de la Unión Europea, una facción terrorista. Sin embargo, otra manifestación que se dio en Berlín-Neukölln, la policía tuvo que intervenir porque hubo inicios de incendios y estallido de pirotecnia.

            En las Universidades alemanas, el clima “se puede tocar en el aire”, la tensión se puede palpar, en principio porque casi todos los días se producen manifestaciones violentas contra Israel y los judíos que aquí estudian. En la Universidad Libre (FU), en el suroeste de Berlín, la policía desalojó un campamento de protesta y, en respuesta, 300 profesores publicaron una carta abierta en la que afirmaban que “la preocupación de los estudiantes es comprensible, dada la crisis humanitaria en Gaza.”

            En contraposición, Sigmount Königsberg, comisario de antisemitismo de la comunidad judía de Berlín, a la sazón un judío más con fuerte influencia en Alemania, dijo a los periodistas, exageradamente enojado: “¿Han considerado también estos profesores que los estudiantes judíos están siendo atacados y acosados? ¿Qué los estudiantes judíos ocultan su judaísmo o evitan asistir a la Universidad? ¿Dónde está aquí el deber de cuidar a los estudiantes?” Se observa nuevamente la “victimización” que los judíos han explotado desde que los Reyes católicos españoles los expulsaron de la península Ibérica en la Edad Media; es decir, su horrenda costumbre de hacerse los perseguidos, los vapuleados, los gaseados, cremados y los odiados por sectores antisemitas alrededor del mundo. Y Königsberg (nótese el apellido alemán, cuando en realidad no se trata de un ciudadano alemán, sino judío, y la apropiación de valores que no les pertenecen a los judíos), continuó refiriéndose a los “pobres hebreos siempre perseguidos”: “Muchos estudiantes judíos están decididos a no verse obligados a abandonar la vida estudiantil. Otros, sin embargo, ya se estaban planteando si podrían continuar sus estudios en Berlín o en cualquier otro lugar de Alemania. No veo las protestas como pro-palestinas, sino, ante todo, como anti-israelíes (nótese otra vez la ‘victimización’) (…). Pero lo que oigo son fantasías (¡!) de aniquilación (es decir, según este judío, las matanzas en Gaza son producto de la fantasía global de la población mundial y no son reales). Y ninguna voluntad en absoluto de tratar con el actual Estado de Israel (el Estado criminal de Israel, es mejor afirmar).” Concluyó este judío que lleva una vida de lujo en Alemania y defiende a su raza que está cometiendo genocidio en la Franja de Gaza e insulta, implícitamente, a la inteligencia del resto de la humanidad, porque asegura con todo el cinismo del que es capaz, que “nos imaginamos” en todo el planeta, crímenes en Palestina que solo son producto de nuestras mentes atrofiadas.

            Lo que sí es del todo cierto es el clima de violencia que se vive en la actualidad en Alemania contra los judíos y que tiene como fundamento, la masacre que el ejército israelí está perpetrando en Gaza. De hecho, se han producido en Alemania más de 3,000 manifestaciones desde que Israel irrumpió en la Franja de Gaza y ha estado asesinando a mujeres, niños y ancianos palestinos indefensos. Pero la gran pregunta que sobrevuela a esta nación es: ¿Sería arrestado Benjamín Netanyahu si viajara a Alemania? En teoría debería ser así, tendría que ser llevado por la policía alemana, en principio porque el gobierno alemán es signatario de la carta de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ordena a cada Estado firmante, cumplir con las capturas cuando el indiciado pone sus pies en su territorio. No hay otra interpretación posible. Pero el actual Gabinete del canciller Olaf Scholz, lo tuerce y lo ve de otra manera. Esto quiere decir, que Alemania está dividida entre “razones de Estado y el derecho internacional” y debería primar el segundo sobre el primero. Y al gobierno teutón le molestan los titulares de los diarios, de la prensa independiente alemana, que han publicado: “El portavoz de Scholz insinúa que Alemania detendría a Netanyahu”, según el diario sensacionalista Bild, el de mayor tirada en el país; o en Die Welt, en el que se dejó leer: “Alemania extraditaría a Netanyahu, insinúa el portavoz del gobierno.”

            En todo caso, la figura del genocida israelí está sobredimensionada en Alemania, como si se tratara de “un Faraón” o un ser venido de otra galaxia, cuando en realidad solo es un criminal que está cometiendo crímenes de lesa humanidad en Palestina. Sino leamos lo que el líder del partido de oposición, el CDU, Friedrich Mers, dijo a Bild: “La simple idea (de la detención), es inaceptable. El silencio del gobierno alemán, hasta la insinuación del portavoz del gobierno de que Netanyahu podría ser detenido en suelo alemán, supone realmente un escándalo.” Sin devaneos, Netanyahu tiene que ser capturado allí adonde vaya, más aun si se trata de una nación firmante de los estatutos de la Corte Penal Internacional y Alemania lo es.

            ¿Pero cuál es la postura del gobierno de Scholz con respecto a este genocida judío? En rueda de prensa, Steffen Hebestreit, portavoz del canciller Scholz, dejó clarísimo que esta situación tiene tenso al Gabinete de gobierno y es sumamente difícil “al gobierno alemán adoptar una postura clara en este caso.” Se le veía tenso a este comunicador y refutó que Scholz haya quedado “paralizado” ante la orden de captura contra el genocida israelí. “No puedo informar de ninguna consternación o enfado. Hemos dejado muy claro que vemos la equiparación de forma muy crítica.” Pero que Alemania tiene que capturar a Netanyahu y entregarlo a la CPI… tiene que hacerlo. No hay escape para los alemanes siempre tan afectados por la culpa del “holocausto.” Y la situación se torna todavía más engorrosa para el gobierno alemán cuando recordamos que Alemania es uno de los principales defensores de la Corte Penal Internacional, que investiga delitos como el genocidio o los crímenes de guerra; y para darnos una idea más precisa, solo en el 2023, el gobierno alemán transfirió US$20 millones a la CPI. Entonces… ¿Por qué titubea ahora que debe acatar las reglas de la Corte en relación con un criminal “de altísimos vuelos” en el caso de Netanyahu?

            Los judíos residentes en Alemania, poderosos como ellos solos, lo mismo en todas las naciones donde se infiltran y viven, han criticado la postura “liviana o light” del gobierno de Alemania, que, a su entender, debería ser más contundente y afirmar que “no detendría a Netanyahu si visitara a este país”, tal y como lo hizo el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, acostumbrado a “nadar contra corriente” en todos los casos en los que le ha correspondido intervenir.

Israel lo niega todo…

            La ecuación que transmiten los judíos o israelíes al mundo, es muy simple: “a nosotros los hebreos nos persiguen, nos cocinan en aceite nazi, pero nosotros, cuando perpetramos crímenes de lesa humanidad, solo nos defendemos cuando nos atacan.” Es decir, con ese simplismo –para que todos lo entendamos sin complicaciones-, el ejército israelí “es incapaz de asesinar”… pero asesina. Y esos crímenes que todos vemos a diario, “son producto de nuestra fantasiosa imaginación”. Eso es lo que ellos dicen con verdadero y aplastante cinismo.

            Recientemente, el enviado judío a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, Gilad Noam, dio otras declaraciones que enferman literalmente a quienes las escuchamos o leímos, pues representan un insulto a la inteligencia. Dijo: “El caso de genocidio promovido contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, en el que Suráfrica (y otras naciones), pide al alto tribunal de la ONU ordenar un alto al fuego en Gaza, está totalmente desconectado de los hechos. Por cuarta vez, Suráfrica presenta al tribunal una imagen que está totalmente desconectada de los hechos y las circunstancias. El caso supone una burla de la atroz acusación de genocidio. Es una guerra trágica, no un genocidio.” Insistió el judío ante los jueces. No obstante, no es una guerra porque no existe un ejército “de igual a igual” en el campo de batalla y que se esté enfrentando con el israelí. Simplemente es el ataque criminal de un ejército, cual es el judío, armado hasta los dientes con el apoyo de Estados Unidos y Alemania, que ha irrumpido en la Franja de Gaza y está masacrando día a día a la población palestina desarmada e indefensa, destruye hospitales, clínicas, mata a los pacientes allí internados y evita que la ayuda humanitaria llegada en barcos por el Mediterráneo, llegue a manos de los hambrientos palestinos que todavía no han muerto bajo la detonación de las bombas y misiles lanzados por los israelíes. Esa es la verdad. Es el proceso abierto, sangriento y descarado de los judíos, en el que están aniquilando a todo un pueblo, en este caso… el palestino.

            En la contraparte, se mantienen Suráfrica, cuyo gobierno fue el que llevó a los judíos genocidas ante la CPI, junto a Colombia y Turquía, que han cerrado filas en torno a los surafricanos en esta cruzada justa en contra de los asesinatos masivos y diarios del ejército israelí en Gaza. De tal manera, los israelíes tienen que poner fin a la masacre que efectúan en Palestina, cosa que no han acatado pues se ubican “por encima de todas las leyes terrenales”, de acuerdo a su arrogancia y orgullo fatuo; y su dictador, Benjamín Netanyahu, debe ser detenido, lo mismo que su ministro de Defensa, Joav Galant.

            ¿Pero ante tal posibilidad de arresto, cuál ha sido la reacción en Tel Aviv, sede del gobierno judío? Observa la orden de la CPI, de su fiscal, Karim Khan –a quien prontamente acusarán de anti-sionista, como es costumbre en los hebreos-, con preocupación. Y esa inquietud se fundamenta en que la CPI sospecha que Netanyahu y su ministro Galant son responsables de crímenes contra la humanidad y de una agresión sistemática y planificada contra la población de Palestina, hacinada en la Franja de Gaza. De hecho, la CPI ha estado investigando presuntos crímenes de guerra contra los posibles responsables en Israel, desde el 2021. La situación criminal perpetrada por Israel, evidentemente no es nueva, porque deviene desde más lejos, posiblemente desde 1948. Cada año, los judíos matan a más palestinos que el año anterior. También, la CPI investiga a combatientes de la facción Hamás por la misma acusación y a los colonos israelíes en Cisjordania, donde efectúan actos de violencia contra los palestinos que allí residen.

            En todo caso, la investigación de la CPI, no debe confundirse con la acusación de genocidio que han presentado algunos gobiernos contra Israel, como Suráfrica, que es el más significativo. Son dos casos aparte, pero que tienen en común el hecho de que apuntan en contra del Estado judío, porque es el perpetrador de todo este río de sangre que ha hecho verter en Palestina y de la manera más visual, más clara y abierta ante la mirada general del resto de la humanidad. Ha sido un genocidio que no pueden ocultar desde ningún ángulo ni con ninguna palabrería o sofisma, tan acostumbrada por los hebreos asesinos.

            Esta postura de la CPI es avalada por los gobiernos de Francia y Bélgica, muy al contrario de Alemania y su sentimiento de culpa que hemos explicado al inicio de este reportaje. Los franceses, siempre amantes de la libertad, la legalidad y la igualdad, contenidos en su Constitución y por las que derramaron sangre en la Revolución contra el absolutismo de la casa de los Borbones, expresaron su respaldo, en cualquier situación, a la CPI y su independencia, así como a su “lucha contra la impunidad.” París insistió en que, desde hace tiempo atrás, brega por el respeto al derecho internacional humanitario en la Franja de Gaza. Y el ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica, publicó en la red social X, que “la CPI ha dado un paso importante en las investigaciones y le damos todo nuestro respaldo.”

            Para finalizar, organizaciones defensoras de los derechos humanos han aplaudido la decisión del fiscal Karim Khan de solicitar órdenes de arresto contra los criminales en Gaza y así lo ha expresado Balkees Jarah, subdirectora de Justicia Internacional de Human Rights Watch: “Las víctimas de graves ataques en Israel y Palestina, se ven confrontadas desde hace décadas con un muro de impunidad. El paso dado por el fiscal de la CPI abre la puerta para que los responsables de las atrocidades de los últimos meses, tengan que rendir cuentas en proceso justo.”

            En lo que respecta a Christian Mihr, subsecretario general de Amnistía Internacional Alemania, ha argumentado: “Veo una oportunidad de romper el círculo vicioso de impunidad de décadas en Israel y los territorios palestinos ocupados. El paso dado por el fiscal, envía un mensaje importante y exhorto a todos los Estados a reconocer la legitimidad de la CPI, y me dirijo de manera explícita al gobierno alemán, para que se abstenga de intentar intimidaciones o presiones a la Corte.”

            Por el momento, Netanyahu tiene que andar con “pies de plomo” allí adonde vaya, porque, además de la petición expresa de la CPI, hay muchos alrededor del mundo que se tomarían la justicia en sus manos y no serán precisamente los palestinos esos justicieros, porque la mayor parte de la humanidad actual, está muy molesta con Israel, verdaderamente molesta. Que lo tenga claro y en cuenta este genocida israelí.

Ex Actriz Porno, Stormy Daniels, Declara en el Juicio contra Donald Trump. Hace Revelaciones Impactantes que Podrían Hundir

al Ex Mandatario

NUEVA YORK, USA-Era la comparecencia más esperada -junto a la del ex abogado de Trump-, ya que se trata de la mujer que fue el “epicentro” de toda esta desavenencia que tiene al ex presidente de los Estados Unidos sentado ante el juez y el tribunal. El país por entero se paralizó ante los telediarios que presentaron la información sobre la visita de la voluptuosa ex actriz de las películas pornográficas, Stormy Daniels.

            Su verdadero nombre es Stephanie Clifford, aunque el que le dio la fama es el de Stormy y así aparece en todos sus films, que suman 353 como actriz principal y 107 como directora y por los que fue premiada en 20 oportunidades. Sin duda, todo ese curriculum, ese recorrido, desnuda, en las pantallas, fue lo que impresionó al magnate de los bienes raíces, Donald Trump, para que, indubitablemente, viviera una aventura entre las sábanas con esta mujer rubia, de 1,73 cms. de estatura, ojos azules profundos, hoy con las medidas corporales 36 DD-26-36 y nacida el 17 de marzo de 1979 en Baton Rouge, Luisiana

            Lo cierto es que llegó al edificio de la Corte Suprema de Justicia de Manhattan, rodeada por una nube de periodistas y curiosos que, en su gran mayoría, la han visto “como Dios la trajo al mundo” (desnuda y en actividad porno); pero, principalmente, porque sus declaraciones iban a ser las más importantes en este proceso judicial que se le sigue a Trump. Otro que será sumamente carismático para los reporteros de la prensa y el público en general que sigue el juicio, será el ex abogado del ex presidente, Michael Cohen, quien hará revelaciones explosivas y para que no termine de hundir a Trump, tendría que enviarlo a asesinar. Una posibilidad que se podría esperar, más aun cuando conocemos la mentalidad y sentimientos criminales que hay en las entrañas del encausado.

Su presencia en el estrado

            Para comenzar con la descripción de la comparecencia de Stormy Daniels en la sala de sesiones, hay que recordar que Donald Trump se enfrenta a 34 cargos, entre ellos el de falsificación de documentos comerciales para ayudar a encubrir una aventura extramatrimonial con esta mujer. Y, en el caso de ser hallado culpable, podría ir 4 años a prisión o su equivalente a una multa en miles de dólares, que es lo más factible que suceda. Sin embargo, lo que más inquieta a la familia de Trump, aunque no a él en lo personal, es la mancha que quedará en su figura pública y privada, pero que, de todas maneras, no le impedirá ser votado en las próximas elecciones nacionales, ya que, entre más se le procesa, más seguidores cosecha a su favor. Un fenómeno que es propio de los votantes estadounidenses de estos tiempos, quienes prefieren a la corrupción, a un individuo famoso por sus deslices al margen de las leyes, que a otro cuya carrera es impecable desde el orden moral y que es probo en toda circunstancia. Un fenómeno social que no solo sucede en esta nación, sino también en muchos países alrededor del mundo.

            En este caso en particular, Trump es acusado por ocultar el pago al silencio de Daniels, para que no se refiriera en público a su supuesta relación extramatrimonial, antes de las elecciones en las que resultó ganador a la Casa Blanca y ante la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton.

            La ex actriz llegó al edificio donde se imparte justicia en esta ciudad de Nueva York, a la sala ubicada en la decimoquinta planta, al sur de Manhattan, con su clásica melena rubia, vestido negro con capucha, gafas en la cabeza y levantó la mano ante la instrucción previa del juez y juró decir “la verdad y nada más que la verdad.” Por su parte, Donald Trump, sentado en el banquillo de los acusados, la vio llegar con un gesto de suma gravedad en su rostro, extremadamente serio tal y como ha sido habitual verlo en todos estos alegatos judiciales y mantenía su mandíbula apretada, pues su preocupación “se le salía por los poros de su cuerpo.”

            Stormy Daniels, de 45 años de edad, subió al estrado y aseguró que sostuvo un encuentro sexual con Trump en el 2006; pero en la recta final de las elecciones del 2016, cuando los escándalos sexuales amenazaban a la campaña electoral del magnate inmobiliario, la mujer fue visitada por el entonces abogado preferido de Trump, Michael Cohen, y le pagó un cheque por US$130,000 para que no hablara, no contara nada a la prensa sobre aquel desliz entre sábanas y edredones. De inmediato, Donald Trump hizo creer que el pago obedeció a “gastos legales” de la empresa familiar Trump Organization, a favor de su mismo abogado Cohen por los servicios que presuntamente había dado a esta empresa, pero quien, en honor a la verdad, había adelantado de su bolsillo el dinero a la ex actriz. Ahora, Trump está acusado en este juicio por falsificar 34 documentos. Es decir, no se le acusa por los favores sexuales de la mujer, porque un desliz de este tipo no representa delito en los Estados Unidos, sino por el engaño al simular que el dinero era por concepto de pago a su abogado por un supuesto servicio legal que prestó y así lo hizo consignar en la documentación a todas luces falsa.

            Stormy Daniels narró despaciosamente y con voz clara y audible ante el juez, el fiscal, el jurado, los abogados defensores del encausado y del mismo Donald Trump, quien la miraba con ojos de pocos amigos y fijamente, que lo conoció en un torneo de golf en Lake Tahoe, California, en el que participaron solo famosos y acaudalados del país, cuando ella tenía 27 años de edad: “Sabía que era mayor, probablemente mayor que mi padre” y la fiscalía mostró, minutos después, una fotografía en la que aparecen los dos en el torneo de golf, él con camisa amarilla y sombrero; y ella con un top negro, mientras lo abraza. Y continuó: “El señor Trump dijo que quería cenar conmigo y le visité en la suite del hotel que era tres veces más grande que mi apartamento, donde me esperaba con flores y en pijama de seda que después se cambió por una camisa y un pantalón de calle.” Describió la mujer experta en films pornográficos que le han dado la vuelta al planeta entero y que han cobrado mayor vigencia después de que saliera al gran público este diferendo personal entre el magnate y la ex actriz.

            En ese preciso instante, Susan Necheles, abogada de la defensa del expresidente, presentó una objeción ante el juez de origen colombiano, Juan Mechan, para que se le prohibiera a la mujer testificar sobre cualquier acto sexual, porque, en su criterio, “es indebidamente perjudicial.” Ripostó la defensora. Pero la fiscal Susan Hoffinger dijo a la corte que el testimonio de Daniels no sería gráfico y “omitiría detalles demasiado salaces (lujuriosos).” En todo caso y a pesar de las continuas interrupciones por parte de la defensa, para que la mujer no dijera esto, aquello y lo otro, su declaración se convirtió en algo así como una tortura para el ex mandatario, quien tuvo que escucharlas callado y sin poder defenderse en ningún momento de la alocución de Stormy (tormentosa) Daniels. “Tuvo que escuchar todos los detalles de su relación con Daniels, amarrado a su asiento, sin poder dar réplica. Y con él, todos los Estados Unidos, en un testimonio salaz compartido al detalle por los medios (de prensa) del país. Y dentro de un proceso que puede acabar como culpable de los delitos antes de la elección (presidencial) de noviembre.” Describe la escena un cronista de un periódico neoyorkino, presente en la sala de debates.

            El testimonio de “esta reina de la pantalla lujuriosa” no ofreció cosas o pasajes nuevos sobre el escándalo sexual, desde que ella misma lo contara a revistas y libros incluso; pero los presentes en el juicio tuvieron la oportunidad de escuchar a viva voz, aquellos datos del affaire con el ex presidente. Narró que el guardaespaldas del magnate, llamado Keith Schiller, fue donde estaba ella, le pidió el número telefónico y le compartió una invitación a cenar, provenida del propio Trump. “Él me recibió en pijama de seda o de satén y yo le pregunté si se la había robado a Hugh Heffner (el viejo sátiro fundador del emporio sexual, Playboy). Entablamos conversación y yo le llamé maleducado, arrogante y pomposo por mostrarme una portada de una revista con su cara y me pegó en el culo con la revista enrollada, como reprimenda (…)”. En este preciso momento, se le escuchó exclamar a Trump desde su asiento de acusado: “¡Ridiculeces!” Y el juez le mandó hacer silencio por desacato.

            Y la mujer prosiguió con su declaración: “Le recordé que era un hombre casado y él me respondió que no era algo importante, (porque) él y Melania dormían en habitaciones separadas. Trump me prometió que me iba a colocar en ‘El Aprendiz’, su programa de telerrealidad que por aquel entonces pasaba por su pico de popularidad. El plan era bajar a cenar y entré un momento al baño y al salir, me encontré con Trump sentado en la cama en calzoncillos y en camiseta. Me bloqueó el paso hacia la salida, pero no me forzó; me quedé en blanco y acabamos manteniendo un encuentro sexual, sin condón y en la posición ‘del misionero’”. Relató ante las preguntas de la fiscal Susan Hoffinger.

            En este lapso específico del juicio, se estremecieron los circunstantes, se notó gran incomodidad en las personas, quienes se arrellanaban una y otra vez en sus asientos y los murmullos iban levantándose en volumen y decibles, por lo que el juez Merchan llamó la atención en varias ocasiones a los fiscales, por hacer énfasis en los detalles incomodantes referidos al encuentro sexual. Los abogados defensores no dejaban de objetar constantemente y se detenían ante el estrado del juez para reclamarle que actuara a favor de su defendido e impidiera a la fiscalía que continuara con aquel martirio psicológico al que estaban sometiendo al acusado. Incluso, la desesperación y el enojo llegaron a caldear tanto los ánimos de la defensa, que el abogado principal del magnate, Todd Blanche, exigió a Merchan que declarara el juicio nulo, porque podría suponer ese interrogatorio sexual y tortuoso, “altamente perjudicial” para su cliente. El juez, lógicamente, hizo caso omiso a esta exigencia fuera de tono y el proceso continuó. La fiscalía explicó que el objetivo de tal interrogatorio era para dar la máxima credibilidad posible al romance entre Daniels y Trump, ya que este insiste en decir que no existió tal encuentro sexual. Lo que se busca, entonces, es que quede totalmente claro y cimentado que se dio el encuentro entre los dos protagonistas, por más que el acusado intente desvirtuarlo.

Hubo más contactos del uno con la otra

            Sin andarse por recovecos, la ex actriz del cine porno, Stormy Daniels narró ante el jurado que hubo otros encuentros con Donald Trump y llamadas telefónicas en el 2006 y el 2007; sin embargo no realizaron más relaciones sexuales; aunque ella hizo énfasis en que la promesa del magnate de ubicarla dentro del programa “El Aprendiz”, no se llevó a efecto y la idea se disolvió con el tiempo.  

            La fiscalía resaltó el hecho de la preocupación del magnate de los bienes raíces por ocultar el affaire con esta mujer, no porque se fuera a enterar su esposa Melania, sino por miedo a que Stormy Daniels diera al traste con su victoria en la selecciones presidenciales del 2016. “El dinero que Trump pagó fue para beneficiarse en las urnas (de votación), y no por miedo a la reacción de su conyugue.” Insistió la fiscal.

            Por otra parte, queda por dilucidar el papel que tendrá la ex modelo de la revista Playboy, Karen McDougal, con quien Donald Trump también tuvo relaciones íntimas y pagó igualmente una fuerte cantidad de dólares para que guardara silencio. Pero ella, lo mismo que Daniels, terminó ventilando la circunstancia vivida. Aparentemente, esta otra coyuntura quedará para otro proceso judicial, si se decidiera elevarlo en el futuro. Hoy, la ex chica Playboy, amenaza abiertamente con abrir una segunda causa contra el magnate y de acuerdo a una publicación hecha por The Wall Street Journal, la fiscalía de Nueva York está examinando en estos instantes el pago a esta ex modelo, por parte del exmandatario republicano.

            Según Karen McDougal, ella y Trump sostuvieron un romance por espacio de diez meses en el 2006, el mismo año cuando el ex presidente conoció a Daniels; pero el National Enquirer, un periódico entonces amigo de Trump, había silenciado a esta otra mujer con un pago de US$150,000, por el mismo motivo por el que se efectuó el pago a Stormy Daniels, para acallarlas y no contaran nada de los deslices durante el proceso electoral del 2016. McDougal intentó vender su historia y fue precisamente el National Enquirer el diario que se la compró, pero fue un truco, una trampa, porque David Pecker, consejero delegado de la editora American Media, empresa dueña del periódico, estaba aliado con Trump para realizar dicha compra. Una vez con los derechos de la historia de la chica Playboy, el rotativo se la guardó para sí: es lo que se llama en el medio de prensa de los Estados Unidos, “catch and kill” (“cazar y matar”); es decir, se adquieren de manera exclusiva los derechos de una narración, para silenciarla.

            Pecker negoció el pago a la chica, utilizando al abogado y testaferro Michael Cohen, quien trabajaba para Donald Trump, y fue quien usó, a su vez, a una empresa intermediaria o interpuesta, para dejar fuera de la operación a Pecker y a Trump. El abogado intentó hacer el mismo “malabarismo” con Stormy Daniels, pero aquella no lo aceptó y fue cuando Cohen no tuvo más remedio que pagarle de “su bolsillo” para que Donald Trump le reintegrara el dinero de la cuenta de su empresa familiar Trump Organization.

            En este punto, hay que recordar que Cohen se declaró culpable de haber realizado esos pagos, en el 2018, por violación de la ley de financiación electoral, falsificación de documentos financieros y evasión de impuestos, que son los cargos idénticos a los que se enfrenta ahora mismo su ex jefe, Donald Trump. El abogado, quien ha perdido su licencia para trabajar en su profesión por causa de estos mismos delitos, testificó ante la policía que fue el expresidente quien le dio la orden de hacer los pagos a Daniels y de coordinar con Pecker para matar la historia de McDougal.

            En estos días, The Wall Street Journal ha publicado que el caso de la modelo de Playmate, podría servir para aumentar los cargos contra el exmandatario o reforzar que los cargos de Daniels formaban parte de un patrón de conducta para evitar el perjuicio electoral.

La verdad es que las declaraciones concedidas por Pecker y Cohen ante el gran jurado que tomó la decisión de llevar a Trump a juicio en condición de imputado, implican al expresidente hasta la médula e, incluso, el ex abogado Michael Cohen tiene en su poder una grabación que le hizo a su exjefe, en la que se escuchan cuando ambos discutían la forma cómo reembolsar el pago hecho al periódico National Enquirer. Los dos personajes aquí mencionados, deberán atestiguar a lo largo del juicio, algo que el acusado y sus abogados no quieren que suceda por ninguna razón, porque lo hundirán hasta “la cresta” de su cabeza y lo harán perder el actual proceso sin ninguna duda.

            En todo caso, es importante subrayar que este juicio y otros más que podrían darse más adelante, no está haciendo mella en la posición e imagen política de Donald Trump, quien, por el contrario, se ha visto favorecido por la opinión de los ciudadanos y estarían prestos a votar por él en noviembre próximo; pero su personalidad, su pasado y su mentalidad de ayer, de hoy y de siempre, está quedando fuertemente erosionada, más todavía a nivel internacional, en aquellos países donde la virtud del ser humano juega un papel primordial y esencial, más aun si se trata de una figura pública. Trump, personalmente, “no vale absolutamente nada” en algunas sociedades de otras naciones que le ven como un sujeto corrompido, vulgar, lascivo y proclive a cualquier delito o fechoría solo para beneficiarse él solo, sin tomar en consideración los daños colaterales que pudiere causar. En resumen, en otros países estaría acabado política, económica y humanamente, sin mucho rodeo, pero no en los Estados Unidos.

            Retornando a Stormy Daniels, la figura más importante al lado de Trump en este proceso legal, diremos de ella que todo comenzó cuando ella firmó un convenio con el ex mandatario, en el cual se le pagaron US$130,000 a cambio de su silencio y no contara nada de la relación íntima que sostuvieron ambos. El dinero le fue llevado por el ex abogado preferido de Trump, Michael Cohen, quien le pagó de su bolsillo, pero después Trump le reintegró el dinero que contabilizó como “gastos legales” a favor de su jurisconsulto, aunque allí, precisamente, radicó el engaño porque no fueron pagos a su abogado, sino a la mujer para que se quedara callada en tiempo de elecciones presidenciales y no dañara la imagen y la popularidad de Trump, quien, finalmente, resultó electo presidente de los Estados Unidos.

            Stephanie Clifford, el verdadero nombre de esta mujer que se auto-impuso el de Stormy (tormentosa) Daniels y así se le conoce en toda su filmografía “de color rojo” (pornográfica), ha visto crecer las ventas de sus DVD y las búsquedas de sus imágenes en internet, en los sitios porno que existen en la red mundial. Es, en la actualidad, uno de los nombres más buscados por causa del proceso que sigue contra Donald Trump. Su popularidad, evidentemente, se ha disparado como la espuma… hacia arriba y ella… muy contenta por ello, sin duda.

            Quienes la conocen dicen que tiene una fuerte personalidad y colosales ansias de ambición y quiso, desde un primer momento, destapar el escándalo, pero no obtuvo ningún resultado positivo, porque los defensores de Trump en las redes sociales le lanzaron una andanada de ataques, que la hizo desistir por aquel tiempo. El mismo ex presidente la llamó “cara de caballo” públicamente, en el 2018, en un intento de anularla por completo y sacarla del tinglado para que todo el rumor se aplacara y volviera a la normalidad.

            Fue una buena estudiante a pesar de las pésimas circunstancias que la rodearon desde niña, lo que hizo que ingresara al mundo del striptease siendo una adolescente apenas. De ahí, el paso que le quedaba eran las películas “rojas” (pornográficas) y no dudó en incursionar en ese sórdido mundo. A pesar de los 20 premios que ha recibido por sus actuaciones y como directora en las mismas películas, lo que la catapultó a la fama fue su alegato con Donald Trump, un renombre en los Estados Unidos y Europa, principalmente, que ella misma no lo esperaba.

            Hace pocos meses, Stormy Daniels reapareció en la comedia llamada “Virgen a los 40”; y ha asegurado no ser “una víctima”, como quisieran presentarlas las ultra-feministas del movimiento Mee Too, porque, según su opinión, las relaciones con el ex mandatario “fueron consentidas.” Así lo expresó en el programa de TV de la cadena CBS. Pero “la gran bola de nieve fue creciendo” después de que ella hizo del conocimiento del público, el pago de los US$130,000, precisamente porque comenzaron a invitarla a diversos paneles de televisión y pidió a los tribunales que cancelaran el acuerdo de confidencialidad que había firmado con Michael Cohen, para no delatar a Trump. También ha dejado entrever que las promesas del ex mandatario fueron vacías, sobre sus posibles y futuras apariciones de esta mujer en la televisión estadounidense y ella cree que él se lo prometió para mantenerla siempre cerca, que no se alejara de él y así controlarla.

            Lo cierto es que Stormy Daniels, acostumbrada a estar “en el ojo de la cámara”, se siente cómoda en su nueva situación: no le molestan los paparazzis, los periodistas, las entrevistas, los insultos de los acólitos de Trump, las mismas sandeces que se deja decir el expresidente en contra suya… ¡En fin! Se nota y se siente realizada en su nuevo papel de enemiga del poderoso, venenoso y explosivo Trump y no obtuvo la actuación que le había prometido el entonces productor de TV, pero ahora todos los medios televisados de noticias, “vuelan” literalmente por hacerle una entrevista, hacerle un reportaje y sacarla en cámaras hacia la teleaudiencia a toda hora y en cualquier día. Ella está –repetimos-, realizada.

            En un intento de conclusión (por ahora), sobre este tema, traemos a colación el hecho de que la ex actriz porno narró todo lo acontecido, con lujo de detalles, en el libro que supuestamente ella escribió y que llamó Full Disclosure (Información completa), en el que aseguró que estaba diciendo en sus páginas “la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.” El volumen… tal y como se esperaba, fue un éxito de librerías y se vendió igual al pan caliente, porque ella es la “mujer del año” en los Estados Unidos y el gran público no deja de admirarla, odiarla, repudiarla, desearla y aplaudirla. Por lo pronto, sigue “en el ojo del huracán.”

Testigos que Declaran en Contra de Donald Trump durante su Juicio, ponen en Aprietos

al Ex Presidente

NUEVA YORK, USA-El proceso judicial en contra de Donald Trump y los supuestos pagos que hizo a dos mujeres para acallarlas y no narraran sus infidelidades y aventuras amorosas con ellas, antes de las elecciones presidenciales en las que resultó vencedor y pudo llegar a la Casa Blanca, ha seguido su curso ante el interés de la opinión pública estadounidense, que no pierde detalle en los telediarios que cuentan lo sucedido en la sala de sesiones

            Durante el juicio parece haber quedado claro que Donald Trump ideó un plan, junto a algunos de sus asesores más cercanos, para tapar, con base en sobornos, sus interminables infidelidades; es decir, enviaba cheques emitidos por sus empresas, que llevaban uno de sus abogados a las mujeres, para que estas no contaran nada a la prensa antes ni durante las elecciones nacionales del 2016 y que, efectivamente, ganó a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

            Algunos de esos mismos asesores, quienes hoy son declarados enemigos del ex mandatario, han manifestado que Trump contaba con “un brazo mediático” para suprimir historias que podrían haber perjudicado su candidatura presidencial. Esas declaraciones emitidas por los ahora enemigos del ex mandatario, han caldeado los ánimos en la sala se debates y ha hecho que el juez, Juan Merchan, endurezca la prohibición impuesta al mismo Trump para que no hable en público refiriéndose al magistrado, los testigos, los jurados,  las familias de cualquiera de ellos o los fiscales, ya que existe el precedente cuando Trump atacó en dos oportunidades a la hija del juez y por eso y otras situaciones, los fiscales le han acusado de violar en 10 ocasiones la orden del juez para que guarde silencio. Incluso, la tensión se ha desbordado a tal extremo, que Christopher Conroy, asistente del fiscal de distrito de Manhattan, quien lleva este caso, pidió al juez Merchan que recordara al acusado que “el encarcelamiento es una opción” si sigue transgrediendo la prohibición que sobre él pesa. Pero Trump, terco por naturaleza, ha vuelto a utilizar su red social para enviar un mensaje a sus partidarios republicanos, diciéndoles: “Mañana podrían mandarme a la cárcel”, con la intención de azuzar a sus simpatizantes y cometan más tropelías, según ya lo han hecho en el pasado.

            Ante tal panorámica, los fiscales temen que cualquiera de los protagonistas del debate podrían ser atacados cuando salgan del edificio de los tribunales o regresen a sus casas como lo hacen normalmente; por eso es necesario callar de una vez por todas a Donald Trump y no suceda ningún imponderable, ninguna mala experiencia que se podría lamentar durante el tiempo que dure el proceso.

El primer declarante

            Ese ha sido quien fue el amigo personal de Trump, llamado David Pecker, máximo responsable de la empresa American Media Inc. (AMI), propietaria del diario sensacionalista National Enquirer. En esta primera declaración, Pecker reveló que hubo un acuerdo con Trump, quien se hallaba en plena campaña política, para que el periódico se convirtiera en una especie de brazo mediático del entonces candidato republicano o más que ese “brazo”, en una punta de lanza, un ariete, para ejecutar los ataques contra sus contrincantes. ¿De qué manera? Publicando noticias falsas que favorecieran a Trump, difamando a sus rivales y comprando el testimonio de aquellas mujeres que sostuvieron relaciones íntimas con él, para callarlas y no contaran nada sobre esas aventuras. Y todos los pagos por el trabajo que el periódico iba a hacer a su favor, correrían a cargo de las cuentas del magnate. A partir del último acuerdo entre el diario y Trump, surge el caso de la actriz porno, Stormy Daniels, y los US$130,000 que el republicano pagó por su silencio y que ahora lo tiene sentado en el banquillo de los acusados. La situación es más vergonzante para Donald Trump, ya que se ha ventilado que su esposa actual, Melania, acababa de dar a luz a Barron, el hijo de ambos, mientras su esposo andaba entre sábanas y edredones con la “reina de las películas para adultos.”

            Para enlodar más al exmandatario, Pecker confesó ante el jurado que en el 2015, “la mano derecha” de Trump, su entonces abogado Michael Cohen, lo visitó en su oficina para pactar los ataques a los rivales del candidato, en especial al senador evangélico por Texas, Rafael Cruz, y al médico pentecostal Ben Carlson, los dos candidatos más conservadores dentro del Partido Republicano y a los que Trump sentía verdaderas amenazas a sus aspiraciones por llegar a la Casa Blanca. A partir de aquella reunión, el Enquirer comenzó a llamar a Cruz, alcohólico, infiel a su esposa y su padre, el exiliado cubano y pastor evangélico llamado también Rafael Cruz, que “había formado parte en complot para asesinar al ex presidente John F. Kennedy.”

            Pecker contó también que una de las preocupaciones más grandes que manejaban Trump y Cohen por aquellos días, y que los hacía llamarlo a cada instante al periódico, era el tema de la ex modelo erótica de la revista Playboy, Karen McDougal, a quien, según la misma declaración de este testigo, ella en particular y otras diez mujeres, ganaron buen dinero de parte de Trump a cambio de callar lo que vivieron con el candidato. Así mismo, el portero de la Torre Trump, recibió US$30,000, para que no contara cuáles y cuántas mujeres visitaban al corredor de bienes inmuebles. En conclusión y de acuerdo a las palabras de Pecker, la ex modelo McDougal ganó US$150,000 por su silencio y ese gasto nunca quedó registrado por su verdadera naturaleza; es decir, la razón del porqué se hizo ese pago y tampoco como inversión en campaña política. Precisamente, de esos líos de faldas se gestó el actual juicio que ha tenido a Trump al borde del paroxismo en estos últimos meses.  

            En detalle, nuestro personaje está siendo juzgado por falsificar 34 documentos contables de la empresa familiar, Trump Organization, al esconder el pago de US$130,000 a la estrella del cine porno, Stormy Daniels, en la recta final de la campaña hacia la presidencia del país, en el 2016. La fiscalía de Manhattan acusa al magnate inmobiliario por haber “orquestado un plan delictivo para adulterar las elecciones del 2016 (…), y de haber mentido en documentos contables para ocultar ese plan.” El dinero sirvió para comprar el silencio de Daniels, quien ha asegurado que tuvo una relación sexual con el multimillonario en el 2006, cuando ya estaba casado con Melania Trump. Si fuese hallado culpable, se expone a una condena de cuatro años de cárcel o a una multa, cuyo monto, como es de esperar, podría ser abultado y el juez tendría que fijarla al final del proceso.

            Afuera de la sala de debates, Donald Trump ha sacado “toda su batería de ataque” y ha escrito comentarios violentos en contra de la ex actriz porno, Stormy Daniels, la ha descalificado hasta lo más bajo que ha podido; lo mismo a su antiguo amigo y asistente, el abogado Michael Cohen, quien será testigo clave en la acusación. Trump lo ha atacado al decirle “mentiroso en serie” y aseguró sin prueba alguna que estaban seleccionando en la Corte “a activistas progresistas infiltrados, que mienten al juez (…)”.

            Un día después de esta publicación hecha por el acusado en su red social, una candidata al jurado renunció por temor a ser reconocida en la calle y evitar intimidaciones y hostigamientos. En consecuencia, el juez ordenó el total anonimato de las personas que componen al jurado; y ordenó categóricamente a Trump para que desista en sus insultos y a todas sus publicaciones insidiosas. Pero el republicano volvió a sus andanzas y dijo que esas prohibiciones son un atentado “contra mi libertad para hacer campaña y son injustas porque Cohen no tiene reparos en criticarme.” Y en referencia al fiscal que lo amenazó con enviarlo a prisión por desacato, Trump escribió en su misma red: “Si este lacayo partidista quiere ponerme en la cárcel por decir la VERDAD abierta y obvia, con gusto me convertiré en un Nelson Mandela moderno. Sería mi GRAN HONOR.” Puntualizó.

            Luego vendría lo más doloroso para el acusado, ya que el juez lo multó con US$9,000 por violar, al menos en diez ocasiones, la prohibición de criticar a testigos y funcionarios judiciales. También lo amenazó con una pena de prisión si continúa violando la prohibición y deberá pagar la multa en el plazo de una semana, con unas cuantas horas de plazo para que borre “los post ofensivos”, que fueron siete en su plataforma Truth Social, y dos en la web de su campaña. Y nuevamente las respuestas del candidato se han vuelto a leer, cuando se queja de que debería estar haciendo campaña política, en lugar de estar sentado durante muchas horas (de 9:30 am a las 16:30 pm), y así le están quitando la posibilidad de ejercer su revancha contra su enemigo, el presidente Joe Biden, quien lo derrotó en los anteriores comicios. Pero el estribillo que más repite Trump, argumenta que es víctima de una persecución política, orquestada por sus rivales del Partido Demócrata. Argumentos que todos conocemos de memoria, pues los reitera incansablemente, cada vez que los medios de prensa le dan la oportunidad.

            Volviendo a los testigos que han participado en el juicio, le correspondió al ex abogado de la ex actriz porno, Stormy Daniels, llamado Keith Davidson, quien fue el encargado de negociar con la contraparte enviada por Donald Trump, el pago de los US$130,000 para que no narrara su affaire con él. En su declaración, el asesor legal de la mujer dijo que “entiendo que el ex mandatario era la fuerza impulsora detrás del acuerdo para silenciar a mi cliente.” Esta ponencia de Davidson sucedió en la tercera semana del juicio y Trump lo escuchó acompañado por su hijo Eric y el fiscal de Texas, Ken Paxton, quienes se sentaron en la primera fila, detrás del acusado.

            El declarante también dijo que la negociación con el ex abogado de Trump, Michael Cohen, “fue muy frustrante” debido al estira y encoge de uno y de otro para que el pago fuera importante y que la suma de dinero dejara satisfecha a la ex actriz. Un detalle que se dio a conocer, fue aquel que mostró a Davidson como representante legal de Karen McDougal, la ex modelo de Playboy, quien sostuvo una relación amorosa con Donald Trump. Es decir, el jurisconsulto representó en su momento a las dos mujeres que son las principales involucradas en este proceso. Agregó que sostuvo un intercambio de mensajes de texto con el entonces editor de The National Enquirer, Dylan Howard, sobre las condiciones para la posible publicación de la historia de McDougal, en junio del 2016. En este punto preciso, hay que recordar que, el 26 de abril del 2024, Howard confirmó en el mismo tribunal de Nueva York, su vínculo con Trump en el 2016, para “ocultar historias embarazosas” que pudieran involucrar al corredor de bienes raíces, ahora metido en los avatares de la política, y que lo podrían perjudicar en sus intenciones de alcanzar la presidencia de los Estados Unidos.

            La reacción lógica y esperada de parte del republicano, ha sido la de negar una y otra vez, incansablemente, que él tuviera esos encuentros sexuales que se le achacan y las tilda reiteradamente de “horribles” y de “total ficción.” “No tuve ninguna relación con esas mujeres”, repite y repite ante las palabras de los testigos, quienes coinciden en lo que testifican. Y en lo que atañe a las llamadas de atención que le hace el juez y los fiscales, Trump aduce que se trata de “una cacería de brujas” y que “me han quitado mi derecho constitucional a la libertad de expresión. Soy el único candidato presidencial en la historia, amordazado.” Sin embargo, a pesar de las quejas del acusado, el juez Merchan le dio permiso para que asista, el 17 de mayo próximo, a la graduación de su hijo menor, Barron. Una indulgencia de un magistrado con sensibilidad latina, ya que Merchan es de origen colombiano.

Otros prolegómenos del juicio

            Una noticia agradable hasta cierto punto, es aquella que se refirió al pago de la fianza contra Donald Trump, exigida por el juez por su caso de fraude civil, al falsificar los libros contables para ocultar el pago a la ex actriz del cine porno, Stormy Daniels. De tal manera, el acusado pagará menos de la mitad de dicho dinero, aunque el monto sigue siendo escandaloso, “de paro cardíaco”, como dijo un afamado periodista que asiste a diario a la sala de sesiones; es decir, de los US$464 millones iniciales, Trump deberá pagar ahora, solamente US$175 millones en un plazo de 10 días. Sigue siendo una cifra colosal, pero representa una disminución del peso emocional que tuvo al ex presidente en plena “carrera” para observar de dónde sacaría esos millones y quedar bien con la justicia.

            Un periódico de Nueva York lo ha descrito de esta manera: “Este es un importante salvavidas para Trump quien, junto con algunos de sus hijos y su empresa, fue multado después de que un juez detectara que inflaron fraudulentamente el valor de sus activos.” El dolor de cabeza para el líder de los republicanos ha disminuido, pero no se ha curado del todo, pues tendrá que pagar siempre una importante cifra.

            En lo que atañe a la fiscalía que señala con su dedo acusador a Trump, aduce que el político “participó en una conspiración delictiva para influir en las elecciones del 2016”; aseveró que Trump falsificó esos documentos para ocultar un plan criminal para interferir en las elecciones. “Esa falsificación (de documento financiero en primer grado), es un delito si está vinculado a la comisión de otros delitos. El acusado, Donald Trump, orquestó un plan criminal para corromper la elección presidencial del 2016; después, encubrió esa conspiración criminal mintiendo una y otra vez sobre sus registros financieros en Nueva York.” Dejó escuchar Michael Colangelo, uno de los miembros del equipo de la fiscalía.

            A pesar de lo transcrito en este reportaje, de la seriedad de los cargos que se le achacan a este oscuro personaje de la realidad de los Estados Unidos, son considerados los de menor entidad entre las causas penales que persiguen al ex mandatario; pero que, en opinión de los expertos, la endeble armazón construida por los fiscales, en específico por Alvin Bragg, fiscal del distrito de Manhattan, más los atrasos y tácticas dilatorias de los abogados de Trump para evitar los juicios, no se han podido realizar tal y como se esperaban. En otras palabras más simples y sencillas, la imputación es considerada la de menor peso entre todas las causas penales, considerada por Colangelo como un “fraude electoral puro y simple.” Y la respuesta de “la batería” de abogados que defiende al imputado ha dejado escuchar que “el presidente Trump es inocente, el presidente no cometió crímenes. No hay nada ilegal en comprar el silencio de alguien, que es una práctica ordinaria y en lo referente a la conspiración electoral, no hay nada de malo en tratar de influir en el resultado de una elección. Se llama democracia.” Aseguró Todd Blanche, el abogado que dirige a la defensa, y lo mencionó en el inicio del juicio. Añadió que “la falsificación de esos 34 trozos de papel, son una simple violación de registros financieros. Nada que ver con un delito.” Seguidamente negó, igual que su cliente Donald Trump, que mantuviera relaciones íntimas con Stormy Daniels y trató de atacar la credibilidad de Michael Cohen, el ex abogado preferido del ex mandatario, y quien será el testigo “estrella” en las deliberaciones del proceso. Blanche calificó a Cohen de “criminal, condenado por perjurio (al declararse culpable por delitos electorales y fiscales relacionados con esos pagos a la ex actriz), y es una persona en la que no se puede confiar.” Remató el jefe de los defensores de Trump.

            El juicio continúa. El primero y de gran relevancia, pues se trata de un proceso histórico en la vida de los Estados Unidos como nación y tiene acaparadas todas las atenciones sobre lo que allí ocurre, se dice y hasta de “lo que se deja de decir.” Pero lo que hará “explotar” las emociones, como si se tratara de un gran espectáculo, será la comparecencia de Michael Cohen, “la mano derecha de Trump”, considerado el “testigo estrella” y cuyo testimonio hará contener la respiración, especialmente de su ex jefe, hoy sentado en el banquillo de los acusados y quien daría un ojo de la cara por evitar la argumentación de Cohen; pero eso no lo pensó antes de echárselo encima en condición de enemigo.

Donald Trump, el Primer Ex Presidente de los Estados Unidos en ser Juzgado

por un Tribunal

NUEVA YORK, USA-La vida de Donald Trump en los últimos 10 años es todo “un tema”, e inspira hacer una película sobre estos avatares y muy posiblemente la famosa Netflix aparezca en el horizonte, prontamente, con una serie “boom” sobre el ex presidente más díscolo que ha tenido la Unión Americana en toda su existencia, dejando “a la vera del camino” a otros que parecían únicos en su naturaleza corrupta, en los casos de Richard Nixon y Bill Clinton. Pero Trump los ha superado a todos, absolutamente a todos. Desde George Washington, el primer presidente estadounidense, hasta el actual, Joe Biden, nadie ha hecho tantas barrabasadas, tantas incongruencias en su papel de candidato, gobernante, ex presidente y nuevamente candidato a la Casa Blanca, como las ha cometido Donald Trump en su periplo dentro de la política.

            En estas fechas, nuevamente la atención de todo el país, de la primera potencia económica y militar del mundo, está fijada en él, porque asistirá al primer juicio penal contra un ex mandatario en la historia de esta nación. Es el primer ex presidente que se sentará en el banquillo de los acusados, ante un tribunal, un fiscal y un juez, para ser procesado. Un verdadero hito en los anales de la vida de este país del Norte de América.

La misma caravana de coches, el mismo ruido y las mismas gentes apostadas a ambos lados de su recorrido

            Trump salió en su auto color negro, con vidrios polarizados que impiden ver hacia su interior, seguido por varios coches más, donde iban agentes del FBI, de la policía neoyorquina, sus abogados defensores y otros asesores que trabajarán junto a él en la sala de audiencias del juzgado penal de Manhattan, donde se celebrará el histórico juicio.

            Su rostro que hacía denotar autosuficiencia, prepotencia, su sonrisa con ese donaire propio del millonario, del magnate que le puede poner el pie encima a cualquiera, se han esfumado de sus facciones y luce sombrío, preocupado, ensimismado y con su bocaza cerrada, algo que nadie se lo esperaba de él, quien ha estado acostumbrado siempre a hablar más que nadie y vilipendiar más que nadie, con su lengua viperina extremadamente hiriente.

            Partió desde la famosa Torre Trump, ubicada a varias manzanas del edificio de los tribunales, en el norte de Nueva York, y se enrumbó sobre la también famosa Quinta Avenida. Llegó al salón donde se celebrará su proceso legal, un cuarto de hora antes de lo estipulado por el juez, mientras “un contingente” numeroso de periodistas le aguardaban para tomar sus declaraciones, si las diera, o hacerle fotografías a ese rostro que “es todo un poema” y que le ha dado la vuelta al globo terráqueo y ha sorprendido a quienes le hemos conocido en su actuación permanente de fanfarrón, de “dueño del mundo” de todo lo visible e invisible…

            Primero, se eligió al jurado, compuesto por doce hombres y mujeres que decidirán si es culpable o inocente después de escuchar los alegatos, los vaivenes del proceso. En específico sobre la supuesta falsificación de documentos financieros relacionados con el pago a dos mujeres “de la vida fácil”, para que no dieran al traste con su elección en el 2016, para mantenerlas calladas y que no dijeran nada a la prensa acerca de sus relaciones impúdicas con él, en un momento dado. Ellas son una actriz porno, llamada Storny Daniels (por lo menos así aparece nombrada antes de iniciar sus films); y una modelo de la revista para caballeros, Playboy, la misma del viejo sátiro ya fallecido, Hugh Hefner.

            Afuera, en una plaza cercana, un grupo de simpatizantes de Donald Trump no dejaba de vitorearlo y mostrarse agresivos contra lo que consideran es “una persecución política”, al repetir lo que su amado ex presidente no deja de decir una y otra vez, para tratar de justificar su comparecencia ante el tribunal. La policía, así mismo, había tomado el perimetraje y había dividido la misma plaza con vallas, en dos sectores: uno para los seguidores del ex mandatario; y otro, para los contra-manifestantes, quienes también son muchos.

            Concretamente, se le acusa al magnate inmobiliario por participar, supuestamente, en un plan para influir en las elecciones del 2016, para borrar información negativa que pudo haberlo perjudicado en su candidatura y que incluye un pago por US$130,000 a la actriz porno Stormy Daniels, con quien, presuntamente, Trump tuvo relaciones íntimas, y no abriera su boca, no contara lo sucedido entre ambos y causara la derrota del neoyorkino frente a la entonces candidata demócrata, la ex primera dama, Hillary Clinton. Su ex abogado, Michael Cohen, hoy declarado enemigo de Trump, quien incluso escribió un libro donde difama al ex presidente, sirvió de enlace con la actriz pornográfica, para darle el cheque que le envió su fugaz ex amante, el ex presidente de los Estados Unidos.

            De repente, se escuchó la voz, un tanto alegre, del juez Juan Merchán, encargado de presidir el caso presente, cuando dijo: “Ya tenemos nuestro jurado.” Son siete hombres y cinco mujeres, quienes fueron juramentados delante del acusado, quien solo les dirigió una mirada fría y sin vida, cuando las personas abandonaban la sala de sesiones. Luego de nombrar a los miembros del jurado, el juez procedió al nombramiento de los suplentes. Los primeros son un profesional en ventas, un ingeniero en software, un profesor de inglés y varios abogados. Los nombres de estos personajes que tendrán el difícil trabajo de juzgar a un ex presidente de los Estados Unidos y actual candidato a la Casa Blanca, no fueron dados a la prensa por razones obvias de seguridad; pero el juez, con el micrófono apagado, les interrogó acerca de sus publicaciones en las redes sociales, sus vidas personales y opiniones políticas. El objetivo del juez y sus asesores era el de encontrar en ellos prejuicios que les impidieran ser imparciales. Aunque en el tribunal estuvieron claros en el hecho de que buscar personas que nunca hubieran escuchado hablar de Donald Trump, era una verdadera “odisea”; pero uno de los fiscales expresó lo que significa esta tarea ardua de todos modos: “los abogados no buscaban a personas que hubieran estado viviendo bajo una roca durante los últimos ocho años”, como si fuesen seres primitivos y desapegados del mundo actual. En todo caso, los elegidos para conformar este jurado, fueron de la entera satisfacción del juez y ya han quedado plenamente establecidos a la espera del inicio del proceso. Y un dato importante de considerar se refiere al hecho de que más de la mitad de los miembros de un grupo de 96 posibles jurados, que fueron llevados a la sala del tribunal, fueron despedidos en días anteriores, la mayoría después de afirmar que dudaban de su capacidad para ser imparciales y justos.

En acto seguido, los fiscales pidieron al juez que Trump fuera declarado culpable de desacato por una serie de declaraciones que hizo en las redes sociales en esa semana de la vista en los tribunales. En específico, la oficina del fiscal del distrito solicitó una multa de US$3,000 contra Trump, debido a tres publicaciones que hizo el magnate en su red Truth Social, y que, según el mismo fiscal, violaban la orden de no emitir criterios en dicha red. Incluso, aseguraron que el ex mandatario publicó siete comentarios personales y que violan la orden. Uno de esos “post” iba en contra de su ex abogado, Michael Cohen, el mismo que llevó el cheque a la actriz porno, Stormy Daniels, a quien Trump contraatacó, según uno de sus abogados defensores llamado Emil Bove, quien afirmó que su defendido “simplemente estaba respondiendo a los ataques en declaraciones públicas que le ha hecho Cohen.” Para la fiscalía, el desacato del ex presidente es “un perjuro en serie”, de acuerdo al nombre que recibe esa figura penal. El juez programó, en tal sentido, una audiencia para tratar el tema de la solicitud de la fiscalía y las posibles sanciones por desacato, cometido por Trump.

“¡Es mentira! Yo no usé los favores sexuales de esa mujer…”

            Una de las preguntas que más morbo despierta en quienes están a la expectativa de este juicio, se refiere a la posición de la esposa de Donald Trump, la elegante ex Primera Dama de los Estados Unidos, la ex modelo Melania Trump, quien, siempre fiel a su papel irrenunciable, se mantiene lejos de los focos de la prensa y su actitud ante la posible infidelidad de su marido, es todo un misterio. ¿Le discutirá en la privacidad de su penthouse en la Torre Trump? ¿Le hará escenas? ¿Le habrá dejado de hablar? Todo es posible, menos que le haya lanzado los platos a la cabeza, pues Melania es una mujer culta, educada y circunspecta, incapaz de una escena violenta y ridícula. Aunque, a lo mejor…

            En concreto, Trump ha negado reiteradamente que no tuvo ningún encuentro sexual con Stormy Daniels y por lo tanto, no pudo haberle enviado el famoso cheque que ahora lo tiene sentado ante el jurado y el juez; pero los fiscales insisten en decir que el magnate ocultó la verdadera naturaleza de los pagos en los registros internos, cuando su empresa reembolsó a su ex abogado Michael Cohen, quien, dicho sea de paso, se declaró culpable de cargos federales en el 2018 y se espera que sea un testigo estrella a favor de la fiscalía, lo cual tiene intranquilo al magnate inmobiliario. Sus abogados defensores aducen que los pagos a Cohen fueron gastos legales legítimos y nunca tuvieron relación con la actriz del cine porno, a quien Trump llamó, al principio del escándalo, “cara de yegua.”

            Con base en la sospecha y evidencias anteriores en poder de los fiscales, Donald Trump enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de los registros comerciales y podría ser condenado hasta cuatro años de prisión si es declarado culpable; pero existen serias dudas si este juez lo enviaría tras las rejas, más aún si toma en cuenta que se trata del candidato actual por el Partido Republicano y es, además, un ex presidente, algo así como “la quinta esencia” en la vida pública y política de los estadounidenses, poco menos que “un enviado de Dios en la Tierra” y por ello, intocable…Lo que sí es seguro es que Trump apelaría una eventual condena suya.

            En otra arista de esta figura, el juez instructor Juan M. Merchan, de origen colombiano, tampoco la tiene fácil, debido a la posibilidad de que Donald Trump sea reelecto presidente de la nación; es decir, podría ser una víctima de persecución de parte del mandatario electo, quien ha dicho claramente que “se la pagarán” todos en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en específico aquellos que lo acusaron, señalaron y ensuciaron su nombre.

La postura de Trump es la misma, invariable: “Esto es un asalto a los Estados Unidos. Nunca había ocurrido nada parecido. El juicio en mi contra es una persecución política, orquestada por los demócratas para impedirme volver a la Casa Blanca. Es una cacería de brujas.” Ha dicho incansablemente desde que fue llamado a dar explicaciones sobre el pago a la actriz pornográfica. En todo caso, subrayamos, el millonario no está acusado por el pago en concreto para ocultar sus relaciones sexuales con la mujer -algo que siempre ha negado categóricamente-, sino por haberlo disfrazado de gastos legales de la Organización Trump, la empresa de la familia. Y la sentencia no sería un obstáculo para que se presente en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre próximo y si llegara a ser electo nuevamente presidente de la nación, sería un hito, algo realmente inédito en la historia de este país, una situación anómala hasta cierto punto y sin precedentes. Anómala, porque entre más se le acusa, entre más se le lleva a los tribunales en condición de acusado, más adeptos le siguen, le apoyan y están dispuestos a darle sus votos.

También será este el único juicio en el que comparezca Donald Trump, antes de las elecciones presidenciales y en este punto debemos recordar que el ex mandatario tiene varios frentes abiertos en su contra, como aquellos en los que aparece acusado de querer revertir los resultados de las elecciones del 2020, cuando azuzó a sus partidarios para que asaltaran el edificio del Congreso y le ordenó a su ex vicepresidente, Mike Pence, que no reconociera el triunfo de Biden; así mismo, el hurto de documentos confidenciales que se llevó de la Casa Blanca a su residencia de Mar-a-Lago en La Florida y que fueron recuperados por el FBI. Lo cierto es que su batería de abogados defensores ha logrado retrasar hasta ahora los otros juicios, “pero lejos de impactar en su carrera hacia la presidencia, cada problema con la justicia parece reforzar su popularidad entre sus seguidores.” Ha dicho Carl Tobías, profesor de Derecho de la Universidad de Richmond. Un detalle que siempre hemos comentado nosotros, no sin cierto asombro, en este periódico The City.

El juicio está por comenzar y reaviva el interés a nivel mundial…

¿Qué ha Sucedido con los Casos Lava Jato y Odebrecht en Brasil?

BRASILIA-El capítulo más sórdido en cuanto a corrupción se refiere, de toda la historia de esta nación, apenas se menciona en el presente; pero en su día ensució dignidades personales y llevó a prisión a otros tantos individuos, quienes trataron de lucrar con millones de dólares y de la manera más abyecta posible.

            Antes de entrar de lleno en el tema, se hace necesario recordar los antecedentes de estos casos que ameritaron la mayor investigación de corrupción en la vida que tiene Brasil como nación. Y lo más impresionante se fundamentó en que tuvo ramificaciones en toda América Latina, llevó a la destitución de presidentes y posteriormente a la cárcel e, incluso, uno de ellos cometió suicidio, como sucedió con el peruano Allan García, quien sacó su revólver del cajón de su escritorio cuando la policía tocaba a su puerta para detenerlo y llevarlo a las oficinas de la delegación. García, obviamente, había lucrado con dinero mal habido, de igual manera como lo hicieron otros colegas suyos en sus respectivos gobiernos, desde México hasta Argentina.

Han transcurrido 10 largos años…

            El tiempo transcurre de manera inexorable y en ocasiones produce el efecto deseado y en otras, lo contrario, como ha sido en la realidad brasileña en relación con Lava Jato, que en el portugués común de la calle significa “lava-carros”, porque todo dio inicio en una gasolinera donde funcionaba también un “lavacar,” de ahí el nombre que adquirió fama en el mundo entero.

            Al transcurrir 10 años desde que estalló este escándalo, hoy parece irrelevante y con muchas penas carcelarias anuladas, incluyendo la del mismísimo presidente actual del Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, quien fue exonerado de toda culpa por un juez amigo y hasta llegó nuevamente a la presidencia del país, con la anuencia, la benevolencia y especialmente con el olvido de los votantes. Pero así es el subcontinente latinoamericano, donde todo es permisivo y pleno de impunidad. Algo así como el cáncer que devora por dentro a un cuerpo en el que ha elegido “vivir para hacer morir.”

            El problema de corrupción se remonta al 17 de marzo del 2014, cuando fue detenido un “blanqueador de dinero” que operaba en la mencionada gasolinera. Pero era solamente el inicio de lo que se convertiría en algo así como un tsunami desde el punto de vista delincuencial, que fue arrollando a decenas de individuos en uno y otro lugar. La empresa Petrobras (Petróleos de Brasil), se convirtió en el foco del enorme inconveniente. Repetimos, el más grande en la historia de esta nación suramericana. Fue tan descomunal el asunto, que el Partido de los Trabajadores (de extrema izquierda), fue expulsado del poder que ostentaba y le correspondió al Congreso efectuar dicha expulsión en el 2016. Fue entonces cuando el partido de derechas creció y se fortaleció ante la debilidad de su oponente tradicional y el actual presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, como reseñamos en las primeras líneas de este reportaje, fue detenido y encarcelado; pero un juez amigo, de esos que abundan en la presunta justicia de las naciones latinoamericanas, le dio la libertad después de 580 días de cárcel.

            En resumen, el caso Lava Jato en Brasil, su país de origen, suma 174 condenas, más de 200 acuerdos para que los investigados confesaran su culpabilidad y las arcas públicas  del Estado, recuperaron 4,300 millones de reales (moneda brasileña que equivale a €790 millones). La mayoría de ese dinero retornó a la contabilidad de Petrobras. ¿Pero de qué manera se presenta hoy el mismo caso? Muchas cosas han cambiado… y muchas de esas cosas han beneficiado a los culpables confesos, comenzando por Lula da Silva, a quien los brasileños, con esa displicencia, inmadurez y tolerancia con la corrupción, le dieron sus votos para convertirlo nuevamente en mandatario de Brasil. Un hecho sin parangón ni moral en los anales de la política mundial, rara veces visto.

            La realidad de los culpables y culpados ha dado un giro de 180 grados en los últimos años, porque parte de los procesos judiciales han sido anulados (nótese el altísimo grado de corrupción e impunidad que priva en Brasil), y los encausados, los evidentísimos culpables, ahora andan en libertad por la vida, como si nada hubiesen hecho en el pasado en contra de la moral y el orden público.

            Uno de los cambios más evidentes se dio en la existencia del ex juez Sérgio Moro, quien fue el que envió a Lula da Silva a prisión y demostró que el hoy presidente era tan corrupto como el que más. Y decimos que su vida cambió, porque el también ex presidente de derechas, Jair Bolsonaro, lo convirtió en ministro de Justicia y en el 2021, el Tribunal Supremo anuló la sentencia que Moro había dictado contra Lula y decretó que había sido parcial al enviar a Lula a prisión. Cuando Bolsonaro perdió las anteriores elecciones presidenciales, Sérgio Moro solo atinó a “blindarse” y ponerse a salvo de la venganza de Lula da Silva, y lo hizo convirtiéndose en senador; pero ahora se enfrenta a un proceso judicial por supuestas irregularidades acontecidas en la anterior campaña electoral y podría perder su escaño senatorial. Una vez que esté nuevamente “en la llanura”, como dicen algunos políticos latinoamericanos; es decir, cuando Moro sea otra vez un ciudadano común y corriente, Lula podría caerle encima con todo el aparato judicial y vengarse al enviarlo, esta vez a él, a prisión, tal y como Moro hizo con el actual presidente del país.

            Atrás, por lo tanto, ha quedado su promesa de que iba a acabar con la corrupción en Brasil y también con la impunidad de los poderosos; y quien fue héroe en aquel momento, Sérgio Moro, ahora ha pasado al bando de los futuros encarcelados; pero lo más triste se fundamenta en que Moro fue aclamado por las multitudes de votantes, quienes le querían subir a la mismísima presidencia de la República; y esas mismas masas ahora le vituperan porque el aparato de propaganda de Lula da Silva ha divulgado que no fue imparcial cuando dictó la sentencia, que se comunicó con los fiscales del caso para convencerlos y hacer causa común para encerrar a Lula, en un supuesto y claro acto de imparcialidad. Esta situación personal y profesional creó mayor problema cuando él alcanzó el escaño en el Senado y, en el 2022, su esposa logró otro como diputada. Esa clase de nepotismo es muy mal visto por los ciudadanos, a todas luces.

            Atrás quedó también aquel famoso “duelo” dialéctico en la sala del juzgado, entre el veterano Lula y el juez joven, recién llegado de las provincias.

Otros actores

            El principal es nada menos que el actual gobernante del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien hoy en día tiene 78 años de edad y rige los destinos del país más grande de América Latina. Cuando finalizó su primer mandato en el 2009, los márgenes de popularidad que le favorecían, eran del 86 por ciento; pero fue condenado por corrupción dentro de la trama del caso Lava Jato. Estuvo 580 días detrás de los barrotes, en una celda de una comisaría en Curitiba, asegurando que era inocente y era víctima de un complot en su contra de parte de las élites, los medios de prensa y del gobierno de los Estados Unidos, “siempre interesado en adueñarse de Petrobras”, según sus propias palabras. Fue excarcelado en el 2019, junto a miles de presos más, y el Supremo anuló la principal condena contra él y limpió su expediente judicial, lo cual le permitió postularse de nuevo en las elecciones nacionales. Y las ganó, pero con el mínimo porcentaje. Cosas que solo suceden en América Latina, reiteramos.

            Otro personaje que cobró notoriedad, fue Deltan Dallgnol, quien trabajó muy unido al juez Moro, debido a que fungió como fiscal del caso Lava Jato. Su tesis consistió en acusar a Lula de ser “la perpetuación criminal en el poder” o “el mayor beneficiado” de los actos corruptos. Dallgnol llegó a ser diputado en el 2022, pero no pudo reelegirse y no retuvo, por lo tanto, su escaño senatorial.

            Una explicación más amplia del funcionamiento de la red de corrupción conocida con el nombre Lava Jato, nos remite a los hechos siguientes: la policía descubrió un enorme sistema de sobornos, comisiones y financiación ilegal de partidos, que gravitaban alrededor de Petrobras. El Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Lula, se convirtió en el centro de esas dádivas o regalías corruptas.

            Los directivos de Petrobras cobraban “mordidas” de grandes constructoras, a cambio de contratos artificialmente “hinchados” (inflados), con la compañía; ese dinero iba después a los partidos que, a su vez, nombraban a los directivos de la petrolera. El caso se extendió a otras naciones como el Perú, México y Colombia, entre otras. Pero, de repente y sorpresivamente, la realidad de Brasil dio un brusco giro y todo comenzó a ser esperanzador cuando los jueces y la policía decidieron “limpiar” de corruptos al país. Fue cuando decenas de políticos y empresarios, que anteriormente eran intocables, fueron aprehendidos, juzgados y encarcelados. Todos comenzaron a admirar la determinación de las autoridades brasileñas que le habían declarado la guerra a la corrupción. El PT, de paso, fue considerado un refugio o nido de ladrones. Casi de inmediato y de una manera acelerada, el Congreso destituyó a la presidenta vigente del país, Dilma Rousseff, en el 2016, y Lula, como hemos dicho, fue encarcelado, sin que pudiera participar en las elecciones del 2018, en las que tenía puesta su mirada. Fue cuando Bolsonaro se convirtió en mandatario brasileño.

            En lo que atañe a Odebrecht, la constructora corrupta que corrompió a decenas de gobernantes a lo largo y ancho de América Latina, tenía un departamento secreto que se dedicaba al pago y a gestión de sobornos. Era su única actividad dentro de esta empresa. Fue investigada por los Estados Unidos por el caso Lava Jato y llegó a un acuerdo judicial en Nueva York, en el 2017, donde se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaban. En acto seguido, se le multó con US$2,600 millones. Su último presidente y nieto del fundador, pasó dos años y medio en la cárcel y se le excarceló, pero tuvo que llevar tobillera electrónica en una de sus piernas y nunca más apareció en la vida pública de Brasil. Hoy, Odebrecht ha cambiado su nombre y se llama Novonor, después de haber pagado coimas a varios ex presidentes, a cambio de resultar beneficiada con la construcción de puentes, carreteras y demás obras en todo el subcontinente latinoamericano. Es decir, “mojaba” las manos de los ex presidentes con fuertes sumas de sobornos, a cambio de las concesiones de obra pública que aquellos les daban a los brasileños.

            Finalmente, aparece la ex mandataria Dima Rousseff, hoy con 76 años de edad. Fue destituida del gobierno durante su segundo mandato, por medio de un veto del Congreso que la sacó del poder. Cuando la recesión golpeó al país, Roussef, con tal de simpatizarle a la burocracia gubernamental, les aumentó los salarios a los funcionarios públicos, causando el enojo del pueblo y cuando Lula retornó al gobierno, su mentor y amigo, la nombró en Shangái, China, en la dirección del Banco de los BRICS (un grupo compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica).

            Ha pasado una década desde que se destapó el entramado de Lava Jato; si la vemos bien, ha habido más impunidad, perdón y olvido, que justicia, en este país donde las gentes prefieren pensar en su próximo plato de comida, que en reclamarle a sus políticos corruptos, pues la miseria abunda entre su pueblo y esa es su triste realidad.

Condena tras Condena en los Juzgados para Donald Trump. Aun Así, Aparece Imparable en su Carrera por la Casa Blanca

NEW YORK, USA-Hay un hecho irrefutable en relación con este individuo llamado Donald Trump: entre más se empecinan los jueces y fiscales por condenarle por los diversos delitos que, innegablemente, ha cometido, más arrastre entre las masas de votantes consigue a su favor. Incluso tiene la desfachatez de pedirle dinero a sus acólitos, a sus seguidores, para que le paguen las sanciones impuestas por los tribunales, con el fin de no pagar él mismo desde su peculio.

            La última sentencia de una inmensa cadena de condenas, se refiere a los datos falsos que Trump emitió con respecto a sus propiedades: infló los precios de cada una de ellas para obtener préstamos más favorables y por esa causa deberá pagar US$355 millones, según el veredicto dado a conocer a la sombra de la legislación antifraude de esta ciudad, considerada muy estricta. Tampoco podrá hacer negocios en el Estado de Nueva York por espacio de tres años; pero, con toda seguridad, ya debe haber solucionado este otro problema, de acuerdo a su mente maquiavélica y a su total falta de honestidad, tan característica en él.

            Pero, repetimos, entre más se le condena por uno u otro delito, más le aplauden a la entrada y salida de los tribunales y su nombre sube en las encuestas, que le dan favorito para ganar las primarias republicanas y las elecciones nacionales, a finales de este año.

Exageró precio de su patrimonio

            En concreto, Trump reportó a Hacienda valores por sus propiedades, específicamente de su apartamento en la Torre Trump, situada en el corazón neoyorkino, también de su finca Mar-a-Lago, en La Florida, y varios campos de golf que aparecen a su nombre. Por esa razón, el juez Arthur Engoron dictaminó en septiembre del 2023 que Trump y el resto de los acusados, cometieron fraude fiscal y por ese motivo, muy posiblemente este mismo juez tendrá que salir corriendo literalmente de la Corte de Justicia, si Trump gana nuevamente la presidencia de los Estados Unidos debido a la sed de venganza que también caracteriza al regordete empresario, corredor de bienes raíces y metido en la política.

            La fiscal Letitia Jones, reconocida militante del Partido Demócrata, había pedido una sanción contra Trump por US$370 millones, de los que US$168 millones corresponden a lo que Trump se ahorró en préstamos al inflar el valor de sus propiedades; es decir, los intereses extra que los prestamistas dejaron de percibir. También, la misma fiscal quería prohibir la actividad de Donald Trump en los bienes raíces en Nueva York y limitar de manera drástica su capacidad para hacer negocios en ese mismo Estado. Así mismo, solicitó al jurado y al juez que los dos hijos adultos de Trump, Donald Jr. y Eric, igualmente acusados por el mismo fraude, fueran suspendidos; pero el juez solo les impuso una sanción de dos años a cada uno de ellos.

            Por otra parte, en otro proceso civil que Trump enfrentó recientemente, se le condenó a pagar un total de US$88 millones por haber abusado sexualmente de la columnista E. Jean Carroll (US$5 millones por ese hecho); y por difamarla (US$83 millones). Es decir, un precio altísimo, donde más le duele al regordete Trump, por abrir demasiado su boca y no contenerse en el momento de lanzar injurias contra las personas que él menosprecia abiertamente. Por supuesto que el bolsillo o la caja de caudales es lo único que le duele en el alma a este horrendo personaje, que le ha caído encima a los Estados Unidos en la última década.

            En específico, Trump infló o exageró el precio de su patrimonio neto, hasta US$3,699 millones, en 10 años. A estas sanciones hay que sumarle también los honorarios que cobra su batería de abogados, que le habrán de resultar sumamente caros al republicano. La respuesta, siempre arrogante y desafiante de este individuo, la hizo conocer en su propia red social, cuando escribió en grandes letras mayúsculas su enojo: “VALGO MÁS QUE LOS NÚMEROS QUE APARECEN EN MIS ESTADOS FINANCIEROS.” Publicó, mostrando su herida, producto de su profundo enfado por la decisión del juez. Subrayó que sus prestamistas no fueron sus víctimas, porque ganaron mucho dinero al suscribir contratos con él; y echó las culpas a los demócratas, quienes, según su opinión, son los que están detrás de todos estos procesos judiciales, para hacerle descarrilar su candidatura.

            Aparte de este caso que ya ha dirimido el juez Engoron, se le descubrieron a Donald Trump nuevas irregularidades en sus empresas familiares, tales como falta de declaraciones, errores tipográficos, errores matemáticos y preguntas sobre un préstamo de US$48 millones entre él y una de las empresas del emporio familiar. La supervisión de esas cuentas recayó en una ex jueza federal, quien declaró al mismo juez que esos problemas “pueden reflejar una falta de controles internos adecuados”, dentro de las empresas del político.       

            En otro estado de cosas, el próximo 25 de marzo se celebrará el juicio penal contra Donald Trump por comprar el silencio de una actriz porno, con quien tuvo relaciones íntimas. Recordamos que se trata de Stormy Daniels, quien recibió una maleta ejecutiva de parte de un ex abogado del corredor de bienes raíces, para que no contara las experiencias que ambos sostuvieron en privado: él como comprador de los servicios sexuales de la mujer y ella como vendedora de esos mismos servicios.

            De tal manera, Trump enfrenta numerosos frentes legales, mientras -¡Oh dicotomía!-, sus votantes se aglutinan a su alrededor demostrándole sus simpatías y total apoyo en estas elecciones primarias republicanas, donde ha quedado completamente solo, sin contendor a la vista. Es decir, sobre este individuo pesan actualmente 91 cargos penales, como nunca antes había ocurrido en la historia de los Estados Unidos, ni de ningún otro político en el pasado reciente y lejano. Lo peor radica en que luce favorito, incluso, para derrotar a Joe Biden en los comicios a nivel nacional en noviembre de este mismo 2024 y plantea una incertidumbre de carácter electoral a los demócratas, porque no saben por dónde atacarlo, porque entre más se hable mal de él, más lo quieren sus votantes y más le apoyan. Un caso único y extraño, cuando el ser dañino, con todo su mal, genera más simpatías que el bien y la persona buena, tal y como suele suceder por naturaleza.

            En concreto, en este caso contra la actriz porno, está acusado de 34 cargos relacionados con el pago, en el 2016, de US$130,000 a Stephanie Clifford, el nombre verdadero de esa mujer, para que no hablara acerca de las relaciones extramaritales que él sostuvo con ella en el 2006. De hecho, los pagos en sí no son ilegales, pero Trump cometió el error de anotarlos como “honorarios jurídicos” en las cuentas de su empresa Trump Organization. Además, el acusado compró también el silencio de terceros, unas dos veces más; por ejemplo, a un portero de la Torre Trump, quien afirmaba que sabía sobre un hijo del mismo Trump, que era fruto de otra relación extramarital. A este ex trabajador de su edificio, llegó a pagarle US$30,000 para que no dijera nada. También US$150,000 a otra mujer que decía haber tenido un romance con el ex mandatario.

            “Revolviéndose en su féretro”, este gris personaje de la política estadounidense cada vez que lo devuelven de las audiencias con los jueces y fiscales, los ataca en su red social Truth, creada por él cuando fue vetado en Twitter, precisamente por sus mensajes violentos, racistas, machistas y supra-violentos. Es por ello que escribió en contra de juez Merchan, quien instruyó en el 2002 otro caso contra una de las empresas suyas por fraude fiscal: “ME ODIA.” Tal la publicación del republicano.

“Dispara” contra todo y contra todos…

            Ante el avance incontenible de Donald Trump en las primarias republicanas y ante la posibilidad de que haga desaparecer del panorama político al avejentado y enfermizo Joe Biden y se convierta nuevamente en presidente de los Estados Unidos, los europeos en la OTAN y en la Unión Europea (UE), no dejan de sentirse preocupados, todavía más cuando escuchan sus diatribas en contra de Europa y a favor de la Rusia de Putin y de la China comunista. Sus palabras, que en nada se asemejan a un discurso estructurado e inteligente, provocaron desasosiego, en específico en relación al tema del financiamiento de la OTAN, un aspecto que Trump no suelta y que resulta apasionante para él. Su ataque a la Alianza Atlántica lo hizo escuchar dentro de una supuesta anécdota que narró en Conway, Carolina del Sur, y fue en estos términos: “Uno de los presidentes de un gran país se levantó y dijo: ‘Bueno, señor, si no pagamos y Rusia nos ataca… ¿Usted nos protegerá? (con el ejército de los Estados Unidos).’ Y yo le contesté: Nó, no les protegería. De hecho, animaría (a Rusia) a hacer lo que le dé la gana. Deben pagar sus deudas. Le dije. La OTAN estaba destruida hasta que aparecí.” Concluyó.

            Pero quienes más temen un eventual triunfo suyo en las elecciones de noviembre de este año, son los ucranianos, quienes no tienen la menor duda de que se acabará el financiamiento a su guerra contra Putin y el envío de armas sufrirá lo mismo. Lo cual quiere decir que la derrota de Ucrania en esa guerra estaría más que anunciada y sucedería sin dilación. Su llegada nuevamente a la Casa Blanca cambiaría el posicionamiento de los Estados Unidos frente a esta guerra; sin embargo, en un alarde de fanfarronería, Trump ha dicho que detendría el conflicto en 24 horas, dejando entrever su amistad con el genocida Putin y su influencia en Europa del Este. Pero habrá que ver si realmente Putin haría caso a sus palabras pacifistas y le sería fácil dejar a un lado sus afanes expansionistas y de fundar un “Estado títere en Kiev.”

            Ante tal desparpajo, la administración Biden reaccionó de inmediato y mostró su preocupación por las afirmaciones de Trump en relación con los aliados europeos, especialmente en épocas cuando se le han subido a Putin sus afanes de dominación mundial. El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo: “Alentar las invasiones de nuestros aliados más cercanos, por regímenes asesinos (el de Rusia), es espantoso y desquiciado y pone en peligro la seguridad nacional estadounidense, la estabilidad mundial y nuestra economía nacional.”

            En otro flanco, el ex presidente español José María Aznar, convertido hoy en observador y analista del acontecer mundial, ha asegurado una y otra vez que los Estados Unidos, inesperadamente, podrían caer en una situación nunca antes vista y mucho menos imaginada por su propio pueblo: “Podría caer en una guerra civil y en una dictadura, si Trump ganara esa guerra intestina.” De hecho, este personaje troglodita que ha invadido la realidad política de los estadounidenses, ya dio un pequeño avance cuando lanzó a sus hordas de fanáticos contra el edificio del Congreso, en Washington, donde, además del terror que desataron, hubo muertos, heridos y peligró la vida del entonces vicepresidente Mike Pence, quien, a duras penas, pudo escapar por un pasillo poco conocido de dicho inmueble, hacia la calle. Trump ordenó a las hordas buscar a Pence para que lo asesinaran, porque se negó a rechazar el triunfo electoral de Biden, que sacaba rotundamente a Trump de la Casa Blanca.

            La presencia de Donald Trump en el tinglado político de los Estados Unidos, causa una severa preocupación en los líderes democráticos mundiales, no habituados a esta clase de trogloditas, capaces de incendiar al planeta entero si un día amanecieran con deseos de apretar los botones que controlan a los misiles con ojivas nucleares. De hecho, una eventual victoria del republicano en las elecciones de noviembre, dejando “en la cuneta” y en el olvido al débil Biden, ya ha sido sopesada en el Foro Económico Mundial, en Davos, y en la élite planetaria, que aseguran que, irremediablemente, él será quien va a regresar a la Casa Blanca, en Washington D.C. Por ejemplo, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, calificó la posible victoria electoral de ese individuo como “una clara amenaza para Europa.” Y Alexander de Croo, primer ministro de Bélgica, en un discurso que pronunció ante el Parlamento Europeo, dijo que con Trump a la cabeza de los Estados Unidos: “Europa estará más sola que nunca, con el lema ‘Estados Unidos primero.’”

            Ante tal eventualidad, Sudha David-Wilp, directora de la oficina berlinesa del German Marshall Fund, “Europa debe convertirse en un actor fuerte a nivel militar y ser capaz de ocuparse de las cuestiones de seguridad en su propio vecindario. Europa debe fortalecerse económicamente para prepararse ante posibles medidas proteccionistas en una segunda administración de Trump.”

            Empero, la realidad demuestra que la pesadilla está sucediendo hoy y ahora mismo, porque existe un 90 por ciento de posibilidades de que el republicano arrase con todos durante su campaña por la presidencia. Será “el lado B” de este horrendo disco que los estadounidenses no quisieron erradicar ni evitar que siguiera expandiendo su criminal música, mientras los afganos volvían al talibán, los coreanos del sur y japoneses experimentaban las pruebas nucleares de Corea del Norte y la Rusia de Putin amenazaba con incendiar a las naciones fronterizas en cualquier momento, con total libertad y el beneplácito de un cuasi-analfabeto sentado detrás del escritorio en la Oficina Oval.

El Largo e Interminable Cautiverio de Julian Assange.

Su Delito: Develar los Abusos Secretos de los Estados Unidos

LONDRES, Inglaterra-En pocas fechas dos jueces británicos, llamados Victoria Sharp y Justice Johnson, decidirán si el australiano Julian Assange, requerido por la justicia de los Estados Unidos por develar secretos de Estado, será extraditado para que encare a los tribunales en tierras estadounidenses. La decisión que están por tomar y el caso en sí, es el más polémico que ambos han vivido en sus carreras judiciales. Por su parte, la esposa de Assange, Stella Morris, ha sentenciado que “la decisión del tribunal decidirá si Julian vive o muere.”

            Independientemente de lo anterior, la determinación que está por tomarse, será decisiva para el futuro de quien fue el fundador del sitio en internet, famoso mundialmente por demás, conocido bajo el nombre de WikiLeaks. En el tanto los dos jueces decidan lo peor para Julian Assange, éste podría enfrentar una pena de hasta 175 años de prisión si se le considera culpable en los Estados Unidos, de los 17 delitos de espionaje de los cuales se le acusa.

            Su esposa insiste en que él no está nada bien de salud, en un atenuante para que los magistrados sopesen su decisión de extraditarlo a USA; mientras que los abogados defensores esgrimen que “las motivaciones de las autoridades estadounidenses son políticas y por lo tanto, la extradición no procede.” Sin embargo, los abogados que representan al gobierno de los Estados Unidos, han dicho que la acusación contra el australiano de 52 años de edad y que ha estado asilado gran parte de los últimos 15 años en la embajada del Ecuador en Londres, se fundamenta en que “puso en riesgo las vidas, a través de la publicación de miles de documentos clasificados por Washington (específicamente por el Pentágono).”

Más señalamientos…

         En un intento por convencer a los dos jueces ingleses que tienen en sus manos el futuro inmediato de Assange, una de las abogadas que actúa en representación de la Casa Blanca, llamada Clair Dobbin, dijo ante el mismo tribunal londinense que “las acciones de Assange estaban lejos de ser las de un periodista común y no se dedicó a hacer un periodismo responsable con la filtración masiva (de documentos clasificados top secret).” Añadió que “el juez que evaluó inicialmente el caso de Assange, había rechazado de plano la idea de que debía ser tratado como periodista o editor y lo acusó, por el contrario, de haber buscado activamente material clasificado para su publicación en el sitio web WikiLeaks, en lugar de simplemente ser un receptor pasivo.”

            Para tratar de hundir todavía más a Assange, la abogada Dobbin recordó que la exsoldado estadounidense Chelsea Manning, quien proporcionó a Assange grandes cantidades de documentos clasificados, "actuó en respuesta a sus demandas y además, el australiano la incitó a robar y ayudar a descifrar contraseñas de las computadoras del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para acceder a la información que luego publicó sin edición alguna (esto es, sin corregir el estilo de redacción, ni los posibles textos que iban a ser contraproducentes para el lector).” Hizo hincapié también en que Assange intentó reclutar a otros hackers y filtradores de información clasificada. “Assange era consciente –dijo la abogada-, de que esto podría poner en riesgo a personas que colaboraban con las autoridades y provocó que algunos individuos tuvieran que huir de sus hogares y países de origen, perdieran sus empleos, sufrieran la congelación de activos por parte de regímenes represivos de los países donde vivían o incluso, fueran encarcelados.” Esto último en tergiversación de los argumentos de los defensores de Assange, quienes han reiterado que “los mencionados en el material filtrado, no sufrieron daños.” Es decir, aquellas personas que aparecen con nombres y apellidos en los documentos publicados en WikiLeaks no resultaron lesionados ni física ni emocional ni laboralmente, en ningún sentido… “no sufrieron daños.” Puntualizaron. Pero para la parte acusatoria, Assange “publicó de manera consciente e indiscriminada ante el mundo, los nombres de individuos que actuaron como fuentes de información para Estados Unidos.”

            Continuando con el legajo de acusaciones contra el australiano que espera su extradición hacia la Unión Americana, la abogada Clair Dobbin llamó la atención ante los jueces ingleses que tienen en sus manos el caso de Julian Assange, que las acciones del prisionero tuvieron un fuerte impacto global, porque “los materiales filtrados fueron utilizados por organizaciones terroristas y hostiles, incluyendo a al-Qaida (el grupo de Osama bin-Laden); y el costo humano de estas revelaciones (en los documentos secuestrados al Pentágono y al Departamento de Estado de USA), fue real, al poner en riesgo las vidas y la libertad de individuos en países como Irán, China o Siria. (…) Es esto lo que forma la base objetiva de su enjuiciamiento. Son estos hechos, no sus opiniones políticas.” Subrayó la parte acusadora.

¿Qué sucederá si el veredicto le es desfavorable a Assange?

            En los próximos días se espera la decisión concluyente de los jueces ingleses, específicamente en lo que estriba a su extradición a los Estados Unidos para que

confronte a las leyes de aquella nación, o le exima de ese viaje que podría ser mortal para él. En otras palabras, si Assange pierde, podría ser extraditado casi de manera inmediata, a menos que ponga en marcha un último recurso por parte de una intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ordenaría al Reino Unido que no lo extradite mientras considera su caso. Empero, la defensa de Assange reconoce que esta última opción requeriría presentar el caso en menos de 24 horas y tienen poca confianza en que pueda prosperar a favor de su cliente.

            En lo que atañe al gobierno de Australia, ha instado varias ocasiones a los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos, para que dejen de lado “la persecución” contra Julian Assange y el Primer Ministro australiano, Anthony Albanese, incluso trató el tema abierta y francamente con el presidente Joe Biden, en un intento por favorecer al prisionero que está ahora bajo la tutela de la justicia inglesa. Así también el fiscal general australiano, Mark Dreyfus, confirmó haber dialogado con su homólogo y colega de los Estados Unidos, Merrick Garland, con el mismo objetivo de obtener la libertad de Assange de una vez y por todas.

            El premier Anthony Albanese dijo que “aunque no es el papel de Australia interferir en los procesos legales extranjeros, espero una resolución amigable, porque consideramos (en el gobierno de Australia), insostenible que el proceso continúe indefinidamente, sobre todo considerando el delicado estado de salud de Assange. 

            Sin embargo, un viraje en los deseos de la justicia estadounidense no se ha producido a pesar de dichas conversaciones bilaterales a nivel de gobiernos; y tampoco hay indicios, por leves que fueren, de que los norteamericanos, por razones humanitarias, vayan a echarse atrás y dejar que Julian Assange regrese tranquilamente a su país de origen y olvidar todo el largo trajinar que ha significado este proceso. Hay quienes lo ven detrás de unas rejas por el resto de su vida, en una penitenciaría de los Estados Unidos, y esos pesimistas son la mayoría, quienes ven con ojos realistas lo que podría acontecer; y muy pocos confían en que el fundador de WikiLeaks regrese victorioso a Australia. Pero el precio que ha tenido que pagar Julian Assange ha sido muy caro, por revelar secretos que estaban bien guardados en los archivos de las computadoras oficiales del gobierno de Washington y “ha penado” largamente desde su asilo en la embajada ecuatoriana en Londres, hasta su entrega por ese mismo país a la policía inglesa, una situación en la que hoy se encuentra para su desgracia y la de su familia.

            En conclusión: si el fallo de los jueces británicos es negativo, le espera a Assange la cadena perpetua en los Estados Unidos, algo que llena de pánico a cualquier infractor de las leyes de esa potencia mundial. Porque Assange se permitió “subir la escarpada montaña y meter sus manos en el nido del águila, donde estaban sus polluelos y jugar con ellos de manera riesgosa e inconsciente.” Esa es la fábula subyacente o análoga a este caso. 

Da Inicio en el Distrito Sur de Nueva York el Juicio contra el Ex Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández

NEW YORK, USA-Las miradas de los periodistas y del pueblo hondureño, se fijan ahora en la sala de los Tribunales neoyorkinos, donde ha dado comienzo uno de los procesos más mediáticos e importantes de esta época: contra el ex mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), quien fue capturado apenas finalizó su período gubernamental, esposado, llevado a una celda por corto tiempo y de inmediato subido a un avión, con destino a los Estados Unidos, en condición de extraditado.

La rapidez con la cual se llevaron a cabo los hechos de su captura y su entrega casi inmediata a las autoridades estadounidenses, ha sido sorprendente, nunca antes visto en los anales de la lucha contra el narcotráfico en el mundo entero. Lo cual solo quiere decir una cosa: que el ex presidente hondureño era “un pez gordo” para la DEA norteamericana y sonsacándole la verdad sobre la actividad de los narcotraficantes en su país, se van a conocer muchos detalles que hasta ahora se desconocen, además de su posible participación en esta delictiva actividad desde su silla presidencial y dentro de las paredes del Palacio de Gobierno.

             Para empezar, hay que remontarse al día cuando Juan Orlando Hernández asumió la presidencia de Honduras, pues, supuestamente, ganó las elecciones gracias al influjo de dinero “de dudosa procedencia”; se dice por lo tanto, que esos millones de dólares que le fueron inyectados a su partido, provenían de cárteles que pedían protección de parte del nuevo gobernante y lo más importante… manos libres para utilizar al territorio hondureño como base para el almacenamiento y trasiego posterior de la cocaína con destino a los Estados Unidos y en menor cantidad hacia Europa. Presuntamente, Hernández estuvo de acuerdo con todo ello.

            Otro de los delitos que se le achacan al ex presidente es la conformación de su propio cártel de narcotráfico y para favorecerlo, utilizó a la policía, el ejército y el dinero de las arcas públicas, para facilitar sus operaciones clandestinas, tanto dentro de Honduras como fuera de esta nación.

Toda la atención se fija en el proceso y el procesado

            Principalmente en su natal Honduras, los ciudadanos que le conocieron en su papel de presidente de la República, no despegan sus ojos, su atención total sobre lo que está sucediendo en estos momentos en Nueva York con Juan Orlando Hernández, quien está siendo procesado después de cuatro intentos anteriores por celebrarle el presente juicio. En todo caso, ya se ha seleccionado al jurado entre personas del pueblo, que no saben absolutamente nada del encausado y que tendrán el trabajo de dar un veredicto imparcial en relación con sus supuestos delitos.

            Ante tal eventualidad, decenas de periodistas se agolpan día a día frente a las puertas de la Corte Suprema de Justicia del Distrito Sur de Nueva York, en la espera de informaciones para retransmitirlas hacia América Central, donde el interés ha suscitado una gran expectativa.

            El juez nombrado para encabezar este proceso es Kevin Castel, quien tendrá a su cargo escuchar todas las ponencias, acusaciones, testimonios y alegatos de la defensa y finalmente, dictar la sentencia que muchos ven condenatoria contra el ex mandatario hondureño, debido a la claridad de los hechos que se le imputan. En síntesis, el proceso evaluará los presuntos vínculos del ex presidente con el narcotráfico. En palabras de la administradora de la DEA, Anne Milgram, “Hernández ahora va a responder por sus actos corruptos y violentos. Vamos a ir incansablemente detrás de los que lavan dinero, trafican con drogas y amenazan la seguridad y bienestar del pueblo estadounidense.” 

            Para otros, la captura y extradición del ex mandatario, más el juicio que se le sigue ahora mismo, “es una declaración de los Estados Unidos a cualquier líder extranjero que llegue al poder con dinero de las drogas y que encubra planes del narcotráfico y evite las extradiciones de traficantes relacionados con la potencia occidental.” Es decir, con base en esos actos delincuenciales, no quedarán impunes ni en libertad, porque ahí estará la justicia estadounidense para hacerlos pagar…

            ¿Pero de qué manera se presentan las perspectivas para este político hondureño caído en desgracia? No son nada buenas, debido –repetimos-, a la claridad de las evidencias, a los múltiples indicios recogidos por la DEA y por el mismo comportamiento de Hernández cuando estaba en el poder en Honduras; y todo hace deducir y asegurar que el ex presidente será condenado sin paliativos y tendrá que purgar una pena de más de 30 años de prisión, en una penitenciaría de máxima seguridad, tal como sucedió con su propio hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, extraditado meses antes que él, y a quien la justicia de los Estados Unidos lo condenó el 30 de marzo del 2021, a 30 años de prisión. Hoy yace recluido en Victorville, California. En el caso de Juan Orlando, lleva dos años encerrado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklin, NY, a la espera del proceso judicial que finalmente ha comenzado en estos días.

            Es oportuno recordar que el ex mandatario fue arrestado el su casa de habitación,  situada en Tegucigalpa, la Capital hondureña, por la Policía Nacional, el 15 de febrero del 2022, una vez que terminó su segundo período presidencial, apenas 19 días después de haber abandonado el Palacio Presidencial. Rápidamente fue extraditado a los Estados Unidos en abril de ese mismo año, para comparecer ante una Corte de Nueva York, por el cargo de tráfico internacional de drogas.  

En un breve repaso de lo que ha sido su vida, diremos de él que tiene 55 años de edad, gobernó a Honduras entre el 2014 y el 2022; fueron dos mandatos consecutivos a pesar de que la Constitución de la República prohíbe la reelección presidencial. Utilizó las estructuras del Partido Nacional para llegar al poder, después de haber sido presidente del Congreso. Fue por medio de un fallo emitido por el Tribunal Supremo Constitucional, que pudo postularse por segunda ocasión a la presidencia, en las elecciones del 2017. Durante esos comicios, los observadores internacionales detectaron y observaron varias irregularidades que, a la postre, dieron a Juan Orlando vencedor en esas votaciones. Hubo protestas en las calles de distintas ciudades del país, de parte de los ciudadanos indignados por el “juego sucio” practicado por el candidato vencedor; incluso hubo varios fallecidos merced a esas mismas protestas.

            Una vez en el poder, se declaró aliado de los Estados Unidos en los temas de seguridad y migración; y llegó a firmar un tratado con el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, en el que Hernández se comprometía a detener la ola migratoria de hondureños hacia territorio norteamericano. Tenía que estar agradecido con Trump porque, mientras la OEA pedía nuevas elecciones en aras de la limpieza y la transparencia electoral, la Casa Blanca, en manos de Donald Trump, aceptó la reelección de Hernández, sin “ningún pero.” Incluso, la ayuda económica de los Estados Unidos aumentó en esa época; y, en el 2020, uno de los primeros signos inequívocos de que Juan Orlando Hernández no estaba actuando bien en materia de narcotráfico, fue cuando se negó a renovar el mandato de la misión anticorrupción que fue creada en Honduras con el apoyo de los Estados Unidos y de la OEA. De ese modo, quedaron sin investigar decenas de burócratas hondureños del gobierno, que eran sospechosos de practicar actos ilícitos. Ese movimiento torpe de parte del entonces mandatario, alertó a las fuerzas de seguridad estadounidenses y comenzaron a observar con mayor detenimiento el quehacer del presidente hondureño. Así se comenzó a gestar su detención y su posterior extradición.

¿Cuál ha sido “el pecado” de J.O. Hernández?

            De acuerdo a la versión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el ex presidente hondureño “participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico, para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. (Y) mientras fue congresista y presidente, JOH habría recibido millones de dólares en ganancias de la cocaína para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desmedida. Hernández habría usado su cargo para proteger con las fuerzas de seguridad hondureñas, cargamentos de drogas que pasaban por su país hacia los Estados Unidos, apoyando a organizaciones de narcos locales, de México y otros países. Durante su campaña presidencial del 2013, aceptó un soborno de US$1 millón del “chapo” Guzmán, que recogió su hermano Tony Hernández y un socio, armados con ametralladoras, para proteger las actividades del cártel de Sinaloa en Honduras.” Es por esa argumentación de la DEA que Juan Orlando Hernández fue extraditado hacia USA y viajó en un avión de la agencia antidroga estadounidense y un tribunal federal de Nueva York, reveló los cargos en su contra por narcotráfico y posesión de armas. 

            De hecho, el ex mandatario fue imputado por tres cargos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, uso de ametralladoras y dispositivos destructivos para ese fin, que conllevan sentencias mínimas obligatorias de 10 y 30 años, hasta cadena perpetua. Y en los primeros argumentos de los fiscales en las etapas iniciales del juicio, señalaron que “Hernández trabajó con narcotraficantes violentos para enviar toneladas de cocaína a los Estados Unidos.” Y el fiscal adjunto de distrito, Davis Robles, dijo que en el transcurso del proceso llamará, en calidad de testigos, a traficantes de drogas que han sido condenados. “Algunos son culpables de docenas de asesinatos y quiero que el jurado escuche sus testimonios.” Manifestó el fiscal.

            Concretamente, en lo que respecta a las pruebas, es un misterio, “un secreto” de la fiscalía el volumen y el fondo del material en contra de JOH, pero se sabe, por lo que han dejado escapar voluntaria e involuntariamente los mismos fiscales, que contarán con el testimonio de convictos del narco que están deseosos de reforzar las acusaciones contra el hondureño, a cambio, indudablemente, de beneficios carcelarios y atenuar sus condenas. Por supuesto, tienen también pruebas materiales como documentos y fotografías. Se sabe también, extraoficialmente, que muchas de esas aportaciones a la causa que se le sigue al ex mandatario, surgieron en el juicio efectuado a su hermano Tony Hernández o a otro oscuro personaje involucrado en el mismo delito, llamado Geovanny Fuentes Ramírez, coincidentalmente juzgados y condenados por el mismo juez, Kevin Castel.

            También podría actuar como testigo en el proceso, un ex contador de una arrocera hondureña, que aseguró haber visto a JOH cuando recibió maletines llenos de dinero, de parte de narcotraficantes. Según las palabras de este hombre, el ex presidente se iba a asociar, en ese momento, para crear un laboratorio de cocaína. “Le vamos a meter la droga a los gringos en sus propias narices y no se van a dar cuenta”, habría dicho JOH en aquella oportunidad y el actual posible testigo en su contra, lo escuchó con toda claridad y así lo hará saber en el proceso.

            Devis Leonel Rivera, ex líder del grupo narco hondureño “los cachiros”, preso hoy en los Estados Unidos, podría ser otro de los testigos en contra del ex mandatario y su narrativa de que pagó a JOH, US$250,000 con la intención de que le diera protección del Estado hondureño, podría escucharse nuevamente, pero esta vez en la sala del juzgado. Otros dos testigos que tratarían de hundir a JOH, podrían ser Fabio Lobo, hijo del también ex presidente de Honduras, Porfirio Lobo (2010-2014), condenado a 24 años de prisión en USA por la misma causa de tráfico internacional de estupefacientes; y Alexander Ardón, ex alcalde hondureño, quien está a la espera de otro juicio y tiene la versión que dice que observó cuando JOH era sobornado por el mexicano “chapo” Guzmán, a cambio de que dejara actuar libremente al cártel de Sinaloa dentro de la demarcación territorial hondureña.

            Así mismo, podrían testificar en contra de JOH, el ex director de la policía de este país centroamericano, Juan Carlos “el tigre” Bonilla y Mauricio Hernández Pineda, primo de JOH y ex agente policial, quienes eran coacusados en la misma causa penal del ex mandatario, pero se declararon culpables.

Las pruebas materiales

            Los fiscales de este caso tienen en su poder libros de contabilidad que se refieren al movimiento financiero o la contabilidad del dinero que entraba por la venta de la cocaína y eran propiedad de un ex narcotraficante hondureño que fue asesinado en una prisión de su país de origen, después de que se supo la condena en los Estados Unidos, de Tony Hernández. En esos documentos, supuestamente, hay notas que involucran clara y directamente a Tony y a su hermano JOH. Los fiscales buscarán demostrar al jurado que el ex mandatario cometió los delitos por los cuales se le acusan, “más allá de una duda razonable.”

            En específico, se ha dado a conocer a la prensa que se trata de varias libretas en las que se apuntaba cada pago que se hacía y donde aparecen incluidos políticos y altos funcionarios del gobierno de esta nación y, presuntamente, allí está el nombre del ex presidente, sentado hoy en el banquillo de los acusados. Fueron decomisadas al narcotraficante Nery Orlando López Sanabria, conocido como Magdaleno Meza, el 6 de junio del 2018, durante un operativo realizado por la policía militar en el Departamento (provincia) de Cortés, en el norte de Honduras, luego de ser delatado por enemigos suyos. 

            El detective Miguel Reynoso, de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, estuvo en ese operativo donde fueron confiscadas las libretas, junto a otros documentos que podrían ser incriminatorios eventualmente y también fueron halladas armas, dinero en efectivo por la cantidad de US$193,220 y joyas. Las mismas libretas aparecieron en uno de los compartimientos secretos de uno de los tres autos interceptados en el operativo policial, que pertenecían a López Sanabria. Esto fue lo que contó el detective Reynoso a su regreso a los Estados Unidos: “Revisamos las libretas e hicimos fotocopias. Buscábamos transacciones relacionadas con drogas y otros delitos. Entre varios receptores de dinero, estaban los nombres de Tony Hernández y el ex presidente JOH (acrónimo por el que es conocido Juan Orlando). Me llamó la atención el nombre y lo que se encontró.” Aseveró el oficial. El peso testimonial de dichas libretas es indiscutible y representa un verdadero problema para los acusados, ya que sirvieron para “guardar” a cadena perpetua a Tony Hernández, el 30 de marzo del 2021; lo mismo que a su colaborador, Geovanny Fuentes.

            Con mayor precisión, JOH está acusado por crear, presuntamente, un narco-Estado durante sus dos períodos consecutivos en la presidencia, del 2014 al 2022; y por aceptar millones de dólares de soborno del narcotráfico, a cambio de dar protección a sus cabecillas, para importar más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Lo anterior engloba a los tres cargos que pesan sobre él, a saber: conspiración de narcotráfico y tráfico y posesión de armas. Si se le encuentra culpable, lo suyo podría ser cadena perpetua, lo mismo que su hermano, Tony Hernández.

            Desde el ángulo de su defensa, sus abogados tendrán que luchar fuertemente y con sumo ahínco, por sacarle “las castañas del fuego” al ex presidente hondureño; y en lo que atañe al propio Juan Orlando Hernández, no ha aceptado ninguno de los cargos que se le imputan y ha argumentado que “los narcos quieren vengarse de mí, por haberlos perseguido, y en procura de reducir sus propias condenas.” Y añadió: “Reitero a mi nación, así como al mundo entero: soy inocente, soy víctima de una venganza y una conspiración por parte de los grupos del crimen organizado y enemigos políticos. Las acusaciones que enfrento son falsas e injustas, llenas de mentiras, construidas de manera novelesca en base al testimonio de testigos, colaboradores todos narcotraficantes confesos con acuerdos de negociación con la fiscalía.” Así lo hizo saber en una carta que divulgó a la opinión pública su esposa, Ana García.

            Por su parte, los abogados argumentan que durante el mandato de JOH, dieron inicio las extradiciones de narcotraficantes hondureños hacia los Estados Unidos, junto con las medidas que tomó el Estado para combatir el lavado de activos, lo cual tergiversa la idea, acuñada por la fiscalía, de que el ex mandatario participaba del negocio de las drogas. Para reforzar esta tesis, JOH buscará, por medio de sus defensores, comunicaciones o encuentros que tuvo durante su presidencia, con funcionarios o agencias estadounidenses, para colaborar en el asunto de la seguridad. Pero los fiscales norteamericanos rechazan esta posibilidad, alegando que se trata de información clasificada por el gobierno de USA y su divulgación podría comprometer a la seguridad nacional. Empero, el juez Castel se reunió con ambas partes, para determinar los límites de unos y de otros y el material que podrían usar y cuál desechar.

            En este punto en concreto, surge la incómoda pregunta: ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos sostuvo vínculos fluidos con Hernández, mientras sus agencias de seguridad recogían pruebas en contra del mandatario hondureño? Y la respuesta obtenida dice que “la guerra contra las drogas se ha definido en torno a mostrar resultados a corto plazo; entonces sigue siendo ventajoso para los Estados Unidos, en algunos casos, tolerar a estos personajes (¡!), si pueden seguir mostrando algunos resultados en la lucha contra las drogas o en otros elementos de política.” Han explicado desde la sede de la DEA, en Washington. Lo cual deja deducir que lo importante son los resultados y no tanto con quién se tejen las alianzas, cuyos cabecillas luego serán aprehendidos, encarcelados y enjuiciados. Ese parece ser el axioma amoral que practican los norteamericanos en la mayoría de los casos. Eso mismo lo sufrió el ex dictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega, quien, al principio, fue extraordinario amigo de la Casa Blanca y cuando los estadounidenses consideraron que “ya había cumplido con su cometido”, lo detuvieron y encerraron en 1992, en Miami, durante 40 años de prisión.

            Otros ejemplos han sido el ex presidente hondureño, Rafael Callejas (1990-1994), extraditado a USA en el 2015, por un escándalo de sobornos en la FIFA; aunque, actualmente, goza de libertad condicional; otro panameño fue Ricardo Martinelli, extraditado a Panamá en el 2018, después de pasar un año en una prisión federal en Miami, por malversación de fondos y escuchas ilegales. El guatemalteco Alfonso Portillo (2000-2003), también está en los archivos policiales de los Estados Unidos, extraditado y acusado por usar Bancos norteamericanos para el blanqueo de US$80 millones durante su gobierno, provenientes de donaciones de Taiwán. Pero, en el 2015, pudo regresar a su país.

            Lo de Juan Orlando Hernández apenas comienza y el panorama que se abre ante sus ojos, no es muy halagüeño. Todo lo contrario. Más aún en un país como los Estados Unidos, donde las leyes se aplican en casos como el suyo, con extremada severidad y contundencia. En Honduras, los ciudadanos, las autoridades, la prensa y los políticos “contienen la respiración” ante el destino que le aguarda.

La Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, se Aferra a su Cargo por Temor a la Extradición

a los Estados Unidos

CIUDAD DE GUATEMALA-Es posible que la noticia más frustrante que ha recibido Bernardo Arévalo de León, el nuevo mandatario guatemalteco, en estos primeros meses de su gobierno, haya sido que no puede remover de su cargo a la fiscal Porras y por lo tanto, no puede procesarla por corrupción y otros ilícitos que ha cometido esta prepotente mujer que intentó tanto y por todos los medios a su alcance, para que Arévalo no asumiera la presidencia de Guatemala. “Ella es la responsable de intentar fraguar un golpe de Estado en mi contra el año pasado (…).” Dijo el propio jefe de Estado hace pocos días. Así mismo, le pidió su renuncia al cargo como fiscal general de la República, pero ella no atendió a su petición y no emitió comentario alguno al respecto. Además, el 24 de enero pasado, Arévalo la invitó a una reunión, pero ella tampoco asistió a ese encuentro y enunció que “yo no estoy supeditada a ningún poder del Estado y tampoco puedo conversar sobre investigaciones que están en curso.” En una demostración más de su arrogancia y prepotencia, nunca antes vista en esta nación centroamericana.

            El 29 de enero siguiente, el mandatario la volvió a invitar, esta vez a la reunión semanal del Gabinete presidencial y ella asistió, pero se retiró rápidamente, alegando que no quería “incurrir en ilegalidades.” Evasiva, fugaz, huidiza, escapista, nada accesible y siempre enemiga, mortal enemiga, del presidente Bernardo Arévalo, a quien teme abierta y desvergonzadamente, por el hecho de que él aseguró en campaña política que iba a combatir a la enorme corrupción que hay en el Ministerio Público (del que es jefa Consuelo Porras), y en todas las dependencias del gobierno donde se hallen los practicantes de esa corrupción.

Habrá que encontrar otras opciones…

            Ante el escapismo de Porras, el mandatario deberá idear el cómo, el dónde y el cuándo, para alejarla de la fiscalía general y después, llamarla a proceso; y según los entendidos y conocedores de la realidad de este país, es muy factible que Consuelo Porras sea condenada, porque ella es una de las funcionarias más corruptas que hay en Guatemala.

            Cuando la mujer abandonó al Consejo de Gobierno al que había sido invitada, alegó, por medio de su departamento de prensa, que había abandonado el sitio de la sesión porque “era ilegal (su permanencia allí), porque para eso, primero tuvo que elaborar (el presidente de la República) un acuerdo gubernativo, crear un consejo especial y establecer los temas a tratar. Arévalo cerró la reunión y se inició como reunión de Gabinete (…), la misma no reunía las condiciones legales establecidas en la Ley (…) se les hizo ver las deficiencias jurídicas que hacían inviable llevar a cabo una reunión de Gabinete específico.” Por eso se marchó ipso facto. En contradicción con sus palabras, Javier Monterroso, exsecretario general del Ministerio Público (MP), durante la administración de Claudia Paz y Paz, indicó: “Fue un tecnicismo bien rebuscado de parte de Porras, pero simple y efectivo. Pudo salir bien librada del tema, porque con eso dio cumplimiento a la citación, a la ley orgánica, pero tampoco se expuso.”

            Una vez que la mujer se hubo marchado del Palacio de Gobierno en clara huida, a sabiendas que si se quedaba allí, su situación hubiera empeorado mucho más, tanto desde el punto de vista de su puesto como fiscal, así como desde el ángulo de la prensa, que hubiera publicado extensos y sustanciosos artículos acerca de su discusión con el presidente, quien, al final de la reunión ministerial y en conferencia de prensa, advirtió que el gobierno que él preside va a examinar acciones legales contra la fiscal. También, buscándole una salida a la posición de Consuelo Porras para que dimita y sea procesada judicialmente a posteriori, un grupo de diputados presentó ante el pleno del Congreso, una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), y procurar la remoción de la fiscal general de su cargo. El texto fue remitido para su trámite a una comisión de trabajo, que tiene 45 días para analizar, corregir o sugerir cambios o retornarla al pleno para su discusión. Después, la iniciativa deberá contar con 107 votos mínimos a favor, de los 160 legisladores, para su aprobación. Esta podría ser una opción para deshacerse de la presencia de la fiscal Consuelo Porras, pero llevaría tiempo en la Cámara diputadil, porque tendría que ser presentada (tal y como fue hecho hace pocos días), revisarla, someterla a discusión en el plenario de sesiones, aprobarla o desecharla, según la decisión de la mayoría de los votos obtenidos de parte de los congresistas.

            Expertos consultados sobre el tema, entre ellos la ex fiscal general Thelma Aldana, coinciden cuando dicen que el presidente de la República no debería tratar más de reunirse con Porras, “porque esto solo le generará un desgaste político y cumplir con la invitación en el Ministerio Público, no debería ser su prioridad. En todo caso, puede delegar en un representante o crear un consejo de ministros especial, para llevarla a su cancha (su terreno).” Indicaron. Para Roberto Alejos, ex presidente del Congreso y ahora en función de analista político, “esta es una batalla que responde todavía al resultado de las elecciones. Ella se va a atrincherar y a encontrar todos los argumentos legales para no irse del puesto. Si él encuentra cómo quitarla, ella va a meter un (recurso de) amparo, pedirá auxilio a las Cortes y vamos a seguir en esta judicialización absurda por un buen tiempo.”

            ¿Pero por qué Consuelo Porras tiene miedo de desligarse de su cargo como jefa del MP? Para comprenderlo, hay que recordar que en el 2022 ella fue incluida en la Lista Engel de actores corruptos, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos; incluso, ella y su esposo tienen prohibición para ingresar en esa nación de Norteamérica. Es cuando Renzo Rosal, politólogo guatemalteco, aduce: “Si Estados Unidos pidiera, por ejemplo, su extradición, ese calibre de sanciones contribuiría a distensar el momento y provocaría una salida inmediata.” En otras palabras, Consuelo Porras es non grata en la fiscalía general de Guatemala por sus intentos, calificados por organismos internacionales y nacionales, “de socavar la democracia” y la persecución judicial que desató en los últimos años no solo contra Arévalo, sino contra defensores de derechos humanos, periodistas, jueces y magistrados. Es decir, esta mujer ha perseguido y ha hecho mucho daño a toda persona a quien consideró su enemiga y por esa razón, hace pocas fechas atrás, la secretaría general de la Presidencia recibió una petición de renuncia para Porras, firmada por 140,000 ciudadanos; pero ella respondió que no lo iba a hacer, no renunciaría y se mantendría al frente del MP hasta finales de mayo del 2026, cuando terminará su período en dicha plaza. Desalojar su Despacho significaría para ella, su esposo y los funcionarios que la han secundado en sus acciones ilegales, la detención inmediata por parte de la policía, el encarcelamiento, muy probablemente la extradición ante la petición de la embajada estadounidense en esta nación centroamericana o, si se quedara en Guatemala, el juzgamiento suyo en los Tribunales de Justicia guatemaltecos. Ella lo sabe. Por eso se aferra al cargo en el Ministerio Público, igual a “un náufrago a su tabla en altamar.”

Otro caso: el ex general Otto Pérez Molina

            Fue presidente de Guatemala del 2012 al 2015, pero fue enjuiciado y hallado culpable por distintos cargos de corrupción e ingresó a la prisión militar de Mariscal Zavala, el 3 de septiembre del 2015. Empero, acaba de salir de su reclusión después de ocho largos años de estar en ella y al abonar una fianza por Q300,000 (Quetzales, moneda guatemalteca), equivalente a unos €37,500 (euros), y la entrega de dos viviendas como garantía por la caución económica de Q10,4 millones, por el caso de defraudación aduanera conocida como La Línea, por €1,3 millones. Desalojó su celda después de que se decretaron medidas sustitutivas a su favor y después de que fuera condenado el pasado 7 de septiembre del 2023, a ocho años de prisión conmutables, al aceptar haber cometido los delitos de fraude (2 años de castigo penal), cohecho pasivo (otros 2 años y 6 meses) y lavado de dinero u otros activos (3 años y 6 meses), en un caso de corrupción llamado “Cooptación del Estado.”

            El ex militar y ex mandatario guatemalteco, Otto Pérez Molina, concedió, durante su gestión presidencial, y en el 2012, sin concurso público, a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), filial del Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), un usufructo de 25 años para administrar 34 hectáreas del Puerto Quetzal, la mayor terminal marítima de Guatemala, ubicada a 100 kilómetros de distancia de la Capital. Por este mismo delito han sido procesados los empresarios españoles que participaron en la concesión, Juan José Suárez y Ángel Pérez Maura.

            Pérez Molina aceptó que conversaba directamente con Pérez Maura, entonces vicepresidente de TCB, y tuvo contactos con Juan José Suárez, de TCQ, ambos acusados de haber entregado un soborno de US$4,2 millones al ex mandatario y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, a cambio de que le dieran a sus empresas el citado usufructo; es decir, lograr gestionar durante 25 años, prorrogables por otros 25, el principal puerto de Guatemala, donde planeaban construir una terminal de contenedores. Sin embargo, solo pudieron entregar a los dos políticos en el gobierno, US$4,2 millones a casa uno y antes de que entraran a prisión.

            Retornando a la situación actual de Pérez Molina, el ex general ingresó a su vivienda en condición de arrestado domiciliario, una orden dictada por la jueza del Juzgado de mayor Riesgo B, Eva Recinos. Para que ello se produjera, tuvo que depositar la fianza de los Q300,000, abonados por el exmandatario en noviembre del año 2023. Fue encarcelado un día después de que renunció a su cargo como presidente de la República y luego de masivas manifestaciones en las calles de la Capital, de miles de ciudadanos que pedían un alto a la corrupción en las altas esferas gubernamentales. El pasado 20 de diciembre, un tribunal disminuyó el monto de la fianza por Q13 millones que podía pagar el prisionero para optar por el arresto domiciliario y pasó a ser Q10,4 millones. Para ejercer la cancelación, el ex presidente presentó como garantía al Organismo Judicial, dos casas que le pertenecen a familiares suyos y que están valoradas en la cantidad antes especificada. Ha quedado en libertad condicional, pero con prohibición de salir del país y debe asistir cada 30 días al Ministerio Público para el control telemático.

            Cuando salieron a la luz los actos ilícitos, Otto Pérez Molina declaró a medios de prensa europeos que “en mi gobierno hubo corrupción, pero yo no cometí ningún delito,” pero tres juezas del Tribunal de Mayor Riesgo B de Guatemala, le impusieron una pena de ocho años de prisión, lo mismo que a su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, por cada uno de los dos delitos por los que fueron hallados culpables y condenados: un fraude millonario en tres aduanas, conocido como el Caso La Línea. Fue una pena muy inferior a los 30 años que pedía la fiscalía, debido a que ambos personajes de la política guatemalteca fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito. Un capítulo más de la peliaguda situación de corrupción que campea en casi todas las esferas de la administración pública de Guatemala.

Comienzan los Juicios Sumarios contra los Cabecillas de “las Maras”

SAN SALVADOR, El Salvador-Los enemigos del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, deben sentirse doblemente frustrados y entristecidos, debido al triunfo inobjetable y contundente del mandatario en las últimas elecciones nacionales, que le permitirán continuar con la tarea de “limpiar” a su país del flagelo criminal de la delincuencia en las calles; y, en segundo término, porque ya dio inicio una audiencia sumaria contra 492 cabecillas de “la mara salvatrucha”, sobre quienes pesan más de 37,000 delitos. Lo cual significa que aquellos que les quieren ver libres otra vez, fuera de las cárceles, tendrán como respuesta de parte del gobierno de Bukele una inmensa frustración, porque esos asesinos, extorsionadores, secuestradores y narcotraficantes (entre otros delitos más), acantonados y componentes de “las maras”, es muy posible que ya no vean más la luz del Sol, en libertad. Bukele les terminó el río de sangre con el que estaban tiñendo a diario la realidad de El Salvador. Se acabó su vampirismo, su inacabable sed de sangre de los salvadoreños humildes, trabajadores y bondadosos, quienes tenían que pagar con tributos y con sus vidas, los desmanes criminales de esos gamberros; pero hoy, para regocijo de la gran mayoría de personas decentes, yacen presos en la más grande penitenciaría del continente americano. Hecho que nos complace en demasía, hasta la felicidad misma.

Los delitos cometidos

            El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de esta Capital, San Salvador, pronto dará a conocer a la opinión pública la resolución de la audiencia de imposición de medidas contra los 492 cabecillas de “la mara salvatrucha” (MS-13), acusados de cometer 37,402 hechos delictivos, entre el 2012 y el 2022. Allí, en las salas de juicios, se recordarán hechos deleznables, reñidos con los principios que todo ser humano debe llevar en su espíritu, y que les permitió cometer homicidios agravados, feminicidios, actos de terrorismo, desaparición de personas y otros delitos que se irán mencionando conforme transcurran los días y se den las audiencias.

            Se les acusará de 500 homicidios, mismos que sufrieron policías, militares, jueces y fiscales, quienes fueron víctimas de los asesinos callejeros que dominaban casi por completo a esta nación centroamericana, antes de la llegada de Bukele al poder.

            Otros excesos cometidos por “las maras” figuran ser el tráfico ilícito de armas, agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, rebelión, tráfico ilícito, tráfico de armas o explosivos, privación de libertad y tentativa de homicidio agravado.

            Yendo a los detalles de su criminalidad, la fiscalía indicó que ha demostrado que “los mareros” utilizaron dos métodos para cometer los 500 homicidios agravados: “el primero de ellos lo denominaban H1, que consistía en matar a sus víctimas y luego enterrarlas; y el otro consistía en el sistema de válvulas abiertas que implementaron para matar indiscriminadamente a la población.” Es cuando el fiscal añadió a su argumentación acusatoria: “A lo largo de 11 años, de la manera más inhumana, cometieron crímenes (y) son múltiples los casos en los cuales atentaron contra las vidas de salvadoreños inocentes, porque no pagaban las extorsiones. Asesinaban a las víctimas a sangre fría, desmembraban sus cuerpos y los enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas, a un agente policial lo desmembraron y luego enterraron su cuerpo en el municipio de San Isidro, mientras que a una de las víctimas la mantuvieron drogada por diez meses, fue explotada sexualmente y al final el quitaron la vida en la playa El Cuco, de San Miguel.”

            Lo que hemos expuesto aquí, es solo una pequeña parte de toda la criminalidad desatada y cometida por “los mareros”, mientras los distintos gobiernos de turno, del FMLN (comunista) y de ARENA (oligarquía), volvían sus rostros al lado contrario para no interferir en la ola de criminalidad desatada o pactaban con los asesinos callejeros para repartir por partes iguales las ganancias, producto de la venta de drogas, extorsiones y demás formas ilícitas de obtener ganancias superlativas. La mayoría de esos ex presidentes de la República están, hoy en día, asilados en Nicaragua, para no ser extraditados a El Salvador y no caer en manos de la justicia.

            La audiencia de los cabecillas de “la mara salvatrucha” fue virtual, a través de video-llamada simultánea, mientras los acusados permanecían esposados, fuertemente vigilados por efectivos de la policía, sentados en sillas de plástico en salas ubicadas en distintas cárceles, la mayoría de ellos en el Centro de Internamiento del Terrorismo (CECOT), la penitenciaría más grande del continente americano, con capacidad para albergar en sus celdas a 40 mil reclusos. Los acusados solo atinaban a mover sus ojos en los que no se les notaba emociones, como tristeza, arrepentimiento, agresividad, preocupación o temor. Parecen cuerpos vacíos, sin alma o sentimiento alguno.

            Y es que el Congreso salvadoreño dio el espaldarazo a Nayib Bukele, al aprobarle en julio del año 2023, con 67 votos a favor, de los 84 parlamentarios que componen a esa cámara, la propuesta de celebrar juicios sumarios y así evitar la engorrosa (e interminable) tarea de procesar a los criminales de manera individual. De tal modo, se podrán celebrar más juicios sumarios contra los más de 75,000 detenidos, gracias al Régimen de Excepción, decretado por el mismo Nayib Bukele y que permitió la “gran batida” de estos energúmenos sanguinarios. Fue el 27 de marzo del 2022, después de una oleada de asesinatos que hizo reaccionar contundentemente a Bukele, cuando se implementó dicho Régimen Excepcional, mientras los presidentes y ex presidentes corruptos de toda América Latina y distintas organizaciones pro-derechos humanos, clamaban por “no maltratar ni encarcelar a ‘los mareros,’ porque esas acciones estaban reñidas con la democracia y los derechos del hombre,” según se hicieron escuchar en todas las latitudes del planeta. Dichosamente, Bukele se mantuvo firme, valientemente inflexible, no hizo caso al clamor suicida de los simpatizantes de “las maras” y continuó con su feroz cacería de estos criminales, cuyas evidencias son tan claras que no han dejado dudas acerca de su vandalismo y sed de sangre.

            En lo que estriba a los juicios sumarios, grupos de hasta 900 delincuentes podrán ser vistos por los fiscales y jueces, conformando células de las pandillas y ser sometidas, ipso facto, a un solo proceso penal. Así, el Estado salvadoreño se ahorra tiempo, trabajo, utilización de personal judicial, dinero (mucho dinero), y las sentencias serán más rápidas, seguras e inequívocas.

También juzgarán a los autores intelectuales…

            El fiscal Max Muñoz se ha mostrado particularmente satisfecho, debido al proceso de aquellos delincuentes que han estado “en la sombras”; es decir, a quienes no han actuado directamente en los crímenes, pero que han tenido implicaciones intelectuales, y esto fue lo que dijo a la prensa: “durante los últimos once años logramos procesar a los autores materiales, pero nunca logramos atribuirles los homicidios a los que simplemente daban las órdenes.” Sus palabras se refirieron a los cabecillas de la “mara salvatrucha” que ordenaron los 500 asesinatos y añadió: “las 406 personas que enfrentaron la audiencia (en días recién idos), son las que han hecho más daño a nuestro país y que han tenido el monopolio de hechos delictivos, tras haber sido estructuradas para, únicamente, cometer delitos. Todas estas personas atentaron contra el Estado y el sistema democrático de El Salvador (y) se han detenido a más de 10,000 pandilleros de la ‘mara salvatrucha’, que llegaron al punto de tener tanto control, que ejercían su propia justicia, de modo que, si la comunidad tenía problemas, ellos los resolvían, llegando a ser un ‘Estado paralelo’.”

            Es así como, entre los acusados en la actualidad, hay 24 pandilleros de ranfla histórica, 49 de ranfla “en la libre” y 165 de la ranfla “en penales”, así como 254 corredores, junto a 84 “mareros” que también son procesados, pero de manera ausente, porque algunos de ellos han emigrado fuera del país, otros no pudieron ser encontrados y otros, apenas han sido capturados recientemente.

            El documento que contiene las medidas que les serán impuestas a estos criminales, se compone de 5,000 páginas y la Fiscalía General de la República subraya que, en este caso particular que nos ocupa, todos están acusados en calidad de autores intelectuales de los delitos, por ordenar los crímenes “entre telones” o detrás de los hechos sangrientos. Las acusaciones que realiza el Poder Judicial salvadoreño en estos momentos, se fundamentan en extracciones telefónicas realizadas, declaraciones de testigos, dentro de los cuales cuatro de éstos son protegidos claves, identificados con los seudónimos de “ruso”, “Artemio”, “Alaska” y “roble,” quienes han pertenecido a “las maras” y han establecido, incluso, la jerarquía y estructura de mando en la MS-13 precisamente, durante los últimos años.

            Para darnos una idea más exacta de quiénes están ante los jueces, se hallan Víctor Manuel Rodríguez, alias “smiley” o “wesley”, considerado uno de los líderes de la MS-13, recién capturado en Guatemala por la policía nacional de aquel país, apenas el 6 de este mismo mes de febrero. Fue atrapado cerca de la frontera guatemalteca con México y extraditado inmediatamente a territorio salvadoreño. También es procesado Elmer Canales Rivera, alias “Crook”, detenido el año pasado en México y extraditado a los Estados Unidos, donde se le acusa de cuatro delitos de terrorismo.

            De parte de los opositores a las medidas tomadas por el gobierno de Bukele, aducen que estos juicios violentan al Estado de Derecho, en principio porque priva a cada uno de los imputados a tener un juicio justo e individual; además, señalan que, una vez condenados en grupo o sumariamente, podrían ser castigados con condenas por crímenes o delitos que ellos no cometieron, sino que fueron perpetrados por los otros que estaban en su mismo grupo de juzgamiento. Estos argumentos recién esgrimidos por aquellas ONGs y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que en su momento se olvidaron u obviaron defender a los salvadoreños inocentes, del grosor de la población y que caían en las garras de “las maras”, se suman a otras quejas que van desde la forma de alimentación de los presos, hasta el supuesto maltrato que les dan en el Centro de Internamiento del Terrorismo (CECOT). Es decir, los criminales en potencia, muchísimos de ellos encontrados perpetrando sus actos vandálicos in fraganti, “no merecen ser tratados con dureza” por parte de la policía, “porque se abusa y se infringen sus derechos fundamentales que como personas deben respetarse.” Así les defienden desde los organismos que simpatizan con “las maras” y que afirman una y otra vez, que Bukele es un dictador y debería estar fuera del gobierno salvadoreño, entre otras manifestaciones retóricas.

            Finalmente, se ha informado que el doble agente que actuaba a favor de “las maras” y en contra del Estado salvadoreño, Alejandro Muyshondt, falleció en el Hospital Saldaña, luego de sufrir un accidente cerebrovascular, en octubre del 2023. Su deceso está siendo utilizado por los mismos detractores de Bukele, al señalar que la causa preliminar de su muerte fue por un edema pulmonar, un diagnóstico que coincide, supuestamente, con el de más de 200 personas que también han fallecido en las cárceles durante el Régimen de Excepción decretado por el actual gobierno. Es decir, en palabras sencillas, se le achaca a Bukele esta muerte, lo mismo que las otras que han acaecido, especialmente de algunos “mareros”. Pero no confirman que Muyshondt trabajó para el ex mandatario del país, Mauricio Funes, quien fue presidente de El Salvador del 2009 al 2014, y que se dio a la fuga hacia Nicaragua, donde es huésped “de honor” del dictador Daniel Ortega. De hecho, la acusación que pesaba sobre el fallecido, indicaba que “habría ayudado (a Funes) a evadir la justicia y a no ser capturado, después de que fuera investigado por enriquecimiento ilícito y se fugara a Nicaragua, donde se encuentra desde septiembre del 2016 (…).” Es por esa razón que Muyshondt guardaba prisión, acusado por la Fiscalía de El Salvador por los delitos de “revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y favorecimiento de evasión en beneficio de Funes.”

            Por lo pronto, los juicios sumarios han dado inicio en esta nación y se prevé que las penas van a ser impresionantes, como también impresionantes fueron los crímenes ejecutados por estos delincuentes que tenían en “sus garras” a todo El Salvador y, en especial, a su pueblo.

La DEA Insiste en Afirmar que el Presidente de México, Manuel López Obrador, Recibe

Dinero de los Cárteles de la Droga

WASHINGTON, USA-Era “un secreto a voces” el hecho de que el pésimo presidente mexicano recibió y muy posiblemente recibe dinero de los narcotraficantes de su país. Así lo ha confirmado y recalcado la DEA estadounidense hace pocas horas. La publicación puede leerse en el portal ProPublica y asegura que la primera cantidad de dinero de los narcos que se les entregó a los asesores de López Obrador, fue en el 2006. El convenio entre el hoy mandatario y los narcotraficantes se basó en recibir la jugosa cantidad de dólares a cambio de que los dejaran operar libremente en esa nación; es decir, que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), les facilitara las operaciones criminales a los cárteles.

            El mismo portal indica de manera textual: “Años antes de que López Obrador fuera elegido líder de México en 2018, agentes de la agencia antidroga de EE.UU. (DEA), hallaron pruebas de que el actual presidente de México –y por entonces simple candidato- había recibido hasta 2 millones de dólares para su primera campaña en 2006 procedente del narcotráfico.” Acentúa que el dinero fue a dar a manos de los asesores de campaña en ese mismo año y Obrador se comprometió a no obstaculizar la criminalidad de los delincuentes, mientras él estuviera en el ejercicio del poder en el gobierno mexicano.

Informante clave confirmó el hecho

            Para colmo de males e intranquilidad de Obrador, la investigación que le ha descubierto recibiendo dinero del narco, se basó en una amplia cooperación de un ex agente de aquella campaña política, que trabajó para el entonces candidato; y también de parte de un informante clave sobre el tema de las drogas. En todo caso, quedó claro que uno de los colaboradores más cercanos de AMLO aceptó el acuerdo o la proposición hecha por los delincuentes. Todo ello con la connivencia de Obrador, sin duda.

            Las consecuencias de aquella situación han erosionado en gran parte las relaciones entre ambos gobiernos, el estadounidense y el mexicano, y la confianza aparece muy deteriorada, sino rota, con respecto al mexicano, quien en nada facilita la labor de la DEA más allá de la frontera sur de los Estados Unidos. Es decir, en palabras simples, López Obrador no genera ningún tipo de confianza en las autoridades estadounidenses y, por el contrario, está en la mira de la justicia de esta potencia mundial, como lo estuvo en su momento Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, hoy preso en Norteamérica, precisamente por su estrecha relación con el narcotráfico internacional que operaba en su país.

            Es un hecho que la acusación realizada por representantes de quien iba a ser presidente de México, de que negociaron, tanto él como sus asesores, con narcos, sigue presente en los funcionarios de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos y también en aquellos encargados de la política exterior estadounidense. Dudan profundamente del compromiso de López Obrador de enfrentarse realmente al narcotráfico y saben que deben vigilarlo a él con el mismo celo e intensidad como se hace con los narcotraficantes que tienen sus bases en México.

            El ex asesor de Obrador (cuya identidad no ha trascendido en modo alguno), que confesó sobre la relación del actual presidente mexicano con los delincuentes, es considerado en el seno de la DEA, “una fuente interna extraordinaria.” Y, fundamentados en sus declaraciones, obtuvieron los datos sobre la culpabilidad del mandatario y sus allegados, como nunca lo hubiesen obtenido por otras fuentes. Hoy está arrestado por cargos de drogas que le fueron imputados en el 2010. El delincuente, con la finalidad de evitar la prisión federal en los Estados Unidos, temida por todos aquellos que se mantienen al margen de la ley, hizo una descripción detallada de las donaciones en efectivo que realizaron los narcos mexicanos al partido de López Obrador y la naturaleza del convenido entre ambas partes. Y para reforzar sus confesiones, mostró grabaciones de conversaciones con Nicolás Mollinedo Bastar, un colaborador cercano de AMLO, quien había participado abiertamente en el plan en relación con los narcotraficantes.

             La DEA también ha sopesado, con el paso de la administración de AMLO en México, que su actuación con respecto al combate al narco, ha sido “endeble”, “poca cosa” y en gran medida “tolerante e irresponsable.” Lo cual significa que en ningún sentido Obrador se ha sentido comprometido con la erradicación del tráfico de drogas, el sicariato, el lavado de dinero ni otras fechorías que practican los delincuentes. “Ha sido un gobierno tibio” en esta actividad y, por lo tanto, de espaldas a los Estados Unidos, una nación a la que AMLO siempre ha detestado, como ha afirmado en varias oportunidades el mexicano.

            La DEA cree que López Obrador sigue recibiendo dinero del narco, en parte porque así es el comportamiento de unos y de otros, tal y como sucedió en su momento con dictadores como los cubanos Fidel y Raúl Castro, el panameño Manuel Antonio Noriega o el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quienes nunca dejaron o se resistieron a rechazar en modo alguno, cuando los narcotraficantes les “regalaban” millones de dólares a cambio de favores gubernamentales, en especial en lo que tenía relación con la actuación de la policía o los ejércitos. ¿Por qué este mexicano iba a ser diferente? De tal manera, la DEA sospecha que el mexicano sigue recibiendo “las dádivas” de parte de los cárteles de la droga.

López Obrador y su odio contra España

            Posiblemente, en un intento por desviar la atención por lo expresado por la DEA estadounidense, el mandatario mexicano ha creado otro problema con España, nación a la que odia decidida y abiertamente, además de los Estados Unidos. Dijo Obrador que va a denunciar el robo de datos confidenciales del gobierno mexicano, desde la península Ibérica; hurto que se produjo en contra de 260 periodistas que han participado en las conferencias de prensa y en coberturas de las actividades del gobierno de México. En todo caso, Obrador y algunos de sus asesores han insistido en que no se trata de un “hackeo” (aunque después el propio AMLO dejó entrever que fue un “hacker”), y “desde España se han sustraído los datos personales de 263 periodistas que estaban acreditados a la presidencia mexicana para ingresar en las ruedas de prensa diarias de Andrés Manuel López Obrador e informamos que lo denunciaremos ante la Fiscalía mexicana (…).” Aseguraron textualmente en una nota emitida por el portavoz presidencial, Jesús Ramírez Cuevas y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. Ambos añadieron que el 22 de enero anterior, una persona no identificada todavía, que trabajaba para el gobierno de México, ingresó en el sistema oficial de este mismo gobierno, desde una dirección IP registrada en España, y utilizó a un usuario y contraseña válidos para la residencia de Los Pinos, sede de la administración mexicana. “Al utilizar el usuario y contraseña válidos para nuestro sistema informático –indicaron los portavoces-, el mismo sistema no emitió una alerta de ‘extracción ilegal’. El usuario con el que se realizó era de trabajador que ya no se encuentra en esa área desde hace menos de dos años.” Supuestamente, el gobierno se enteró del robo de los datos, cuando estos fueron publicados en parte en las redes sociales. Antes, presuntamente, no se habían percatado del ilícito…

                “Desde que se tuvo conocimiento de la extracción (de datos de los periodistas), se activó el protocolo nacional de gestión de incidentes cibernéticos, se pondrá a disposición de los periodistas afectados el Mecanismo de Protección y serán notificados de manera individual.” Dijo Jesús Ramírez, quien remarcó que el Poder Ejecutivo, al cual pertenece la Presidencia de la República, garantiza la seguridad de los periodistas que han sido, supuestamente, víctimas del robo de datos. Por su parte, López Obrador, con su modo de hablar cansino, soporífero (adormecedor) y conocidamente aburrido, añadió en su habitual conferencia de prensa que, efectivamente, hubo “hackeo” en la Presidencia: “Sí… falló la seguridad o fueron muy buenos los ‘hackeadores’.” Manifestó.

            Y con este nuevo capítulo “sacado de la manga” por el gobierno de México y su mandatario, se ha intentado alejar o encubrir la noticia brindada por la DEA en el sentido de que Obrador recibió -y posiblemente sigue recibiendo-, dinero de los narcos mexicanos, una sospecha que muchos, a lo largo y ancho de América Latina, sospechaban y que ahora ha quedado confirmado con toda seguridad. No en balde México siempre ha sido conocido, además de su consabido chauvinismo (patriotería barata y sin sustento), como un país pionero y practicante insaciable e incansable de la corrupción en todas sus facetas, aspectos y modalidades, que así mismo incluye el asesinato por encargo y el lavado de dinero en cantidades monstruosas, a lo largo de su lamentable historia y actualidad.  

 Nuevo Caso contra el Presidente Electo de Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA-El Ministerio Público de este país (la Fiscalía General de la República), está incidiendo para evitar que el nuevo mandatario elegido por los guatemaltecos, no asuma el gobierno y dar un nuevo golpe de Estado que haría reaccionar a la comunidad internacional en contra de Guatemala. Consuelo Porras, la nefasta fiscal general, no ha previsto que una asonada, revestida de legalidad pero falsa en el fondo y con negras intenciones, pondría en contra de la nación a los Estados Unidos, el primer socio comercial de Guatemala. No ha pensado, en su diminuta cabeza, que otras naciones, como las europeas, reaccionarían negativamente y a favor del presidente Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, a quien ella quiere desprestigiar y frustrar para que asuma la presidencia del país. Algo que, constitucionalmente, no procedería y estaría al margen de la normalidad.

            De hecho, la fiscalía ha abierto un antejuicio contra Arévalo, su vicepresidenta y el partido que los llevó a ganar las pasadas elecciones; y quiere despojarlos de su inmunidad para causar daño a la democracia guatemalteca. La Casa Blanca ha reaccionado de inmediato y ha advertido a Consuelo Porras que habrá nuevas sanciones que van a perjudicar a todos en esta nación centroamericana, con preponderancia de las exportaciones y el mercado bilateral. Lo que busca esta mujer es sabotear el traspaso del poder, poniendo en entredicho la honorabilidad, la decencia, la respetabilidad y la honradez del mandatario Arévalo, porque, en el fondo y en la superficie, esta mujer que representa al Ministerio Público de Guatemala, tiene miedo de que, una vez en la cúspide del poder, Bernardo Arévalo arremeta contra ella y su grupo de corruptos y los encierre en prisión. Antes de que ello ocurra, tendrían que abandonar Guatemala con rumbo al exilio. Mientras tanto, están tratando de dañar a Arévalo, a su gente, a su partido y con ellos a la democracia y la economía guatemalteca. Un cierre eventual de los mercados más importantes, significaría el colapso financiero para este país que, de todas maneras, está golpeado desde hace décadas por la pobreza y la miseria de sus habitantes.

Estamos ante un caso único

            Es tanto el temor, que la fiscal Consuelo Porras está tratando de evitar que el nuevo presidente ponga un solo pie en el Palacio de Gobierno, porque sabe que la emprenderá contra ella por causa de su reiterada y consabida corrupción, llevada a cabo a lo largo de los años. Bernardo Arévalo, según ha dicho (y fue “su caballo de batalla” en la campaña política), no tendrá la más mínima consideración con los corruptos, que en Guatemala se cuentan por miles en todas las esferas de la administración pública. Eso es lo que esta mujer teme y no puede ocultarlo.

            El nuevo caso que ha abierto Porras tiene que ver con el patrimonio de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), donde, presuntamente, Arévalo es responsable de daños al patrimonio de este centro de enseñanza superior. El antejuicio también abarca a la vicepresidenta electa, Karin Herrera y a diputados del Movimiento Semilla. Es decir, Consuelo Porras está luchando decidida y descaradamente contra el grupo vencedor de las últimas elecciones, porque, repetimos, su intención es evitar, de cualquier modo, que lleguen a la presidencia y al congreso. Su deseo es hacer desaparecer a todo lo que esté relacionado con el Movimiento Semilla, como si se tratara de un gesto seco de una mano mágica y que su terror, su pesadilla, se alejen definitivamente de su cotidianidad. El discurso de anticorrupción de los miembros de Semilla, la pone a temblar, le preocupa grandemente, hasta hacerle perder el sueño por las noches. No ha tomado en cuenta que, enfrentarse contra el presidente democráticamente electo por los guatemaltecos, equivale a enfrentarse también con la Unión Europea (UE), y con Washington, garantes del sistema libre, independiente y democrático de Guatemala. Estamos, por lo tanto, ante un caso único, nunca antes visto en los anales históricos de esta nación y de ninguna otra en el mundo; es decir, una enloquecida mujer que ostenta el altísimo cargo de Fiscal General de la República, intenta dar un golpe de Estado mucho antes de que el nuevo mandatario asuma el poder; quiere frustrar su ingreso al Palacio de Gobierno, quiere deshacerse de él, usando todas las argucias posibles, porque el pánico le corroe las entrañas a esta obesa y desagradable mujer.

            Ante tal peculiaridad, Bernardo Arévalo de León ha contestado: “Las acciones del Ministerio Público contra miembros del Movimiento Semilla, son espurias e inaceptables.” Así según una publicación suya en la red social X, antes llamada Twitter. Pero las acciones de la fiscalía han continuado adelante: el fiscal Saúl Sánchez, bajo las órdenes de Consuelo Porras, es quien está a cargo de la nueva investigación contra el presidente electo y lo acusa de “delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita.” Un legajo de acusaciones tan impresionantes como fantasiosas.

            Concretamente, la Fiscalía acusó a Arévalo y a su vicepresidenta Herrera, de participar en el año 2022 en la toma por la fuerza del campus universitario Estatal, cuando se efectuaba una protesta estudiantil en rechazo a las elecciones celebradas ese año, en esa casa de estudios superiores. Los universitarios se manifestaron porque estaban en contra de la elección del entonces rector Walter Mazariegos, unos comicios estudiantiles que creyeron irregulares de principio a fin. En todo caso, ese es el pretexto para atacar a Bernardo Arévalo de León y a su grupo de colaboradores, de parte de la Fiscalía General, que no se ha quedado allí, sino que ha emitido 28 órdenes de captura relacionadas con este nuevo caso y otra orden de arresto contra el exjefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordan Rodas, por otra causa, en el sentido de que este exfuncionario había participado en el proceso de elección del rector de la USAC, otro candidato a la rectoría de la Universidad de San Carlos, que fue “torpedeado” y no lo dejaron ganar las elecciones y en su lugar quedó electo Mazariegos, quien, según el gobierno de los Estados Unidos, está incluido en la “Lista Engel”, junto a la fiscal Consuelo Porras y otros fiscales más. Todos ellos sancionados por corrupción, aunque, en especial, por desvirtuar procesos o Instituciones democráticas, como la elección espuria del rector de la USAC en julio del 2022, luego de un proceso fraudulento.

            El ex procurador de los Derechos Humanos, Jordan Rodas, ha analizado así este caso enarbolado por Consuelo Porras: “Este nuevo caso contra el presidente electo es parte de la misma insistencia del pacto de corruptos de Guatemala, para sabotear la toma de posesión; por ende, insiste burlar la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas. El caso contra mí –continuó Rodas-, y contra el presidente Arévalo, está mal planteado, no tiene sustento legal alguno, pero esto es una prueba más de que no solo la Fiscalía, sino el pacto de corruptos (quienes se verían denunciados por el nuevo presidente de la República cuando asuma su cargo), no respetan la decisión popular. Así como se robaron las elecciones en la Universidad de San Carlos, se están queriendo robar las elecciones del país, cuando la gente optó claramente por tener a Bernardo Arévalo como próximo presidente del país.” Así las palabras dichas por este personaje de la vida pública guatemalteca, quien ahora se encuentra exiliado en el extranjero, debido a la incansable persecución de parte de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras. Esta misma mujer emitió otra orden de captura internacional contra Rodas, bajo el cargo de haber participado en la contienda electoral, a nivel nacional, en el 2023, por el Partido para la Liberación de los Pueblos (MLP). Estaba postulado a la vicepresidencia, pero su candidatura fue bloqueada por la misma Porras.

            Es por esa misma razón que Rodas ha narrado a la prensa: “De forma sorpresiva llegaron hoy a mi residencia en Quetzaltenango, donde está mi esposa y mi hija, cuando es de conocimiento público que yo no estoy en Guatemala. Intimidan a mi familia, lo cual es deleznable. Luego escucho esa conferencia de prensa del Ministerio Público y es un caso espurio. Mi gran delito fue aspirar a ser rector de la única Universidad pública. Estuve a punto de ganar el proceso y hoy veo que muchas personas que aspiramos a una USAC que haga su rol, que busque el bien común, que señale para sacar a las mafias del poder, se ven criminalizadas.”

Con toda la fuerza contra Arévalo de León

            El único objetico es… impedir que Bernardo Arévalo de León llegue al Palacio de Gobierno y comience a ejecutar sus funciones en su papel de mandatario electo por el pueblo, en forma democrática, en las urnas de votación. “No debe llegar jamás a la presidencia, para que no cumpla su amenaza de luchar contra la corrupción y los corruptos que hay en la administración pública.” Esa es la premisa, la finalidad primaria y precisa que tiene fijada en su mente Consuelo Porras, la cabeza visible de un grupo de corruptos que se parapetan detrás de ella. Uno de esos personajes oscuros es el fiscal Saúl Sánchez, subalterno de Porras, quien ha dicho que Arévalo cometió delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita. Durante la presentación del caso, dio a conocer supuestos indicios contra el presidente electo, como capturas de pantalla de videos, donde aparece el mandatario en las instalaciones de la Universidad de San Carlos, participando en eventos académicos, cuando el campus ya había sido liberado de los manifestantes, inconformes con la elección del nuevo rector.

            La fiscalía también intentará levantar la inmunidad a los diputados del Movimiento Semilla, en los casos de Samuel Pérez y Román Castellanos, así como al diputado electo, Raúl Barrera, entre otros más. La acusación, además, señala que los sindicados utilizaron la toma de la Universidad en aquella oportunidad, como “una plataforma para sus candidaturas políticas.” Y han ido de las palabras a los hechos, porque la diputada de Semilla, Marcela Blanco, ya fue capturada y se emitió orden de captura contra otras 25 personas, entre ellas exfuncionarios Estatales, políticos, estudiantes y profesores universitarios. Da la impresión de que la fiscalía general lo que quiere es encarcelar a todo el Movimiento Semilla y lo mismo le da que sean 50 personas, como si fuesen 3 millones de ellos. El objetivo es evitar, repetimos, que Bernardo Arévalo llegue a la Casa de Gobierno el próximo 14 de enero.

            Una de las respuestas de Arévalo a estas intenciones de Consuelo Porras, ha sido acusarla de encabezar un golpe de Estado en su contra y evitar que llegue a gobernar para los guatemaltecos, quienes, en su gran mayoría, votaron por él.

            La Casa Blanca está en máxima alerta con respecto a Guatemala y amenazó directa y claramente al actual gobierno con imponer nuevas sanciones económicas y restricciones de visados contra las autoridades guatemaltecas, en el tanto no dejen al presidente electo asumir el cargo. “Estamos dispuestos a usar todas nuestras herramientas para combatir ese ataque a la democracia en Guatemala, incluyendo sanciones económicas, sectoriales o de visas”, amenazó el secretario adjunto del Departamento de Estado para América latina, Brian Nichols.

            La Organización de Estados Americanos (OEA), por su lado, condenó la solicitud de la Fiscalía de Guatemala que pretende quitar la inmunidad al mandatario electo, Bernardo Arévalo de León y a su vicepresidenta y así lo manifestó en un comunicado: “La OEA condena enérgicamente la presentación de antejuicios, hecha hoy por el Ministerio Público de Guatemala, que incluye al presidente electo del país, Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa, Karin Herrera, así como varios integrantes de los partidos políticos Semilla, VOS y WINAQ. Las decisiones del Ministerio Público de Guatemala constituyen acciones de carácter político que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo, por lo cual resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático. La Fiscalía, como Institución del Estado, se encuentra en violación de lo que establece la Carta Democrática Interamericana.” Es evidente, entonces, que Consuelo Porras y su séquito de “forajidos”, están jugando con fuego y podrían pagarlo caro, pues no podrán, desde ningún ángulo, evitar que Arévalo asuma la presidencia próximamente y tendrán que dar explicaciones al nuevo gobierno por sus actos corruptos del ayer y del presente. Además, están enfrentándose a la comunidad internacional y muy especialmente contra el gobierno de los Estados Unidos, garante de la democracia guatemalteca. El precio por pagar podría ser muy alto para este grupo de corrompidos que yacen en la Fiscalía General de Guatemala.

            Washington maneja la famosa Lista Engel, donde aparece el juez Cruz, ahora en contra del mandatario Arévalo; el ex rector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez; y por supuesto la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, junto a varios de sus subalternos. Una celda en los Estados Unidos les espera y eso lo saben certeramente. Por ello están tratando de socavar al presidente electo, porque, de asumir el puesto presidencial, entregaría a toda esa gavilla a la justicia estadounidense, sin dilación alguna.        

¿Tendrán los Argentinos el Valor de Llevar ante los Tribunales a Cristina de Kirchner?

BUENOS AIRES, Argentina- En el transcurso de los últimas dos décadas, quizás más, los argentinos como pueblo y oposición, han demostrado tenerle un profundo e inexplicable respeto a Cristina Fernández de Kirchner (talvez sea miedo), posiblemente causado por la infusión del “mate”, esa hierva rara que consumen a cada instante y se pasan una pajillita de boca a boca con virus incluidos. Y en aras de ese respeto sin explicación lógica y humana alguna, la han dejado subirse y bajarse del poder y hacer cuantas felonías y demás actos de corrupción se le ha antojado a esta horrenda mujer, que está muy lejana, a años luz, de parecerse a Margaret Thatcher y mucho menos a la alemana Ángela Merkel. Simplemente es una figura estrafalaria de la política argentina, tan traída a menos desde la época cuando Juan Domingo Perón hacía y deshacía en este mismo país.

¿Lavado de dinero y encubrimiento a terroristas?

            Eso es justamente lo que dicen los periódicos argentinos de estos últimos días: que la actual vicepresidenta (¡!) (¿o dictadora?), podría ser llevada ante los tribunales que los jueces adictos y temerosos de la Cristina, habían truncado y cerrado herméticamente para que su ama, la Kirchner, no fuera enjuiciada, ni llegara siquiera a las aceras de los edificios de justicia. Añaden las crónicas de los principales diarios bonaerenses, que la mujer que ha manejado a la Argentina desde hace años a su entero gusto y capricho, recibió dos pésimas noticias de parte de los tribunales, ya que reabrieron los procesos en los que se le acusa de lavado de dinero, delito consumado con toda probabilidad, pues de ella se puede esperar cualquier cosa; y de haber pactado con el gobierno de Irán para encubrir el atentado al edificio en esta Capital, de la Mutual Judía de Argentina, ocurrido en 1994 y cuyos perpetradores nunca fueron aprehendidos y mucho menos, juzgados. Pero la pregunta resultante de esta noticia es: ¿Serán capaces los argentinos, tendrán el valor, podrán quitarse de encima ese miedo irracional (más irracional de la cuenta), hacia esta mujer y la juzgarán en los tribunales de la nación? La mayoría de los observadores internacionales que conocen la realidad de este país, dudan de que vaya a ser así.

            Lo que sí ha quedado claro, por lo menos en lo que respecta al encubrimiento de los terroristas supuestamente llegados desde Irán, a mitad de la década de los 90s, es que los judíos/argentinos (que se cuentan por miles), han tenido en los últimos años a una enemiga no declarada en la cúspide del gobierno y es una enemiga con un enorme poder, que pudo haberles hecho mucho daño si se lo hubiese propuesto. En este punto específico, recordemos que el peronismo era proclive al nazismo y con Perón en el poder, arribaron a este país, previo pago de millones de dólares y lingotes de oro, decenas de ex funcionarios nazis de alto rango para vivir un exilio dorado después de la Segunda Guerra Mundial y a salvo de los cazadores que se desataron apenas terminó el gran conflicto. Y la Kirchner es peronista. Por lo menos así lo ha ventilado a los cuatro vientos; incluso, su esposo, Néstor, ostentaba el apellido alemán Kirchner, suficiente motivo, suficiente razón para dudar de la neutralidad en el caso judío, de parte de esta mujer.

            En todo caso, Cristina Fernández tiene la opción de apelar ante la Corte Suprema de Justicia de su país y con toda seguridad lo hará en estos próximos días, con tal de zafarse nuevamente de la presencia de un juez.

            En lo que estriba al lavado de dinero, el expediente que existe en su contra se llama Hotesur y Los Sauces, producto de la investigación llevada a cabo y en el que se muestra y demuestra una asociación ilícita y dádivas, mediante hoteles que son propiedad de los Kirchner, y que están ubicados en La Patagonia, al sur de la Argentina. Según la Cámara Federal de Casación Penal, se avanzará a un juicio oral y público; lo mismo que con el tema del atentado a la Asociación de Mutuales Israelitas en la Argentina (AMIA). Aunque la noticia no se queda solamente en ella, ya que su hijo Máximo (con nombre de Emperador romano, para mejores señas), quien es diputado nacional (nótese el nepotismo o la repartición de cargos públicos que ha hecho esta mujer corrupta), también será llevado ante el juez por el mismo caso de lavado de dinero. Su otra hija, Florencia (con nombre de una ciudad italiana, según el desfase de los argentinos al sentirse europeos), fue sobreseída por los jueces kirchneristas de aquel momento, a pesar de que formaba parte del directorio de empresas de los Kirchner. Posiblemente la razón de su sobreseimiento se debió a que apenas tenía 12 años de edad, cuando comenzó a construirse la trama de corrupción de sus padres.

            Cristina, la dueña de este país, ya fue condenada en primera instancia a seis años de prisión por desviar fondos en la obra pública hacia cuentas del socio de la familia Kirchner, llamado Lázaro Báez, quien recibió una cantidad de dinero enorme, de porcentajes extraordinarios a su favor, por concepto de contratos de obra pública durante los gobiernos de los Kirchner. Pero, al parecer, su inmunidad actual como vicepresidenta de la República, le evita ir a la cárcel; y aunque no tuviera inmunidad, sabemos sobradamente que no iría tampoco a la cárcel, debido a que esta mujer es intocable en Argentina y por los argentinos. Un caso raro, tan poco común.

            También está involucrada en el caso Cuadernos, que es el más voluminoso de todos, por haber dirigido una asociación ilícita dedicada a cobrar sobornos; y conexos a este caso hay expedientes que señalan la ruta que siguieron las coimas en obra pública y transporte de trenes, dos tramos secundarios de Cuadernos y que esperan juicio, aunque no sabemos cuándo éstos se producirán.

Antisemita y condena anterior

            En lo que atañe al atentado contra los judíos/argentinos, se le acusa a la dictadora Cristina Fernández de haber pactado con el gobierno teocrático de Irán para dejar “en punto muerto” la investigación, después de que el atentado dinamitero contra el enorme edificio de la Mutual israelita en el corazón de Buenos Aires, dejó 85 muertos. Aquí es bueno recordar que el fiscal especial que llevaba el caso, Alberto Niesman (a la postre judío también), le propinaron un disparo en la cabeza cuando se hallaba en su apartamento bonaerense, en enero del 2015.

            El juez que tenía en manos este vil asesinato, citó a más de 300 testigos que, de acuerdo a la prensa argentina, era imposible que los escuchara a todos, y le otorgó el sobreseimiento a la Kirchner de manera discutible, asombrosa e injustificada evidentemente. La denuncia contra la entonces presidenta del país la había presentado el mismo fiscal Nisman, pero cuatro días después (vaya casualidad), apareció con el disparo en su cabeza y así acabó archivada dicha denuncia y un juez temblando de miedo. La Kirchner dijo que el fiscal “se suicidó.” Con esos argumentos que siempre han parecido un mal chiste, cuando esta mujer los ha dejado escuchar en distintos círculos políticos y periodísticos. Aunque para la justicia (la que apenas funciona en Argentina contra esta dictadora), “fue un asesinato y el autor (a) sigue impune.”

            En opinión de los analistas, el ambiente actual para la Kirchner es muy negativo; más todavía cuando parece que “la cuerda” se le ha acabado y pronto su juguete dejará de funcionar; es decir, su partido y ella misma dejarán el gobierno, debido a la inminente derrota electoral que sufrirá este próximo 22 de octubre, cuando se celebren los comicios a nivel nacional. Su monigote, el candidato del peronismo, obediente en grado sumo a ella, Sergio Massa, es incapaz de revertir los resultados que se darán y que, con toda probabilidad, harán ganador a Javier Milei, el estrafalario derechista que “le lleva hambre” a la Fernández de Kirchner y es muy posible que esta mujer huya al exilio o intente derrocar a Milei cuando conozca los resultados de las votaciones, de igual manera como lo hizo con el fiscal Nisman, a quien propinó un certero balazo en su cabeza “por meterse en cosas que solo a los Kirchner competen”. En palabras directas y sencillas, la derrota del kirchnerismo está asegurada en las próximas elecciones.

            “Es el peor escenario para ella. Al tiempo que el poder político se le escurre, se agravó este lunes su situación judicial y la de su hijo Máximo (…). En medio de la tormenta, Cristina Kirchner se quedó sin puerto donde encontrar abrigo. Estos problemas judiciales estaban contenidos desde hace poco más de un año y de pronto estallaron en pleno proceso electoral, cuando es evidente el desgaste del kirchnerismo como dispositivo capaz de retener el poder.” Resume Hernán Cappiello, periodista del diario argentino La Nación. Sin embargo y a pesar de las evidencias, es factible que la dictadora corrupta se escape de la justicia (de la exigua justicia que existe en este país), ayudada por jueces y fiscales amigos, tan corruptos como ella y que le deben los favores de sus nombramientos, porque, a lo largo de su extensa dictadura la Kirchner ha ido colocando a sus “peones” en todo el entramado judicial y policial, todos ellos adictos y solícitos a sus demandas, en el momento cuando sea preciso.

            Así las cosas en Argentina, una nación que no camina ni para adelante ni para atrás, atascado en la petulancia, la ineficiencia, en la fantasía de que son europeos y que pertenecen a una estirpe superior a los demás pueblos y que permanece en medio de la corrupción fétida y sin comparación alguna.

Circula el Rumor en Guatemala sobre Posible Asesinato del Presidente Electo,

Bernardo Arévalo de León 

CIUDAD DE GUATEMALA-Para comprender lo que le podría pasar al presidente electo, quien asegura que su vida “pende de un hilo” y podría ser ultimado antes de que asuma la presidencia de la República, hay que dilucidar, desentrañar y descubrir cuál es el verdadero poder en esta nación centroamericana: son los plutócratas, los hacendados, los exportadores, los dueños del gran capital… en síntesis, el grupo poderosísimo que tiene todo el poder económico y que se aglutina en la clase alta, estilo europeo, con mansiones, casas de campo, fábricas, tiendas, apartamentos en Miami, que envía a sus hijos a estudiar a Europa y que viaja constantemente al Viejo Continente en periplos de solaz y placer. Nos parece bien. Más aún cuando el capital general o individual ha sido logrado con base en el esfuerzo honesto, transparente y honrado. Eso es más que plausible y en Guatemala la mayoría de esos millonarios lo han logrado de esa manera.

            Sin embargo, lo que no es aceptable en ese grupo plutocrático, estriba en su horrenda manía de subir, manipular y bajar presidentes de la República, cuando también les place y en el caso específico, muy concreto, de Bernardo Arévalo, quien resultó ser sorpresivo en su triunfo electoral en segunda ronda, cuando este no era el candidato que los poderosos guatemaltecos querían al frente del nuevo gobierno. Sandra Torres sí obedecía a los anhelos, planes y proyectos financieros de la clase alta guatemalteca. Lamentablemente para ese estrato social, resultó desfavorecida por el pueblo que decidió no elevarla hasta la presidencia del país.

            Si revisamos bien los avatares de la última campaña electoral en Guatemala, veremos que intentaron por todos los medios de obstaculizar y frustrar la candidatura y el posterior triunfo de Arévalo; incluso, trataron de sacarlo de la contienda desde el Ministerio Público y declararlo inhabilitado políticamente. Algo parecido “al boxeador al que una decisión de los árbitros lo hacen salir del ring antes del segundo asalto”, según explicó un observador de lo que acontece en esta nación del istmo. Pero la presión internacional, especialmente de la Casa Blanca, en Washington D.C., donde tienen al fiscal guatemalteco en una lista negra y es requerido por la justicia estadounidense, permitió la libre participación de Arévalo de León en el balotaje y que ganara posterior y sobradamente los comicios.

Pero qué dice Bernardo Arévalo en torno al peligro que sufre

            Recientemente, el presidente electo de los guatemaltecos ha denunciado la inminente posibilidad de que se le dé un golpe de Estado, aún sin haber asumido el mandato presidencial. El cambio de gobierno será el próximo 14 de enero del 2024. Sus palabras textuales al respecto han sido: “Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado (del balotaje) y ha puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia. Estamos viendo un golpe de Estado en curso, en el que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto (anterior). Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde las Instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país, encabezada por la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, así como la junta directiva del Congreso y otros actores corruptos y antidemocráticos.” Ha dicho el ex candidato del Partido Semilla, quien triunfó en las pasadas elecciones nacionales con el 58 por ciento de los votos. Los tres están incluidos en la famosa Lista Engel del gobierno de los Estados Unidos, donde están aquellos individuos considerados antidemocráticos y corruptos.

            Nótese claramente los nombres señalados por el mandatario electo: Consuelo Porras, el instrumento de la clase alta guatemalteca para todos sus fines; Rafael Curruchiche, quien intentó vetar al Partido Semilla de Arévalo antes del balotaje y quien es el principal señalado por la justicia norteamericana; y el juez Fredy Orellana. Los tres, muy posiblemente, cuando Arévalo asuma la presidencia, si no lo asesinan antes como él mismo también ha denunciado, serán procesados por la justicia imparcial; más todavía cuando el nuevo presidente ha prometido luchar frontalmente contra la corrupción enquistada en el poder. “El mal endémico que tiene postrada a Guatemala”, se le ha escuchado argumentar infinidad de ocasiones a Arévalo de León. Es decir, en palabras directas, claras y sencillas, los tres sátrapas tendrán que abandonar el país, sino quieren ser procesados por la nueva administración de la justicia, que comenzará a funcionar a partir del 14 enero del 2024.

            En torno a este asunto, es evidente entonces que su ascenso al poder tiene alarmada a la élite política y empresarial guatemalteca, acusada de corrupta desde que se conoce su existencia. De hecho, su triunfo electoral se debe a las esperanzas que sembró (“la semilla”), en las almas de los ciudadanos, quienes desean un cambio en este país sumido en la pobreza extrema de amplios sectores poblacionales, en la violencia y las matráfulas corruptas de sus políticos, militares y la casta que manda entre bastidores en la nación. Los guatemaltecos sencillos no quieren emigrar a pie, a través de todo México, hasta alcanzar la frontera sur de los Estados Unidos, tratando de hallar un espacio donde vivir y trabajar decentemente. Lo que en su Guatemala natal no pueden hacer.

            Ante las denuncias esbozadas y expresadas claramente por Arévalo de León, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió que se reforzara la seguridad en torno suyo y el actual gobierno de Alejandro Giammattei, así lo ha hecho en los últimos días. En este punto específico, es importante recordar que el fiscal Curruchiche intentó sacar del tinglado al Partido Semilla, pero no logró su nefasta intención y él mismo, como instrumento en las manos de los poderosos que están “detrás del escenario”, está intentándolo nuevamente y atenta contra la seguridad del nuevo mandatario y su partido. Es cuando Arévalo ha vuelto a pedir al pueblo: “Como presidente electo de la República, hago un llamado a todos los guatemaltecos que rechazamos la corrupción y el autoritarismo, a unir fuerzas en defensa de la democracia.” Con su ascenso al poder, terminarán 12 años ininterrumpidos de dominio de la plutocracia en Guatemala; es decir, terminarán 12 años de injerencia directa e indirecta de la clase alta del país en el seno del Estado.

            Lo que sorprende aun es la insistencia del fiscal Curruchiche (de ascendencia indígena a juzgar por sus rasgos físicos y su apellido), quien intenta, a pesar del triunfo electoral, inhabilitar al Partido Semilla. Es cuando el analista independiente, Luis Linares, se ha referido a este penoso tema: “Al ser inhabilitado, Semilla no puede realizar ninguna actividad, como emitir declaraciones, recaudar dinero o sumar afiliados. Además, sus 23 nuevos diputados tendrán facultades reducidas, pues no podrán conformar una bancada, presidir comisiones, participar en la preparación de la agenda del Congreso, no tener asesores pagados. Están debilitando y negando los recursos, la autoridad y la legitimidad que legalmente nos ha conferido el pueblo de Guatemala. Pueda ser que estén utilizando (la judicalización) como elemento de presión para guiarlo a negociar, pero sobre bases espurias, de darles impunidad o cuotas de poder a las mafias de la corrupción. Si Semilla pierde la personaría jurídica, la única implicación que hay, es que sus diputados no asumirían como miembros de una bancada. No perjudica la toma de posesión de los diputados ni mucho menos del presidente y la vicepresidenta, porque no tendría efecto retroactivo de cancelar las postulaciones. Alertamos al pueblo de Guatemala que todavía faltan cuatro meses para la toma de posesión, cuatro meses durante los cuales estás mafias políticas intentarán consumar el golpe de Estado.” Explicó el analista político.

Otra posibilidad… asesinarlo igual a Colosio en México

            Ciertamente el rumor ha crecido tanto en Guatemala, que ya se da por un hecho lo que podría ser inminente. Hay quienes hablan en este país “del día después” (del magnicidio de Arévalo) y lo que se debería hacer en consonancia con lo ocurrido. Pero la verdad es que no ha pasado nada de lo que hoy atemoriza a los políticos involucrados y al pueblo que votó mayoritariamente por el presidente electo y que ahora está en la mira de los sicarios. La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha hecho constar en un documento de 21 páginas el temor de muchos guatemaltecos y observadores internacionales en torno a este asunto. El triunfo inesperado o repentino de Arévalo en las elecciones más caóticas y polémicas de los últimos 10 años, “ha generado la conformación de miembros coordinados de grupos armados que planean evitar la toma de poder del nuevo presidente, aunque eso implique asesinarlo.” Reza parte del texto elaborado por la CIDH. Por su parte, el gobierno de Guatemala extrañamente ha confirmado la veracidad de los hechos (¿?), a través de un video difundido en las redes sociales. Son dos planes para acabar con su vida, según indican los servicios de seguridad que han investigado el tema.

            Si nos remontamos a los hechos, todo comenzó la noche del 20 de agosto pasado, cuando se dio a conocer el triunfo electoral de Bernardo Arévalo de León sobre su oponente, Sandra Torres, a la postre la candidata de la camarilla de industriales y plutócratas que ha gobernado a este país entre bastidores, desde tiempos inmemoriales. Un grupo de fiscales pertenecientes al Ministerio Público (MP), llegaron al hotel capitalino donde permanecía Arévalo con su equipo de campaña y le solicitaron una reunión urgente y privada en una estancia aledaña al bullicio de sus partidarios que celebraban la victoria. Eran cuatro altos funcionarios de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión. Días después, la CIDH tuvo acceso al acta que se levantó en aquella reunión, donde la fiscalía informó a Bernardo Arévalo que tenían en su poder “información privilegiada, relacionada a estructuras criminales de pandillas que podían poner en riesgo su vida e integridad física.” En acto seguido, instaron al nuevo mandatario para que “tomara las medidas de seguridad que considerara pertinentes” y le informaron que la Dirección General de la Policía Nacional Civil también tenía conocimiento del caso. El plan para asesinarlo fue elaborado a principios de julio, le explicaron.

            De hecho, el equipo de seguridad de Arévalo tenía “cierta información sobre un plan para asesinarlo, desde el 4 de julio pasado,” a pocos días de haber concluido la primera ronda electoral, que determinó que Bernardo Arévalo sería el contrincante de Torres. Incluso en redes sociales pudieron identificar a varios personajes “en la sombras”, utilizando seudónimos todos ellos, quienes comentaban la noticia del asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavivencio y uno de esos “netcenters” comentó al respecto: “(…) cuándo será el turno del semillero”, en alusión al candidato por el Partido Semilla que no era otro que Arévalo de León. Seis días después, el 15 de agosto para ser más precisos, el mismo equipo de seguridad de Arévalo reveló información sensible y preocupante “sobre un plan para asesinarlo con participación de agentes Estatales e individuos particulares.” Incluso conocían el nombre del plan… lo llamaban “Colosio”, en recuerdo de aquel candidato del PRI mexicano, Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado en medio de un mitin en Tijuana, Baja California, el 23 de marzo de 1994, de un disparo cerca de su oído derecho, con un revólver marca Taurus, calibre 38. Otro disparo impactó en su abdomen y le hizo caer a la explanada donde había unas 4 mil personas que esperaban su discurso de cierre. El criminal fue Mario Aburto Martínez, que en aquel entonces contaba con 23 años de edad, originario de Michoacán, pero tenía 8 años de vivir en Tijuana. De complexión delgada, tez morena y pelo rizado, vestía el día del asesinato con pantalón de mezclilla azul y una jacket negra. La versión más extendida en México fue la que señaló al gobierno de turno como el planificador y ejecutor del crimen contra el potencial candidato que iba a ser el ganador en las próximas elecciones presidenciales.

            Aquellas imágenes del asesinato de Colosio son las que se recuerdan en estos instantes en Guatemala, pues algo parecido podría suceder en esta nación centroamericana cuando atenten contra la vida del presidente electo, Bernardo Arévalo de León. Es por ello que el Partido Semilla y otras organizaciones sociales han presentado unas 22 denuncias y recursos de amparo ante los tribunales competentes, para detener la persecución política en su contra.

            En un intento de síntesis sobre lo que sucede actualmente en Guatemala, hemos de decir que el nuevo mandatario, así como su Partido Semilla, están en medio de una ardua lucha contra la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche (al servicio de intereses espurios), quien tiene como principal objetivo eliminar la personería jurídica de este partido, a pesar de haber ganado las elecciones nacionales recién finalizadas. De acuerdo a la versión de Curruchiche, en lo interno de este movimiento de masas que catapultó hacia el triunfo al nuevo presidente de la República, hubo una cantidad significativa de adhesiones ilícitas de miembros y con ellas se formó el partido en el 2014. Aunque en opinión de juristas y analistas políticos guatemaltecos, lo que subyace en la fiscalía es una persecución de índole política, disfrazada de tecnicismos jurídicos para evitar que Semilla ascienda al poder el próximo 14 de enero del 2014. Las fuerzas oscuras que están detrás de Currichiche intentan por todos los medios de que Arévalo de León no asuma el gobierno y lo peor se fundamenta en que, si no lo lograran por medio del ardid de “las suscripciones ilícitas” que supuestamente dieron vida a Semilla, podrían lograrlo mediante el asesinato, lo cual sería realmente traumático, no solo para Guatemala y su pueblo, sino para la comunidad democrática internacional, por entero.

 Son tiempos convulsos en esta nación en el ámbito humano, político, delincuencial, policial y judicial, como nunca se había visto en toda su historia.

 Intentó Alterar el Resultado Electoral en Georgia

Continúan Imputaciones contra Donald Trump. Las Constantes Idas y Venidas a los

 Tribunales de Justicia

FULTON, GEORGIA, USA-Hay un hecho cierto en torno a la vida del expresidente Donald Trump: ningún ex mandatario estadounidense ha vivido lo que él está viviendo en estos últimos meses; es decir… los viajes constantes hacia el corazón de la justicia de su país, imputado por una u otra causa. La última de ellas, la más escabrosa y difícil de todas, se refiere a su intento por cambiar el resultado de las votaciones en el Estado de Georgia, luego de su enfrentamiento con Joe Biden, y que acabó perdiendo así, de todos modos, Trump. Aquello ocurrió en el 2020, como bien recordamos.

            Este es el cuarto proceso judicial en fila que ha tenido que enfrentar Donald Trump, quien, seguramente ya ha entendido que él –y nadie más-, es el resultado de sus actos reñidos con la normalidad y el orden legal de las cosas. Junto al ex mandatario, otras 18 personas también están acusadas, por un total de 41 cargos. Lo cual quiere decir que el gran jurado del condado de Fulton, en Georgia, ha decidido presentar cargos contra el expresidente y sus 18 asesores, por intentar cambiar los resultados de las elecciones en ese Estado de la Unión Americana. Allí, Trump perdió por menos de 12,000 sufragios. De tal manera que procedió, en aquel entonces del 2020, “a violar la ley de Georgia contra el crimen organizado, conspirar para suplantar a un funcionario, presionar para que un funcionario traicione el juramento a su cargo y conspirar para presentar documentos falsos y conspirar para perpetrar falsificación en una ‘asociación delictiva’ en la que también participaron otras 30 personas, no incluidas en el pliego de cargos, según ha emitido el vocero de la Corte.”

Algunos nombres conocidos

            Su ex jefe de Gabinete, Mark Meadows; su abogado personal, el famosísimo ex alcalde de New York, Rudy Giuliani; un funcionario del Ministerio de Justicia, Jeffrey Clark; los abogados John Eastman y Kenneth Chesebro; y su asesor de campaña, Mike Roman. Todos ellos fueron autores de una trama para utilizar electores falsos, quienes, supuestamente, votaron por Trump. Estos nombres aparecen en un pliego que contiene los cargos investigados y redactados por la fiscalía y consta de 98 páginas.

            La misma fiscal a cargo, Fani Willis, explicó a la prensa: “Todos ellos están acusados de extorsión, en violación de la ley de Georgia contra el crimen organizado, con el objetivo ilegal de robar el cargo de presidente, para beneficiar a Trump.” Así mismo, dijo que piensa comenzar el proceso contra el expresidente dentro de seis meses, a partir del momento de la comparecencia de los imputados aquí mencionados.

            Las imputaciones que estamos tratando en este reportaje, son las más voluminosas hasta el momento, en los casos elevados contra Donald Trump, tomando en cuenta, por supuesto, las otras tres pendientes que tiene sobre sí este mismo personaje de la política y las finanzas estadounidenses. La misma fiscal, Fani Willis, aclaró a la prensa que el legajo que contiene las acusaciones, le llevó dos años y medio de investigación a ella y a su equipo de ayudantes. Fue cuando dijo de manera textual: “Abrí el caso después de que se publicara el sonido de una conversación telefónica entre el entonces presidente (Trump), con el secretario de Estado de Georgia, el republicado Brad Raffensperger, el 2 de enero del 2020. En esa llamada, el magnate pedía ‘encontrar’ 11,780 votos, uno más que los que había obtenido su rival, Joe Biden, en el Estado. Esas investigaciones me llevaron a examinar también la trama de los electores falsos y un intento de robar datos del sistema informático de máquinas de voto electrónico en el condado de Coffee, de tendencia republicana. Trump y el resto de los defensores acusados en este pliego, rechazaron aceptar que Trump perdió (las elecciones nacionales), y, a sabiendas y voluntariamente, se sumaron a una conspiración para cambiar de manera ilegal el resultado de las elecciones a favor de Trump.” Amplió la fiscal, explicando que así lo detalla el documento que contiene la imputación.

            La reacción del exmandatario fue casi inmediata al conocer los datos contenidos por el legajo en su contra; lo hizo por medio de “su batería” de abogados, quienes opinaron que los cargos son “chocantes y absurdos.” Estas fueron sus argumentaciones a favor del expresidente: “Esta presentación sesgada se ha basado en testigos que protegen sus propios intereses políticos y personales, algunos de los cuales organizaron campañas promoviendo sus esfuerzos contra los acusados y/o se beneficiaron de contratos para libros y oportunidades de empleo como resultado.” También Trump arremetió contrala fiscal del caso y la acusó de “buscar la máxima injerencia en las campañas presidenciales próximas,” del año 2024, que está a las puertas.

            Los que tenemos la memoria fresca, recordamos el tenso momento cuando Donald Trump observaba por la televisión el desarrollo de las votaciones y rendía declaraciones a los periodistas que tenía en torno suyo, en el sentido de que debía ganar aquellos comicios “a como diera lugar”, según se desprendía de sus palabras. Y cuando los resultados daban por ganador a su adversario demócrata, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Trump atacó al sistema electoral estadounidense, dijo que hubo fraude descarado y que él nunca aceptaría la derrota. Lo cual solo quiere decir que deseaba quedarse en la Casa Blanca así, de cualquier modo, solo porque su prepotencia, su megalomanía y su esquizofrenia se lo ordenaban desde lo profundo de sus sentimientos y pensamientos. En otras palabras, el espacio físico y psíquico que vivió en aquellos instantes, le delatan ahora que es imputado en la Corte de Georgia, más todavía si se recuerda el ataque que él mismo ordenó contra el edificio de El Capitolio en Washington D.C., en un acto desesperado por retener el poder que los demócratas le habían ganado limpiamente en unas elecciones también limpias y honestas.

            Tampoco Trump, con su “miopía” tan particular, tan característica de su personalidad que solo puede fijar su mirada en el aquí y en el ahora, le permitió ver que las consecuencias de sus actos le llevarían, en un futuro próximo, a los estrados de los tribunales en condición de imputado. Nunca pensó en ello, porque, precisamente, su megalomanía, ese creerse estar por encima de lo humano y lo divino, por encima de las leyes, de las Instituciones, de la democracia y de Dios mismo, le dictó al oído que él, Donald Trump, el magnate acostumbrado a comprar todo lo que se propusiera comprar y arrebatar aquello que no le venden, no podía ser desalojado de la Casa Blanca, una mansión a la que consideraba también de su propiedad, conjuntamente con todo el país y sus gentes. Y es que a Trump esa enfermedad psicótica que es la megalomanía, le ha superado por entero y se ha convertido en un problema de índole psiquiátrico, justamente para que se recueste en el famoso diván de los facultativos, expertos en tratar enfermedades mentales e intenten restablecerlo y devolverlo a la realidad. La personalidad de Trump no es compatible con este mundo, con “los pequeños seres humanos” que observa desde las cumbres de orgullo desmedido y sus sentimientos de grandeza (a pesar de que es un ignorante de muchísimos temas elementales que domina el hombre común), porque, entre otras cosas, él es el “non plus ultra” de todo lo que la Creación ha puesto sobre la faz de la Tierra. Un caso clarísimo de patología intrincada, profunda, hartamente difícil y que, lamentablemente, los votantes del Partido Republicano –al que Trump considera solo un instrumento para alcanzar el poder… SU poder-, no son capaces de ver, analizar y obstaculizar como tiene que ser.

Los otros tres procesos en marcha…

            Repetimos: ningún ex mandatario de la Unión Americana había llegado a tal extremo frente a la justicia estadounidense. El que más se acercó a tal situación fue Richard Nixon, con su famoso Watergate, pero su entonces vicepresidente, Gerald Ford, lo indultó cuando renunció al cargo de presidente de los Estados Unidos. Bill Clinton, después de su affaire con la ex becaria Mónika Lewinski, también pudo saltarse un proceso judicial, cuando declaró ante la comisión del Senado que lo investigaba que “no tuve relaciones sexuales con la Srta. Lewinski… solo hicimos el amor oral en la Oficina Oval” y esa confesión abrumadora y descarada, fue suficiente para que los senadores, con esa mentalidad tan anglosajona, le declararan “no culpable.” Luego, en la intimidad de su familia, su esposa Hillary fue la que, en realidad, no pudo (ni quiso) indultarle y le cobró con creces su reiterativa infidelidad con aquella mujer de frondosa cabellera negra, que pasaba horas enteras encerradas con Bill, en el Despacho presidencial.

            Empero, ahora Donald Trump, muy diferente a aquellos que hemos nombrado en las líneas de arriba, ha tenido que enfrentarse, primero, al fiscal de Manhattan, quien le acusó de falsificación contable, en relación con pagos para comprar el silencio de la actriz porno, Stormy Daniels, por haber sostenido con ella varios encuentros sexuales, a espaldas de su esposa Melania. Esto se dio en junio del presente 2023. Un año que, a no dudar, será inolvidable para Trump y su familia.

            Poco tiempo después, en junio de este mismo año, el fiscal especial, Jack Smith, le acusó de violar la ley de espionaje, al guardar, sin permiso, documentos clasificados, propiedad del gobierno de los Estados Unidos y que Trump sacó de la Casa Blanca a hurtadillas, a espaldas de todos y principalmente de las leyes del país. Los llevó a su residencia privada en La Florida, llamada Mar-a-Lago. “Te podías encontrar con las cajas que contenían los documentos top secret, en los pasillos de la mansión, en los mismos baños, pues Donald no tuvo la delicadeza de esconderlos apropiadamente”. Comentó un amigo del expresidente, quien es invitado frecuente en las recepciones y fiestas que éste da en su lujosa casa. Pero el pasado 2 de agosto, nuevamente el fiscal Smith volvió a presentar cargos contra Trump, “por la supuesta injerencia del exmandatario en los intentos por alterar los resultados electorales del 2020.” Esta es la acusación más seria que enfrenta hasta el momento y que le podría llevar a prisión, de acuerdo a la sentencia del juez.

            Todavía resuena la voz de Donald Trump al teléfono en aquella fecha, cuando decía con toda claridad y que fue pinchado por el FBI: “solo quiero encontrar 11,780 votos, uno más de los que ha ganado Biden.” Exigía a quien le escuchaba atentamente en el otro móvil al que hablaba. A partir de su derrota, que nunca ha aceptado porque carece de nobleza y humildad, le insistió a Raffensperger que el verdadero ganador era él y aquellos datos oficiales fueron el fruto de una conspiración para arrebatarle la victoria. Fue un fraude con todas sus letras, según Trump; pero la respuesta del mismo Raffensperger fue la de un hombre honesto, realista e insobornable -mucho menos por un alienado como lo es Trump-. Fue cuando le replicó: “La victoria de Biden ha sido legítima. Los datos que usted maneja, son incorrectos.”

            Días posteriores, la fiscal Willis, además de la llamada que hizo Trump a Raffensperger, investigó el acceso informático ilícito a los sistemas de las máquinas de votación electrónica, efectuado por hombres de Trump en un condado rural de Georgia y el complot para utilizar electores falsos para captar votos también falsos desde luego, en ese Estado considerado “bisagra” en las elecciones estadounidenses, por ser determinante para el resultado nacional de los comicios y para obtener el triunfo. Desgraciadamente, el delito del expresidente está clarísimo y solo una fuerza sobrehumana podrá convencer al tribunal y al juez, de que Trump está en lo cierto y los demás mienten, cuando la realidad es adversa a lo que el magnate inmobiliario insiste en presentar en su defensa.

            Ahora, cuando se ve con “el agua hasta el cuello y los tribunales quieren ahogarle”, gracias a sus propios y evidentísimos errores, Donald Trump solo atina a decir, en aras de su defensa, que solo hizo “una perfecta llamada (telefónica) de protesta” al funcionario Y así lo publicó en su propia red social, Truth. Y ante todos los procesos que le esperan, echa su fantasía a volar y se defiende: “Todos mis problemas judiciales forman parte de una conspiración de los políticos demócratas y medios afines, para impedir que yo regrese a la Casa Blanca y me pueda convertir en defensor de los republicanos de a pie (humildes). ¿Por qué no se presentó este caso hace dos años y medio? ¡Injerencia electoral!” Grita desaforado, intentando convencerse a sí mismo solamente, porque los demás… a él simplemente no le importan.

Hijo del Presidente de Colombia en Medio

de un Enorme Problema Judicial

BOGOTÁ-Gustavo Petro, actual mandatario colombiano y quien fuera uno de los líderes guerrilleros más señalados por la justicia de este mismo país y a nivel internacional en los años 80s, pasa por uno de los momentos más difíciles, cuando su hijo mayor, Nicolás, ha sido detenido por las autoridades y puesto bajo custodia de la fiscalía de la nación por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. De paso, el joven ha lanzado acusaciones contra su propio padre, al decir que recibió dinero del narcotráfico, de los cárteles colombianos, para financiar la campaña que le llevó a la presidencia de la República.

            Day Vásquez, ex esposa de este mismo joven, ha sido capturada también por las autoridades, acusada de lavado de activos y violación de datos personales. El lío es monumental, grande, y las acusaciones se suceden de una hacia el otro y de éste hacia su padre, el Presidente, en una guerra sin cuartel que la población observa atónita, sin creer lo que escucha o ve. Incluso, esta mujer, en una entrevista que concedió a la famosa revista Semana, a principios de este año, aseveró que su ex esposo, Nicolás Petro, recibió grandes cantidades de dinero de empresarios, a quienes hizo creer que era para financiar la campaña electoral de su papá, pero que pasaron, por el contrario, a sus cuentas personales y nunca a las razones políticas que decía defender. La ex esposa indicó del mismo modo que Nicolás estaba relacionado con personas del mundo del contrabando y del narcotráfico y que todas esas reuniones espurias sucedían a espaldas de su padre. Estas declaraciones, por supuesto, alertaron a las autoridades que empezaron a hacer las investigaciones pertinentes en marzo pasado y en referencia al joven que hoy yace en una celda, en esta Capital de Colombia.

Ambos capturados

            Day Vásquez no se quedó solo en su palabrería a los periodistas de Semana, porque también pasó a manos de las autoridades y guarda prisión actualmente. Ambos tendrán que defenderse ante un juzgado, del juez penal municipal, con Función de Control de Garantías.

            La primera reacción del presidente Gustavo Petro en relación con el caso en el que está inmerso su hijo, fue la de publicar en su cuenta de Twitter: “Como persona y padre, me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la República, aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte, para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso.” Puntualizó. Estas últimas palabras en las que Gustavo Petro se desmarca de la fiscalía y asegura que no intercederá a favor de su hijo, calaron hondamente en el muchacho, quien se resintió contra su padre profundamente.

            Pocos minutos después de esas declaraciones, el mandatario se dedicó a cumplir con su agenda e hizo un viaje a la ciudad de Neiva, para participar en el cierre de la Asamblea Nacional de Economía Solidaria, Popular y Comunitaria. La prensa del país ha citado su actitud mencionando su frialdad en el caso por el que atraviesa su hijo mayor y los periódicos del día siguiente publicaron ese comportamiento glacial en el que no dijo nada más acerca de una noticia “que usualmente es demoledora para una familia y que puede dinamitar la popularidad de un mandatario; tampoco se lanzó contra el fiscal general, Francisco Barbosa, acérrimo crítico e incluso rival político del gobierno en los últimos meses.” Hizo leer uno de los principales diarios de Colombia.

Mientras otro rotativo también publicó: “A pesar de todos esos antecedentes, Petro ha mantenido esa línea mesurada (o distante) frente al caso de su hijo Nicolás, así como también frente a su hermano Juan Fernando, señalado de pedir dinero a criminales extraditables, para que se aseguren un espacio en la política de ‘Paz Total’. En marzo, el presidente le pidió públicamente a la fiscalía, investigar a sus dos familiares: en un comunicado, pidió que lo hiciera por la información que se rumorea en la opinión pública.” Lo cierto es que el mandatario ha elegido a la acción de la justicia, preferentemente a su hijo Nicolás y no ha asegurado, igual que otros ex mandatarios en una posición parecida, que se trata de “una persecución política ni que se busca afectarlo” de una manera u otra.

            La respuesta de su hijo herido en lo más hondo de su espíritu, se dio pocas horas después de las manifestaciones de su padre, cuando afirmó abiertamente ante el fiscal, que “parte del dinero supuestamente ilegal que recibí, entró en la campaña electoral del 2022 del hoy Jefe de Estado colombiano y el entorno (de su padre), le expresó su apoyo rotundo.” Acusó Nicolás Petro Burgos. De inmediato, el ex candidato de derechas, Federico Gutiérrez, dijo de manera vehemente: “Si el presidente Gustavo Petro sabía del ingreso de dineros sucios a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño, la justicia debe ir hasta la profundidad de ese hecho. Es inevitable iniciar un proceso que restaure la confianza de los colombianos en la democracia. Por la salud de Colombia, todo lo que genere olor nauseabundo, no puede preservarse. Lo ilegitimo no puede permanecer. El testimonio de Nicolás Petro es una bomba que estremece los cimientos de la democracia y pone en estado de coma al gobierno del presidente Petro, quien tendrá que pasar el resto de sus días defendiéndose, sus políticas quedarán en entredicho y desatará más rabias, odios, frustraciones. ¿Lecciones? La primera, ‘no todo vale.’” Aseveró.

              Por su parte, el senador Jonathan Pulido Hernández, presentó una denuncia contra el presidente ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y advirtió: “He denunciado a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Su propio hijo con pruebas en mano, confirmó a la fiscalía que la campaña electoral sí recibió dineros irregulares. Solicito se investigue, que todo delito sea castigado y todo corrupto vaya a la cárcel.”

             El ex presidente de la República, Andrés Patrana, severo crítico de Petro, dijo en torno a este asunto que “la responsabilidad penal de los dineros recibidos por Nicolás Petro, recae sobre el beneficiario del ilícito, el candidato y hoy presidente Gustavo Petro, quien debe enfrentar ya mismo lo que pone en entredicho la legitimidad de su mandato.” Por su lado, otro ex mandatario del país, César Gaviria, director del Partido Liberal, catalogó “de la mayor gravedad lo revelado por la fiscalía (pero) la reacción política debe darse dentro del absoluto respeto a la Constitución. La actuación de todas las autoridades civiles y políticas se debe dar con respeto a los principios del Estado social de derecho (…), pensando en cómo lograr la permanencia de nuestra democracia y no simplemente cómo llenar los vacíos de autoridad que se puedan generar.”

              La acusación vertida por Nicolás Petro, el hijo del presidente, tiene una importancia capital y es del todo creíble, debido al hecho de que participó abiertamente en la campaña que ganó su padre y fue una pieza vital en el engranaje que trabajó a favor del triunfo final. De ahí que la fiscalía le tome sus declaraciones con sumo interés y está en la mejor disposición para seguir escuchándolo, todavía más ahora que está fuertemente resentido con su progenitor, Gustavo Petro.

El papel de Day Vásquez

             La ex esposa de Nicolás Petro fue quien motivó este escándalo y propició que la policía detuviera a su ex marido, después de que ella concedió una entrevista a la revista Semana. Manifestó esta mujer que informó al presidente colombiano sobre las reuniones que Nicolás sostenía con empresarios y mafiosos y la manera como se iba llenando los bolsillos de dinero durante la campaña presidencial anterior. “Me dijo (el mandatario): sí él quiere hacerse millonario como los hijos de los otros ex presidentes, estaba muy equivocado, porque él eso no lo iba a permitir.” Esa fue la respuesta de Gustavo Petro a su ex nuera.

             En lo que estriba a la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, opinó: “Es la primera vez en la historia que es capturado el hijo de un presidente; pero ella fue quien denunció, seguro podrá llegar a un acuerdo con la fiscalía y los jueces muy pronto.” En este punto hay que recordar que esta pareja se separó en junio del 2002, luego de los comicios presidenciales; y esta mujer ha publicado en su cuenta de Twitter que hará más revelaciones que tendrán mayor impacto de lo hecho hasta ahora. Hablará de personas con un pasado oscuro, quienes donaron dinero a los Petro durante el proceso electoral. “(Todavía) no ha pasado nada, ahora es que va a pasar.” Publicó la ex esposa de Nicolás.

              En referencia a ella, hay que traer al presente que en marzo pasado, en la misma revista Semana, acusó al diputado del Atlántico por haber recibido dinero a nombre de la campaña presidencial de Gustavo Petro, cuando esas donaciones tomaron otro curso y nunca fueron invertidas en la lucha por el poder, como estaba estipulado desde un inicio. “Petro hijo recibió dinero de Santander Lopesierra, conocido como El Hombre Marlboro por su pasado como contrabandista, y de Alfonso El Turco Hilsaca, investigado por presuntos vínculos con el paramilitarismo. En total, Nicolás Petro recibió cerca de 1,000 millones de pesos.” Denunció Day Vásquez.

             Y es que la misma vida, el trajín reciente que llevaba Nicolás, era diametralmente opuesto a aquel que vivía antes de la candidatura de su padre: el lujo del que hacía ostentación dejaba muchas dudas acerca de la procedencia del dinero. Es por esa razón que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño ha señalado: “Nicolás Petro obtuvo un incremento patrimonial injustificado. Solo tenía un ingreso por ser diputado de la asamblea departamental del Atlántico y para justificar los gastos que usted realizaba, tenía que ganarse 200 millones de pesos. Yo creo que todos nos haríamos diputados.”

            Lo cierto es que Nicolás compró un auto Mercedes Benz, modelo 200, del año 2020, en diciembre pasado, por un valor de 200 millones de pesos (más de €45,000) y fue pagado en efectivo. Además, la fiscalía encontró datos sobre otros gastos personales hechos por el imputado, en Bogotá y Barranquilla, especialmente de marcas de alta costura como Ferragamo y Carolina Herrera, por un monto de 157 millones de pesos (más de €35,000). De acuerdo a las pesquisas del fiscal, Nicolás gastó en los dos últimos años, 1,600 millones de pesos (casi €363,000); y el más llamativo de los gastos de su parte, iba a ser la lujosa residencia por un valor de 1,600 millones de pesos. Allí convivió con su ex esposa, la misma que está denunciado todas las tropelías del hijo mayor del presidente de la República. Esa casa está ubicada en Villa Campestre, en una zona exclusiva de Barranquilla, ciudad a las orillas del Mar Caribe colombiano y que “consta de piscina privada, cuatro habitaciones, cinco baños, tres estacionamientos para coches y un diseño innovador de tres niveles.” Así según la inmobiliaria llamada Metro Cuadrado. Para no levantar sospechas, la pareja adquirió la casa a nombre de una tercera persona, fingieron que se la alquilaban y firmaron un contrato en el que se aseguraba la opción de compra.

           Su vida diaria era impresionante por el dinero que dilapidaba a manos llenas; por ejemplo, gastaba casi US$8,000 en restaurantes, ropa de diseñador, joyas, tratamientos estéticos y hoteles de cinco estrellas donde solía pasar semanas enteras. Todos esos datos están en manos de la fiscalía y podrían ser condenatorios eventualmente, por parte de un juez.

           Lo peor para este joven, es que sus cuentas financieras “no cuadran” y ello ocasiona sus dolores de cabeza frente a la fiscalía. Veamos: su sueldo como diputado en la Asamblea del Atlántico es de unos 13 millones de pesos por mes (casi €3,000); en el 2021 sumó ingresos por 217 millones (algo menos de €50,000); y en el 2022, llegaron a sus manos 223 millones de pesos (€50,593), más un saldo del año anterior por 57 millones (casi €13,000). La fiscalía cree que parte (o todo el dinero), procede de donaciones de empresarios comprometidos con la campaña política anterior y para terminarla de “embarrar”, como dicen popularmente los colombianos, Nicolás Petro manejaba una camioneta de alta gama, blindada, por las calles de la Capital del país. “Usted recibió en Bogotá una camioneta Tahoe de placas JCZ 858, de un mega contratista de Villavicencio –acusó el fiscal-. Esa camioneta usted la destinó a su esquema personal; además, ese mismo empresario hubiese entregado una suma de dinero en efectivo. De esa camioneta que usted devolvió, la señora Day Vásquez aún conserva la llave y los controles.” Aseveró el jefe del Ministerio Público.

            En el caso de resultar culpable del delito de blanqueo de capitales, el joven podría ser condenado de unos 10 a 30 años de prisión, así según el ex director de Finanzas Criminales de la Fiscalía, Andrés Jiménez; y por el de enriquecimiento ilícito, la pena oscila entre los 5 y los 10 años de cárcel. Tanto Nicolás Petro como su ex esposa, Day Vásquez, son los imputados y la mujer dijo que está anuente a colaborar con la fiscalía en todo lo que se le pida, con respecto a este caso.

           Hoy, en manos de la policía, Nicolás se siente deprimido, abandonado, solo, traicionado por familiares y amigos, de acuerdo a las descripciones de su estado emocional, hechas por quienes le han visitado. De hecho, su propia madre, Katia Burgos, el amor de juventud del actual presidente colombiano, cuando ambos militaban en el movimiento guerrillero M-19, en la década de los 80s, visitó al muchacho en su lujosa residencia en Barranquilla. Se quedó boquiabierta al ver aquel lujo asiático que le rodeaba y Nicolás le mintió al decirle que era prestada por un amigo. “Tu amigo debe ser un traqueto (narcotraficante)”, le replicó la madre. Quienes le conocen aseguran que esta no es la primera ocasión en la que Nicolás anda “al margen de las cosas buenas y derechas”; incluso su hermana Andrea, en entrevista con la revista Cambio, asevera que su padre está muy decepcionado con Nicolás: “Me da rabia, porque nosotros no somos así. Pienso que el poder se le subió a la cabeza.” Ha dicho la joven y añadió: “La familia no está por encima de todo; primero es la nación y el respeto al pueblo colombiano. El presidente muestra su honestidad y transparencia. Todo está en manos de la justicia, se respetará y acatará su decisión.”

            Nicolás Petro cuenta con 36 años de edad, es licenciado en Derecho y ostenta el puesto de diputado del Atlántico. Ha utilizado la posición de su padre, el presidente de Colombia, para obtener dinero de manera irregular, enriquecerse y llevar una vida de lujos que no corresponde con las ganancias, según hemos explicado en las líneas de arriba, en este reportaje. Estas revelaciones hechas por su ex esposa Day Vásquez, a la revista Semana, han conmocionado y consternado al país y han puesto en entredicho, no solo a Nicolás, sino a toda la familia. Primeramente, ella visitó al mandatario en el Palacio de Nariño y acusó a su ex marido de haber recibido fabulosas cantidades de dinero de parte de empresarios quienes creían que colaboraban con la campaña política de Gustavo Petro; pero, en realidad, el muchacho se guardaba para sí el dinero. “Algunas de esas aportaciones las hicieron personajes de dudosa calaña, relacionados con el narcotráfico y el contrabando. Luego, la ex esposa se apersonó en la redacción de la revista Semana y soltó toda la verdad y para rematar su historia, aportó decenas de chats escritos con Nicolás, en los que se advierten con toda claridad las jugarretas financieras, de estafas y lavados de activos que su ex compañero estaba haciendo.

            Y la estocada final, la ha dado el propio padre, quien se ha desmarcado de su hijo al decir: “no lo crié”, dando a entender que todas sus manías, desacatos, juegos sucios al margen de las leyes, robos, engaños y demás prácticas inmundas, los aprendió mientras crecía al lado de su madre, de quien Petro se divorció. Y es cierto… no lo crió, pero el joven lo vio en prisión a raíz de los atentados terroristas que el actual presidente del país realizó en las ciudades más populosas de Colombia, en su condición de guerrillero urbano o mejor dicho, de terrorista urbano. Su mal ejemplo, siempre la margen de las leyes y la Constitución, pudieron haber calado en Nicolasito y hay quienes así lo afirman en esta nación de pasado y presente turbio. Otros, exigen la renuncia del presidente y lo culpabilizan directa e indirectamente de todo este desaguisado.

El Prófugo de la Justicia Española, el Catalán Carles Puigdemont, ha Perdido

la Inmunidad

BRUSELAS, Bélgica-Primero, recordemos quién es Carles Puigdemont i Casamajó en el tinglado político español y de Europa entera: nació en Amer, Gerona, Cataluña, el 29 de diciembre de 1962. Fue presidente de la Generalitat (gobierno catalán), del 2016 al 2017, puesto del que fue destituido por el gobierno central por declarar la independencia de España, de su autonomía catalana. Tema en el que profundizaremos en las líneas siguientes. Fue también periodista de diversos medios de prensa de Cataluña y diputado al Parlamento Europeo. Pero quizás su trabajo más relevante o por el que se hizo famoso, fue dentro del ala independentista de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), que le sirvió para desarrollar toda su actividad política reconocida.

            Durante su mandato en la Generalitat, Puigdemont impulsó la celebración ilegal de un referéndum para la independencia de Cataluña; ese acontecimiento sucedió el 1 de octubre del 2017 y, con base en ello, se declaró la independencia unilateral –esto es… sin la aceptación del gobierno central en Madrid-, el 27 del mismo mes y año. Un acto rebelde y sedicioso a todas luces, por lo que fue cesado de su cargo el 28 de octubre del 2017, al amparo de la Orden PAR/1034/2017 de octubre y en aplicación del artículo 155 de la Constitución española de 1978. Lo cual indicó que Puigdemont era prófugo de la justicia y se ordenó de inmediato su búsqueda y captura, acusado de los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, por actos que se le imputaron en la organización del referéndum y la declaración unilateral de la independencia.

            En vista de lo anterior, el susodicho partió en clara huida hacia Bélgica, debido a que era eurodiputado elegido en el 2019; detrás de sí, dejó una malversación de fondos en la Generalitat por €2,000 millones, por deudas contraídas específicamente con proveedores por motivos personales, del gobierno catalán y del proceso independentista. El escape hacia Bélgica evoca a esas muchas películas de “la guerra fría”, cuando Puigdemont partió de su residencia en Girona, escondido y tapado por un manto en la parte trasera de un auto, dando la impresión de que era un bulto cualquiera y al llegar a Marsella, Francia, subió a un avión con destino a Bruselas para evitar a la justicia española. Una vez en la Capital de Bélgica y de la Unión Europea (UE), exigió garantías de un juicio imparcial y solo así regresaría a España. Una falacia que nunca iba a cumplir, pues sabía que eran tan culpable de los cargos, como el que más… Su verdadera intención que nunca declaró abiertamente, era la de quedarse en Bélgica y trabajar por la independencia catalana desde allí. Su elección fue la de ser un fugitivo, exiliado en Waterloo, donde fijó su residencia. En Cataluña, mientras tanto, los ex compañeros suyos quedaron encarcelados por los mismos cargos, mientras él, Carles Puigdemont, se dedicó a viajar por toda Europa, darse aires de “gran personaje” y evadir a la justicia española.

Retiro de la Inmunidad

            El engorroso y nada recomendable caso de Puigdement ha recobrado importancia en España, debido a las recientes elecciones generales acaecidas en este país y donde los dos candidatos principales no lograron el porcentaje adecuado para formar gobierno, a pesar de que el Partido Popular (PP), ganó estos comicios. Es el mismo movimiento que estaba en el poder, con Mariano Rajoy como presidente, cuando el renegado catalán declaró la independencia de Cataluña y después huyó hacia Bélgica. Y por esas cosas raras de la vida y de la política, Carles Puigdemont podría reelegir al mandatario de España, que es el caso de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), amigo de los independentistas, si éste le pidiera su ayuda, su apoyo, con el partido catalán que encabeza, llamado Junts. Es decir, sumando los porcentajes obtenidos con la gente de Puigdement, si éste estuviese de acuerdo en beneficiar a Sánchez, éste podría convertirse nuevamente en presidente español y continuar viviendo en La Moncloa, sede del gobierno de esta nación.

            Lo cierto es que este personaje estrafalario, con su inconfundible melena estilo “Beatle”, un estilo trasnochado de los años 60s., acaba de recibir la infausta noticia de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), con sede en Luxenburgo, le retiró definitivamente su inmunidad parlamentaria y también a los eurodiputados de origen catalán y exconsejeros de la Generalitat, Toni Comín y Clara Ponsati; y aquí viene lo peligroso para Puigdemont, porque, sin inmunidad que lo protegía de todo, absolutamente todo desde el punto de vista legal y judicial, ahora el instructor del “procés”, el magistrado del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena, puede volver a emitir una orden de detención por toda Europa, en reclamo de su entrega a España.

            En su defensa, su abogado, Gonzalo Boye, ha dicho que “aún queda mucho camino por recorrer en el proceso judicial,” y el mismo Puigdemont señaló que “defenderemos hasta el final nuestros derechos fundamentales” y recurrirá a casación el fallo del TJUE. En este sentido, tienen dos meses de plazo para hacerlo y el tribunal tiene otros seis para pronunciarse; pero la retirada de la inmunidad ya es efectiva y Puigdemont corre el peligro de ser detenido en cualquier lugar de la Unión Europea, incluyendo su propia residencia en Waterloo, por la policía belga. Esto no es un juego y no sabemos hasta qué punto él lo comprende de esa manera. Por su parte, el representante legal Boye ha dicho que su intención inmediata es lograr que se mantenga la inmunidad de sus representados, los tres exdiputados catalanes, hasta que se resuelvan sus casos en forma definitiva. Lo que intenta es detener la orden de captura contra Puigdement, que sería un hecho inminente en los próximos días.

            Una de las tesis de la defensa contra el fallo recién emitido por el tribunal de Luxenburgo, es alegar que ha sido una decisión injusta y al margen de la ley y sostienen que “el Parlamento Europeo incurrió en error al concluir que el referido proceso judicial no se incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados”; pero el TGUE, en acto seguido, tumbó la denuncia del propio Puigdemont, quien ha dicho que sufre “persecución política.”

            Una de las reacciones en Cataluña, al conocer la decisión del TGUE de suspender la inmunidad de Puigdemont y los otros dos exparlamentarios europeos catalanes, fue la del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, quien, en un tuit, reafirmó su apoyo a Carles Puigdemont, a Comín y Ponsati. De tal manera, escribió en la famosa red social: “hay represión contra el independentismo, por querer organizar un referéndum de secesión que no es delito.” Mientras tanto, en la sede del Parlamento Europeo, los tres catalanes afectados por la decisión del TGUE, se presentaron ante los periodistas en una rueda de prensa y reconocieron que “la decisión del TGUE no es la sentencia que deseábamos. No era lo que estábamos esperando, pero no se puede decir que no estuviéramos preparados para este escenario y presentaremos un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y, por lo tanto, tocará remontar una situación adversa y confiamos que el recurso de casación sea favorable a nuestros intereses.” Resaltó Carles Puigdemont.

            Por su parte, Ponsati dijo que “ha sido un día difícil, sobre todo para mis compañeros y pido a los partidos independentistas que se dejen de estrategias de pactos con el Gobierno de España y pongan en marcha la independencia (de Cataluña).” Finalmente, Carles Puigdemont criticó la sentencia y a los jueces del TGUE, principalmente “por no comprar ninguno de mis argumentos (…). Y la semana que viene, acudiré al pleno del Parlamento Europeo convocado en Estrasburgo, Francia, a pesar de que ya no tengo inmunidad.” Sin embargo, el abogado de estos tres individuos prófugos de la ley española, insiste en decir que “todavía ellos mantienen la inmunidad para acudir a los plenos de la Eurocámara.” Aunque la única verdad que prevalece es la que argumenta que Puigdemont podrá ser detenido en cualquier lugar de la Unión Europea y en cualquier momento, una vez emitida una nueva orden de captura: sería un espectáculo muy vistoso y aplaudido por millones de españoles (también catalanes), que rechazan de plano la independencia de Cataluña y la corrupción de políticos del corte de este prófugo.

La petición del PSOE a los catalanes renegados

            Pedirle el apoyo, el inmenso favor a este renegado de la realidad, del orden y del sistema democrático español, es improcedente desde todo punto de vista, así lo han externado ex dirigentes de “la vieja guardia” del PSOE, hoy en el poder, o lo que los periodistas, politólogos y analistas españoles han dado por llamar “el socialismo o el socialista clásico.” Ellos no quieren que el gobierno de España dependa de “un prófugo de la justicia.” Así expresado en forma textual “y se tiene que desechar radicalmente.” Agregaron.

            Para la gran mayoría es imperativo, incluso, que Pedro Sánchez quede al margen del gobierno, que no forme al mismo gobierno, que asciendan los Populares, pero que su triunfo, su ascenso eventual, no dependa jamás de un individuo como Carles Puigdemont, quien ha querido partir a España, robándole un gran pedazo al noreste, es decir, Cataluña, y, de paso, usurpó los bienes económicos de la Generalitat, dejándole un espantoso déficit después de haber huido hacia Bélgica, como el prófugo de la justicia que realmente es.

            Una de las soluciones que contemplan los “socialistas clásicos,” radica en que los dos partidos mayoritarios se pongan de acuerdo “para gobernar y llegar a pactos”, según han dicho; pero recriminan la posibilidad de que Pedro Sánchez busque a Puigdemont, que tienda puentes hacia él como presidente de la formación política llamada Junts, para alcanzar el triunfo y continuar gobernando el país. “No queremos ni plantearnos que el árbitro de la política nacional llegue a ser la persona que convocó al referéndum ilegal de independencia en Cataluña y después huyó a Bélgica. Sería inaudito y angustiosamente sorprendente cualquier gobierno de España, que dependiera de un prófugo de la justicia. Esto se tiene que desechar radicalmente. No podemos dar una carta de normalidad a esta cuestión.” Ha dejado escuchar Nicolás Redondo Terreros, ex líder del PSOE en el País Vasco y portavoz del colectivo Fernando de los Ríos, mismo que aglutina a ex ministros y ex dirigentes de la época de Felipe González. Y agregó a sus palabras: “Hay que valorar cuál es la fórmula que se considere más adecuada para alcanzar ese consenso (la gobernabilidad), si apuntan que hay una amplia gama de posibilidades que no provocarían inquietud, zozobra y desasosiego.” Es decir, la opción del partido de Puigdemont, solo problemas contraería a los socialistas desde el momento mismo cuando se establezcan los nexos con él y a lo largo del eventual nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Quedaría una enorme mancha sobre la consciencia colectiva, ideológica y política del PSOE, por muchísimos años y que tendría un alto precio por pagar, incluidas derrotas y más derrotas futuras, una y otra vez.

            Es cuando Redonto Terreros volvió a tomar la palabra para decir: “El margen de acuerdo para que España no vaya a unas elecciones y no dependa de Puigdemont, es muy amplio. ¿Puede ser un Gobierno de coalición? No lo sé. ¿Pueden ser acuerdos de gobernabilidad y no lleguen a la coalición? Puede ser casi todo si tienen la capacidad de renunciar a los intereses más íntimos y más triviales. Yo, desde luego lo veo claro: en la situación en la que está él (Sánchez), mañana mismo me reunía con el señor Alberto Núñez Feijóo, sin apriorismos míos y sin apriorismos suyos y hablaría con él largo y tendido. Y a mi partido lo sacaría de las relaciones contaminantes que puede tener con partidos como el de Puigdemont. Actuar desde los extremos, sería un error de cara al futuro. La estrategia de confrontación los alimenta.” Recalcitró el ex dirigente vasco del PSOE.

            A manera de analogías, pedirle un favor político a Puigdemont en España, sería algo así como solicitarle el apoyo al Ku-Klux-Klan en los Estados Unidos, de parte de los republicanos, por ejemplo. O que un partido de Corea del Sur intente el apoyo político del partido comunista y criminal de Corea del Norte. Sino observemos “el basural” que está removiendo y esparciendo el presidente corrupto y excarcelado de Brasil, Lula da Silva, al tratar de blanquear a los dictadores de Venezuela y Nicaragua, porque, cada vez que lo intenta, los desperdicios, la inmundicia, “el estercolero” de ambas dictaduras, lo salpican a él y a su gobierno comunista asentado en Brasilia. Sería improcedente para el PSOE y también para España, intentarlo siquiera, porque la imagen de un partido político es muy importante, entre otras cosas porque el votante, el ciudadano sencillo de la calle, lo nota, lo deplora, lo recrimina y lo rechaza en las elecciones siguientes, no votando por el partido que se unió al corrupto, al perseguido por la justicia o al sedicioso, que en el caso español lleva por nombre Carles Puigdemont i Casamajó, el dueño de una celda todavía vacía en una penitenciaría en Madrid y que espera por él.

Presidente de Suráfrica en la Obligación de Detener a Vladímir Putin y Entregarlo

a la Corte Penal Internacional 

PRETORIA-No la tiene fácil Cyril Ramaphosa, máximo mandatario de esta nación, la más al sur del continente negro, ya que su país es signatario de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos, y, como tal, tiene que entregar a dicha Corte a todo aquel delincuente requerido por ella y que visite Suráfrica. Tiene que hacerlo sin que le tiemble el pulso; esto es… sin contemplaciones. Y Vladímir Putin, el mayor violador de los derechos humanos en Europa y en el mundo entero en estos momentos, pronto visitará Suráfrica con motivo de la Cumbre de las Cinco Potencias Emergentes (BRICS), donde se encontrará con los líderes de la China comunista, India y Brasil, más el anfitrión surafricano, y es requerido penalmente por la CPI y está en su deber… en la responsabilidad sin apelaciones del presidente Ramaphosa, de capturarlo, meterlo en una celda y destinarlo, sin dilación, hasta La Haya, para ser juzgado por el robo de niños ucranianos y posiblemente se le agregue en su contra, la acusación de la carnicería que están cometiendo sus tropas en Ucrania, contra la población civil indefensa.

            Pero el genocida ruso ha dado una respuesta tajante y acorde con su personalidad psicopática, al presidente de Suráfrica: “si me detienen, Rusia les declarará la guerra.” Ha amenazado.

Los pormenores

            El Kremlin insiste, Putin insiste en acudir a la cita con sus cuatro colegas, a celebrarse en Johannesburgo, del 22 al 24 de agosto del presente 2023, una decisión que representa una profunda preocupación y un inmenso dilema para el presidente surafricano, porque tiene que cumplir con el Tratado que su gobierno tiene firmado con La Haya, con la Corte Penal Internacional, precisamente. De no hacerlo, estará incumpliendo, en su defecto, con el organismo mundial y tendrá consecuencias penales en su contra y de Suráfrica misma; y, por otra parte, es extraordinario amigo del genocida ruso, Vladímir Putin, y socio de Rusia en múltiples campos, que van desde el comercio, pasando por los intercambios culturales, la ciencia, hasta desembocar en la compra de armas. Es mucho lo que podría perder, en esos rubros, el presidente Ramaphosa, y la situación por la que atraviesa ahora mismo, es un enorme dilema que deberá resolver de la mejor manera según sus propios intereses y los de Suráfrica. Pero lo correcto será detener a Putin y entregarlo sin dilación ni dubitación alguna.

            Una posibilidad no comprometedora, sería aquella donde Putin no asista en persona y lo haga únicamente de manera virtual; es decir, por internet, desde su oficina en Moscú y todas las partes lo entenderían perfectamente y las relaciones con el gobierno de Pretoria no se verían afectadas en modo alguno; otra posibilidad podría ser, enviar a un alto representante del Kremlin a Johannesburgo, con los mensajes y argumentos que el gobierno ruso quiere hacer escuchar en la Cumbre; empero, si insiste en arribar en persona, los problemas serán monumentales para las tres partes involucradas; a saber… la CPI, el gobierno surafricano y Vladimir Putin, quien, aunque muchos no lo quieran ver así, es prófugo de la justicia.

            La pena que tiene sobre sí desde marzo de este año, es por el crimen de guerra que consiste en la “deportación de niños ucranianos tras la invasión”; aunque podrían recaer sobre él mismo, otras acusaciones, debido a la constante y diaria violación de los derechos humanos en la nación invadida por el ejército ruso que está supeditado al mandato del propio Vladímir Putin. Fue la comisionada de los Derechos del Niño de Rusia, María Lvova Belova, quien, por medio de la CPI, emitió en marzo pasado una orden de arresto contra Vladímir Putin “por el delito de guerra de deportación ilegal de menores ucranianos hacia territorios rusos, en el marco de la guerra en Europa del Este, iniciada por orden de Moscú, a finales de febrero del 2022.”

            Por otra parte, la CPI no celebra juicios en ausencia, por lo que insiste en que el dictador de Rusia tiene que ser detenido, ya sea entregado por Moscú, lo cual es muy remoto que suceda, o arrestado fuera de su país natal; y Suráfrica, cuyo gobierno firmó el Estatuto de Roma que tiene que ver con la CPI (es la esencia de este tribunal), está en su deber de arrestar y entregar al genocida en cuestión; aunque en la opinión del presidente surafricano, Cyril Ramaphosa, detener al tirano ruso sería semejante a una declaración de guerra a Rusia, según un documento publicado por Pretoria en estos días que transcurren. Además, todo el país se ha involucrado en un caluroso debate acerca de la posible visita del dictador de Rusia, hecho que se da en todos los medios de comunicación existentes; sin embargo, muchos penalistas surafricanos llegan siempre a la misma conclusión de que el mandatario de este país, tiene que detener al líder ruso si ingresa a este territorio. En todo caso, y en principio, el gobierno de Suráfrica ha esquivado, desde que se produjo la invasión a Ucrania, condenar a Rusia por tal hecho flagrante y violatorio del derecho internacional, en contra de una nación soberana.

            Por otra parte y la más fuerte en este debate que se está dando en lo interno de Suráfrica, el mayor partido de la oposición al gobierno, la Alianza Democrática (DA), ha llevado el asunto hasta los tribunales para forzar a Ramaphosa a detener a Putin y lo entregue a la CPI, si aterriza en el aeropuerto de Johannesburgo en la fecha indicada para el inicio de la Cumbre de las Potencias Emergentes (BRICS). La respuesta del mandatario ha sido: “la petición de ese partido es irresponsable, (porque) Rusia claramente indicó que cualquier detención de su presidente en ejercicio (entiéndase dictador en el caso de Vladímir Putin), equivaldría a una declaración de guerra. No sería coherente con nuestra Constitución arriesgarse a involucrar al país en una guerra con Rusia. Sería un ejercicio imprudente, inconstitucional e ilegal de los poderes conferidos al gobierno declarar la guerra a Rusia, arrestando al presidente Putin. Arriesgarse a entrar en guerra con Rusia, sería incompatible con la Constitución. Tengo obligaciones constitucionales de proteger la soberanía nacional, la paz y la seguridad de la República y de respetar, proteger, promover y cumplir los derechos del pueblo a la vida, la seguridad y la protección, entre otros.” Dejó saber el mandatario en una declaración jurada ante el Tribunal Superior de Gauteng, según el portal de noticias News 24. En el fondo, lo que desea Ramaphosa es obtener una derogación de las reglas de la CPI, porque “una detención de Putin podría amenazar la seguridad, la paz y el orden del Estado.” Dicho texto fue clasificado por el presidente surafricano “confidencial”; empero, la Corte Penal Internacional lo difundió ante la opinión pública, en contra de su voluntad.

            El máximo jerarca de los surafricanos no tuvo más remedio que explicar a su pueblo y opositores, que su gobierno inició los procedimientos previstos en el artículo 97 del Estatuto de Roma –el tratado fundacional de CPI-, que permite consultar a la CPI si se detecta un problema para ejecutar una de sus órdenes, en este caso en relación con la llegada del dictador de Rusia. Finalmente, Ramaphosa hizo hincapié en que “no se ha tomado una decisión final de que, efectivamente (Putin) vendrá a Suráfrica.” Por otra parte, a finales de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suráfrica, emitió una orden para garantizar la inmunidad diplomática de los asistentes a la Cumbre del BRICS, lo que podría ayudar, cómodamente, al hecho de que se produzca la visita del genocida ruso en esta nación del sur del continente negro. No obstante, Clayson Monyela, portavoz de este mismo ministerio, aclaró que “estas inmunidades no anulan ninguna orden judicial que pueda haber emitido un tribunal internacional, contra cualquier asistente a la conferencia.”

¿Amistad, sumisión, intereses creados, neutralidad o miedo? 

            Con respecto a Rusia y su dictadura, violadora flagrante, una y otra vez, de los derechos humanos, no solo en Ucrania, país al que invadió y bombardea sus centros urbanos donde no hay objetivos militares, el gobierno de Pretoria ha dicho que ha adoptado una postura neutral en relación con el conflicto que aquel país lleva adelante contra Ucrania. Los entendidos en esta materia, subrayan que esa posición surafricana no está solamente vinculada al papel estratégico, político y económico que Moscú tiene en algunas naciones africanas, sino también, en el caso específico de Suráfrica, a motivos históricos, como el apoyo que le dieron los rusos a los movimientos anticoloniales y de liberación durante el Siglo XX, y durante la lucha contra el régimen racista del “apartheid.” Es decir, se infiere entonces que Suráfrica está en deuda “perenne” con los rusos y por ello no debería atentar en contra de los intereses del Kremlin, nunca, ni en mínimo sentido.

            En lo que estriba a las cinco naciones que conforman el Grupo BRIC, al que se unió Suráfrica en el 2010, crearon este organismo en el 2006, con la intención de influir más en las Instituciones internacionales, que hasta ahora han estado dominadas por los Estados Unidos y Europa Occidental. Solo cinco potencias emergentes le dan vida; a saber: China, India, Suráfrica, Brasil y Rusia. La Cumbre a realizarse en Johannesburgo, será la número 15 y tendrá su sede en un centro de convenciones que, como sucede siempre en estos casos, estará pletórico de agentes de seguridad, mismos que serán redoblados si el dictador ruso llegase a esta nación sede; aunque, hasta el momento (mitad de julio), el Kremlin no ha confirmado su presencia en la Cumbre.

            El sentimiento que revela la posición del mandatario surafricano, es de inmenso temor si el ejército ruso atacara a su patria y en el tanto él ordene la detención de Putin cuando asista a la reunión; sin embargo, desde el punto de vista logístico o táctico, las milicias rusas, según han demostrado en Ucrania, son pésimas en el arte de la guerra y se han visto superadas una y decenas de veces por el ejército convencional ucraniano; lo cual indica que “embarcarse” en una misión militar a gran escala en un territorio tan alejado geográficamente de Rusia, como lo es Suráfrica –teniendo también en cuenta el fiasco de Afganistán sufrido por el ejército soviético a finales de la década de los 70s. y que determinó la desaparición de la Unión Soviética-, sería una aventura con más tinte de suicidio militar que a otra cosa. Incluso, el Kremlin ya no cuenta con los servicios del Grupo Wagner, supuestamente disuelto en estos días recién idos, que era el brazo más largo del gobierno ruso, en sus guerras extra-continentales. De hecho, Wagner luchó en varias naciones africanas, ya fuera por razones políticas o simplemente para expoliar (robar) los diamantes, el oro y otros tesoros subyacentes en esos países. De tal manera que una guerra a tan larga distancia y con un ejército comprobadamente ineficiente, desmotivado y mal preparado para el combate, como lo es el ruso, conllevaría a una derrota aplastante si se diera el caso. Además, tendría que ser un conflicto llevado por Rusia desde altamar, pues ninguna nación fronteriza con Suráfrica estaría de acuerdo en que los rusos utilicen sus territorios para atacar a un país vecino y amigo, según son los surafricanos para el resto de países del mismo continente; y una aventura naval significaría, además del altísimo costo tecnológico, un gasto superlativo de rublos (o dólares), que en estos momentos el Kremlin no puede permitirse, debido al bloqueo económico que los Estados Unidos y la Unión Europea (UE), tienen sobre las finanzas rusas desde que atacaron a Ucrania. Tampoco la marina rusa es un dechado de poder ni de virtudes: son unos cuantos barcos con una dotación de marinos, del mismo modo ineficiente que su ejército de tierra. Suráfrica, en medio de una coyuntura así, contaría con la ayuda de naciones aliadas, como Inglaterra y los Estados Unidos y eso es decir “demasiado” para los desmoralizados y limitados rusos.

            La salida al problema que representaría la visita de Putin, se podría resolver con que no haya visita. Que se quede en el Kremlin y la ejecute de manera virtual; esto es, por la pantalla de sus gigantescos monitores en su oficina y por internet; así el presidente surafricano encontrará finalmente su paz mental y espiritual y Putin lo hará quedar bien con la CPI y con él mismo, ya que no habrá necesidad de capturarlo y enviarlo a los Países Bajos para ser juzgado. Son tiempos difíciles para el dictador ruso, tiempos de guerra, tiempos para quedarse en casa, donde, incluso, los mismos ciudadanos rusos quieren deshacerse de él sin contemplaciones. Sino que lo digan aquellos que aplaudieron al Grupo Wagner, cuando se dirigía camino a Moscú, para dar el golpe de Estado.

Otro Juicio contra Donald Trump y el Extraño Comportamiento de las Masas

de Votantes

MIAMI, Florida, USA-Los sociólogos y psicólogos solo alcanzan a explicar que el comportamiento de las gentes con respecto a sus líderes, se debe al hecho de que “no son racionales”, que, al mantenerse juntas, pierden toda capacidad para razonar y discernir en lo referente a quienes se posan delante de ellas para hacer sus discursos. Pero creemos que debe haber algo más de fondo, porque esa irracionalidad que presentan los votantes en el caso de Donald Trump, llama a la curiosidad y a la preocupación. ¿Por qué preocupación? Porque entre más demuestren los fiscales y jueces que el individuo es un corrupto, que se salta todas las normas existentes y por culpa de él han muerto personas incluso, tal el ejemplo durante la invasión del edificio de El Capitolio, en Washington, donde fallecieron algunos de sus fanáticos seguidores, más y más personas apuestan por su candidatura y porque gane las primarias republicanas y posteriormente las elecciones estadounidenses, porque, sin duda, Trump será el candidato oficial del Partido Republicano, por encima de DeSantis y de Mike Pence, también postulados para tales comicios.

            Pero lo cierto es eso… entre más se demuestra su vandálico comportamiento, más lo adoran los votantes y se muestran más decididos a llevar a un presidente corrupto a la Casa Blanca. Tampoco la postulación del demócrata Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos, significaría un escollo para Trump, quien lo vencerá fácilmente por estas dos razones: por la desgastada salud de Biden, por su edad avanzada; y porque Trump tiene la facilidad de despedazar con su palabrería violenta y agresiva a quien él quiera, sin la menor contemplación ni rasgo alguno de humanismo.

Su escenario fue esta vez Miami

            Acusado de comisión de delitos, el magnate inmobiliario tuvo que comparecer ante los tribunales de Miami, en La Florida, pero en esta oportunidad no se veía tenso como en la primera ocasión, pues parece que ya se está acostumbrando a viajar a las salas de juicios y hace todo un espectáculo ante los seguidores que se agolpan en las afueras de los edificios. Trump está en plena campaña electoral y parece que los jueces y fiscales ni se dan cuenta de ello y si se dieran cuenta, no podrían detener su comportamiento en un país de libertades, porque simplemente Trump no está infringiendo ninguna ley al dirigirse a sus simpatizantes, ni lanzarlos políticamente contra Biden, su gobierno y el sistema de la nación. Es toda “una comparsa” la que lo acompaña a todos los juicios, evidentemente, y él goza con esas situaciones espontáneas de su gente.

            En todo caso, algunos republicanos como Haley, Christie o Hutchinson, le han sugerido que deje la campaña y le han tildado de “imprudente”, pero esos calificativos al “tiranosaurio” Trump, capaz de devorarse de un bocado a quien a él le parezca sin la menor consideración ni remordimiento, esas palabras “le entran flojas” y continúa con “su carnaval político.”

            Los cargos anteriores en Nueva York contra una ex actriz porno y una ex columnista de una afamada revista, no son nada comparables con la naturaleza federal de estas nuevas imputaciones: nada menos que 37 cargos relacionados con la retención indebida y deliberada de documentos clasificados de Defensa, falso testimonio y obstrucción a la acción de la justicia. Son crímenes de mayor gravedad.

            La fiscalía lo acusa de quedarse con documentos de alta sensibilidad que solo competen al gobierno de los Estados Unidos y que, en ningún modo, debieron estar en la residencia privada de Mar-a-Lago, propiedad del ex presidente. Una vez que él dejó la Casa Blanca, no debió haberse llevado o secuestrado la enorme cantidad de cajas que en sus exteriores tenían la leyenda “Top Secret”; incluso, estaban depositadas en baños de la mansión de golf de Trump, de tal manera que los invitados a sus recurrentes fiestas se los encontraban en cada recodo de ese lugar. Se le insistió, de parte de autoridades gubernamentales, que los devolviera, pero hizo caso omiso y, más bien, instruyó a uno de sus empleados, llamado Walt Nauta, que moviera las cajas con documentos, que las llevara a otros escondrijos, para evitar su devolución. Esa petición de parte del gobierno se prolongó por nueve meses y la única respuesta de Trump, fue el silencio. Fue cuando se tomó la decisión en las altas esferas de la actual administración de Joe Biden, de enviar al FBI a la costa de La Florida, a la mansión del ex mandatario, en agosto del año 2022, se allanó la propiedad ante los ojos incrédulos del mundo, ya que por primera ocasión la residencia de un ex presidente estadounidense era violentada por las autoridades federales y ahí comenzó la tarea de imputar a Donald Trump, por ese nuevo y severo caso.        

            Según su estilo “endiosado”, el personaje de esta nueva novela viajó hasta los tribunales, desde el Trump National Doral, su resort ubicado en Miami, junto a su hijo Erik, y su equipo de abogados. Fue arrestado cuando puso su primer pie en el edificio judicial, quedó bajo custodia de la policía y a disposición del juez, John Goodman; le leyeron los 37 cargos y se declaró inocente de todos ellos, según recomendación de sus leguleyos. Fue cuando Todd Blanche, uno de sus nuevos defensores, manifestó ante el magistrado: “Declaramos la inocencia con toda certeza.”

            El fiscal especial, Jack Smith, ha dicho que su intención es establecer cuanto antes la fecha del juicio, que sea a la mayor brevedad, porque es característica de este juzgado federal que la celebración de los procesos no suceda más allá de 70 días, desde que se imputa al acusado. Sin embargo y a pesar de que su visita a los tribunales no duró más de 30 minutos, el proceso promete extenderse en el tiempo, algo que favorecerá a los intereses de la defensa, de acuerdo a las explicaciones de los entendidos. Pero, por el momento, solo hay una fecha clara en el calendario para dar comienzo al juicio y será, tentativamente, el 27 de junio del presente 2023. Será cuando se presente ante el mismo juez el asistente de Trump, Walt Nauta, quien enfrentará una pena de decenas de años de cárcel, en el tanto sea hallado culpable de seis cargos, entre ellos, conspirar junto a Trump para retener documentos oficiales, propiedad del gobierno de los Estados Unidos de América.

            Y aquí viene lo inexplicable: la imputación, tanto en Nueva York como en Miami, disparó las encuestas a su favor y le hizo todavía más favorito, pues parece que a la gran masa de votantes le gusta “el pillo”, el delincuente no confeso, pero que todos saben que es tan delincuente como el que más, y le apoyan irrestrictamente hasta irse con él al fondo de los abismos o de los mismísimos infiernos, porque con Trump no se puede ir, políticamente, a ningún otro sitio diferente.

            A pesar del peligro de fuga, el juez Jonathan Goodman no impuso medidas cautelares al ex mandatario, quien, incluso, tiene permiso para viajar al extranjero libremente y cuando le plazca; aunque no podrá hablar con Nauta o con los testigos de la causa, solo podrá hacerlo por medio de sus abogados y “todo lo que diga, podrá ser usado en su contra”, le dejó escuchar con toda claridad el mismo magistrado. En acto seguido, la supervisión de este caso ha pasado a manos de la jueza federal, Aileen Cannon, quien fue nombrada durante la administración de Donald Trump, como dato interesante, dicho sea de paso. Será la encargada de fijar la condena, si el gran jurado de Miami decide que el expresidente es culpable, lo cual, a juzgar por las evidencias, así será, la culpabilidad no podrá ser algo distinto para quienes han seguido los “desvaríos y alucinaciones tremebundas” de este individuo que lo parece todo, menos un ex presidente de los norteamericanos. Pero lo cierto es que bajo la tutela de esta jueza, ha comenzado el programa de encuentros entre las partes del tribunal, a llevarse a cabo cada dos meses. Esa fase se conoce con el nombre de “descubrimiento” y se efectúan interrogatorios, reunión de documentos y solicitud de admisiones y declaraciones, según el procedimiento acostumbrado o regular.

                Del lado de Trump, lo imperativo en estos instantes es completar su grupo de defensores, después de las renuncias de los abogados James Trusty y John Rowley, quienes fueron los que llevaron el peso del caso de los papeles de Mar-a-Lago, aunque renunciaron al día siguiente de conocer la imputación contra su cliente; luego, Trump anunció que había contratado a Blanche, quien lo ha presentado ante el juez como “no culpable.” Y en estos últimos días, después de la visita a los tribunales, el ex mandatario empezó las entrevistas de trabajo con algunos abogados en el resort en Doral, propiedad del magnate. La idea o plan de acción que manejan los defensores, es la de prolongar el proceso, en contra de lo que se acostumbra en las Cortes de Miami. Desean impugnar hasta el último aspecto técnico del caso y convertirlo, de paso, en un espectáculo político y hacer creer que Trump es una víctima del sistema.

                Sin embargo, el fiscal especial Jack Smith, un letrado independiente escogido por el Departamento de Justicia para investigar el caso, prometió que se realizará un juicio rápido, luego de hacer público el pliego de cargos que servirá como base de trabajo para el gran jurado, que estará integrado por ciudadanos de La Florida, según se estiliza en el sistema judicial estadounidense.

La mejor manera para condenar a Trump

            Un artículo publicado en The New York Times, titulado “Cómo Condenar a Trump,” escrito por los expertos en materia jurídica, Norman Eisen, Andrew Weissmann y Joyce Vance, aconsejan a la fiscalía de Miami “hacer lo posible por persuadir a la opinión pública y mantener el caso en niveles de sencillez, (porque) cuando está por medio un gran jurado, las pruebas deben presentarse de un modo fácilmente comprensible y convincente. Afortunadamente para Smith (el fiscal), todo lo que sabemos hasta ahora, permite pensar en un golpe de narrativa uno-dos (analogía con el boxeo), que presente la historia de Trump como la de alguien que se apoderó de unos documentos que no le pertenecían y luego mintió al respecto para encubrir sus fechorías. Solo así lograrán, aunque se antoje poco probable, que el caso no entre de lleno en la campaña presidencial, que arrancará a principios del año que viene (2024). Se podría dar una circunstancia inédita, otra, en la historia de Estados Unidos, con un candidato (las encuestas, como lo hemos afirmado aquí, lo dan con holgura como favorito en la designación republicana), en un viaje de ida y vuelta entre los mítines y los juzgados.”

            ¿Pero por qué los redactores de dicho artículo han escrito “juzgados,” utilizando el plural? Porque el caso de los papeles hallados en Mar-a-Lago no es el único proceso que está enfrentando el ex mandatario; sino que tiene pendiente otro, con gran jurado al frente, en el condado de Fulton, en Atlanta, Georgia, donde se le investiga por supuestas presiones sobre los funcionarios electorales de un Estado que perdió las elecciones del 2020, una derrota que significó para Joe Biden algo parecido a la mitad de su triunfo por la presidencia del país. Esta imputación podría darse en agosto próximo. Incluso, la policía de Atlanta envió a la comparecencia reciente de Trump en Miami, a algunos agentes, del mismo modo como hicieron en Nueva York, para estudiar el procedimiento que utilizaron los colegas policiales miamenses para contener a los simpatizantes del ex presidente, congregados en las afueras del edificio de la Corte de Justicia.

            Por otra parte, uno de los desafíos legales a los que el sistema se enfrenta, será la forma de colaboración entre los tres jueces de Miami, Atlanta y Nueva York (por el caso de la ex actriz porno, Stormy Daniels, contra Donald Trump), para no interferirse o estorbarse entre ellos y no trastabillar durante los pasos que vayan a dar eventualmente; y la única fecha definida claramente hasta el momento, es la ex actriz Daniels, por el pago que presuntamente le hizo Trump a cambio de su silencio por las relaciones extramaritales que sostuvo con ella; y está previsto para que empiece el 25 de marzo del 2024, y es el menos importante de los tres juicios.

            Otras opiniones al respecto, de personas conocedoras en materia legal, en el caso de Bill Barr, quien fuera fiscal general precisamente durante la administración Trump, señalan lo siguiente: “aunque solo la mitad de los cargos que se le han imputado hoy en Miami fuera cierta, el republicano ya estaría ‘frito’.” Por su parte, Stephanie Grisham, su antigua secretaria de prensa, ha mencionado: “aunque Trump ha sido acusado penalmente, no tiene prohibido presentarse o asumir el cargo presidencial, incluso aunque fuera condenado. (Y) siendo como es Trump, va a doblar, triplicar su apuesta. Va a recaudar fondos. Va a hacerse la víctima. (Y) como demostró, en olor a multitudes, en Bedminster, la política de la negación de la realidad llegó a su culmen cuando el expresidente contó: ‘mucha gente me ha preguntado por qué tenía esas cajas (de documentos), para qué las quería. Las cajas contenía de todo tipo de efectos personales, camisas y zapatos.’” Es la mentira en su mayor dimensión e intensidad, según acostumbra este individuo que tiene altísimas probabilidades de alcanzar nuevamente la presidencia de los Estados Unidos, en claro y abierto reto a la lógica, a la decencia, al buen hacer y al espíritu bondadoso de los estadounidenses, quienes se están viendo seducidos por sus palabras y sus gestos que tienden a victimizarlo o hacerlo ver perseguido por un sistema que no le quiere, que no lo valora y le ha sido “totalmente malagradecido” antes, durante y después de su gestión presidencial.

¡Y nosotros que creíamos ciegamente en el sentido común de este pueblo a la hora de elegir a sus mandatarios! Pero, esta vez, ese mito lo han acabado a patadas, llana y sorpresiva e inexplicablemente.

Esposa Judía de Toledo, el Expresidente Peruano, Huye y Evade  a la Justicia del Perú

LIMA, Perú- Últimamente, desde hace unos 10 años hasta la fecha actual, los judíos, alrededor del mundo se están quitando esas imágenes de perseguidos por el resto de la humanidad, de ser las víctimas eternas del nazismo y demás tristezas que ellos divulgan diariamente, para caer en situaciones verdaderamente vergonzantes, como en los casos de Jeffrey Epstein –amigo del Príncipe Andrés de Gales, hermano del nuevo Rey de Inglaterra, Carlos III-, quienes fueron pillados en actos de pederastia, desflorando jovencitas en las mansiones del primero; o del cineasta de Hollywood, Harvey Weinstein, hallado culpable en dos juicios, por abusar sexualmente de cuanta mujer se le puso en el camino. Y ahora se trata de la esposa judía del exmandatario peruano, Alejandro Toledo, quien lo acompañó durante toda su reclusión en su casa de habitación situada en San Francisco, California, hasta que los “caminos se partieron” con la deportación de su marido de los Estados Unidos hacia Lima, Perú, para que enfrente a la justicia por varias causas ligadas con la corrupción. Posiblemente, con base en un plan trazado entre los dos, ella acaba de huir de esta urbe californiana con destino a su verdadera patria (el verdadero país de todos los judíos en el mundo)… Israel.

            Se llama Eliane Karp y con respecto a su esposo, Toledo, hacen una pareja bastante contrastante en el aspecto fisonómico, porque él es indígena puro y ella, blanca y rubia, según son la mayoría de las hebreas. Además, ha sido una sorpresa para quienes no conocían a fondo la vida personal del exmandatario, pues se le consideraba –y así lo hacía creer él a la opinión pública-, un hombre orgulloso de sus orígenes, de su gente de extracción humilde y autóctona; pero ya vemos que no eran del todo reales tales argumentos nacionalistas e indigenistas. El hecho de estar casado con una judía, llama profundamente la atención en este político caído en desgracia y que ahora confronta a las leyes de su país natal.

Escape hacia Tel Aviv

            La noticia ha conmocionado a todo Perú, porque se vive pendiente de la suerte que correrá próximamente Toledo, quien se encuentra recluido en una cárcel de esta nación, después de su regreso de los Estados Unidos, donde intentó evadir a la justicia peruana. Y es que la esposa de éste, Eliane, tomó un vuelo comercial desde San Francisco de California, donde había quedado sola después de la extradición de su esposo y se dirigió hasta Tel Aviv, Israel, país considerado por el mundo sionista como “la tierra prometida” y todas esas creencias que les son tan propias desde que tenemos consciencia de que existen los judíos sobre la faz de la Tierra.

            Dicha decisión de esta mujer era un temor que sentían los abogados y analistas de la situación de Alejandro Toledo en el plano judicial. Ella debía comparecer ante los tribunales peruanos por las mismas causas de su marido; pero se sabía que tenía tres posibilidades en su futuro inmediato: regresar al Perú y entregarse a la policía para ser encarcelada y posteriormente juzgada o, en su defecto, huir hacia Bélgica, país que le dio la nacionalidad a esta mujer –dentro del enredo que suponen ser la nacionalidades en los judíos… ese “nací aquí, soy de aquí, pero no lo parezco y realmente soy judío y mi verdadera patria es Israel,” como todos ellos se definen-, o viajar definitivamente a suelo israelí, tal y como hizo finalmente. Los mismos abogados que se mostraban temerosos ante el posible escape de esta mujer, ya lo habían advertido a los encargados de impartir la justicia en el Perú. Incluso el fiscal de este caso, Rafael Vela, se mostró inconforme con la no deportación de la ex primera dama, hacia tierras peruanas.

            Evidentemente, ahora Karp está más segura que nunca, ya que Perú no tiene Tratado de Extradición con Israel; ella lo sabía y Alejandro Toledo también era consciente de ello; de ahí se cree que ambos pactaron la huida de la mujer. Tampoco ella tenía impedimento de salida de los Estados Unidos y de eso se aprovechó ni lenta ni perezosa. “El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha informado a la Embajada del Perú (en ese mismo país), que tomó un vuelo con destino a Israel (…). Sí, la señora aterrizó efectivamente en esa nación. A través de la Cancillería (peruana), haremos seguimiento del caso.” Confirmó el primer ministro del Perú, Alberto Otárola.

            “La cortina de humo” ya la había dejado ver el esposo, Alejandro Toledo, a quien le preguntaron tras su arribo a Lima para ser juzgado por presuntos delitos ligados con la corrupción, sobre su compañera de vida y su abogado, Roberto Su, respondió que “ella tiene nacionalidad belga e israelí, pero en ningún momento me ha dicho que va a escapar o que se vaya a ir (…). Eliane Karp ya tiene su pasaporte, ella quiere venir a Perú. Pero no regresaría a suelo peruano en el tanto no quedara sin efecto la orden de prisión preventiva (que pesaba sobre ella en los Estados Unidos, en el Estado de California), una medida que mi patrocinada consideraba injusta, pues, a su modo de ver, era una represalia por ser la esposa de Toledo.”

            Es oportuno recordar que Alejandro Toledo está involucrado en el caso de corrupción creado por la empresa constructora brasileña Odebrecht, que ha corrompido a más de la mitad de exmandatarios de América Latina, al darle al expresidente peruano una coima (obsequio para que favoreciera a los empresarios), de US$35 millones. De inmediato, y presuntamente, Toledo adjudicaría la construcción de la carretera Interocéanica y de esa menara, los brasileños se iban a beneficiar con los millones de millones que ese negocio iba a otorgar a los constructores.

            Eliane Karp, de profesión antropóloga, fue primera dama del Perú del 2001 al 2006; y está acusada del presunto delito de lavado de activos por el caso Ecoteva y, desde el 2017, pesa sobre ella una orden de prisión preventiva de 18 meses; y desde el 2019, una solicitud de condena de 16 años y 8 meses. Y es que a Eva Fernenburg, madre de Eliane Karp, y suegra de Toledo, la descubrió la justicia del Perú comprando inmuebles de lujo, a través de la empresa Ecoteva Consulting Group. Esto a inicios del 2013. Según la fiscalía de este país andino, esa es una empresa offshore (en paraíso fiscal o libre del pago de impuestos), que fue constituida en Costa Rica y mediante la cual Toledo, su esposa y la madre de ésta, trataron de camuflar las millonarias cantidades de dinero que habrían recibido de los brasileños de Odebrecht.

            Lo simpático de este caso y de acuerdo con la costumbre de los judíos al recordar permanentemente a los nazis, un tema que no sueltan ni cuando duermen por las noches, fue cuando se le preguntaba a Alejandro Toledo sobre la procedencia del dinero que manejaba su suegra a manos llenas o en grandes cantidades; es decir, si ella no trabajaba en nada que fuera visible ni convincente, por qué tenía a su disposición tantas cantidades de billetes. Era cuando el exmandatario respondía –y aquí viene lo gracioso de la historia-, que ese dinero obedecía a “una indemnización que mi suegra ha recibido por haber sido una víctima del holocausto.” Nótese el alto grado de cinismo que utilizan algunos judíos inmersos en delitos de este corte, cuando mienten y utilizan el tema del genocidio de su pueblo, para esconder lo que realmente están haciendo, sus fechorías en las que siempre hay millones de dólares implícitos. En este caso, la suegra “lavaba el dinero” que la constructora con sede en Brasil, había dado a su yerno, el entonces presidente del Perú. Prontamente los fiscales peruanos indagaron un poco y se enteraron de que la señora en cuestión, de nombre Eva Fernenburg, no figuraba en el registro de personas indemnizadas a raíz de la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, el cinismo radicó en que utilizó las imágenes de los campos de concentración para encubrir “el lavado de activos”; se hizo pasar por una víctima de los nazis, cuando, en verdad, nunca estuvo en un matadero de aquellos, en Europa. ¡Increíble que eso suceda en el pueblo que se hace llamar a sí mismo, la víctima del resto de la humanidad!

La extradición de la esposa de Toledo

            Por supuesto que esta mujer, lo mismo que su madre, tienen cuentas pendientes con la justicia peruana; por ello, el Ministerio Público de este país andino envió todos los documentos necesarios a los Estados Unidos, para procesar la extradición de la esposa de Alejandro Toledo. Fue así como Edgar Rebaza, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Perú, indicó a la prensa: “El documento fue presentado hace bastante tiempo (en diciembre del 2021); pedimos su calificación y respuesta, pero quedamos a expensas de lo que la legislación americana y sus autoridades refieran.” Pero días después de que Toledo fue extraditado a Lima, su mujer, Eliane Karp, recuperó su pasaporte por orden del juez del norte de California, Thomas S. Hixson, quien dictaminó también que se le devolviera la fianza que pagó, junto a algunos colaboradores de Toledo, para lograr la libertad condicional de su mismo esposo, en el 2019. Fue US$1 millón, cuya mitad se abonó en efectivo y la otra con el aseguramiento de inmuebles. De tal manera, gracias a esa determinación del juez, Eliane Karp recibió recientemente US$175 mil, más los intereses generados, como parte del millón que la pareja dio para la fianza. Es decir, ambos han recibido dinero de todas partes y con una facilidad pasmosa, aunque la libertad del expresidente y la de su esposa sean una quimera en estos momentos precisos. En todo caso, el escape de esta mujer hacia Israel, ha sido la noticia “boom” y ha ocupado las portadas de los dos principales diarios peruanos, “El Comercio” y “El Correo.”

            Otro ciudadano judío, radicado en Israel, y conocido con el nombre de Avraham “Avi” Dan On, ha sido requerido por la fiscalía peruana, al estar vinculado con el mismo caso Odebrecht y la Carretera Interocéanica. Es notorio que este asunto de “las coimas” o las compras de consciencias de parte de la constructora brasileña, ha involucrado a más gente de lo normal y con un cariz internacional realmente sorprendente. En lo que se refiere a Alejandro Toledo, su llegada a su país de origen ha coincidido con la situación política por la que atraviesa la realidad de la sociedad peruana hoy en día, que es altamente volátil y a pocos meses de haber ingresado a prisión otro expresidente por intentar un auto-golpe de Estado, en el caso de Pedro Castillo, el segundo indígena que alcanzó el poder. Toledo fue el primero; aunque los dos han sido epicentro de grandes escándalos con resonancia en toda América Latina.

            Toledo se halla actualmente en la prisión de Barbadillo, a la espera de que su caso “prospere” o evolucione en los estamentos judiciales y pueda defenderse ante las acusaciones que pesan sobre él, su esposa (en fuga) y su suegra. Otros exmandatarios en la misma espera o situación, son Alberto Fujimori, enemigo declarado de Toledo, quien cumple una condena en firme por 25 años de cárcel por corrupción (¡!) y crímenes de lesa humanidad; Pedro Castillo, en prisión preventiva, acusado de corrupción y rebelión; Allan García, quien se suicidó cuando la policía tocó a la puerta de su casa; Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, también por corrupción. Finalmente  la actual mandataria interina, Dina Boluarte, quien será investigada por la presunta financiación ilegal del Partido Perú Libre, en las elecciones del 2021 y queda por esclarecer lo sucedido durante las revueltas populares contra su gobierno, cuando murieron, supuestamente a manos de la policía, unas 60 personas. De tal manera, Alejandro Toledo no está solo en esto del encarcelamiento.

            En opinión del politólogo y analista Engel Seen y en un intento de síntesis, “Perú es el nido de los políticos outsiders, pero también de los partidos políticos más informales y más desacreditados de la región. Entonces, uno podría decir que acá hay un vaciamiento de las Instituciones y eso tiene consecuencias difíciles de prever, ya que abre espacio a figuras populistas, de izquierda o derecha. Todo eso hace que se perfile muy difícil una salida a mediano plazo. Perú es el país de las incertidumbres. Es un país donde el mes siguiente ya parece una perspectiva de largo plazo y, ante la presencia de gobiernos débiles y frágiles, no se descarta que pueda desembocar en un gobierno cívico-militar o un gobierno civil con un alto componente militar peligroso.”

            Esa es la descripción más precisa de lo que aquí sucede, donde todo puede pasar, menos la continuidad de determinado gobierno y con esa fractura… ha aparecido el resquebrajamiento de la confianza del pueblo en los políticos y la consolidación de la paz social.

Donald Trump Condenado por Violación y Difamación en contra de la Excolumnista

Elizabeth Jean Carroll

MANHATTAN, Nueva York, USA- En tiempos particularmente difíciles para la aplicación de las leyes, cuando “la gran dama de la justicia, la diosa que sostiene la balanza, prefiere ver hacia el lado contrario en la mayoría de los casos y en los Estados Unidos, concretamente, donde los ex presidentes son un poco menos que divinidades intocables, una excolumnista de la revista ELLE, llamada E. Jean Carroll, apoyada solamente en su abogado acusador, decidió, valientemente y en nombre de todas esas mujeres ultrajadas por seudo-hombres, los “machos cavernícolas” que las han abusado, llevar a los tribunales al personaje de moda en esta nación, el exmandatario Donald Trump, y sentar el precedente de que él no puede andar suelto por las calles de Nueva York manoseando y violando a cuanta mujer a él le plazca y después, retirarse impunemente a su penthouse en la Torre Trump, a vivir con su esposa e hijo como si nada hubiera pasado.

            En aras de la justicia bien aplicada, nueve miembros (6 hombres y 3 mujeres), quienes conformaron el jurado en este caso de violación (ahora comprobada) contra Donald Trump, llegaron a la ineludible conclusión de que, en efecto, el acusado abusó en un gran almacén de esta ciudad de la periodista y excolumnista y le ha condenado a pagar US$5 millones a manera de resarcimiento por el daño ocasionado.

No es la única acusación

            Ciertamente Jean Carroll ha salido del edificio de la Corte, sonriente y acompañada únicamente por su abogado y en las afueras, un conglomerado de periodistas se arremolinaron frente a ella para tomarle sus impresiones y fotografiar esa sonrisa tan amplia y exultante; pero, en el futuro próximo, el expresidente Trump, quien tiene muchísimas posibilidades de alcanzar nuevamente la presidencia de los Estados Unidos, pues estos hechos aberrantes gustan, fascinan, a sus seguidores, tendrá que enfrentar más acusaciones de este y otro tipo. Esta demanda que ha puesto a Trump en evidencia por la clase de individuo que es, no es la única, puesto que hay muchas otras acusaciones de acoso y abuso sexual y tendrá que vérselas con todas, de aquí hasta que el último juez lo declare igualmente culpable por los mismos o parecidos hechos. Mientras tanto, en las encuestas por la intención de voto, su imagen sigue subiendo en un país, en un electorado que aprecia más la inmoralidad, la torcedumbre de un candidato, que la rectitud y los sanos principios.

            Yendo al grano de lo acontecido en Nueva York, el jurado dio a conocer su veredicto en un tiempo récord… en menos de tres horas y dentro de un proceso también muy rápido, en el que, sin embargo, el demandado no ha estado presente en la sala de debates y su abogado defensor desestimó llamar a testigos que defendieran, a su vez, al acusado Trump. Una estrategia –si es que lo fue-, extraña y tendiente a facilitar el triunfo de la parte acusadora o fue quizás para abreviar el juicio. Es decir, esa “estrategia legal” parece planeada por Trump y su abogado para pagar el resarcimiento al final y no alargar el proceso en la Corte. Los analistas que estuvieron presentes, explican lo anterior al señalar que la defensa renunció a llevar testigos por la inconsistencia de las pruebas a favor de la víctima; o sea… la argumentación de Carroll, supuestamente, era demasiado débil, en criterio de Trump y su defensor, y se caería por sí sola.

            En todo caso, el jurado llegó a la conclusión de que “no hubo violación pero sí abuso sexual, en un caso civil y no penal” y el pago que deberá efectuar Trump, a manera de sentencia y castigo, contempla los abusos y casi US$3 millones por la difamación. Por la parte perdedora, el indiciado y culpabilizado Trump sigue diciendo que él no conoce a las mujeres que lo acusan y que los procesos son “una vergüenza en contra de la democracia”, porque, precisamente, él es el más alto representante de la democracia estadounidense en estos momentos. Es decir, lo que Trump plantea es que no lo molesten porque él se ubica “por encima del bien y del mal y de todas las leyes existentes en el globo terráqueo.” Su leguleyo anunció que van a recurrir el fallo judicial y demostrar, de paso, que el jurado y el juez se equivocaron flagrantemente contra su defendido.

            Los hechos se dieron en un almacén lujoso, de ropa, en Manhattan, propiamente en Nueva York, un jueves de la primavera de 1996. Datos que quedaron consignados en el libro de Memorias que Carroll escribió y vio la luz pública en el 2019. Trump lo ha negado todo, según su horrenda costumbre e insultó a la excolumnista al decirle que “ella no es mi tipo.” Pero la violó sin ser su tipo. La difamó por medio de dos mensajes sangrantes en las redes sociales, donde se posan millones de ojos a diario y donde un insulto adquiere dimensiones épicas, colosales... De inmediato, representantes del Movimiento MeToo formaron un frente a favor de Carroll y la han estado acuerpando a lo largo de este proceso.

Lo que sucedió “puertas adentro”

            Analistas de esta situación en particular, han dicho que los componentes del jurado, de quienes desconocen sus identidades por razones de seguridad, son 6 hombres que pertenecen a las minorías étnicas (orientales, negros o hispanos); y 3 mujeres con edades en torno a los 60 años, “proclives a creer en la versión de la periodista presuntamente ultrajada.” Lo cual indica que el veredicto no tiene el peso ni la integridad moral que debería tener en este caso; y es muy posible que de ese aspecto se agarre la defensa de Trump cuando presente su apelación.

            El juicio duró apenas dos semanas y se celebró en el Tribunal Federal de Manhattan, en Nueva York, para ser más exactos, y fue de carácter civil, no penal; de tal manera que Donald Trump no irá a prisión, pero tendrá que pagar con dinero su abuso sexual y su difamación. Al hallársele culpable de lo anterior, en concepto de responsable civil al no ser un caso penal, ha sido sentenciado al pago de la indemnización de US$2 millones para compensar el daño causado, US$200 mil más por los daños punitivos; US$2,7 millones más por daños por difamación (incluidos los US$1,7 millones destinados a reparar la reputación de la escritora); y, finalmente, US$280 mil por los daños punitivos por su desprecio a los derechos de Mrs. Carrol. Esa fue la decisión tomada por los componentes del jurado, “puertas adentro”, en el Despacho adecuado para tales menesteres, mientras, afuera, la opinión pública y la prensa esperaban la resolución ya conocida.

            La demanda por difamación tuvo su asidero en un post escrito por Trump, en octubre del 2022, en Truth Social, su propia red, en la que calificó las acusaciones de Carroll de “completa estafa y mentira.” Posteriormente, su batería de abogados aseveró que, detrás de la acusación de la periodista de ELLE, “hay un importante donante demócrata, cuya única intención es la de ensuciar la reputación del exmandatario republicano.” Donald Trump se dejó decir, incluso, que ese oscuro personaje que anda en las penumbras, es nada menos que el judío/húngaro George Soros, quien, con base en el sonido de su billetera, quiere cambiar al mundo a su antojo y determinación. Trump describió también la actitud de la excolumnista de “caza de brujas”, según dice de todas las acusaciones que está enfrentando y de las que dirá igualmente de aquellas que vendrán en el futuro.

            En específico, el jurado tenía ante sí tres categorías de agresión sexual que podía analizar para decidir si el encausado había cometido algún delito de acuerdo con la legislación del Estado de Nueva York y de las instrucciones del juez: 1. Si consideraban probado que hubo penetración del miembro masculino en la abertura vaginal, con el uso de la fuerza física, eso constituiría violación; 2. para determinar que hubo abuso sexual, debían llegar a la conclusión de que Trump sometió a Carroll a contacto sexual tocando las partes íntimas de la mujer; y 3. los tocamientos forzados que hubiesen incluido agarrar, pellizcar o frotar partes sexuales o íntimas de la víctima. 

            Desprendiéndose de lo anterior, el exmandatario no se ha quedado quieto ni un instante y ha publicado en su red social que la periodista se inventó la historia de la violación para impulsar las ventas de sus Memorias, inspiradas en el valor y la fuerza que le dio el Movimiento MeToo; y, tras conocer el veredicto en su contra, el expresidente publicó en Truth Social: “No tengo ni la más remota idea de quién es esa mujer. Este veredicto es una vergüenza. ¡Una continuación de la gran caza de brujas contra mí.” Mientras su equipo de campaña anunció que, de inmediato, planea recurrir el veredicto porque “dudamos de la imparcialidad del sistema judicial en algunas jurisdicciones de los Estados Unidos, como Nueva York, comprometida con la política extremista de izquierdas del Partido Demócrata.” Pero lo cierto fue que la parte acusadora, dirigida por la combativa abogada Roberta Kaplan, llamó a 10 testigos; mientras que la defensa del abogado Joe Tacopina, a la postre flojo, endeble y pésimo profesional, no llamó al estrado a ninguna persona, en apuesta por la inconsistencia de las pruebas y el tiempo transcurrido desde que se dio el suceso en la tienda de lujo donde Donald Trump abusó sexualmente de la escritora, de acuerdo con lo que quedó estipulado en las actas del juicio.

            También, el abogado del exmandatario se basó en el hecho de que Carroll no gritó pidiendo ayuda cuando era penetrada, sugiriendo que ella aceptó el hecho y se sintió complacida, incluso. Tal el cinismo del abogado Tacopina. Empero, Leslie Lebowitz, psicóloga clínica que asesoró a la parte demandante, explicó todo lo contrario al argumento troglodita y machista del abogado de Trump, al decir que “el shock de la víctima durante la agresión, le provocó un silencio paralizante”, echando por los suelos la canalla insinuación de que la excolumnista de ELLE “disfrutó del momento cuando Trump la penetraba en el vestidor de la tienda.”

            Además, dentro del grupo de testigos que apoyaron la acusación de Jean Carroll, hubo dos mujeres que narraron otros episodios de abusos sexuales, protagonizados por el magnate: uno en los años 70s y otro más reciente, en el 2005. “Tres mujeres diferentes (enumerando a la escritora), con décadas de diferencia, pero un único patrón de comportamiento,” sostuvo la misma psicóloga; mientras la endeble defensa repetía al jurado que considerara “ridícula” la anterior afirmación.

            Al ver las fotografías actuales de Jean Carroll, nos damos cuenta de que el tiempo ha pasado y ahora es una señora en el amplio sentido de la palabra, que sus aires de muchacha bella que embelesaron al magnate inmobiliario, se han ido; pero hay que tener presente también de que esta mujer fue tan bella en sus años de juventud, que fue reina de belleza en Indiana y estaba dotada de una brillante inteligencia que le permitía escribir una columna semanal en una renombrada revista con gran alcance mundial; y conducir un programa de televisión incluso. No se trató de cualquier mujer, de alguien a quien “nunca la conocí ni me acuerdo de ella”, como ha reiterado una y otra vez Trump, con esas palabras repetitivas que no encuentran sinónimos en su vocabulario parco y de individuo visceralmente inculto. Y ha sido tan obtuso que, durante su campaña anterior que le llevó a la presidencia del país, aseguró que “basta con estar al frente de una mujer cuando ella sabe de la fama que tienes, para que te permita meterle la mano en su coño sin que ella chiste siquiera.”

            Sin duda estamos delante de un auténtico depredador de mujeres en el caso de Trump, del mismo talante del Príncipe Andrew, el favorito de la fallecida Reina de Inglaterra, Isabel II; de Jeffrey Epstein, el judío insaciable sexual y desflorador de jovencitas; y del otro judío que se creía el amo y señor de Hollywood, el exproductor de cine Harvey Weinstein, todos ellos hallados culpables y condenados por jueces que han puesto en alto la eficacia y eficiencia de los tribunales estadounidenses y han dejado en claro que NADIE EN EL MUNDO ESTÁ POR ENCIMA DE LAS LEYES, sin importar su raza, religión procedencia o sus bienes (si son escasos o abundantes). ¡NADIE! Y MUCHO MENOS DONALD TRUMP, UN CASO SEVERO PARA LA PSIQUIATRÍA MODERNA Y APTO PARA EL CONFINAMIENTO EN UNA CELDA.

 Esta es la Cárcel que le Corresponde

a Vladímir Putin

LA HAYA, Países Bajos- No es un juego, no es una simple pose de parte de los jueces internacionales con sede en esta urbe neerlandesa, porque ya han demostrado en el pasado, con otros criminales de guerra, específicamente en la antigua Yugoslavia, en Los Balcanes, que la justicia aplicada a nivel internacional, funciona y se cumple a cabalidad. De tal forma que, en el caso de que el criminal ruso, Vladímir Putin, se descuide y sus celadores (guardaespaldas) tengan un “pestañeo”, INTERPOL (Policía Internacional), procederá a detenerlo y traerlo hasta esta sede para enjuiciarlo y determinar qué se debe hacer con su vida. Lo más probable es la culpabilidad, porque las pruebas de sus asesinatos a la población civil de Ucrania, son apabullantes, evidencias contundentes de sus órdenes genocidas.

Desde el 17 de marzo del 2023

           Precisamente esa fue la fecha cuando la Corte Penal Internacional (CPI), emitió la orden de arresto contra el tirano ruso, acusándolo de ser el presunto responsable “de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania, con destino a Rusia.” Lo anterior, según el Estatuto de Roma que rige a este tribunal, es un crimen de guerra en toda su magnitud. Empero, esta es solo una de la causas por las que se le podría detener, juzgar y encarcelar a cadena perpetua, por el rapto de niños ucranianos, aunque lo que pesa en su contra es de igual talante o crímenes aún mayores, como bombardeos a zonas civiles, a edificios de apartamentos, parques, escuelas, colegios, Universidades, teatros, templos, clínicas, hospitales, etcétera; sus soldados (pésimamente entrenados), igual que los bárbaros de la antigüedad, han asesinado a ancianos, niños y mujeres que han estado “a la vera” (al margen) de la guerra, los han torturado previamente y los han sepultado en fosas comunes que los soldados de Ucrania han descubierto e identificado plenamente. Hay muchas causas por las que se le podría acusar al dictador y genocida ruso, evidentemente.

          Hay quienes, al leer y escuchar lo anterior, la orden dictada por la CPI, han reído con burla, porque no creen que esto pueda ser factible, debido a la posición del criminal ruso, Vladímir Putin. Y eso lo sabemos todos. Un séquito de guardaespaldas, anillos de seguridad, según estilizan los dictadores en todas las latitudes del mundo, lo rodean, fuertemente armados y dispuestos a combatir para defender al criminal; y Putin siempre lo ha considerado así y desde los tiempos en los que la paz mundial dominaban la Tierra: él se ha hecho custodiar por esos “matones” entrenados para matar por su líder. No en vano ha sido esta custodia, ya que tiene enemigos en Chechenia, Georgia, Ucrania y otras regiones caucásicas, donde él ha ordenado a su ejército (pésimas milicias), atacar, destruir, asesinar y sojuzgar. Muchos nacionalistas de esas zonas, estarían gustosos de acabar con la vida de Putin, sobre otras prioridades militares.

            En el caso de que fuera aprehendido el dictador ruso, sería llevado previamente al Centro de Detención de la CPI, en La Haya, Países Bajos, cuya función es parecida a una cárcel, pero en realidad no es así, “ya que aquí los detenidos no están cumpliendo ninguna condena,” de acuerdo a las palabras de Marc Dubuisson, director del lugar: “es el sitio donde los acusados por crímenes de guerra y crímenes de agresión, esperan a que se lleve a cabo su juicio y también mientras se celebra. Pueden pasar años desde que los detenidos pisan por primera vez La Haya, hasta que, o bien son absueltos y liberados o son condenados y pasan a cumplir su condena a una cárcel ‘convencional.’”

            Desde el momento cuando fue emitida la orden de captura contra Putin, la respuesta del Kremlin aseveró que Rusia no reconoce la jurisdicción del Tribunal con sede en los Países Bajos y no acatará ninguna orden de arresto contra su dictador, Vladímir Putin. Tal la advertencia proferida por el gobierno en Moscú.

           Este centro forma parte de un complejo penitenciario holandés, situado en Scheveningen, un distrito de la costa a orillas del Atlántico, en las afueras en la ciudad de La Haya; por esa razón, los controles de seguridad generales están a cargo de la policía neerlandesa; y el módulo de alta seguridad, construido dentro y que alberga a los detenidos de la CPI, el Tribunal para Kosovo y el mecanismo residual del Tribunal para la antigua Yugoslavia, está gestionado por custodios penitenciarios de estos tribunales internacionales y se rige por sus propios reglamentos.

Algunos de sus detenidos y detalles de su estructura

         La seriedad de esta detención que pertenece a la CPI, ha quedado garantizada con el aprehensión y juicio de los perores criminales que han ostentado gobiernos en diferentes países alrededor del mundo. Algunos de ellos son Carles Taylor, expresidente de Liberia, la república africana, quien fue acusado por traficar con los llamados “diamantes de sangre” de las minas de Sierra Leona; así mismo, Bosco Ntaganda, antiguo jefe de las milicias de Ruanda, alias “terminator”; o Thomas Lubangda, el señor de la guerra del Congo, quien ordenaba el reclutamiento de niños soldados. Ellos tres y otros criminales más, han pasado por este centro de detención, que es conocido con el sobrenombre del “Hilton de las prisiones”, debido a sus instalaciones con sus celdas individuales, con 12 metros cuadrados de espacio y que cuentan con una cama, un escritorio dotado de computador incluso, televisión por satélite, inodoro y un lavabo.

           Afuera, posee un amplio complejo deportivo con gimnasio incluido y un centro de enseñanza donde los detenidos pueden recibir clases de idiomas e informática. Es cuando su director, Marc Dubuisson, vuelve a explicar: “Al tratarse de un centro de detención y no de una prisión, los detenidos tienen bastante libertad de movimiento dentro del recinto. Pueden practicar deporte, recibir clases de idiomas, de informática. No permanecen encerrados en las celdas como en una prisión.” Asegura. Es por todas esas características por lo que se le llama “el Hilton de las prisiones”, por ese lujo por el que, jovialmente, se le compara con el famosísimo hotel de 5 estrellas, el Hilton, precisamente por sus excelentes instalaciones, rara vez ubicables en otros lugares del mundo. En el pasado, este edificio fungió a manera de prisión durante la Segunda Guerra Mundial, pero, en la actualidad, su función es la de custodiar a los criminales que han cometido atrocidades en sus respectivos países y continentes.

            El complejo penitenciario de Scheveningen tiene varios módulos, separados unos de otros, y uno de ellos es para los tribunales internacionales con sede en La Haya, donde cada uno tiene un piso diferente; aunque los detenidos de las tres organizaciones comparten áreas en el patio y las zonas para deportes. “El sector de la CPI tiene a su disposición un total de 20 celdas, donde se encuentran en estos momentos, siete detenidos.” Narra su director. Esos prisioneros provienen de África; cuatro de la República Centroafricana, uno de Malí, otro de Uganda y uno de Darfur.

          Treinta trabajadores que comprenden a los custodios penitenciarios y el jefe de detención, son quienes moderan la vida de este lugar. Cuentan con una pequeña oficina provista de todos los adelantos tecnológicos y de comunicación actual. “Es personal cualificado y no personal militar, el que custodia a estas personas. No pasa lo mismo, por ejemplo, que en la prisión de Abu Ghraib, en Irak; o en Guantánamo, donde sí son militares,” vuelve a explicar el director del centro, Marc Dubuisson. En la actualidad, agrega, la oficina del fiscal está investigando 17 casos y tiene 40 órdenes emitidas de captura, una de ellas es contra el dictador de Rusia, Vladímir Putin.

          El presupuesto anual destinado para este centro de detención, es escalonado, depende de las personas que están detenidas dentro de sus pareces y de las celdas que están ocupadas. En el actual 2023, el monto presupuestario ha sido de €1,5 millones.

          Otro de esos módulos del gran complejo penitenciario, es el controlado por el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia (IPIY), aunque “ahora ya no queda nadie ahí bajo custodia,” explica un vocero de la Corte y añade: “Estamos preparados para recibir a cualquier persona contra quien se haya emitido una orden de arresto. También (por supuesto) a Putin.”

         Haciendo un poco de historia, por este módulo del TPIY, pasó Ratko Mladic, apodado “el carnicero de Srebrenica”, quien fue acusado de crímenes de guerra por el asesinato de 10,000 civiles durante el asedio de 43 meses a la ciudad de Sarajevo, y la muerte de 8,000 musulmanes en Srebrenica, durante la guerra de Bosnia. Llegó al centro en el 2011, pero no fue hasta el 2017 cuando el tribunal lo condenó a cadena perpetua. Ahora permanece en la cárcel de La Haya, en cumplimiento de su condena. En este mismo sector murió Slobodan Milosevic, expresidente de Serbia, al cabo de cuatro años de juicio, acusado por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. La captura de este oscuro personaje crea optimismo y esperanza en relación con Putin, porque, en su momento, nunca se creyó posible que el serbio cayera en manos de la justicia, hasta que se dio el acontecimiento y con el tirano ruso se abre la posibilidad de que suceda algo parecido o igual. No obstante, el hecho de que Rusia no forme parte de la Corte Penal Internacional y no reconoce su jurisdicción, hace que la captura de Putin se dificulte todavía más. Ucrania y los Estados Unidos tampoco reconocen a la CPI.

         Como nota curiosa, Fidel Castro, exdictador de Cuba y flagrante violador de los derechos humanos en la isla caribeña, al enterarse de que pesaba sobre él una orden de captura internacional, amenazó: “Si lo intentaran (detenerme), habrá combate de parte de mis hombres.” Tres anillos de seguridad lo protegían (especialmente negros exatletas olímpicos a su servicio), y, en los últimos años de su dictadura, casi no volvió a salir al exterior, por temor a ser aprehendido.

        Ante la pregunta sobre las fuerzas policiales que presumiblemente puede tener la CPI, estas no existen, porque el tribunal depende del hecho de que los gobiernos adscritos entreguen a sus propios ciudadanos que han cometido delitos, para ser enjuiciados en La Haya. En el caso específico del dictador ruso, Vladímir Putin, si Rusia no lo entregara a la Corte Internacional, la orden de arresto que pende sobre su cabeza complica bastante la libertad de movimiento de aquel, especialmente por los países que han ratificado el Estatuto de Roma; es decir, si Putin hiciera una visita oficial a algún país amigo de su gobierno y éste ha suscrito el Estatuto, la policía de esa nación podría detener al criminal en mención y enviarlo a La Haya, en condición de prisionero.

           Los rusos que están dentro del aparato Estatal de Putin, consideraron la orden de arresto como “un acto simbólico”, porque será imposible detener a su líder; sin embargo, los jueces no lo creen así, porque “también era impensable que Milosevic acabara entre rejas y con una investigación en marcha, acusado de crímenes de guerra, pero sucedió.” Argumentan en el seno de la CPI. Y en el caso específico del ruso, otra pregunta que ha surgido es: ¿Estará la Corte preparada para recibir a este dictador? Es cuando sus magistrados contestan: “Por supuesto. Estamos preparados para recibir a cualquier persona contra quien se haya emitido una orden de arresto. También a Putin.”

La petición expresa del Presidente de Ucrania

             Hace pocos días el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó inesperada y exclusivamente a esta ciudad neerlandesa, para pedir que Vladímir Putin, el dictador ruso que atacó e invadió a Ucrania, causando miles de muertes de inocentes entre sus ciudadanos comunes, sea llevado ante la justicia por esos mismos motivos expresados. Insistió en la creación de un tribunal de crímenes de guerra, separado de la Corte Penal Internacional, de igual manera como se creó en su momento con los responsables de las atrocidades cometidas durante las guerras en la antigua Yugoslavia. Sería un tribunal especial para juzgar a Putin. “El agresor debe sentir todo el poder de la justicia. Es nuestra responsabilidad histórica. Solo una Institución es capaz de responder al crimen original, el crimen de agresión: un tribunal. No un compromiso que permita a los políticos decir que el caso supuestamente está cerrado, sino un tribunal verdadero y completo.” Indicó el mandatario ucraniano.

           Su arribo a esta ciudad neerlandesa se produjo después de su visita a Finlandia, el miembro recién incorporado a la OTAN y que, además, es uno de los más activos en la asistencia militar al ejército de Ucrania. Una vez en los Países Bajos, se reunió con el primer ministro de esta nación, Mark Rutte, y con su similar de Bélgica, Alexander de Croo. Posteriormente, se desplazó a La Haya donde dejó escuchar las anteriores declaraciones en contra de su enemigo declarado, el dictador de Rusia Vladímir Putin. Y en lo que atañe a este tirano y genocida, tiene pautado en su agenda el viaje a Suráfrica, para asistir a una Cumbre junto a los mandatarios de India y Brasil; pero, aparentemente y según su vocero en el Kremlin, no viajará, justamente para evitar su detención internacional, y hará su intervención solamente por videoconferencia. Es así como Putin sabe que la orden de captura no es solamente “una pose” o tiene carácter simbólico en La Haya y se trata, por el contrario, de una determinación de las más serias que hay, a nivel jurídico. En lo que respecta a Suráfrica, este país es signatario de la convención mundial que le obliga a detener al criminal ruso, quien, dicho sea de paso, está creando un ambiente inseguro y de inestabilidad entre los periodistas rusos que, valientemente, lo han criticado en sus medios de prensa. Lo cual quiere decir que, en el caso de que dejara el poder, podría ser enjuiciado también en su propio país por un tribunal alzado para tal cometido.

           De hecho, la libertad de prensa en Rusia es un bien cada vez menos libre y muchos de los comunicadores de la televisión, internet, radio y periódicos han abandonado esta nación de manera precipitada, escapando de lo que podría ser su encarcelamiento por querer informar la verdad, en especial lo que respecta a la invasión rusa a Ucrania. Otros pocos permanecen en el país, a pesar del peligro que les acecha y aseveran: “Tarde o temprano hay que salir de Rusia.”

           Para que nos demos cuenta cabalmente de la persecución ordenada por Putin contra los medios periodísticos, el medio digital (en internet), taiga.info, tituló una de sus últimas crónicas: “Otros diez siberianos muertos en una ‘operación especial’ en Ucrania.” Fue cuando Viktor Chistyalov, editor del medio mencionado, confesó en una entrevista reciente a un medio alemán: “Por supuesto, todos tenemos miedo. Pero, o te quedas atrapado en ese miedo o lo superas.” Por su parte, dice que él supera ese temor día tras día. En todo caso, taiga.info no se puede abrir en internet debido a que las autoridades de la dictadura de Putin bloquearon el sitio y solo se puede acceder de manera encriptada, a través de los llamados túneles VPN.

            En cuanto al patrocinio del sitio web, su editor dice: “Ahora recibimos más donaciones de nuestros lectores que de empresas, según sucedía antes. Los ingresos han caído y ya no se puede hablar de negocio; más bien, nuestro trabajo ahora es una misión. Nos vemos obligados a no cruzar ciertas líneas rojas. Intentamos mantenernos dentro del horizonte.” Es por lo anterior que ese periódico se dedica únicamente a reproducir informaciones de Siberia, en lo que atañe a su economía, problemas sociales y rara vez sobre la movilización militar de reclutas, decretada por la dictadura.

           Otro medio de prensa que apenas subsiste en Rusia es Grosa (“La Tormenta,” en español), que tiene sedes en Kazán, Capital de la república rusa de Tataristán; asimismo en Ekaterinburgo (donde fueron fusilados por los comunistas los últimos Zares de Rusia, los Romanov); en los Montes Urales y en Novosibirsk, Capital del distrito federal de Siberia. Se trata de una red de revistas estudiantiles de Rusia, escrita por estudiantes justamente y abarca temas como la corrupción en las Universidades, consejos y normas de conducta para los estudiantes durante las movilizaciones militares. Su jefe editorial es Leonid Spirin, quien describe así el ambiente que le rodea y la mística laboral de su periódico: “Para nosotros no existen los intocables. Las preocupaciones por la seguridad de nuestro personal, no afectan a nuestros lineamientos editoriales;” pero las conferencias en lo interno del rotativo y sobre temas delicados de lo que escribirán, se hacen a través de la mensajería cifrada Signal y, a manera de seguridad, no escriben los nombres reales de los autores de los artículos.

            Sobre lo que piensan acerca de la dictadura de Putin, Spirin manifiesta: “Una vez que comenzó la invasión a Ucrania, el gobierno en Moscú emitió una ley sobre el llamado ‘Descrédito de las Fuerzas Armadas Rusas,’ que prohíbe nombrar a la guerra de Ucrania por su nombre. Se trata de una ley represiva. Su verdadero objetivo es la intimidación. En Rusia hubo medios independientes que siguieron la ley desde el principio y, aun así, fueron censurados porque abordaban temas incómodos. Sin embargo, en Grosa, llamamos a la guerra por su nombre.” Afirma. Para concluir, toca el aspecto del peligro que corren sus jóvenes redactores en relación con las políticas draconianas dictadas por Putin y sus hombres: “(sobre el temor existente) por supuesto que hablamos de este tema y nos dimos cuenta de que, tarde o temprano, tienes que salir de Rusia si quieres hacer un periodismo independiente. Así que marcharse es solo cuestión de tiempo.”

          En todo caso, los dos editores, de taiga.info y de Grosa, coinciden cuando dicen: “Hay que continuar, hasta que se pueda…”

Cadena de Televisión Fox paga Millones de

Dólares y Evita ir a Juicio

WILMINGTON, Delaware, USA- Una cantidad exorbitante de dinero, tasada en US$787,5 millones, es la que tendrá que pagar Fox a Dominion Voting Systems para no ir a juicio y después de que esta empresa llegara a un acuerdo con la cadena de televisión del magnate Rupert Murdoch, por el delito de difamación. En concreto, Fox mintió acerca de las elecciones del 2020, y testigos, entre los que se cuentan invitados y presentadores de programas políticos, aseguraron que Fox conspiró para robarle las elecciones al demócrata Joe Biden, haciéndose eco de las mentiras de Donald Trump, en el sentido de que se le habían robado los comicios nacionales.

            Este episodio de la época actual estadounidense no es nada más que la consecuencia del comportamiento díscolo y estrafalario de Trump, que ha tocado, no solo a los estamentos del gobierno de esta nación, sino a los medios de prensa, en este caso a Fox.

“El caso está resuelto.”

            Las negociaciones entre la cadena televisiva y la empresa Dominion, fueron extenuantes, arduas y finalmente alcanzaron el acuerdo que buscaban los directivos y el dueño de Fox; es decir… no ir a un juicio que, con toda seguridad, estaba perdido para ellos. Además, Dominion Voting Systems había demandado a Fox por la impresionante suma de US$1,600 millones por las mentiras que difundió en relación con las elecciones pasadas.

            El abogado de la empresa demandante, Justin Nelson, luego de haber llegado al acuerdo con su contraparte, manifestó a los periodistas que le esperaban en las afueras de la sala de reuniones del juzgado: “Hace más de dos años, un torrente de mentiras arrasó a los empleados electorales de Dominion de todo Estados Unidos, a un universo alternativo de teorías conspirativas que causaron graves daños a Dominion y al país. Las mentiras que aireó (la cadena Fox), no son unas mentiras cualquiera. Sería muy difícil explicar sin ellas el asalto a El Capitolio del 6 de enero del 2021, la popularidad de Trump entre las bases republicanas y la polarización política y el deterioro democrático de Estados Unidos. La verdad importa. Las mentiras tienen consecuencias.” Puntualizó el letrado, de pie en la puerta de salida de los juzgados, una vez que el caso se dio por terminado.

            Y es que el arreglo “entre telones” entre Fox y Dominion, ha sido visto como un triunfo legal de parte de la segunda empresa y, de paso, se evitaron un largo proceso en los tribunales, por demás desgastante y oneroso. Incluso, fue notoria la actitud de desahogo, de relajamiento del juez, quien exclamó: “¡El caso está resuelto!” Y no era para menos, pues se vivieron varias horas de incertidumbre dentro de las negociaciones, en torno a un asunto que llevaba más de dos años de estar en la palestra. Una vez llegado al acuerdo entre las partes, el jefe de la batería de abogados de Dominion, Justin Nelson, volvió a decir: “Fox pagará US$787,5 millones por sus mentiras en torno a las elecciones presidenciales del 2020. Era un bulo, eso había quedado claro como el agua, como ya había dicho el juez Eric Davis, quien llevó el caso, en las diligencias preliminares del Tribunal Superior de Delaware. La cuestión era, si al difundir esas mentiras, Fox actuó con lo que se conoce como ‘actual malice’; es decir,  si propagó las falsedades a sabiendas de que lo eran o, al menos, con desprecio irresponsable sobre si lo eran.”

            La negociación detuvo el eventual juicio que iba a empezar prontamente, en cuestión de pocos días. De hecho, ya se había realizado la selección del jurado y no se dio pie a alegatos iniciales de las partes, ya que se dedicaron a ultimar los detalles del acuerdo extrajudicial. A los candidatos para integrar el jurado, se les llamaba por medio de números para proteger su intimidad y los abogados de las empresas en conflicto les daban el visto bueno o los vetaban de acuerdo a sus criterios y de las respuestas previas a ciertas preguntas. El jurado estaba compuesto por 6 hombres y 6 mujeres y de los 12 miembros, 7 eran afroamericanos, con una media de edad alrededor a los 40 años. Después de la selección del jurado, se eligió a los suplentes. Pero los representantes legales de Fox notaron un detalle muy importante: las perspectivas se veían bastante nubladas para esta empresa, debido a que Delaware es un Estado mayoritariamente demócrata y el juicio iba a cobrar vida en la localidad más importante, llamada Wilmington, la ciudad adoptiva de Joe Biden, y el jurado elegido pertenece a un condado donde el número de votantes demócratas, duplica a los republicanos. Ello hubiera pesado, indubitable e inevitablemente, en el veredicto resultante al cabo de los debates, si se hubiese llegado a esa etapa final.

            En lo que respecta a la ley de los Estados Unidos, está diseñada para proteger la libertad de expresión y es el elevado estándar de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que, dentro de esa defensa, busca castigar la difamación; y en el caso que nos compete en este reportaje, el propio Rupert Murdoch, dueño de la cadena Fox, y tampoco sus empleados, creían siquiera aquella mentira que afirmaba que le habían robado las elecciones a Trump, a pesar de que la repitieron una y otra vez ante las cámaras de la TV. En otras palabras, fue una falacia fácil de descubrir, de demostrar que se estaba en medio de una calumnia en la que estaba incluido el Supremo Electoral y por supuesto, la empresa Dominion.

Pagar los millones antes que aceptar la mentira

            Quienes conocen a Murdoch han resaltado que prefirió llegar a un arreglo extrajudicial, antes de que un jurado declarara que su cadena televisiva, engañó a consciencia a sus televidentes. No soportaría el desprestigio profesional y personal, en tal caso. Por ello, ha preferido pagar los millones estipulados en el arreglo, antes de quedar ante todo el país y en el extranjero, como el dueño de un canal de TV que difunde noticias tendenciosas a socavar la tranquilidad de toda una nación e ir en contra de la verdad de los hechos.

            Ese pago evitó también que comparecieran ante el juez y el jurado y declararan sobre el embarazoso papel en el bulo, algunos de sus presentadores estrella; aunque el asunto no ha quedado ahí, porque contra la empresa de comunicación Fox hay otra demanda, esta vez de la empresa Smartmatic, que le reclama nada menos que US$2,700 millones; y es muy posible que Murdoch ordene a sus abogados que pacten de parecida manera, según lo acaban de hacer con Dominion.

Un comunicado de prensa difundido por Fox a toda la población de los Estados Unidos, antes del arreglo extrajudicial que aquí se ha reseñado, señala: “Reconocemos las decisiones del tribunal que declaran falsas ciertas afirmaciones sobre Dominion. Esperamos que nuestra decisión de resolver este litigio con Dominion de forma amistosa, en lugar de la acritud de un juicio divisivo, permita al país salir adelante en estas cuestiones.”

¿Pero quiénes han estado involucrados en este feo episodio entre Fox y Dominion Voting Systems? Veamos: se trata de rostros muy conocidos en los Estados Unidos y más allá donde se ve la televisión por cable. Por el lado de los demandados, están Rupert Murdoch (con 91 años de edad) y su hijo Lachlan, quien funge como copresidente de la cadena Fox. El primero admitió en febrero pasado que algunos de sus presentadores de noticias difundieron mentiras, aun y cuando sabían que las elecciones del 2020 se habían decantado a favor de Joe Biden y que había sido un proceso limpio y transparente, muy lejos de ser lo que Donald Trump insistía de que eran un fraude y le habían robado su triunfo. Sin embargo, el magnate Murdoch negó que la cadena tuviera alguna responsabilidad en lo dicho por sus moderadores ante las cámaras.

            También sonó el nombre de Tucker Carlson, uno de los rostros más conocidos de Fox, un hombre de 53 años de edad, quien realizó más de 20 programas que, en consideración de Dominion, fueron todos difamatorios. Carlson se salvó de no comparecer en un eventual juicio, debido al pacto millonario entre ambas empresas y en el que Fox tuvo que pagar el resarcimiento.

            Sean Hannity, es otro de los presentadores de los telediarios de Fox, quien fue demandado por difundir contenidos falsos durante sus programas; y, ante el arreglo millonario, se ha mantenido en silencio, no ha expresado opinión alguna en relación con este tema.

            Suzanne Scott fue la CEO que estuvo detrás de la estrategia de la cadena conservadora y simpatizante de Donald Trump. Es considerada la responsable de las mentiras dichas ante las cámaras; además, se trata de la primera mujer al frente de una cadena de información y, a manera de dato curioso, desde hace dos años ha estado “en el ojo del huracán noticioso” debido a varios escándalos de acoso sexual y discriminación en los que se ha visto involucrada. Dominion se comunicó con ella para alertarla de que sabía que ella estaba difundiendo falsedades en torno a las elecciones presidenciales que ganó Biden.

Para finalizar, en el sector de los demandantes, la empresa Dominion es un fabricante de máquinas de votación, cuya eficacia, eficiencia y honestidad se vieron perjudicadas cuando Fox aseveró, subrepticiamente, que había ayudado a Biden a ganar el proceso electoral por medio de un fraude previamente planificado. Sus abogados siempre afirmaron que los Murdoch, padre e hijo, permitieron la difusión de “fake news” sobre el presunto fraude y que ambos pudieron haber realizado un control más exhaustivo sobre los invitados y colaboradores que aparecían ante las cámaras de la cadena Fox. “Así hubieran evitado las mentiras.” Dijeron los querellantes.

Dice un viejo y muy popular adagio que “quien pacta con el diablo o le favorece, éste termina llevándoselo a los infiernos” y eso, justamente, es lo que parece haber sucedido con la cadena Fox: prefirió cerrar filas con Donald Trump, hacerse eco de sus patrañas, de sus mentiras, y sus dueños, los multimillonarios Murdoch, han terminado pagando la exorbitante suma de US$787,5 millones. Una mala decisión que llevó a un horrendo resultado lejos de la sala de juicios.

Crucitas, la Mina a Cielo Abierto, un Adefesio heredado del Ex presidente

Oscar Arias

SAN JOSÉ, Costa Rica- Más que un proyecto fallido de minería a cielo abierto para extraer oro, la llamada zona de Crucitas es una enorme cicatriz en el alma de los costarricenses que están conscientes de lo que ahí ha sucedido. Este fue el plan ideado y abortado por el ex presidente Oscar Arias Sánchez, en su segundo mandato al frente del país (del 2006 al 2010). Fue un fracaso en toda la extensión de la palabra y cuyas consecuencias los costarricenses y la ecología del territorio norte de Costa Rica (en Cutris de San Carlos, Provincia de Alajuela), las están sufriendo con creces.

            Todo dio inicio en el 2008, cuando la administración de Arias otorgó el permiso a la empresa canadiense Infinito Gold Ltd, para que explotara en la finca donde se ubica la mina, el oro que se encuentra en el subsuelo, un trabajo que se llevaría a cabo a cielo abierto. Sin embargo, en el 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión otorgada a la mencionada empresa transnacional, y, de inmediato, los canadienses anunciaron que iban a demandar al gobierno de Costa Rica por unos US$1,092 millones por “incumplimiento del contrato de concesión.” El diferendo fue conocido por el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), bajo los términos del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado entre ambos países el 18 de marzo de 1998 y que entró en vigor el 29 de septiembre de 1999. Así también, bajo los términos del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio CIADI).

            Dichosamente para Costa Rica, el 4 de junio del 2021, su gobierno fue exonerado en dicho tribunal y no se pagó la indemnización que pedían los canadienses de Infinito Gold Ltd. Una exigencia que surgió debido a la cancelación de la concesión del “proyecto Crucitas.” Además, en el 2015, los norteamericanos vendieron la finca ganadera Vivoyet, sitio de ubicación del mamotreto y desde donde, en un principio, se iba a sacar todo el mineral precioso posible.

            Sin embargo, poco tiempo después vendría lo peor para esta región cuando fue invadida por una cantidad impresionante de aventureros nicaragüenses –la zona se encuentra muy cerca del Río San Juan, fronterizo con Nicaragua-, quienes han destruido salvajemente el ecosistema y han causado un profundo y severo daño al suelo, específicamente en la zona norte. Un tema que será desarrollado con amplitud más adelante.

Paso a paso, fecha a fecha

            De la manera más clara posible, esta es la explicación acerca del “caso Crucitas” o la fallida minería a cielo abierto: en 1999, la compañía costarricense Industrias Infinito S.A., presentó la solicitud de concesión de parte del gobierno de Costa Rica, para explotar una mina de oro en Las Crucitas, Cutris de San Carlos. Anteriormente, a esta misma compañía se le había otorgado, en 1993, un permiso de exploración en la misma área geográfica, cuyo plazo había sido prorrogado hasta el 18 de septiembre de 1999. Un año después, en el 2000, la empresa canadiense Infinito Gold Ltd., compró la empresa costarricense Industrias Infinito S.A.; y en el 2001 fue aprobada la concesión de explotación minera, con la salvedad de que los canadienses deberían presentar, en el plazo de 6 meses, un estudio detallado sobre el impacto ambiental. Sin embargo, en febrero del 2002, el pre-candidato del Partido Unidad Socialcristiana, Abel Pacheco, presentó –como parte de su campaña política y no tanto preocupado por el destrozo ecológico en la región-, un recurso contra la concesión ante el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). Su argumento se centró en el riesgo que corría el ecosistema; aunque, en el fondo, lo que buscaba el aprendiz de político era ganar más votos para su postulación, con base en un supuesto patriotismo y compromiso con la naturaleza y su preservación.

            En ese mismo año, el gobierno dictó una moratoria a la actividad minera, situación que fue aprovechada por los activistas ambientales, tan de moda en las últimas décadas, para interponer un recurso de amparo ante la Sala IV o Sala Constitucional, contra la misma concesión, por las razones que ellos siempre esgrimen, y la principal era impedir la destrucción del medio ambiente. La respuesta de los jueces de esta Sala, fue determinar que la concesión “violentaba el derecho a un ambiente sano” y la anuló ipso facto. Pero, en el 2008, el gobierno derogó la moratoria que se había dictado en el 2002 y se aprobó una nueva concesión a Industrias Infinito S.A.; aunque esa decisión del Poder Ejecutivo fue presentada ante la vía judicial, específicamente ante la sede de lo Contencioso Administrativo y ante la Sala Constitucional o Sala IV. La resolución de ambos tribunales, fue ambiguo, ya que la Sala IV dictaminó que “la nueva concesión no violentaba el derecho a un ambiente sano”; y el tribunal Contencioso resolvió que la nueva concesión del 2008 era nula por vicios de legalidad y uno de ellos indicó que, en el momento de su aprobación, todavía estaba vigente la moratoria para extraer el oro en Crucitas. Fue sino hasta noviembre del 2010, cuando se declaró totalmente ilegal este proyecto. Mientras tanto, el ecosistema del lugar se iba deteriorando paulatinamente, según dejaban ver los hechos y las fotografías que los ambientalistas y periodistas iban tomando paulatinamente, durante sus visitas al sitio.

            Finalmente, el 30 de noviembre del 2011, la Sala I de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, confirmó la sentencia de primera instancia, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, y declaró nula la concesión para la explotación minera, que había sido otorgada a Industrias Infinito S.A. en el 2008. En ese mismo año se emitió la Ley 8,904, que pasaba a reformar al Código de Minería y declaró a este país “libre de minería metálica a cielo abierto”, prohibiendo, en forma implícita, la actividad minera. El sueño de Oscar Arias había quedado enterrado por completo en los tribunales. El ex presidente balbuceó algunas palabras “proféticas,” fiel a su costumbre de dárselas de gran e infalible conocedor del destino de las naciones y los pueblos, pero su imagen -deteriorada de todas maneras por la pésima administración que realizó durante su segundo y último gobierno-, cayó “en picada” en la opinión y el sentir de los costarricenses. Luego vendrían otros hechos que acabarían por hundir al “político” que había en Arias.

            Para sellar en definitiva este caso, la Sala IV rechazó una acción de inconstitucionalidad que interpuso Industrias Infinito S.A., alegando que la sentencia del Tribunal Contencioso entraba en “colisión” o contradicción con la resolución de la Sala Constitucional del 2010. Fue cuando las instancias judiciales aquí mencionadas, ordenaron suspender la extracción de oro en los cerros que están a 4 kilómetros al sur del río San Juan, limítrofe con Nicaragua. En el 2012, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), canceló todos los derechos de Industrias Infinito S.A. en Crucitas y el expediente fue archivado.

            Pero lo peor estaba por venir… una situación caótica que todavía está sufriendo el país y ante la cual ha faltado voluntad para resolverla.

Destrucción sin precedentes

            Mientras se dirimía lo anterior en los tribunales de justicia y “se iba y venía”, los nicaragüenses, en masa, invadían desde la otra ribera del río San Juan, los terrenos donde iba a tener lugar la explotación minera. Miles de “coligalleros”, según son llamados estos buscadores de oro, arribaron con la firme y única intención de sacar el valioso metal de las entrañas de la tierra, sin importarles la destrucción al ecosistema que iban causando palmo a palmo. En estos momentos, el panorama que presenta el lugar es desolador, con orificios profundos y enormes cráteres en la tierra, cavernas, rocas removidas, árboles destrozados desde sus raíces y una situación realmente penosa, que indigna a la mayoría de los costarricenses, quienes han visto la pasividad de los anteriores gobiernos, desde la última administración de Oscar Arias hasta la penúltima de Carlos Alvarado: simplemente los gobernantes han mirado al lado contrario y han dedicado la mayor indiferencia a este problema. Prácticamente Crucitas ha pasado a ser propiedad de los nicaragüenses, quienes se han instalado en cuevas cercanas, en tiendas de campaña rústicas, hechas con pedazos de plásticos que después abandonan en el lugar y que desmejoran todavía más a la ecología; o se han radicado temporalmente en poblaciones cercanas, en San Carlos y Cutris.

            Además, con la extracción del oro, los aventureros utilizan mercurio, agravando todo en derredor y para el abogado y ex diputado ambientalista, Edgardo Araya, “el impacto en Crucitas es muy grave”, de acuerdo a sus palabras textuales. Y es que el agua potable para el consumo de las familias de la zona, está fuertemente contaminada, debido al uso del mencionado agente por parte de los buscadores de oro. El mismo exlegislador asevera que el impacto ambiental lo comenzó la empresa Industrias Infinito, con el aval del gobierno de Oscar Arias, que le permitió talar árboles en la zona y acabar con el bosque virgen que ahí existía. En otros términos, la arboleda no les permitía a los empresarios comenzar la extracción del mineral, por ello procedieron de la manera en que lo hicieron, perjudicando al entorno natural.

            Con respecto al uso del mercurio que los coligalleros utilizan de manera indiscriminada y con absoluta irresponsabilidad y salvajismo, el impacto en perjuicio de la naturaleza ha sido cada vez peor. “Ese uso de mercurio –relata Araya-, que no es invisible y que el Estado ha sido ineficiente para poder controlarlo, va a las fuentes de agua, queda en el ambiente y tiene el gran problema de que se va acumulando en los tejidos, tanto vegetales como animales. A largo plazo, a fuerza de estar consumiendo agua o vegetales y animales contaminados, puede llegar a haber afectación grave en las personas, de cáncer, problemas de desarrollo en fetos, problemas mentales y falta de desarrollo del cerebro en los niños.” E increpa a los distintos gobiernos, desde el ex mandatario Carlos Alvarado hacia atrás en el tiempo… “Esas comunidades han sido abandonadas por parte del Estado –afirma-, que solo se acuerdan cuando es ir a sacar el oro, pero después de eso, cuando es para ir a generarle otro tipo de nivel de vida, no existe. No existen caminos, no existen acueductos, no existen fuentes de empleo. Si esto estuviera pasando en una comunidad con más gente, o más cercana, más presente en la realidad de las personas, sería una alerta nacional. Son comunidades de cinco familias. Muy poca gente. Es uno de los casos de contaminación más graves que se han dado a nivel nacional. Recordemos que, desde el 2019, hay una sentencia en el tema de la contaminación irregular. La Sala IV le ordena al Estado que tiene que plantear las acciones del caso para limpiar la zona. Es muy probable que, si hubieran hecho caso en su momento, hoy tuviéramos otra realidad.” Concluye.

            Después de mucho tiempo, un presidente de la República se ha interesado en resolver este agudo problema y ha sido el actual mandatario, Rodrigo Chaves, quien visitó recientemente la zona, propiamente a la finca Viviyet, con la finalidad de determinar el impacto que está causando la minería ilegal en la zona. Encontró que unas 24 fincas han sido fuertemente afectadas en el lugar. “Vimos, con nuestros propios ojos, tres excavaciones de anoche. Así que el tema no está resuelto y debemos trabajar desde hoy mismo para solucionarlo.” Indicó el gobernante, quien quedó impresionado al ver una gran cantidad de túneles hechos por los coligalleros para extraer el oro. Y es que, según la Dirección de Geología y Minas (DGM), unas 24 fincas cercanas han sido severamente afectadas por la minería informal, por los saqueadores del oro costarricense, venidos desde Nicaragua, quienes cruzan la frontera por “puntos ciegos” (sin vigilancia policial), y de esa manera no presentan documentos de identidad (pasaportes). La misma DGM señala que, entre marzo del 2017 y diciembre del 2018, los saqueadores extrajeron de Crucitas 149,243 onzas troy del mineral, con un valor en el mercado internacional de US$187 millones.

            En otro semblante de este diferendo con los canadienses, los tribunales, según hemos explicado anteriormente en este mismo reportaje, dieron la razón al gobierno de Costa Rica, justamente porque los jueces observaron correctamente los principios del debido proceso y brindaron, en su momento, a la empresa Infinito, el acceso a las oportunidades de defensa necesarias. Además, el grupo de árbitros concluyó que “es legítimo que el país se declarara libre de la minería metálica a cielo abierto, como un objetivo soberano para proteger al medio ambiente (…).” No obstante, el enfrentamiento con los canadienses todavía no ha terminado, pues han pedido anular el fallo del litigio contra Costa Rica por el cierre de la mina, un hecho que ha alargado mucho más de lo deseado este problema; y dicha solicitud la presentaron los norteamericanos ante el CIADI en octubre del 2021 y el 6 de enero del 2022, dicho organismo decidió establecer un comité especial (ad hoc), para analizar el caso. Lo cual indica que el proceso continuará…

            Por supuesto que la defensa del gobierno de Costa Rica necesita contratar y pagar los servicios de bufetes internacionales para hacer frente al caso y esos costos son extraordinariamente elevados. Así por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior integró un equipo compuesto por funcionarios de varios departamentos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y contó con el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR) y de peritos expertos en derecho administrativo y finanzas; y para reforzar, también contrató a la firma legal internacional Arnold & Porter Kaye Scholer, que se encargó de coordinar la defensa y obtener el apoyo técnico y jurídico durante el proceso. Ello requirió un gasto superlativo de miles de dólares, que el gobierno costarricense tuvo que desembolsar y pagar. Pero el asunto continuará, con toda la parafernalia que eso conlleva, para resolver un problema cuyo único gestor fue Oscar Arias Sánchez, un político que no se sabe por qué los tribunales de justicia de este país no han llamado para que explique, solicite el perdón de los costarricenses y pague, en dinero efectivo o prisión, lo que tiene que pagar por este enorme daño.

El Judío Harvey Weinstein se Pudrirá en la Cárcel al Purgar Cadena Perpetua. Un Auténtico Depredador de Mujeres en Hollywood

LOS ÁNGELES, California, USA- Creyó, primeramente, que estaba por encima de las leyes humanas y Divinas, que ni Dios mismo –ese SER en el que creen supuestamente con mucho fervor los judíos-, lo podría juzgar ni señalar siquiera, aunque fuera levemente. Que podría hacer lo que le viniera en gana en “la Meca del Cine”, en Hollywood, donde se sentía amo y señor de todo lo visible y lo invisible también. Pero se equivocó de principio a fin y no hizo falta que interviniera el Dios de Israel –según dicen también los judíos, apropiándose del único Dios existente y que pertenece a toda la humanidad-, para que lo detuviera la policía uniformada y lo llevara ante los jueces, para ser procesado por abusar sexualmente de muchas mujeres que tuvieron la desdicha de cruzarse en su camino.

            Estamos escribiendo de Harvey Weinstein, el ex productor de cine que ha sido condenado a otros 16 años de prisión por el mismo delito, pero esta vez en otro Estado… en California. Es indudable que ese ir y venir tomado de los brazos de fornidos oficiales de la policía y sentarse en un escaño de acusador, le han minado la salud y ahora aparece más viejo y apoyado en una andadera de metal, de lo contrario… no podría movilizarse. Da la impresión de que al “todopoderoso” Weinstein, con quien tenían que dejarse manosear todas las mujeres que quisieran triunfar en Hollywood, le cayeron “las siete plagas de Egipto” encima.

Es la segunda gran sentencia…

            Anteriormente, una Corte de Nueva York lo había sentenciado a 23 años de prisión, por haber violado a varias mujeres, aprovechándose de su innegable influencia en el mundo del cine. Dicho veredicto fue dictado tras las deliberaciones en el 2020; y ahora, recientemente, la jueza Lisa Lench, en Los Ángeles, ha añadido otros 16 años que deberá purgar una vez cumpla los 23 primeros. Es decir, se pudrirá detrás de los barrotes, por más que grite y llore y diga que todo se debe “a una mentira,” como es usual escucharle a diario.

            La magistrada le encontró culpable de un nuevo cargo de violación y otros dos cargos más de acoso sexual, cometidos contra una mujer, en un hotel de lujo, hace 10 años atrás. Sin duda, estamos refiriéndonos a todo un depredador sexual, en el amplio sentido del término, un competidor con el otro hermano de raza que se suicidó en su celda, también en Nueva York, el judío pederasta millonario, Jeffrey Epstein, cuyo vicio era desflorar jovencitas, menores de edad, en todas sus mansiones ubicadas en El Caribe. Recordemos en este punto particular, que la esposa de este individuo, la inglesa Ghislaine Maxwell, era quien embaucaba a las muchachas, se las hacía llegar a su marido y éste procedía a abusar de ellas.

            Parece que esa manía (o tradición, según como se observe), de los judíos, de casarse “a ojos cerrados,” con la mujer que las familias les impongan, con base solamente en la dote que dé el padre de la joven y en las posibilidades financieras que aquella familia tenga, es lo que conduce a los judíos a cometer ese tipo de tropelías contra mujeres que no pertenecen a su raza ni religión y que, deslumbradas por el éxito que ellos les prometen, se “ponen en la línea de fuego de los judíos” para ser abusadas.

            Retornando al caso de Weinstein, al conocer la nueva sentencia de 16 años en California, volvió a vociferar desesperado: “¡Esto es una mentira! ¡Yo no estaba ahí! ¡Esto es una trampa!” Aunque en el fondo de su ser, no podía creer que no fuera tan omnipotente como se creía en Hollywood, cuando le hacían creer los demás que era el dueño y señor del destino de miles de trabajadores de la industria cinematográfica. En un inicio, la fiscalía pedía 24 años más de prisión, además de la sentencia en Nueva York, pero la jueza se decidió apenas por los 16 años, suficientes para sacarlo muerto de anciano, hacia un cementerio hebreo de la localidad, en medio del cumplimiento de su castigo.

            Sus abogados, quienes se han estado “forrando” con el dinero que les ha pagado su cliente millonario, han repetido ante los juzgados que “necesita la andadera, porque se ha visto afectado por problemas cardíacos y diabetes,” en un intento desesperado por tocar la humanidad de los jueces y de los componentes del jurado. Lo cierto es que los profesionales del Derecho, buscaban que solo fuera condenado a tres años de prisión en Los Ángeles, una pena que no se sabe cómo debería tomársele… en serio o en broma; pero les fracasó el plan, evidentemente.

            Y es que Weinstein ya no es chiquillo, pues cumplirá el próximo marzo, 71 años de edad, lo que significa que, realmente, se pudrirá en su mono anaranjado de prisionero de los Estados Unidos. Llegó a Los Ángeles en el 2021 para ser juzgado y, tan solo al arribar al aeropuerto, en la sala del proceso, lo aguardaban ocho mujeres, entre modelos y actrices, quienes sufrieron la lascivia de este individuo, quien creía que todo su poder e influencias en Hollywood, junto a su dinero, podrían conseguir todo el sexo gratuito (y pagado), que él quisiera y en cualquier momento. Las ocho féminas habían presentado cargos por delitos que iban desde violación, hasta acoso sexual. Empero, la fiscalía se centró únicamente en el testimonio de cuatro víctimas a lo largo del juicio que se prolongó por dos meses, entre los cuales se escuchó el de Jennifer Siedel, esposa del actual gobernador de California, Gavin Newsom; aunque la acusación utilizó el testimonio nada menos que de 44 mujeres, que sirvió para documentar profusamente la larga lista de abusos que Weinstein cometió desde el 2013.

Un jurado heterogéneo

            De acuerdo a la jurisprudencia estadounidense, los jurados tienen que estar compuestos por gente común y corriente, elegida entre el grueso de la población; y en este caso, fueron 12 miembros quienes le dieron forma al jurado que tenía que deliberar sobre el ex productor de cine y necesitó nueve días para llegar a una conclusión certera. De tal manera, lo hallaron culpable de tres cargos cometidos contra una de las cuatro mujeres. La identidad de esta fémina permanece en secreto, aunque se filtró a la prensa que solo ha sido llamada Jane Doe 1. Esta víctima de Weinstein nació en Rusia, pero ahora vive en Roma, Italia. Fue la primera en ser llamada a testificar por la fiscalía y narró que fue engañada por el ex cineasta judío, cuando visitaba Los Ángeles, como parte de un festival de cine italiano, en febrero del 2013. Dijo que el ex productor se apersonó en su habitación de hotel, sin avisar previamente, y la obligó a tener sexo oral con él, en la cama. Agregó que la dominó fácilmente con su peso de unos 45 kilos y posteriormente la llevó al baño, donde procedió a violarla. Ella misma confesó ante la sala del juicio que se sintió culpable por no haber hecho algo más por detener a su depredador sexual. “Yo hablaba escasamente inglés –su idioma materno es el ruso-, y pensé que Weinstein no me entendía cuando me negaba reiteradamente y de forma clara ante sus intenciones sexuales. Después de la violación, comencé a beber alcohol en exceso: me estaba destruyendo a mí misma. Me sentía culpable, principalmente porque había abierto la puerta de mi habitación en ese hotel.” Puntualizó la dama. Por su parte, el depredador judío rechazó dicha argumentación de la rusa y se defendió al decir: “Nunca violé o abusé sexualmente a esa mujer… Nunca la conocí. Y la realidad es que ella no me conoce.” Pataleó el enfermo sexual.

            Tanto en las afueras de la Corte en Nueva York, como en Los Ángeles, California, decenas de miembros del movimiento feminista #MeToo, han acampado literalmente, a la espera del veredicto contra el ex productor de cine. Las consignas, los carteles y las camisetas que evocan a ese grupo, no se han dejado de ver y escuchar de parte de este conglomerado de mujeres, quienes solo quieren dos cosas: que se procesen a los abusadores sexuales, quienes se aprovechan de sus poderes para ejecutar las violaciones; y que se detengan esas prácticas malsanas, que destruyen las vidas de las mujeres normales y cuyo único pecado ha sido el de acuñar sueños en pos del triunfo personal.

            Finalmente, la abogada Gloria Allred, icono del mismo movimiento #MeToo, elevó la queja pública porque la jueza Lench no permitió que las otras voces de las víctimas del judío, pudieran hablar y ser escuchadas en la sala del proceso; y la respuesta de la letrada fue: “No voy a convertir la sesión en un foro abierto sobre la conducta del señor Weinstein.” Es oportuno recordar aquí, que únicamente se permitió el testimonio de la rusa Jane Doe 1; pero Allred considera que la decisión de la magistrada atenta contra los derechos de las víctimas, más allá del veredicto. En todo caso, al individuo más temido de Hollywood le bastó solamente la declaración de una de sus víctimas, para refundirlo en prisión… y lo mejor ha sido: a cadena perpetua.

No sería nada extraño que en estos días también se suicide, según acostumbran los judíos cuando son pillados dentro de sus porquerías existenciales. El llamado “Pueblo Elegido” parece que está fallando al no respetar a las mujeres que no pertenecen a su raza “tocada por el dedo poderoso y amoroso de Dios."

Cristina de Kirchner es Visceralmente Corrupta, Evidente y Convincentemente Corrupta, pero tiene a todos los argentinos “embobados”

BUENOS AIRES, Argentina- Cada cierto tiempo en esta nación suramericana (no europea como dicen los argentinos), aparece una mujer o un hombre con ínfulas de “todopoderoso” que se aprovecha de lo “bobos” que son los argentinos en asuntos de política y se adueña del país entero. Recordemos a Juan Domino Perón, su esposa Eva (a quien quieren convertir en “santa” de la Iglesia Católica y con este Papa obtuso que hay ahora, es muy posible que lo logren), los miembros de la Junta Militar, en especial Jorge Rafael Videla, y ahora Cristina Fernández de Kircher.

            ¡Y es que realmente se hacen dueños de todo el país! No es broma. Y el pueblo no sabe (ni quiere), sacarse a esos personajillos de encima, los dejan décadas enteras encaramados en los gobiernos putrefactos que ellos mal dirigen. Y lo que es peor: no les importa que estén desfalcando al Estado, que estén llevando a cabo actos corruptos a plena luz del día y se estén haciendo ultra-millonarios con descaro y alevosía. Eso precisamente es lo que ha pasado con esta horrorosa mujer, que lleva muchísimos años alimentándose (igual a una alimaña), de la sangre de los argentinos, sin que estos muevan un solo dedo para quitársela del cuerpo de la nación. No hay duda… los tiene profundamente “embobados” a todos.

Las evidencias no mienten

            Recientemente, un tribunal la ha hallado culpable de defraudación al Estado (aunque la absolvió del cargo de asociación ilícita), la condenó a seis años de prisión y la inhabilitó de manera perpetua para que ejerza nuevos cargos públicos. Y aquí viene lo desesperante: no irá a la cárcel porque sus fueros en condición de vicepresidenta de la república, la protegen. Una jugarreta que ella ideó cuando el actual presidente (su marioneta que maneja a placer), Alberto Fernández, se postuló a la presidencia. Es decir, ella quiso pertenecer a la misma fórmula electoral y si ganaban las elecciones, la inmunidad como vicepresidenta la protegería de ir a prisión en el caso de ser investigada. La Cristina iba “años luz” delante de quienes la iban a procesar en el futuro, tal y como ha sucedido en días recién pasados.

            También tiene a favor la posibilidad de la apelación y con toda seguridad, sus abogados ya deben estar trabajando en ello.

            Por supuesto que esos “embobados” (quienes son más del 80 por ciento en este país), que la adoran, que la han deificado, han saltado felices de júbilo al saber que no entrará a una penitenciaría en lo que le resta de vida a esta mujer manipuladora, que parece tener bajo un poderoso sortilegio a los millones de argentinos. En lo que respecta a las entrañas del peronismo –partido del cual también se ha apropiado-, aseguran que todo se trata de una larga estrategia persecutoria contra “la política más influyente de Argentina”, han dicho textualmente para referirse a la Kircher. Nótese el alto grado de servilismo y sumisión que ella provoca y del que ninguno quiere zafarse. Ni lo piensan siquiera.

            Sin duda, es una mujer la que le caben todas las maldades posibles; pero ella se ha defendido con su retórica incendiaria, exaltada y rotundamente agresiva: “Esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución o el Código Penal. Esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial.” Seguidamente anunció que no se postulará más a la presidencia (¡!), una afirmación que cuesta creerle, máxime si tomamos en cuenta su delirio por estar siempre en la cúspide del poder. “No seré mascota del poder. Volveré a mi casa en la Patagonia, porque la verdadera pena es la inhabilitación.” Aseguró en un video filmado en su oficina en la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, y que se ha hecho viral en todas las redes sociales.

            Derivado de lo anterior, los seguidores de esta corrupta mujer han culpado al actual presidente, el sin-carácter Alberto Fernández, por “no haber hecho lo suficiente para defenderla en los tribunales.” Y, a manera de prueba de lo que afirmamos sobre el “embobamiento” en el que Cristina de Kirchner tiene a su pueblo, las gentes le están exigiendo que se postule a las elecciones del 2023 y lo hacen con esa pasión desbordada y peligrosa característica los argentinos cuando están fuera de sí.

            Desgraciadamente para la Kirchner, falló su intento para disminuir el poder de los 12 jueces federales de Comodoro Py, donde van a dar la mayoría de las causas por corrupción y, por supuesto, donde fueron a parar las suyas propias. Que son varias y por las que, posiblemente, tendrá que responder en el futuro, si así lo desean los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Corrupta demostrada ante los ojos del mundo

            El fiscal Diego Luciani demostró con claridad que el matrimonio conformado por Néstor y Cristina Kirchner, en la provincia de Santa Cruz, a la postre bastión del kirchnerismo, realizaron una maniobra fraudulenta “que perjudicó a los intereses pecuniarios de la administración pública nacional.” Los fundamentos de la sentencia quedarán listos el 9 de marzo próximo.

            De hecho, el tribunal que la juzgó encontró certezas sobre los actos fraudulentos que no han dejado dudas en torno a este caso; en otras palabras, el total defraudado a las arcas del Estado ascendió a los US$1,000 millones durante los dos mandatos de Cristina Kirchner, entre el 2007 y el 2015. La mujer y su esposo adjudicaron 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a una empresa constructora que ellos mismos formaron y la pusieron bajo la gerencia de su amigo personal, Lázaro Báez, quien, como “por arte de magia”, pasó de ser cajero en un Banco a “Zar de la construcción.” De acuerdo con el fiscal, las adjudicaciones de las obras a construir se hicieron a favor de las empresas de Báez (que en el subterfugio y en realidad eran de los Kirchner), con una rapidez inusitada, en 29 días contra el promedio de 210 días que es lo que regularmente dura una licitación para ser adjudicada a cualquier otra empresa. Lógicamente, Báez cobró millones de dólares por los trabajos que comenzó, pero que nunca terminó y solo una de ellas se ajustó al presupuesto original y no requirió de fondos extras de parte del gobierno. Lógicamente, esos millones pasaron, subrepticiamente, a las arcas personales de los Kirchner. Ya que ese era el plan trazado originalmente.

            Cristina recibió el dinero a manos llenas a cambio de los beneficios que otorgó a Báez cuando ella era presidenta del país. Lo cierto es que Báez ya está cumpliendo pena carcelaria de 12 años por otro delito, cual es el lavado de dinero; así mismo el exsecretario de Obras Públicas, José López, quien fue capturado in fraganti cuando trataba de ocultar bolsos cargados de dólares en un convento católico.

            Y mientras el juez leía la sentencia, en las afueras del edificio del tribunal, estaban estacionados varios seguidores de esta mujer, que gritaban consignas a favor de ella, sin aceptar, desde luego, las evidencias de su irrefutable corrupción. Luis D’Elia, uno de los presentes, escribió en las redes sociales: “¡Pararemos el golpe! Hagamos de este día un nuevo 17 de octubre.” En referencia a la movilización popular contra la detención de Juan Domingo Perón, en 1945.

            Otros manifestantes cantaban tonadas peronistas y otros vociferaban: “¡Fuera mafia judicial”, “Fuera jueces corruptos”, “Cobardes, el partido judicial apesta”, entre otros estribillos que dejaban escuchar.

            Sin duda alguna… la Cristina Kirchner tiene “embobados” a los argentinos y a estos les encanta estar en esa situación… Nos remitimos a los hechos. 

 Grupo Instigado por Donald Trump, hallado Culpable por Ataque al Capitolio

WASHINGTON D.C.-Cada día que pasa queda más claro quiénes son los culpables del ataque al edificio de El Capitolio, su accionar, quiénes estuvieron detrás de esa delictiva y criminal maniobra callejera y las penas que podrían sufrir de parte de la justicia estadounidense, después de sentarlos en los banquillos de los acusados en los tribunales del país.

            En concreto, recientemente el líder del grupo reaccionario (incendiario para ser más precisos), Oath Keepers (Guardianes del Juramento), fue señalado culpable de sedición por el asalto al que hacemos referencia, en el último año del des-gobierno de Donald Trump, quien, evidentemente, fue el azuzador para que esa masa de delincuentes se lanzaran en tropel (y tropelías), contra la sede del congreso norteamericano, buscando, entre otras cosas, a la persona del ex vicepresidente Mike Pence, para asesinarlo –a petición expresa del propio Trump-, porque se negó a obedecerlo y declaró ganador de las elecciones presidenciales a Joe Biden. Según recordamos, Pence tuvo que deslizarse, protegido por la guarida permanente de El Capitolio, por túneles y pasillos desconocidos por todos hasta ese instante, para salir por un costado del inmenso edificio, llegar a la calle y tomar un auto en el que huyó para salvar su valiosa vida.

Se llama Stewart Rhodes

            El cabecilla de ese grupo extremadamente violento y capaz de derramar la sangre de cualquiera, en el momento cuando lo decidan sus miembros enloquecidos, es Steward Rhodes, quien ingresó a El Capitolio el 6 de enero del 2021, acompañado por sus adictos seguidores, destruyendo, irrespetando todo lo que encontraba a su paso y haciendo cundir “su ley” por encima de las leyes de la nación. Pero, ante cualquier otra premisa, actuó así al  seguir las órdenes de Donald Trump, quien había lanzado uno de sus violentos discursos pocos minutos antes, en el que insistía que le habían robado las elecciones los miembros del Tribunal Electoral y el Partido Demócrata.

            Un jurado acaba de declarar culpable de sedición (“alzamiento colectivo o violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar (…)”, según es la definición que concede el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española RAE), a Rhodes y otros dos compañeros suyos en esta Capital estadounidense, y enfrenta una condena que podría alcanzar los 60 años de prisión por la insurrección llevada a cabo contra el pronunciamiento del Consejo Electoral, que había dado ganador de los comicios nacionales a Biden, en el 2020.

            Antes de continuar con los hechos que se acaban de presentar en las Cortes de Washington, debemos definir qué es el grupo que encabeza Rhodes: Oath Keepers o los Guardianes del Juramento, de acuerdo con su traducción al castellano, es una especie de grupo reaccionario, “de actuación dura”, en extremo violenta. Es una milicia paramilitar ultra, de conspiración sediciosa. Es importante señalar en este punto preciso, que la sedición por sí sola, en los Estados Unidos, está penada con 20 años de cárcel, y, según hemos observado en las imágenes que nos llegaron por los telediarios de todo el mundo, en aquel momento cuando se daban los acontecimientos, los miembros de esa gavilla de delincuentes, fueron más allá de la sedición. De tal manera que Stewart Rhodes y su lugarteniente (mano derecha), Kelly Meggs, han sido declarados culpables también de otros cargos y las sentencias definitivas y definitorias de la pena, serán dictadas por el juez que ha visto el caso, en una fecha que será determinada próximamente y será, a no dudar, una de las más graves que se impondrán por el asalto a la sede del Congreso en esta ciudad Capital de los Estados Unidos.

            El jurado estuvo compuesto por 12 miembros entresacados de distintos sectores del pueblo, y ha respondido a un proceso que se ha extendido por casi dos meses de duración, en el que se acusó a Rhodes, líder de Oath Keepers, de estar dispuesto a tomar las armas para mantener a Donald Trump en la silla presidencial, a pesar de ser el claro perdedor en las elecciones generales. Los miembros del jurado deliberaron durante tres días consecutivos y pronto tendremos conocimiento de la decisión final del juez.

            El principal acusado tiene 57 años de edad, es hijo de un marine del ejército de los Estados Unidos de América; siguió una carrera de paracaidista, también se licenció en Ciencias Políticas en la Universidad de Nevada y después estudió Derecho en Yale. Por supuesto que, con tales atestados, no se trata de un cualquiera, sino de un individuo que conoce certeramente la realidad de su país y ha actuado, alevosamente, en contra de las leyes y reglamentos que él maneja en su conocimiento de manera cabal y profunda, de acuerdo con sus estudios realizados.

            En el 2009, no conforme con sus logros personales, Rhodes fundó a la milicia Oath Keepers y la finalidad de ese grupo fue la de “defenderse de los abusos del Gobierno federal”, posterior a los atentados de al-Qaeda, con la voladura de las Torres Gemelas en Nueva York., el 11 de septiembre del 2001. Desde su fundación, ha sido muy común y frecuente observar a sus miembros custodiando distintos actos públicos, de carácter político, con una actitud de matonismo y dispuestos a hacer daño a quienes ellos crean peligrosos para los ideales que defienden. La figura de Stewart Rhodes es peculiar y fácilmente identificable entre sus matones adictos a sus arengas de sangre, porque siempre lleva un parche negro sobre su ojo izquierdo, un detalle que le confiere una imagen más sombría, siniestra y temible.

            Resulta que él mismo se disparó en su ojo, que fue reemplazado por otro de cristal, un acto absolutamente accidental cuando accionaba su revólver. Pero hay quienes aseguran que lo hizo adrede, para crear esa imagen a la que hacemos referencia: más cruel, delictiva y subversiva contra el orden establecido y las autoridades. La verdad es que de él se puede esperar cualquier determinación, en especial aquella que vaya en contra de la “corriente normal de la vida.” Kelly Meggs, su compañera de fechorías, tiene 53 años de edad y en las actitudes sediciosas y supra-violentas no se le queda atrás a su jefe. Ambos han formado una dupla, una pareja que siempre ha estado en la mira de la policía estadounidense desde que irrumpieron a la luz de los acontecimientos políticos del país. Los dos han sido declarados también culpables de “obstrucción de un procedimiento oficial y adulteración de documentos y procedimientos,” dos delitos cuyas penas pueden ser de 20 años de prisión, cada uno. En total y en sumatoria de otros cargos, a Meggs le podrían condenar a 86 años de prisión y a su compañero, Rhodes, a 60 años, de acuerdo con lo que se ha desprendido de los informantes del proceso que se les ha seguido. Otros miembros de esta gavilla, pueden ser castigados por el juez a 40, 46 y 56 años de cárcel, por los mismos motivos que hemos apuntado.

            En concreto, Rodhes ha sido declarado culpable por este cargo específico: intento de evitar la transición pacífica del poder después de las elecciones y mantener a Trump ilegalmente en la Casa Blanca. Pero fue absuelto por tratar, presuntamente, de obstaculizar la toma de posesión de los miembros del Congreso e impedir la certificación de la victoria de Joe Biden.

La situación de Trump y otros encausados

            En otro estado de cosas y sobre el mismo tema, la pena más grave le fue impuesta a Thomas Webster, un ex policía neoyorquino, quien fue filmado cuando agredía con el asta de una bandera a otro oficial de la policía, en el mismo momento cuando era asaltado El Capitolio. La condena ha sido de 10 años de cárcel, dictada por un jurado popular en septiembre pasado.

            Los jueces que observan esos casos han invocado al artículo 2,384 del Código Penal estadounidense que dice: “el cargo de conspiración sediciosa castiga cuando dos o más personas conspiren para derrocar o destruir por la fuerza al Gobierno de los Estados Unidos o hacerle la guerra u oponerse por la fuerza a su autoridad, o impedir, obstaculizar o retrasar por la fuerza la ejecución de cualquier ley de Estados Unidos, o apoderarse, tomar o poseer por la fuerza la ejecución de cualquier propiedad de Estados Unidos en contra de su autoridad.”

            En lo que estriba al fiscal general, Merrick Garland, ha manifestado que se siente complacido porque la actuación de la fiscalía, así también los jueces a cargo de los procesos, ha sido un triunfo resonante del Departamento de Justicia del país y lo ha hecho público por medio de este comunicado: “El departamento de Justicia está comprometido a hacer rendir cuentas a los responsables penales del asalto a nuestra democracia el 6 de enero de 2021. Los fiscales y agentes de este caso, trabajaron incansablemente, con extraordinaria habilidad y en las mejores tradiciones del Departamento.” Christopher Wray, director del FBI, quien ha llevado sobre sus espaldas el peso de la investigación de los hechos, agregó a las palabras del fiscal: “Como demuestra este caso, no se tolerará que se infrinja la ley en un intento de socavar el funcionamiento de la democracia estadounidense.”

            Es así como ha quedado comprobado, después de las deliberaciones en la sala de debates durante el juicio, que el líder de los Oath Keepers y los restantes miembros de su grupo, tenían armas de fuego en un hotel de Virginia y estaban dispuestos a usarlas durante el ataque e invasión al edificio del Congreso. Por supuesto, los acusados negaron tales afirmaciones, pero la fiscalía mostró grabaciones en las que Rhodes decía que lamentaba no haber llevado dichas armas durante el asalto a El Capitolio y pudo haber colgado de una farola a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Además, ha quedado comprobado que, desde finales de diciembre del 2020, los instigadores y atacantes del Congreso se pusieron de acuerdo por medio de mensajes y aplicaciones encriptadas y privadas, para llevar a la realización sus planes y viajaron a la Capital cerca del día de la sedición, el 6 de enero del 2021, fecha de la certificación de Biden, ganador de las elecciones.

            Se organizaron en grupos previamente preparados para el asalto y dispuestos siempre a usar la fuerza, transportar armas de fuego y municiones hasta Washington; también reclutaron afiliados y organizaron entrenamientos para enseñar tácticas de combates paramilitares. Una vez dentro de El Capitolio, portaron equipo, armas y suministros (cuchillos, porras, uniformes de camuflaje, chalecos con placas, cascos, protectores para los ojos y equipo de radio). Todo ello ha quedado claro, ampliamente demostrado por la fiscalía y ha servido para dictar las sentencias al final del proceso.

            En el caso de Rhodes, entró en terrenos restringidos del edificio del Congreso, pero no lo hizo en el edificio propiamente, porque se quedó afuera coordinando las acciones paramilitares. Sus acólitos ingresaron en formación, según el plan establecido previamente. Otros secuaces de los Oath Keepers permanecieron en las afueras de la ciudad, organizados en equipos de reacción rápida, para el transporte de armas de fuego y así frustrar la ceremonia que se iba a efectuar en el hemiciclo del Senado.

            Otros cuatro indiciados por la misma causa, tendrán que comparecer ante el juez en los próximos días, junto a Enrique Tarrio, líder de otra facción armada llamada los Proud Boys y que actuó de lleno en el mismo escenario.

            En lo que se refiere a Donald Trump, quien era el presidente de la nación en ese instante y el candidato derrotado en las recién finalizadas elecciones nacionales, en esa misma fecha ordenó tácitamente a su vicepresidente, Mike Pence, que negara el resultado electoral que le daba el triunfo a Joe Biden, del Partido Demócrata, e impidiera la certificación del Congreso. Ese mismo día, el violento mandatario habló en un mitin en el que azuzó a los escuchas y se dirigieran a El Capitolio. Lo que siguió, todos lo conocemos debido a las imágenes ofrecidas por la televisión estadounidense y las crónicas en los periódicos y revistas. Posterior a todo lo que ha pasado, la pregunta resultante es: ¿Donald Trump puede ser imputado lo mismo que aquellos que ya se han sentado en el banquillo de los acusados y ante los jueces?

            La respuesta la tiene del Comité de la Cámara de Representantes del senado, que ha estado investigando los hechos y ha encontrado indicios claros que le hacen sospechar que Donald Trump sabía que una parte de sus seguidores iban armados y asaltarían en pocas horas al Congreso; y, por supuesto, tiene indicios también de que el entonces presidente de los estadounidenses sabía que sus quejas sobre fraude electoral, eran falsas, una mentira, de las más escandalosas y grandes que se han dicho en toda la historia de los Estados Unidos y sobre este tema tan sensible. Sin embargo, a pesar de las evidencias tan claras, filmadas por las cámaras de la televisión y de los celulares de cientos de circunstantes, llevar a un ex mandatario ante la justicia, en un país como los Estados Unidos, podría parecerse a “una herejía”, debido al respeto que se les guarda a estos personajes. Mucho menos encerrarlo en prisión. Y es aquí donde recordamos a John F. Kennedy, con su amistad con mafiosos y el presunto asesinato de la actriz Marilyn Monroe; Richard Nixon, con su Watergate, o Bill Clinton con sus actos pornográficos con la becaria Mónica Lewinsky, en la propia Oficina Oval de la Casa Blanca. “No tuvimos relaciones sexuales –dijo Clinton a los senadores que lo investigaban-, solo fue sexo oral.” Y punto. El asunto no pasó de ahí. No fue para tanto… se desprende de la nula reacción de los congresistas que formaban aquella comisión investigadora. Es muy posible que Trump sepa algo de lo anterior –dentro de su profunda e gigantesca ignorancia sobre todos los temas capitales que le rodean-, y por eso presentó recientemente su candidatura nuevamente, para luchar por la presidencia de la nación. Sin embargo y ante cualquier otro dato que nos subraye el poder y la aceptación que Trump tiene todavía en las entrañas del Partido Republicano, su imagen ha quedado muy dañada, debido, en parte, a que las audiencias públicas del Comité del Senado han sido televisadas “en vivo” y han llegado a más de 30 millones de ciudadanos.

            Empero, a pesar del “fervor” que los estadounidenses sienten por sus ex presidentes, el fiscal general Merrick Garlan dejó escuchar recientemente que “ninguna persona –ni siquiera Trump-, está por encima de la ley.” Una máxima jurídica ciertamente verdadera y contundente, pero lo cierto que este funcionario no ha querido abrir ninguna causa contra el ex mandatario. ¿Por qué? No lo sabemos y tampoco lo sabe nadie en los Estados Unidos. Sin duda, su inacción (y lo que ha dicho en torno a este asunto), ha decepcionado a todos los demócratas y a muchos republicanos, quienes desean que la justicia se cumpla y saben que Trump es tan culpable como el que más. Y en lo que atañe a las palabras de Garlan, existe un audio en el que él mismo comunicó a su equipo de la fiscalía, el 25 de mayo pasado, que no quería procesar a Donald Trump de incitación a la violencia y sedición. ¿Habrá endosado un abultado cheque el ex presidente al fiscal? Muchos aseguran que así ha sido… Otros dicen que el fiscal tiene miedo de acusarlo, porque Trump podría ser elegido nuevamente mandatario del país y cobrar venganza contra Garlan y acabar con su carrera dentro del Departamento de Justicia norteamericano.

            Sea lo que fuese, nadie se ha atrevido a llamar al horrendo Trump para que comparezca ante un tribunal, a pesar de que todos en los Estados Unidos y en el mundo entero, sepamos que es un incitador al odio, a la violencia y ha enviado a sus enloquecidos partidarios, aglutinados en grupos paramilitares, a asesinar a aquel, a éste y a aquel otro también. Mike Pence es el claro ejemplo de los deseos criminales del ex gobernante y de lo que afirmamos en este reportaje.

Caso en Manos de la Fiscalía.

Descomunal Fraude de Donald Trump y sus Hijos en New York

NY. USA- Ha sido “pillado” el arrogante y violento Donald Trump, junto a sus hijos, en un fraude fiscal a gran escala, que lo ha puesto “contra las cuerdas” de cara ante la fiscal neoyorquina Letitia James, quien ha encontrado indicios de que el impresentable e insoportable ex presidente infló el valor de sus propiedades, con la finalidad de engañar a los Bancos.

            La misma funcionaria exige una multa de US$250 millones a los Trump, por los hechos ilícitos que cometieron, en lo que se ha dado por conocer con el calificativo de “un fraude a gran escala” y la apertura de un nuevo frente en la gran cantidad de acusaciones que se han cernido sobre el ex presidente y su familia, desde que abandonó el poder.

            Los tres hijos de Donald Trump son: Donald Jr., Eric e Ivanka, quien fuera asesora de su padre en la Casa Blanca, durante los cuatro años de su administración. La fiscal James mencionó lo siguiente en referencia a estos tres descendientes del ex mandatario, en su cuenta de Twitter: “los demando por dedicarse durante años a un fraude financiero enfocado a su propio enriquecimiento y al de la Organización Trump. He estado investigando estas prácticas desde hace tres años y estoy plenamente convencida de que Trump infló falsamente su patrimonio neto en miles de dólares, para enriquecerse injustamente y engañar al sistema. Los acusados disminuían ante el fisco el valor de su riqueza, para pagar menos impuestos.”

200 infracciones por fraude

            El legajo que comprende la investigación y la demanda, abarca 222 páginas y fue presentado ante un juzgado de Manhattan, en el que se describen 200 infracciones por fraude y responsabiliza al padre, a los hijos y a la compañía familiar, por manipular las declaraciones fiscales de Trump, entre los años 2011 y 2021.

            A lo anterior, la fiscal le añade las mentiras que Donald Trump dijo a los prestamistas y aseguradoras, con el propósito de sobrevalorar en miles de millones de dólares sus activos, como parte de una estafa a gran escala. Entre esas 23 propiedades se cuentan Mar-a-Lago Club, en Florida; la finca Seven Springs, en el condado de Westchester, en Nueva York; y el hotel de Washington, mismo que alquiló en su momento al gobierno federal, antes de venderlo en mayo del actual 2022, a un grupo inversor.

            En conferencia de prensa, al ser consultada la fiscal Letitia James sobre las intenciones de Trump al cometer fraude, la letrada explicó que alteró el valor de las propiedades “para obtener beneficios fiscales, así como la consecución de préstamos bancarios. Afirmar que tienes un dinero del que careces, no es una expresión del arte del vender. Se trata más bien del arte de robar (parafraseando el título del libro The Art of the Deal, de 1987, en su traducción al español El Arte de Vender). No hay dos conjuntos de leyes para el pueblo de esta nación: los expresidentes deben responder como el resto de los estadounidenses.” Recalcitró la fiscal afroamericana.

            Aclaró, en otro aparte de su intervención ante la prensa, que el objetivo primordial que se persigue con la demanda contra el exmandatario, es prohibir que Donald Trump y sus hijos vuelvan a hacer negocios en el Estado de Nueva York; también proscribir a su organización del mercado inmobiliario de la ciudad durante cinco años; y compartir el fruto de sus investigaciones con el Departamento de Justicia, que, así mismo, tiene dos causas abiertas contra el mismo Trump, por su inacción (complacencia pasiva) durante el ataque de la turba al edificio de El Capitolio (Congreso), el 6 de enero del 2021); y por los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca y fueron encontrados por el FBI en su residencia de La Florida, a principios de agosto del presente 2022.

            La respuesta legal de parte de los abogados de Trump se desconoce al cierre de esta crónica, aunque se espera que sea la característica en él: una defensa con el mayor rigor posible y en contra de la figura de la fiscal James, a quien ha acusado en el pasado de estar parcializada a favor del Partido Demócrata y de actuar politizada y nunca de acuerdo con las leyes del país.

¿Finalmente, se Sacudirán de Encima los Argentinos a Cristina Kirchner?

BUENOS AIRES, Argentina- De acuerdo con lo que hemos observado en los últimos días en este país suramericano (no “europeo” según creen los mismos argentinos dentro de ese desfase psiquiátrico que padecen), este podría ser el final de la carrera política (y extraordinariamente deshonesta), de Cristina Fernández de Kirchner, una mujer de contextura física débil y nada agraciada (fea), pero aun así, con esa debilidades en desfavor, tiene secuestrado a todo un país y a su pueblo entero.

            El caso es que está enzarzada en un problema peliagudo por supuesta corrupción, en la que ella misma se ha declarado “víctima de una ficción sin pruebas ni sustento jurídico,” tal y como la llamó recientemente ante los medios de prensa que le publican “sábanas” enteras (no páginas), en los diarios nacionales. Así mismo, ha aseverado que las acusaciones en su contra no son solo contra ella, sino “contra todo el peronismo”, partido que le sigue ciegamente en cada acto que ella lleva a cabo. Lo cierto es que los jueces la juzgan por ser la presunta jefa de una asociación ilícita, creada para enriquecerse con dinero de la obra pública.

            En la sala del juzgado intentó apoderarse también de los circunstantes, con su habitual demagogia y manipuleo al que está acostumbrada, pero los colegiados le prohibieron el uso de la palabra (la principal arma de esta mujer), y se fue a hacer su discurso a su oficina en el Senado, ante una cámara pequeña de filmación. Desde ese lugar, atacó a todo aquel que se le vino a su descentrado cerebro, incluyendo al ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), de quien dijo: “(…) (es de) aquellos que van por todo, por los salarios, los derechos de los trabajadores y los jubilados.” Después de acusarlo de ser quien está tras bambalinas de las acusaciones que ella está enfrentando en la actualidad.

“Causa Vialidad”

            Ese es el nombre preciso de la causa que se le sigue a Cristina de Kirchner en los tribunales de justicia de Buenos Aires. El fiscal Diego Luciani cree que ella es la jefa de una asociación ilícita que ejecutó, durante los dos mandatos presidenciales de esta mujer (del 2007 al 2015), “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país.” Según sus propias palabras acusatorias y pidió 12 años de cárcel para la imputada. La investigación también se les hace a otros doce altos funcionarios de aquellas dos administraciones, acusados de desviar dinero de la obra pública, para enriquecerse.

Algunos personajillos de la vida política argentina que están en la mira de la fiscalía, son: el ex ministro de Obras Públicas, Julio de Vido; el ex secretario de la misma Cartera, José López (detenido in fraganti en el 2016, cuando arrojaba bolsos que contenían US$9 millones, dentro de un convento católico); y el banquero Lázaro Báez, quien se convirtió de repente en constructor durante los dos períodos gubernamentales, tanto de Néstor Kircher, como de su esposa, Cristina. El susodicho “constructor” obtuvo nada menos que la friolera de 8 de cada 10 contratos de vialidad en la provincia de Santa Cruz, lugar del origen político del matrimonio Kirchner.

            Báez se encuentra preso en estos momentos por la causa comprobada de lavado de dinero y después de que su fortuna personal creció en un 12 mil por ciento entre el 2004 y el 2015, debido a los contratos privados que realizó con los Kirchner.

            Sin embargo, el fiscal no la tiene fácil, porque debe probar que se creó en el gobierno de Néstor esa asociación ilícita, en la que Cristina Fernández fue “la capo” y movió los hilos de la corrupción a placer y de espaldas a la legalidad. Y la situación se le ha puesto más engorrosa al letrado, porque no pudo encontrar ningún documento que uniera a la ex presidenta con Lázaro Báez; aunque sí halló indicios contundentes contra José López, al confiscarle los bolsos llenos de dólares que intentó introducir en el convento de las monjas.

            Este mismo individuo, López, envió varios mensajes por chat a Báez, en los que daba a entender, sin nombrarla directamente, que Cristina Kirchner tenía que dar el visto bueno a pagos y contratos de obra pública, en los que él y la mujer en cuestión se beneficiarían eventualmente, una vez que las obras comenzaran a construirse. En defensa propia, Cristina tomó ante la cámara de filmación en su Despacho, las 9 mil páginas que contienen los textos del chat, para demostrar, según ella, que López hablaba profusa y extensamente de negocios oscuros, con Nicolás Caputo, empresario de la construcción muy cercano al ex mandatario Mauricio Macri. “¡Al final –exclamó victimizándose la Kircher-,  la que me siento una boluda (tonta en el argot del habla popular argentina), soy yo, porque López hacía negocios ilícitos a mis espaldas con Báez y con Caputo.”

Cárcel e inhabilitación para la encausada

            La fiscalía, según hemos reseñado, pidió prisión para Cristina de Kirchner y la inhabilitación para ejercer cargos públicos en el futuro. De inmediato, al conocer la petitoria del fiscal Luciani, miembros del actual gobierno de Alberto Fernández, quien es un peón más de la manipulación de Cristina, salieron a los medios de prensa para darle el respaldo a la mujer.

            En opinión de los compañeros de partido de la imputada, lo que pretende la oposición conservadora es proscribir su posible candidatura para las elecciones presidenciales del 2023 y en las que creen que ella será la irrefutable ganadora. El canciller Santiago Cafiero, incluso, comparó la situación actual de la vicepresidenta con las de otros líderes suramericanos que terminaron en cárceles, y puntualizó los casos del brasileño Lula da Silva; y el ecuatoriano Rafael Correa, de fuga por Bélgica y requerido por la justicia del Ecuador. Por su parte, Sergio Massa, ministro de Economía, manifestó que la acusación contra “su jefa” Cristina, “sería un grave precedente, porque es absurdo plantear que el jefe de la administración es responsable por cada uno de sus dependientes.” Es decir, se desprende de sus palabras que exculpa a la Kirchner por los actos corruptos que cometieron sus subalternos en el ministerio de Obras Públicas.

            Evidentemente, una de las reacciones de la Kirchner fue impedir que el fiscal continuara con la investigación que la involucra y por ello intentó apartar del proceso judicial al mismo fiscal Luciani y a Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los tres jueces del tribunal. Con esa finalidad, Cristina utilizó una fotografía muy difundida por la prensa argentina, en la que se muestra a ambos letrados participando en juegos de futbol, organizados los fines de semana por el expresidente Mauricio Macri, en su casa en la localidad de Los Abrojos. Pero su deseo se estrelló contra la negativa de la Corte de separar a ambos del juicio y tendrá que esperar hasta que se dicte la sentencia a finales del presente 2022.

            Lo que le queda a Cristina Kircher es la espera desgastante que todo proceso lleva implícita; aunque ha dicho que no teme la cárcel, porque en el próximo diciembre habrá cumplido los 70 años y las leyes argentinas no permiten que con esa edad, ningún sentenciado vaya a una penitenciaría común y será “casa por cárcel” la que le darán a esta mujer que ha tenido desde hace décadas “embobados” a los argentinos, sin que este mismo pueblo sepa a qué se debe “el hechizo” o el arraigo que posee en las preferencias populares. Así mismo, Cristina baraja el hecho de que tiene fuero especial como vicepresidenta de la República y que solo podría perderlo después de un juicio político.

            No obstante, el peor golpe que podría sufrir esta mujer sería que la aparten del poder (abierto o en los subterfugios tal y como gobierna actualmente, manipulando al actual mandatario), y es muy posible que el “kirchterismo” pierda las elecciones presidenciales del año 2023, debido a la crisis económica que enfrentan actualmente los ciudadanos y por las peleas internas desatadas entre el presidente Alberto Fernández y ella. Aunque, en cuestiones políticas, el votante argentino es lo más impredecible que existe en esta América Latina que ellos detestan (se consideran europeos, recordemos), y podrían darle el espaldarazo nuevamente a esta mujer, cuyo éxito seguramente se deba a un “pacto diabólico” porque carece de carisma, inteligencia (acusa rasgos de esquizofrenia incluso), y la prepotencia de quien se sabe dueña de todo un país, con su gente incluida.

            Finalmente, si fuera inhabilitada, judicialmente, para ejercer cargos públicos en lo que le resta de vida, quedará “out” de la política argentina y podría desaparecer en forma definitiva de la realidad de esa nación. Aunque en Argentina, reafirmamos, nunca se sabe…

La Justicia Acorrala a Donald Trump

PALM BEACH, Florida, USA- Un proverbio popular que circunda en cada esquina de nuestros pueblos, cada vez que es necesario, dice que “la justicia tarda, pero no olvida.” Y eso justamente está sucediendo con el rabioso ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, justo en el momento cuando se movía amenazador y estaba aglutinando fuerzas vivas dentro del Partido Republicano, para postularse nuevamente en las elecciones de este país. Si se le encontrara algún indicio –que sabemos que existen muchos por doquier en su delictiva vida-, sus intenciones por ser el próximo candidato, quedarán truncadas para siempre y podría sucederle peor que a Richard Nixon, en su etapa política a principios de los años 70s. Incluso Nixon podría parecer un niño con chupete en su mano, con lo que se le podría hallar a Trump cada vez que el FBI derribe las lujosas puertas de sus mansiones.

            Se sabe sobradamente que el sistema judicial estadounidense es uno de los mejores del planeta entero, razón por la cual los capos de la cocaína, de cualquier nación latinoamericana, no desean ser extraditados, porque saben que ingresar a una celda en una prisión norteamericana, significaría “morir estando vivos.” Sino que lo narren los familiares del colombiano Carlos Lehder, o del ex dictador panameño, Manuel Antonio Noriega, capturados y enviados a los Estados Unidos, a esas “tumbas” que son las cárceles de ese país y que suelen contener a “muertos vivientes” dentro de sus impenetrables paredes, hasta que cumplan sus sentencias. El caso delincuencial de Donald Trump no tendría que ser distinto; incluso él soñó para sí que su ex vicepresidente, Mike Pence, hiciera lo que hizo Gerald Ford, en aquel entonces, con Nixon: perdonarle sus actos delictivos y dejarle en libertad y en inalienable paz. Pero Pence sabía que Trump había cometido demasiados ilícitos, como para dejarlo impune o intocable por la justicia.

El FBI en una de sus mansiones

            Hay que ser enfático y reafirmar que la fortuna de la cual presume Trump y sus bienes inmuebles (hoteles, campos de golf y mansiones), tienen su asidero o sus cimientos, en actos que, si se llegasen a investigar minuciosamente, nos darían resultados sorprendentes en cuanto a la falta de honradez con la cual fueron erigidos o adquiridos, porque Trump es un delincuente, un sujeto perverso, corrompido, corrupto y corruptor de todo lo que toca o se posa a su alrededor.

            Pero lo cierto es que el FBI, una de las mejores policías del mundo, se apersonó en su casa de Palm Beach, Florida, con la intención de hallar documentos oficiales que podrían incriminar definitivamente al ex mandatario en lo ilegal y ponerlo frente a los tribunales de justicia, que es lo que esperamos millones de personas alrededor de la Tierra. Por supuesto que la acción policial sorprendió a Trump, quien se considera todopoderoso, semejante al “dios del dinero” y que está por encima de la ley; pero, ciertamente se le investiga por el asalto a El Capitolio, por azuzar a sus seguidores y ordenar el posible asesinato de su ex vicepresidente Pence; y por presuntas irregularidades en sus negocios. Ambas investigaciones cierran el cerco y dejan al ex presidente a merced de esa justicia que él tanto odia y creyó burlar con una regularidad inaudita en sus actos. En lo que atañe a la segunda, los agentes del FBI buscan indicios que prueben que lo realizado por Trump, en materia de inversiones y negocios privados, ha sido irregular. De tal manera que la Organización Trump está “bajo la lupa” policial desde el 2019, por orden de la Fiscalía de Nueva York y la de Manhattan.

            En concreto, el FBI irrumpió en el silencio de la mansión de Mar-a-Lago, en busca de documentos oficiales secretos o clasificados, que no deberían estar en poder del ex presidente. Es en este tema en particular cuando la Casa Blanca facilitó una serie de fotografías a una periodista del New York Times, en las que se pueden observar documentos oficiales en un inodoro, en la residencia oficial de Donald Trump. Según los agentes de la policía, esa fue la absurda táctica del venenoso ex mandatario, para deshacerse de sus notas oficiales y que le pudieron haber comprometido eventualmente. De hecho, el personal de limpieza de la Casa Blanca ha dicho que encontraban con asiduidad, fajos de papeles que atascaban los sanitarios. Incluso, una vez que finalizó su período presidencial, se llevó a Mar-a-Lago, arbitrariamente, 15 cajas con documentos oficiales y los Archivos Nacionales le exigieron durante meses enteros, que los devolviera, pues son propiedad del gobierno de los Estados Unidos de América.

            La periodista que tiene en su poder dichas fotografías, es Maggie Haberman, y prepara su próximo libro en el que devela esas imágenes en las que se observan notas oficiales que Trump intentó destruir. Por supuesto, el sujeto en cuestión siempre ha negado tales acciones; empero, en una de las fotos se puede leer la palabra “cualificado”; y en otra similar, se puede leer con claridad el apellido “Stefanik”, de la congresista republicana Elise Stefanik. La reacción ante tales afirmaciones de la reportera, ha sido de Taylor Budowich, portavoz de Trump, quien dio estas declaraciones al medio online Axio: “Tienes que estar bastante desesperada por vender libros, si parte de tu estrategia promocional son fotografías de papeles en un váter.” Pero ya hemos visto que no son simplemente "papeles en un váter,” sino de documentos oficiales que Donald Trump quiso que nadie conociera en la Casa Blanca y mucho menos, fuera de la mansión gubernamental.

            Y en el caso de las 15 cajas que el expresidente se llevó a La Florida, tras su derrota electoral por la reelección, personeros de los Archivos Nacionales dijeron a The Washington Post, que en ellas había textos altamente clasificados; incluso, ahí yacían cartas del ex presidente Barack Obama, a quien tanto odia Donald Trump, de acuerdo a lo demostrado por éste durante su errática administración. Todo ello debió ser entregado por Trump, de acuerdo a la Ley de Documentos Presidenciales, una vez que salió del gobierno estadounidense; pero acabaron en su complejo residencial de Mar-a-Lago, algo inédito en cualquier mandatario de este país, a lo largo de su historia. Una prueba más de que Donald Trump es incapaz de respetar hasta lo más sagrado que hay en los Estados Unidos y es proclive a violentar la ley, las normas, los reglamentos y las tradiciones, cada vez que a él se le ocurre. No hay duda: estamos tratando de un delincuente en toda la extensión de la palabra.

            En otros términos, Trump incumplió las leyes que se refieren a los registros presidenciales, que fueron promulgadas después del escándalo de Watergate, cuya “estrella” fue Richard Nixon, otro republicano. Dichas leyes exigen a los presidentes salientes, preservar los registros de sus actividades gubernamentales, algo que Donald Trump no estaba dispuesto a hacer del conocimiento público, evidentemente.

Las quejas del ex presidente

            Al poco tiempo de enterarse del allanamiento a su propiedad, Trump, fiel a su manera de actuar en este y en otros casos parecidos, convocó a la prensa para quejarse y mostrar un dolor exagerado según se pudo constatar: “Nuestra nación está viviendo tiempos oscuros (¡!), mi hermosa casa, Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, está bajo asedio. Los agentes han abierto hasta mi caja fuerte.” Ha expresado en medio de un patetismo que ronda el melodrama; y cuando dice que se están viviendo “tiempos oscuros” en su país, le asiste toda la razón, porque el panorama político estadounidense ha venido en franca decadencia desde que él mismo (Trump), irrumpió en la escena electoral. Nadie más que él cambió el panorama y la realidad que estaba experimentando los Estados Unidos antes de que se diera a conocer su protagonismo como aspirante a la Casa Blanca.

            Y lo que ha acontecido en su residencia de La Florida, nunca antes se había dado en la historia de esta nación, un hecho que partió del momento cuando azuzó a las masas para que tomaran al Congreso, porque, según su retorcida manera de afrontar la derrota en las votaciones, estas le “fueron robadas por los demócratas y su entonces candidato, Joe Biden.” Nadie más que él dio inicio a esta severa crisis que se ha prolongado ya por largos dos años.

            Cuando el FBI ingresó a su casa en Florida, Trump se hallaba en su club de campo de Bedminster, en el Estado de New Jersey, cerca de Nueva York, luego de haber participado en el funeral de su primera esposa, Ivana; y los posibles delitos en los que ha incurrido y que hicieron que los agentes federales irrumpieran en su mansión, se desglosan así:

a.       Por el asalto de sus seguidores a El Capitolio, el 6 de enero del 2021, con la firme y malsana intención de no aceptar el triunfo de Joe Biden. En este caso particular, Donald Trump intentó alterar el resultado de las elecciones nacionales.

b.      Por malversación de fondos en las celebraciones de su juramentación al cargo como presidente, en el 2017.

c.       Por presunto fraude de la Organización Trump, “el paraguas legal” bajo el que sus empresas están organizadas y que no se ajusta a la legalidad precisamente. Así según la fiscalía del distrito de Manhattan, en Nueva York.

d.      De la misma manera, el fiscal del distrito de Westchester, de Nueva York, por la misma razón anterior, arriba expuesta; y en el condado de Fulton, en Georgia, por el presunto intento de modificación de los resultados de las elecciones del 2020.

e.       Finalmente, por la SEC, el regulador de la Bolsa, por las posibles violaciones de las regulaciones, acerca de la fallida salida a la bolsa de su red social, llamada Trump Social, en este 2022.

Recientemente, Donald Trump compareció ante la fiscalía general de Nueva York, para rendir su declaración bajo juramento, fue atendido por la titular de esa oficina, la fiscal Letitia James, vieja conocida del ex mandatario y quien lleva a cabo una profunda investigación iniciada en el 2019, por presuntas irregularidades en sus negocios. Sin embargo, el sospechoso, indudablemente aconsejado por su “batería” de abogados, se negó a declarar, acogiéndose al derecho que consagra la Quinta Enmienda para no incriminarse. En un comunicado desde su Despacho, Trump lo explica de esta manera: “Me negué a responder las preguntas, amparado en los derechos y privilegios otorgados a todos los ciudadanos por la Constitución de los Estados Unidos” y lo que se preveía iba a durar varias horas, el expresidente lo redujo apenas a un minuto de estadía en la oficina de la fiscal.

            Estas fueron sus explicaciones brindadas a la prensa posteriormente, por medio de un comunicado: “Una vez me pregunté: ‘si eres inocente, ¿Por qué te acoges a la Quinta Enmienda?’ Ahora conozco la respuesta a esa pregunta: cuando tu familia, tu empresa y todo tu círculo se convierten en objetivo de una caza de brujas infundada, motivada políticamente y apoyada por abogados, fiscales y los medios que difunden noticias falsas… no tienes elección. Si tenía alguna duda al respecto, el allanamiento de mi casa, Mar-a-Lago, el lunes por el FBI, solo dos días antes de esta declaración, borró cualquier incertidumbre. No tengo absolutamente ninguna opción porque la actual administración y muchos fiscales en este país, han abandonado toda moral y los límites éticos de la decencia.” Puntualizó.

Pero un día antes de presentarse ante la fiscal general de Nueva York, Trump había escrito en su propia red social: “Esta noche en Nueva York. Viendo a la racista fiscal general del Estado de Nueva York mañana, en la continuación de la mayor caza de brujas en la historia de los Estados Unidos. (Se trata de) una operación de acoso de parte de la demócrata James, que es afroamericana, para impulsar su carrera política. Mi gran compañía y yo mismo, estamos siendo atacados por todos los flancos. ¡República bananera!” Luego de su comparecencia, dejó leer nuevamente: “No he hecho nada malo; por eso, después de cinco años buscando, los gobiernos federal, Estatal y local, junto a los medios fake news (noticias falsas), no han encontrado nada.” Un texto que nos recuerda aquella explosión de ira de Al Capone ante Eliot Ness: “¡Tú no sabes nada, no tienes nada contra mí! ¡Tú no hallarás nunca nada! ¡No tienes nada!” Aunque todos conocemos cuál fue el final de aquel gánster…

Lo cierto es que Trump había pospuesto una y otra vez su comparecencia ante la fiscalía de Nueva York por una u otra razón. La última fue por el funeral de su ex esposa; pero en esta oportunidad, no pudo escapar más… Arribó al edificio de la Corte neoyorquina en su limousine negra, blindada y con cristales oscuros, acompañado por una caravana de guardaespaldas y abogados defensores, en medio del sonido de sirenas, como si fuese todavía el presidente de los norteamericanos. Corrían las nueve de la mañana y los caminantes por las aceras de la ciudad, se detenían para observar aquel espectáculo inesperado, mientras los agentes secretos custodiaban la entrada del inmueble, ayudados por la policía regular uniformada. Ese maremágnum es lo que le gusta a Donald Trump: que el tráfico se detenga y las multitudes lo hagan también a su paso, en señal de poderío, prepotencia, arrogancia y desprecio por el ser humano sencillo y las leyes de su propio país, porque se considera que está por encima del estamento judicial y de Dios mismo.

Ciertamente, la fiscal James tiene sospechas de que la Organización Trump tergiversó el valor de propiedades (campos de golf y rascacielos), para engañar a prestamistas que le favorecieron en un momento dado y al sistema hacendario del país. Si se confirma lo anterior… será el final de Donald Trump como político y quizás como empresario. Algo que muchos deseamos que suceda, por el bien de los Estados Unidos, que verá extirpado ese tumor canceroso que tanto problema ha causado a su moral y espíritu democrático. 

Cisma:

Gobierno de Guatemala Arremete

contra la Prensa

CIUDAD DE GUATEMALA- Los hechos acontecidos en las últimas semanas, no hacen otra cosa que recordarnos que esta nación centroamericana no ha cambiado en nada desde que tenemos consciencia y, más bien, han acrecentado sus recurrentes crisis en las que los pobladores y la prensa, son los que sufren los desmanes de sus pésimos gobernantes (algunos de ellos, hoy en prisión).

            La incomprensión que suele darse de manera recurrente, puede aparecer de un momento a otro y en cualquier estamento del Estado o de su vida social, superando incluso a otros acontecimientos mundiales; por ejemplo, a la guerra ruso-ucraniana o los ataques de Israel a la Franja de Gaza. Lo que sucede constantemente en Guatemala, solo revela que este país es ingobernable y está posado en cimientos socio-políticos bastante inseguros, aparte de su proverbial pobreza y segregación racial y social que sufre la mayoría de sus habitantes.

Allanamiento de la sede de El Periódico

            La comunidad internacional, especialmente en la centroamericana, consideraba que la prensa guatemalteca estaba haciendo un papel acorde con las circunstancias y hasta cierto punto, era garante de los valores democráticos y de la esencia de la libertad; no obstante, por orden de la Fiscalía General de la República, fue allanado el medio llamado El Periódico, fundado en 1996, evidentemente un medio relativamente nuevo en Guatemala. Acudieron a esa sede decenas de fiscales y agentes de la Policía Civil y después procedieron con otro allanamiento, esta vez en la casa de su fundador y premio Rey de España (del 2021, al Medio de Comunicación Destacado de Iberoamérica), José Rubén Zamora. De inmediato, fue detenido por su posible participación en los delitos de “lavado de dinero u otros activos, chantaje, tráfico de influencias y proposición y conspiración para el lavado de dinero u otros activos.” Según informó el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI), Rafael Curruchiche. Agregó que el arresto del periodista fue autorizada por orden del juez Séptimo de Primera Instancia Penal y fue enfático en señalar que la acción judicial “no tiene ninguna relación con su calidad de periodista, sino por un posible hecho de lavado de dinero, en su calidad de empresario.”

            El juez que tiene a cargo este caso, añadió que ha advertido “indicios suficientes de la posible comisión de múltiples delitos”, por parte de José Rubén Zamora. El mismo despacho judicial indicó que se le dio seguimiento policial al comunicador, porque “pretendía realizar una transacción bancaria por un monto considerable de dinero y en hecho flagrante se logró incautar dicha cantidad.” Seguidamente, el mismo juez hizo un llamado a la prensa nacional e internacional, para que no se deje sorprender por información tendenciosa, porque la acción jurídica ha actuado en el caso de Zamora en su calidad de empresario y nunca en su función de periodista.

            Un vocero de El Periódico contraatacó al gobierno guatemalteco y a esta operación específica en su contra, porque sus periodistas estaban investigando “cómo operan los actores corruptos en Guatemala (…) (y por ello este medio de comunicación) ha sido el blanco de constante ataque desde el aparato Estatal y sus huestes.” Así se desprende de una nota publicada por la jefatura del periódico en su cuenta de Twitter. Y agregó: “(en la actualidad) seis trabajadores administrativos permanecen retenidos en las oficinas centrales de este medio de comunicación, por lo que, tanto la Policía como el Ministerio Público (MP), siguen realizando el allanamiento, aunque, por ahora, no han extraído equipo o archivos del edificio.”

            Otra reacción ha sido la del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, quien publicó también su cuenta de Twitter que le informaron que “varias personas (del rotativo) estarían retenidas e incomunicadas y, por ello, daré seguimiento al caso y hago un llamado a las autoridades a velar por el cumplimiento de los derechos y garantías judiciales.” Puntualizó. En el 2003, esta misma Comisión realizó una visita a Guatemala y pudo observar amenazas y actos de hostigamiento a los periodistas, “especialmente a aquellos que cubren investigaciones de actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos”, dos temas que, particularmente, siempre han molestado al gobierno guatemalteco a través de los años, sin importar quién sea el presidente de la República o el partido en el poder.

            En específico, José Rubén Zamora denunció en ese mismo año que él y su familia “fuimos agredidos y amenazados por 12 sujetos fuertemente armados, quienes irrumpieron en mi casa de habitación el 24 de junio del 2003; y mi esposa, mis tres hijos (quienes tenían 13, 18 y 26 años de edad), nuestra empleada doméstica y yo, fuimos maniatados, intimidados y agredidos por más de dos horas. Cuando salieron de mi casa, los sujetos me advirtieron que ‘no se meta con los de arriba.’ También varios integrantes del personal del diario, recibieron amenazas telefónicas en las que se les advertía que ‘pronto aparecerán publicadas sus esquelas, junto a la de José Rubén Zamora. Fue cuando el 27 de junio del 2003, debido a las intimidaciones y presiones, tuve que sacar a mi familia de Guatemala.” Reveló.

            Se desprende de sus afirmaciones que el gobierno actual no quiere que se ahonde en ciertos aspectos que le incomodan y por eso “he recibido un acoso judicial constante.” Dijo el periodista hoy detenido. En esa misma época, la ex candidata presidencial, Sandra Torres, lo denunció por supuesta violencia contra la mujer y un juez le dio la razón a ella y ordenó que Zamora no publicara ninguna noticia para no perturbar a la mujer política; además, le prohibió acercarse a menos de tres kilómetros. “Al año siguiente –explicó el mismo editor del diario-, Sandra Torres denunció por violencia contra la mujer, a seis editores y se ordenó al periódico no escribir ni publicar nada sobre la ex candidata.”

“Persecución gubernamental”

            Para el fundador de El Periódico, su empresa periodística sufre una persecución constante de parte del Poder Judicial, específicamente de la fiscal general, Consuelo Porras, quien “concreta las amenazas vertidas contra mí (el editor en jefe),” mientras el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, se apersonó en la Torre de los Tribunales en esta Capital, donde expresó que la captura del periodista le causa “mucha preocupación, teniendo en cuenta que es el director de El Periódico, que ha hecho periodismo de investigación y que, además, tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en un momento muy difícil y no quisiera pensar que estamos llegando a una Nicaragua 2.0, porque la libertad de prensa es indispensable e importante defenderla, ya que una democracia sin una prensa independiente realmente, a la larga erosiona a la frágil democracia guatemalteca.” Extendió su opinión el mismo Procurador y subrayó que va a estar presente en la audiencia ante el juez, para certificar que “se cumpla con el debido proceso y hay que estar pendiente para ver cuál es la razón del arresto, ya que lo que es cierto es que hoy es Zamora y mañana puede ser cualquiera de los medios de comunicación y periodistas que no pueden estar a merced de una arbitrariedad.” Concluyó.

            Y es que El Periódico ha venido investigando y publicando una serie de reportajes en los que se señala a la fiscalía general como una dependencia del Estado donde se practica a diario la corrupción. Un señalamiento que, desde luego, ha incomodado a los funcionarios Estatales y se cree que, a partir de esas acusaciones bien fundamentadas en los reportajes publicados, partió la orden de los allanamientos a la sede del diario. Un ejemplo de esto se presentó cuando un colaborador eficaz de la fiscalía, detalló que empleados de ésta, cobran sobornos a cambio de trasladar expedientes a otras fiscalías, a conveniencia de los interesados y donde las acusaciones serían leves o no procederían ante el sistema jurídico del país. Esta denuncia periodística fue “el punto de detonación” que hizo que la redacción de El Periódico fuera intervenida por la policía y su editor apresado. De paso, prohibieron la comunicación a los trabajadores y se apostó un vehículo sin matrícula y una patrulla policial frente a la vivienda de Zamora. Adentro de la casa de este periodista, los oficiales de la policía tenían sus caras cubiertas y estaban fuertemente armados, ante la mirada de los ocupantes del lugar.

            La fiscalía insiste en afirmar que el caso ha sido el resultado de investigaciones y en estricto cumplimiento de la ley y anunció que la indagación continuará indefinidamente, porque, tras los indicios recabados, “se ha advertido la posible vinculación de varias personas más.” Así también, dio a conocer que fue capturada una auxiliar de la fiscal por su posible participación en el delito de revelación de información confidencial o reservada.

            En un intento de síntesis, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), rechazó los allanamientos a El Periódico y a la residencia de su Editor y ha denunciado ante la comunidad internacional que “las acciones remarcan la instauración de un Estado dictatorial. Las acusaciones contra Zamora y el diario, forman parte de la campaña de persecución, criminalización y censura que el Estado, por medio de las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público (MP), continúan emprendiendo en contra de los medios de comunicación y periodistas que no se pliegan a los intereses de las autoridades Estatales.” Y lo peor para el gobierno se fundamenta en que muy pocos, dentro de Guatemala y fuera de esta nación, consideran que, en efecto, se trata de un Estado supra-corrupto, que se afana en que esa corrupción y los corrompidos, no se den a conocer y mucho menos… judicializar.

Desprestigio Mundial.

Costa Rica en Primer Lugar en el Orbe por

Recibir Cocaína

SAN JOSÉ- Las imágenes de país de paz, de gente amable y educada, de nación sin ejército, con más maestros que soldados, parece que van quedando prendidas del olvido y ahora Costa Rica, la sólida democracia centroamericana, acusa otros rasgos que en nada la benefician de frente a la comunidad internacional; es decir, hoy ostenta el puesto número uno mundial –en nada prestigioso-, por recibir pasta de cocaína para exportarla posteriormente a los países consumidores. Así mismo, es el primer exportador de la droga hacia Europa Occidental. Lo anterior significa que el costarricense, a nivel de gobierno, de policía, tiene una tarea inmensa por resolver lo más pronto posible, pues las repercusiones internacionales podrían ser sumamente negativas, a corto y mediano plazo.

            La contradicción en los hechos y en los términos, radica en que Costa Rica no produce un solo gramo de cocaína; pero recibe el llamado “polvo blanco” en cantidades impresionantes desde Colombia y la narco-dictadura de Venezuela, una horrenda posición que se disputa con Honduras y el mismo México.

            La droga parte de aeropuertos clandestinos ubicados en las zonas selváticas o de las mismas terminales portuarias del Caribe, hacia el Viejo Continente, concretamente hacia Portugal, Italia y España, según cita un despacho del Ministerio de Seguridad de Costa Rica. “(…) los costarricenses inundamos de cocaína a esos puertos europeos (y) eso explica la enorme penetración y la enorme violencia que tenemos en el país y que va a incrementarse.” Asegura el ex ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, y añade: “A esa preocupación yo le sumaría otra: la penetración del crimen organizado en diferentes modalidades. La penetración de esos grupos criminales que se dedican al trasiego y bodegaje de droga en nuestro país y la delincuencia común, son el cóctel perfecto para que Costa Rica esté como está y la podamos perder. Todos aquí hemos mencionado la penetración del crimen organizado en los tres poderes de la República, y uno se pregunta: ¿Cómo hemos llegado a esto? Bueno, es que estamos sujetos a un embate extraordinario, que es el que no se ha querido reconocer.” Sentenció.

Grandes limitaciones en materia de seguridad

            En la actualidad, según sucede de igual manera en otros países de América Latina, los narcotraficantes le están ganando la partida al gobierno costarricense, que carece de los medios logísticos necesarios para atacar frontal y eficazmente el problema. Los expertos en seguridad consultados por The City Newspaper, coinciden en que hay presupuesto, hay mucho dinero para invertirlo en el combate al narco; pero no es girado oportuna ni con precisión a los entes gubernamentales que lo requieren con urgencia.

            Es cuando el ex ministro Gustavo Mata explica que, por ejemplo, el impuesto que se le cobra a las sociedades anónimas, genera al fisco Estatal unos 20 mil millones de colones (moneda nacional), al año, aproximadamente; “(y) en 10 años son 300 mil millones de colones (que servirían) para el equipamiento e infraestructura de los cuerpos policiales. (Por eso) pregunto: ¿Están llegando esos dineros a los cuerpos policiales? Como lo dijo el viceministro anterior: ‘esas platas se convirtieron en ordinarias en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública.’ Eso es un llamado de atención para que la Comisión (legislativa) revise si, efectivamente, se está generando eso.” Insistió.

            En lo que estriba a la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la diputada Gloria Navas, argumentó que está de acuerdo con las palabras vertidas por el ex ministro Mata y por otros conocedores de la problemática de la droga que tiene a Costa Rica atenazada y le ha dado esos dos primeros y nefastos lugares a nivel mundial. Agregó que el gobierno anda muy mal en ese aspecto y, en lo que respecta a la comisión que ella dirige, al primero que llamarán para que dé explicaciones claras a la ciudadanía y a los parlamentarios, será al presidente de la Corte de Justicia, Fernando Cruz, quien tendrá mucho que dilucidar en cuanto a este tema.

            “Son aseveraciones fuertes, impresionantes, serias y muy ciertas –dijo Navas-. Hemos descuidado durante muchos años el tema de la seguridad y el combate a la delincuencia en general, así como la protección a la ciudadanía y a la nación frente al flagelo del narcotráfico y el crimen organizado. El Poder Judicial es deficiente, no hay justicia ni pronta ni cumplida y hay justicia denegada. Entonces ese es un tema. Aquí (en la Asamblea Legislativa), está invitado el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, a quien le vamos a hacer preguntas muy aterrizadas, muy específicas y pedirle explicaciones sobre qué está haciendo el Poder Judicial para mejorar la eficiencia de las investigaciones. Que no digan que es por falta de presupuesto. Nó… es el factor humano.” Enfatizó la diputada Gloria Navas con su peculiar franqueza, que la ha hecho famosa como abogada litigante y hoy parlamentaria.

Además, la posición geográfica de Costa Rica en América Latina le da la ubicación adecuada o perfecta para que los narcotraficantes hayan encontrado el país ideal para guardar transitoriamente la pasta de cocaína y posteriormente, la envíen al resto del mundo, especialmente a los Estados Unidos y Europa, los sitios que son grandes consumidores por antonomasia.

Los telediarios y periódicos costarricenses, a diario, informan sobre las labores de la policía costarricense, cuando incautan toneladas de cocaína en las tres rutas más conocidas; esto es, por tierra, mar y aire. La prensa destaca diariamente que los esfuerzos de las autoridades son ingentes y con gran asertividad y eficiencia; incluso el gobierno de los Estados Unidos le reconoce a Costa Rica su lucha a conciencia que lleva a cabo; pero no es suficiente, según lo hemos visto en esta crónica. Y es del todo cierto que las autoridades costarricenses han incautado más droga que el resto de policías centroamericanas, pero se deben redoblar los esfuerzos, evidentemente.

Veremos cuál será la respuesta del nuevo gobierno de Rodrigo Chaves y que representa el gran reto con el cual tendrá que lidiar y resolver lo más pronto posible.

Con toda Seguridad Dictarán Cadena Perpetua para Ex Presidente de Honduras, Juan

Orlando Hernández

TEGUCIGALPA Y WASHINGTON D.C.-Se agarró al poder con todas las ansias, posiblemente porque sabía que si perdía la inmunidad presidencial, le iba a suceder exactamente lo que le sucedió; es decir, que la Agencia para el Control de Drogas norteamericana (DEA, por sus siglas en inglés), le atrapara y solicitara su extradición para juzgarlo por tráfico internacional de drogas en los Estados Unidos.

            Tanto el ex mandatario hondureño como los narcotraficantes “químicamente puros” (que se dedican únicamente al trasiego y venta de cocaína), saben con precisión que caer en una Corte estadounidense es quedarse en esa nación para siempre y en las penitenciarías más seguras del mundo, de donde es imposible escapar o comprar las voluntades de los alguaciles y alcaides. Es por esa causa que Juan Orlando Hernández (JOH), se aferró al poder en su país de origen, Honduras, y amañó los resultados de la última elección en la que participó y resultó vencedor, motivando el desaire de la población engañada que pidió hasta cansarse, la repetición de los comicios y la detención de Hernández, por evidente fraude.

            Además de evadir a las autoridades antidrogas de los Estados Unidos, JOH deseaba continuar con el lucrativo negocio de permitir el uso de Honduras de “bodega de almacenaje” de la cocaína colombiana y venezolana y el posterior embarque hacia México y a la Unión Americana. Pero la treta, el ardid, se le terminó cuando su segundo cuatrienio en el gobierno hondureño llegó a su final y fue reclamado por la justicia estadounidense en forma de extradición. Para colmo de males, quien llegó a la presidencia de este país centroamericano es una acérrima enemiga de Hernández, y se trata de la actual presidenta de extrema izquierda, Xiomara Castro de Zelaya, la esposa del ex presidente “Mel” Zelaya, quien fue bajado del poder mediante una asonada militar y tirado en pijamas en el aeropuerto internacional de Costa Rica. Esta mujer, sedienta de venganza, no dudó ni un ápice para entregar a JOH a la DEA.

Expedita extradición

            En estos momentos Juan Orlando Hernández se encuentra en los Estados Unidos a la espera de que un juez decida sobre su caso. El camino que tiene por delante será tortuoso, desgastante y con un final que nadie desea para sí. Tendrá que defenderse de una de las acusaciones más sórdidas de nuestro tiempo, cual es por supuesto tráfico internacional de drogas y posesión de armas. Recordemos que su hermano, Juan Antonio, fue sentenciado por un juzgado de Nueva York, por cargos idénticos, en el 2021.

            JOH arribó primeramente en un helicóptero militar de la Fuerza Aérea Hondureña, a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, de Tegucigalpa. Fue escoltado por el nuevo ministro de Seguridad, Ramón Sabillón. Iba encadenado en sus muñecas y pies y en ningún momento se le vedó a la prensa que sacara fotografías de ese fatal instante. Afuera del lugar, cercado con altas barreras que permiten ver hacia su interior, se congregaron decenas de hondureños, quienes portaban banderas nacionales y las hondeaban apoyando el proceso extraditorio. Su entrega a las autoridades estadounidenses fue rápida, expedita, sin mucho papeleo ni demora burocrática y dio la impresión de que las acusaciones en su contra son de tal magnitud, que era urgente quitarse de encima a este “pez gordo.”

            Una vez llegado a los Estados Unidos, el fiscal general de esta potencia mundial, Merrick Garland, explicó a la opinión pública: “Hernández abusó su posición como presidente de Honduras, para operar al país como un narco-Estado. Los cargos que anunciamos hoy, buscan responsabilizar a Juan Orlando Hernández por años de corrupción, años de violencia y años de narcotráfico.” Por su parte, Damian Williams, fiscal jefe del Distrito Sur de Nueva York, añadió: “La justicia estadounidense acusa a Hernández de tres cargos que habrían sido cometidos desde 2004 al 2022. Uno es por conspiración para importar una sustancia controlada, a los Estados Unidos, con el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a Estados Unidos. Además, se le acusa de traficar, distribuir y poseer, con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. Otro cargo es por usar o portar armas de fuego o ayudar a instigar el uso, el poder y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. (Estos últimos) serían en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de los que le acusa en el cargo uno.” Así también consta en un informe que la embajada estadounidense le envió a la Cancillería hondureña, el 14 de febrero anterior.

            Juan Orlando Hernández, presidente recién salido del gobierno de Honduras, también es acusado por aceptar millones de dólares en sobornos, para proteger a narcotraficantes de las investigaciones judiciales. Quienes conocen sobradamente las leyes de los Estados Unidos aducen que “el hombre ya está detrás de los barrotes de manera perpetua”, antes de ingresar a la sala de juzgados.

            Según hemos afirmado anteriormente, el 16 de marzo un juez ordenó la extradición expedita de JOH, quien apeló sin demora la decisión; pero el pasado 28 de marzo, la Corte Suprema de Honduras ratificó la orden de envío hacia los Estados Unidos de este político caído en desgracia.

Acusaciones para “re-fundirlo” en prisión

            Al leer el pliego de acusaciones contra el ex mandatario hondureño, no nos queda la menor duda de que será “una auténtica guerra sin cuartel” en los tribunales norteamericanos. Por ejemplo, se dice que recibió millones de dólares de los cárteles de la droga, incluso del líder narco Joaquín “el chapo” Guzmán, ex jefe del cártel mexicano de Sinaloa, quien, presuntamente, le dio al ex presidente la suma de US$1 millón. ¿La razón? Simple: el dinero fue para comprar la voluntad del ex mandatario y permitiera que los narcos pudieran operar libre e impunemente en territorio hondureño. De hecho, desde que JOH llegó al poder en esta nación centroamericana, el país se convirtió en una “enorme bodega” para almacenar” y trasegar posteriormente la droga llegada desde Colombia y Venezuela y cuyo destino final serían los Estados Unidos. Hernández comparecerá prontamente ante el juez Stewart D. Aaron.

            En específico, JOH está acusado de “participar y conspirar en una asociación ilícita violenta y corrupta de tráfico de drogas, que envió 500 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, entre el 2004 y el 2022.” Y añade el documento de la fiscalía: “Hernández utilizó el tráfico de drogas para enriquecerse, financiar su campaña política y cometer fraude electoral en los comicios presidenciales de 2013 y 2017. A cambio, protegió a traficantes de droga, entre ellos su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado (condenado en los Estados Unidos a cadena perpetua). Asimismo, JOH -como es conocido el ex presidente en su país-, abusó de su posición como presidente, para convertir al país en un narco-Estado, con el fin de enriquecerse y agradar su poder corruptamente, además de corromper a las Instituciones. Hernández convirtió a Honduras en uno de los mayores lugares de paso del mundo de la cocaína que llega a Estados Unidos, (y) desde 2004 hasta 2022, llegaron a Estados Unidos, procedentes de Honduras, en torno a 500 mil kilos de cocaína. Los traficantes pagaron sobornos a Hernández y a otros funcionarios, que coordinaron con los traficantes para transportar y distribuir estos grandes envíos de cocaína.” Asevera el pliego acusatorio de parte de la fiscalía.

            Por su lado, Ann Miller, de la DEA, aseguró que “este caso debería enviar un claro mensaje a todo líder extranjero que abusa corruptamente de su poder, para apoyar a los cárteles de la droga. Si creen que pueden esconderse detrás de su cargo, están equivocados.”

            Es vox populi la que dice que JOH podría ser sentenciado a cadena perpetua, en el tanto se demuestren  las acusaciones que pesan sobre él. “Sería para re-fundirlo en prisión,” indicó un ciudadano hondureño al conocer la noticia de que el ex mandatario había comparecido ante el fiscal general estadounidense. Recordemos también que otros hondureños, en los casos de su hermano “Tony” Hernández, en cadena perpetua; Fabio Lobo, hijo del ex mandatario Porfirio “Pepe” Lobo (2020-2014), fue condenado a 24 años de prisión por el mismo motivo; es decir, tráfico internacional de cocaína; y el ex jefe de la Policía Nacional hondureña, Juan Carlos “el tigre” Bonilla, también espera su extradición acusado de supervisar las operaciones de narcotráfico del ex presidente JOH.

            La versión familiar a favor de Hernández, dice que la extradición ratificada por 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ), “es una venganza de los narcotraficantes que él mismo extraditó o que obligó a huir a Estados Unidos.” Por su parte, el ex mandatario dijo que “mi detención es una trampa puesta por los capos de la droga que mi gobierno extraditó y que buscan acuerdos con la fiscalía estadounidense, para reducir las penas y en base a mentiras, acusar al ex presidente de cometer actos reñidos con la ley de ese país.” Seguidamente, la familia anunció que contrató a los abogados Raymond Colón y Daniel Pérez, en Nueva York, para adelantar la defensa de JOH.  

            “De hecho –afirmaron los familiares-, cuando fue presidente de Honduras, mostró resultados en la lucha contra el narcotráfico e hizo incautaciones de droga, que fueron elogiadas por Washington. Cuando fue reelegido presidente en 2017, Estados Unidos fue uno de los primeros en saludar su triunfo, a pesar de las acusaciones de fraude electoral en su contra.” Aseveraron.

            Según se perfilan los acontecimientos, el camino será descarnado, desesperanzador y la lucha será sin tregua entre la defensa del imputado y los tribunales estadounidenses; y la mayoría de los hondureños creen que “el hombre ya está perdido” y lo espera una celda blindada y sellada en una penitenciaría de máxima seguridad de los Estados Unidos. Recordemos que, en ocasiones, el veredicto popular es tan asertivo como el del mejor de los jueces.

Juan Orlando Hernández, Ex Presidente de Honduras, en la Mira de la Justicia de

los Estados Unidos

WASHINGTON, USA, y TEGUCIGALPA, Honduras-Él lo sabía, sus co-partidarios lo sabían, sus ministros lo sabían, la nueva presidenta de Honduras lo sabía, su esposo, “Mel” Zelaya, lo sabía; la justicia hondureña lo sabía y la mayoría del pueblo de esta nación también lo sabía… que el ahora ex mandatario Juan Orlando Hernández iba a ser sancionado por la Casa Blanca y prontamente será requerido por la justicia norteamericana, por su presunta participación (abierta y velada), con el narcotráfico nacional e internacional.

            Aquí, en este lapso de este reportaje, debemos recordar que el hermano del ex presidente, “Tony” Hernández, está preso, cumpliendo cadena perpetua, por sus comprobados nexos con el narco y el trasiego de droga hacia los mismos Estados Unidos; y en esta nación centroamericana creen que el próximo que va a ser entregado a la justicia estadounidense, por el nuevo gobierno de la comunista Xiomara Zelaya, va a ser precisamente Juan Orlando Hernández (JOH). En principio porque es enemigo del matrimonio Zelaya; en segundo término porque JOH cometió fraude en las elecciones trasanteriores y así logró mantenerse en el poder por cuatro años más; y en tercer término, porque sus relaciones con el narcotráfico han sido más que evidentes en estos ocho años de mala administración del poder en Honduras.

            En otras palabras, la enemistad que sostiene con la actual mandataria y su esposo, es proverbial, sumamente peligrosa para JOH y podría marcar el destino carcelario de este hombre que, en ningún modo, es querido en su país natal; es decir, los hondureños lo detestan, lo critican con acritud y no lo quieren cerca o viviendo dentro de sus fronteras.

Primera señal… el retiro de la visa

            No habían pasado 15 días de su abandono del poder, cuando la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa estaba avisando que el gobierno de Washington había tomado la decisión de revocar (o retirar), la visa al ex mandatario hondureño. La noticia fue fulminante para el ex presidente, pero era de esperar, según hemos explicado en las líneas anteriores.

            En un comunicado de prensa, la misma sede diplomática indicó que el hecho se debió a “las acciones corruptas y supuestos vínculos con el narcotráfico” de parte de J.O. Hernández. Además, fiscales de Nueva York aseguran que ha participado, junto a su hermano “Tony,” en el envío de 185 toneladas de drogas a los Estados Unidos en el pasado reciente.

            La señal ha sido puesta de manifiesto. Lo que muchos esperábamos que sucediera, ha sucedido sin dilación. Y la pregunta que deambula de boca en boca en las principales ciudades de Honduras es, ¿Qué seguirá después: la captura del ex mandatario o la petición de la DEA de su extradición al nuevo gobierno hondureño? Si se da lo segundo, Xiomara Zelaya lo ejecutaría de inmediato, en aras del odio que siente por Orlando Hernández y sería puesto en un avión militar estadounidense con destino a Nueva York para ser juzgado. Probablemente, en el transcurso del primer semestre de este nuevo año, la petitoria de extradición se dé y el ex presidente tendrá que tomar decisiones que le podrían salvar y que en los párrafos siguientes desglosaremos.

            Simultáneo al retiro de la visa, el Departamento de Estado norteamericano lo incluyó en la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos y así lo escribió el Secretario de Estado, Antony Blinken, en su cuenta de Twitter: “Estados Unidos está avanzando en la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica, al hacer públicas las restricciones de visa contra el ex mandatario de Honduras, a causa de acciones corruptas. Nadie está por encima de la ley.” De este texto, ponemos nuestro interés en la última oración gramatical que Blinken redactó: “Nadie está por encima de la ley,” una expresión que suena amenazante y que da pie a pensar que prontamente JOH será requerido por la justicia neoyorquina, en extradición. Y por ello le agregamos: “Nadie está por encima de la ley y ya está en trámite oficial la petitoria de extradición.”

            Las sospechas y los presuntos indicios que maneja la fiscalía de Nueva York son extremadamente serios y nunca para ser tomados a guasa o con ligereza por parte del ex mandatario, ya que el Departamento de Estado justifica la decisión de revocarle la visa, basado en “múltiples informes creíbles de los medios (de prensa), que apuntan a que Juan Orlando Hernández (quien gobernó Honduras entre el 27 de enero del 2014 y el 27 de enero del 2022), se ha involucrado en una corrupción significativa, al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas, para facilitar  campañas políticas.” Según reza el texto oficial emitido.

            Y “para remachar”, el mismo comunicado recuerda que Hernández fue identificado por un testigo, bajo juramento, durante un proceso federal en los mismos Estados Unidos, “por haber recibido ganancias del narcotráfico, como parte de la financiación de su campaña.” Igualmente, su nombre fue pronunciado reiteradamente durante el proceso que sufrió su hermano, que le condenó a cadena perpetua por tráfico de cocaína a gran escala, con rumbo a la Unión Americana. Concretamente, Juan Orlando Hernández, de acuerdo a las palabras de los fiscales en aquel caso, también participó en el envío de 185 toneladas de drogas y atentó, con ello, contra la salud pública de los ciudadanos estadounidenses. En otros términos: “El acusado Tony Hernández, era un congresista hondureño que, junto a su hermano Juan Orlando Hernández, desempeñó un papel de liderazgo en una conspiración de narcotráfico violenta y auspiciada por el Estado.” De acuerdo también con las pesquisas que salieron a flote durante el proceso de “Tony”.

            En otro aspecto de la situación, en el juicio que se le siguió al narco Geovanny Fuentes Ramírez, también en Nueva York, en marzo del 2021, el fiscal adjunto de esta ciudad, Jacob Gutwillig, manifestó que el ex presidente pactó una alianza con el cártel hondureño de “los cachiros”, para introducir miles de kilos de cocaína en los Estados Unidos, a cambio de coimas (beneficios) y protección a los narcotraficantes por medio de las fuerzas de seguridad y los distintos organismos policiales al servicio del Estado de Honduras. Incluso, el mismo delincuente, en colaboración con el gobierno estadounidense, aseguró a la fiscalía que “tengo evidencia, fotografías y vídeos, para mostrar cómo Juan Orlando estaba recibiendo cargamentos de cocaína, procedentes de Colombia, en los aeropuertos de San Pedro Sula y Tegucigalpa.”

Posibles rutas de escape

            Juan Orlando Hernández, mejor que ningún otro, sabe lo que le espera si los Estados Unidos piden su extradición. Sabe que la situación no es un juego y que, en el supuesto de que ponga un pie en la gran potencia del norte, esposado en pies y manos, igual que su hermano “Tony”, entrará en una prisión y no saldrá de ella más que para ser enterrado el día de su muerte. Por eso, baraja estas posibles rutas para escapar…

            Según las leyes centroamericanas, como presidente que fue de una de las naciones signatarias de los convenios de la región, le corresponde convertirse en diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), y ello le garantiza inmunidad, lo cual le podría defender en el caso de que la justicia le requiera o exija su detención (recordemos al ex presidente nicaragüense, Arnoldo Alemán, acusado de corrupción). En este punto específico, el gobierno estadounidense tendría que estudiar la manera para que, por medio del ejecutivo encabezado por la nueva presidenta, Xiomara Zelaya, le haga renunciar a dicho foro diputadil y proceder a su captura. Si esta posibilidad se efectuara, JOH tendría que pensar a cuál país escapar de inmediato. Una presión contra la dirigencia del PARLACEN, de parte de la Casa Blanca, también podría darse con el mismo propósito.

            Incluso, en sus últimos seis meses al frente del gobierno hondureño, estuvo de plácemes con la dictadura de Daniel Ortega, en Nicaragua: hizo concesiones políticas, le alabó públicamente, permitió que muchos nicaragüenses fueran vacunados contra el coronavirus chino dentro del territorio hondureño y se mostró como el amigo inesperado de Ortega, un aprecio que ni éste mismo esperaba. Todo hace suponer que estaba allanando y preparando el camino para una eventual huida hacia Nicaragua, como han hecho dos ex mandatarios salvadoreños, hoy protegidos por Ortega, y que, incluso, adquirieron la nacionalidad nicaragüense para asegurar su permanencia en el país y no ser extraditados.

            Recordemos que su actuación en el PARLACEN será por espacio de cuatro años y… ¿Después? En este caso, la justicia estadounidense ha demostrado tener una paciencia interminable, proverbial… y le podría capturar al cabo de ese tiempo, según ha sucedido en otros momentos y con otros delincuentes internacionales.

            Prosiguiendo con el tema de Nicaragua, los dos ex mandatarios salvadoreños, hoy refugiados en esa nación, eran de confesa ideología comunista y pertenecían al Frente Farabundo Martí, la antigua guerrilla marxista convertida posteriormente en partido político y que alcanzó el poder en El Salvador mediante los votos. Sin embargo JOH no es en absoluto comunista y se asegura en Honduras que podría pagar con dinero en efectivo la protección que Daniel Ortega le podría dar o que lo haría en aras de una sociedad que el mismo Ortega y Hernández sostuvieron en secreto, junto al narcotráfico colombiano, para almacenar y enviar la cocaína a los Estados Unidos. Hay firmes sospechas de que ambos gobernantes formaron esa dupleta delincuencial. Si así ocurrió, JOH tendría garantizado un lugar dentro de la sociedad nicaragüense en el caso de que escape de la justicia estadounidense.

            La situación actual de Juan Orlando Hernández, indica que nunca fue acusado formalmente y ante las declaraciones en su contra, de parte de narcos presos en los Estados Unidos, los achaca a venganzas de ellos por el combate frontal que les presentó durante sus dos períodos gubernamentales, y así se lo hizo saber al senador Bob Menéndez, líder del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, quien llamó a JOH “capo del narcotráfico”: “Los líderes de toda América Latina –escribió JOH en su cuenta de Twitter-, están plenamente conscientes del gran éxito de Honduras en la lucha contra las drogas bajo mi liderazgo. Por ello, Washington debería celebrar los éxitos y alentar a otros países a hacer lo mismo, dado que el éxito de Honduras fue generado por la Fiscalía General, la policía, el ejército, los tribunales y la inteligencia, trabajando en conjunto con la DEA, FBI, CIA y DHS, para llevar a cabo nuestra política de lucha contra los narcos.” Así se defendió el ex mandatario hondureño; pero la senadora de los Estados Unidos por California, Norma Torres, de origen guatemalteco, expresó lo que hemos desglosado en este reportaje y que se refiere al futuro del ex mandatario: “la retirada de la visa a Hernández es el primer paso, dado que luego vienen los cargos revelados en la Corte de Nueva York y después… la extradición. Considero fundamental que los Estados Unidos lo haga responsable para que el pueblo hondureño y todos los perjudicados por su administración, puedan comenzar el proceso de curación y cambio.”

            De esta manera, Juan Orlando Hernández tiene claro el panorama actual que se cierne sobre su vida y su libertad y le queda pensar en su “sendero de escape”, que podría llevarlo a Nicaragua, Cuba, América del Sur, Asia o África, donde el largo brazo de la justicia estadounidense no pueda alcanzarlo. Pero no quisiéramos estar en sus zapatos. Eso es definitivo.

Esposa de “el chapo” Guzmán a Tres

Años de Prisión

WASHINGTON, USA- Emma Coronel Aispuro, la esposa del narcotraficante mexicano “el chapo” Guzmán, preso a cadena perpetua en los Estados Unidos por el delito de trasiego de sustancias prohibidas, entre otros cargos más, fue condenada a tres años de prisión por cometer un grave delito contra los Estados Unidos, ya que “conspiró para distribuir 450 kilogramos o más de metanfetamina y 90,000 kilogramos o más de marihuana”, se puede leer en el documento emitido por el Departamento de Justicia de este país y según las palabras textuales del fiscal Anthony J. Nardozzi. El texto también explica que la indiciada participó en operaciones financieras ilegales, en las que el dinero en efectivo era “el fuerte” de los movimientos.

            Recordemos que esta mujer mexicana es la esposa de Joaquín “el chapo” Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa; se casaron en el 2007 y se convirtió en una de las mujeres más famosas de México; además, el padre de Emma Coronel siempre estuvo implicado en el tráfico de estupefacientes, de tal manera que ella creció en el submundo del narcotráfico, los asesinatos por encargo (sicariato) y las guerras entre cárteles, que son verdaderas sangrías en las que aparecen cadáveres por todas partes, ahí donde se enfrenten.

            Cuando “el chapo” Guzmán ingresó a la cárcel Supermax de Colorado, de la cual nunca nadie se ha escapado, la atención de las autoridades estadounidenses se fijó directamente en Emma Coronel y en sus movimientos, tanto en los Estados Unidos como en su natal México. La mujer despertaba demasiadas sospechas y el hecho de que fuera la consorte del peor narcotraficante del momento, la convertía en un objetivo al que se debía vigilar permanentemente. Es por esa razón que fue detenida en el aeropuerto internacional de Dulles, Washington, en febrero del 2021, el presente año. Además, durante el juicio a su esposo, la fiscalía estadounidense presentó documentos que evidenciaron que Emma Coronel transmitió las órdenes de “el chapo”, del 2012 al 2014, para que se efectuaran envíos de drogas, además de la ayuda que le prestó siempre para evadirse de las autoridades. Esto último ocurrió durante muchos años. Fue así como en junio pasado, Coronel se declaró culpable al verse “entre la espada y la pared” y aceptó que ha cometido delitos relacionados con el lavado de dinero, narcotráfico y transgresiones a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (o Ley Kingpin).

Algo así como la persona de confianza

            La mujer tenía que ser la persona de confianza de su marido y ese hecho la convertía en potencial sospechosa ante los ojos de los fiscales y autoridades de los Estados Unidos; además, a ella le encantan “los focos”, las cámaras fotográficas y de la televisión, así como las portadas de las revistas y periódicos, porque ella se considera a sí misma una reina de belleza y una “top model” cotizada. De ese modo, no era difícil seguirle el rastro, evidente en sus cuentas en las redes sociales más usadas, Instagram y Facebook.

            Cuando “el chapo” Guzmán fue capturado por tercera vez, tras haber huido de los penales mexicanos de Puente Grande, Jalisco, y del Altiplano, en México D.F., luego de haber sobornado a casi todas las autoridades en ambas penitenciarías, lo extraditaron a los Estados Unidos y Emma Coronel viajaba constantemente a este país, para estar presente en las sesiones del juicio que se le estaba siguiendo a su esposo. Nunca imaginó que la próxima a sentarse en el banquillo de los acusados iba a ser ella; sin embargo, al aceptar todos los cargos de la fiscalía, no solo evitó la vergüenza de ser procesada, sino que la sentencia que se le impuso fue realmente reducida. Su consorte, “el chapo” Guzmán, obtuvo cadena perpetua por narcotráfico, más 30 años de cárcel por violencia con armas (asesinatos), y 20 años más por lavado de dinero… es decir, para pudrirse en prisión.

            Al final, fue apresada, como hemos afirmado, y el juez Rudolph Contreras, de la Corte Federal de Washington, le impuso a Coronel una sentencia menor a los cuatro años que solicitaba la fiscalía, por su participación en el cártel de Sinaloa y porque el letrado reconoció que la acusada era una adolescente cuando contrajo matrimonio con “el chapo” Guzmán y por supuesto, porque admitió su culpabilidad luego de su arresto en febrero pasado. Emma Coronel manifestó ante el juez “mi más sincero arrepentimiento por cualquier daño que pude haber causado y me siento avergonzada. Hoy me duele mucho –continuó diciendo la indiciada en idioma español-, el sufrimiento que he causado a mi familia y le ruego, señor juez, que mis hijas (gemelas), no crezcan también sin su madre (al recordar que el papá de las niñas fue condenado a cadena perpetua y se les prohíbe a las pequeñas verlo en ningún momento).”

            Aparte de la sentencia anterior, el juez Contreras ordenó que Emma Coronel Aispuro, cumpla cuatro años de libertad supervisada, un año menos de lo que habían requerido los fiscales, así como el pago de US$1,5 millones. Naturalmente, los nueve meses que lleva en la actualidad tras los barrotes, se descontarán cuando su pena empiece a andar.

            El hecho de haber aceptado su culpabilidad, su complicidad en el negocio de tráfico de drogas que lideraba su marido en el cártel de Sinaloa, hizo que la justicia estadounidense viera su caso con otra óptica: más benévola, mayormente humanizada y de acuerdo a lo que señala el Código Procesal del país. Así, Emma Coronel se declaró culpable el 10 de junio pasado, por conspirar para distribuir drogas ilegales en los Estados Unidos, por conspirar para lavar dinero proveniente de la venta de los narcóticos y por haber participado en transacciones financieras con una organización narcotraficante.

            Cuando el juez dictó su sentencia, Coronel no manifestó absolutamente nada… tampoco tenía nada que decir acerca de lo que ha sido tan evidente: su actuación dentro del submundo de la cocaína y el crimen organizado, con sede en México.

Costa Rica.

Los 6 Alcaldes Corruptos fueron dejados en Libertad. “Festín” de Impunidad en la Corte Suprema de Justicia

SAN JOSÉ- El Organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ), la policía que pertenece al Poder Judicial, ha venido actuando con decoro y una eficacia inigualable en los anales de la historia criminal del país; es por esa eficiencia que ha descubierto engranajes, verdaderas marañas de corrupción, que han partido de la empresa privada y se han introducido en la médula del gobierno, tocando y pudriendo completamente todo a su paso. Empero, los verdaderos enemigos del OIJ no son los corruptos que ha descubierto, sino los jerarcas del mismo Poder Judicial, los fiscales y jueces, quienes, ineludiblemente, han tenido que dictar prisión preventiva para esos corruptos y, en su defecto, los han dejado libres, ante el estupor de la población costarricense que se manifiesta, en sus comentarios, golpeada moralmente y furiosa por el descrédito de las acciones de los jueces.

            Recordemos que en el llamado “caso cochinilla”, los dos dueños de las empresas constructoras, H. SOLÍS y MECO, fueron dejados en libertad por la decisión de una jueza bisoña, sin experiencia, jovencísima, de quien nos imaginamos la manera cómo escaló posiciones hasta llegar a ese puesto, con tan pocos años de edad. Fue la presión de la prensa y del ciudadano común, lo que hizo que otro juez, esta vez experimentado y cabal, determinara cárcel para ambos corruptos, Mélida Solís y Carlos Cerdas, dos hampones que se hicieron multimillonarios, gracias a las prácticas corruptas, en contubernio con burócratas de la empresa Estatal, CONAVI.

            Pero, si los jueces hubiesen actuado conforme al placer y al gusto de la Corte Suprema de Justicia, ambos delincuentes estarían gozando, en estos momentos, de plena libertad y rodeados de los lujos que la corrupción practicada les ha dado. Algo inconcebible e imposible de razonar por una mente centrada y cuerda, sobre lo que sucede con la presunta “justicia” de Costa Rica. En otras palabras, aquella máxima tan trillada de que “nadie está por encima de la ley” se cumple en ínfima medida en Costa Rica, porque los que sufren los embates de las decisiones judiciales, son los delincuentes comunes; pero “los peces gordos” suelen seguir nadando en su inmundicia, precisamente porque la impunidad les ampara. Solo ellos pueden mantenerse “por encima de la ley”, semejantes a “dioses mitológicos” o seres intocables.

El “caso diamante”

            Repetimos: el OIJ es una policía extraordinariamente eficiente, parecida a la estadounidense u otros cuerpos policiales de Europa. De ahí que, en el segundo semestre del presente año (2021), ha desarticulado y puesto en evidencia a los corruptos y corruptores en tres casos delincuenciales distintos; a saber, el “caso cochinilla”, en el que dos constructoras compraban consciencias por medio de dádivas, coimas y sobornos a los empleados gubernamentales, a cambio de ganar licitaciones millonarias; “el caso azteca”, cuando dos narcotraficantes, uno mexicano y el otro colombiano, compraron también consciencias de varios empleados de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con la finalidad de lavar millonarias cantidades de dinero, producto de la venta de la cocaína; y, recientemente, “el caso diamante”, en el que la empresa constructora MECO y la empresa Explotec, corrompieron (todavía más de lo que ya estaban) a seis alcaldes de los municipios de San José (la Capital del país), Escazú, Cartago, Alajuela, Siquirres, San Carlos, Osa y Golfito. El OIJ allanó esas oficinas, más el Despacho del Ministerio de Obras Públicas y Transportes/Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De hecho, los allanamientos de la policía judicial se llevaron a cabo en 80 estructuras diferentes a lo largo y ancho de Costa Rica.

            Los alcaldes detenidos –y que durmieron en celdas del Segundo Circuito Judicial, sita en Guadalupe de Goicoechea-, fueron: Johnny Araya Monge, de San José; Mario Redondo, de Cartago; Alberto Cole de León, de Osa, sur de Costa Rica; Humberto Soto, de Alajuela; Alfredo Córdova, de San Carlos, región norte del país; y Arnoldo Barahona, de Escazú, un cantón ubicado al oeste de la ciudad Capital. Sin embargo, ante el estupor de los ciudadanos, el fiscal Glen Calvo, a cargo de este desaguisado, no pidió prisión preventiva para ninguno de ellos y solo solicitó medidas cautelares como la entrega de los pasaportes para evitar fugas internacionales, no acercarse a los edificios municipales y ser apartados de sus puestos laborales; y ante la furia de la población costarricense, no pidió que fueran expulsados de esas alcaldías, que les quitaran sus salarios millonarios mensuales (Johnny Araya gana más que el alcalde de Madrid, España, y mucho más que el presidente de la República de Costa Rica, con un salario nominal de 8,589,676 colones -moneda nacional-, un tema que trataremos en otro reportaje), y tampoco exigió que permanecieran detrás de los barrotes de las celdas. Es así como todos esos funcionarios municipales descubiertos y puestos en evidencia por las investigaciones del OIJ, quedaron libres a pesar de que los hechos y las pruebas recabadas los señalan con toda claridad a ellos, por sus prácticas reñidas con la honestidad que siempre debe tener el empleado Estatal.

¿En esencia, qué es el “caso diamante”?

            Otra vez la empresa constructora de carreteras MECO, está en “el ojo del huracán” como la gran corruptora en este nuevo episodio delictivo, de la realidad costarricense. En concreto, su dueño, Carlos Cerdas, ayudado por el subalterno de apellido Gutiérrez, quien actuaba de enlace con los funcionarios municipales (con los alcaldes y otros), entregaban dádivas (regalos, invitaciones a desayunar, almorzar, cenar, automóviles, viajes al exterior, etc.) y sobornos, para que, en las oficinas de los municipios, agilizaran la entrega de facturas a nombre de la constructora, permitieran que MECO ganara las licitaciones para levantar obras públicas (casas, edificios, puentes, calzadas, carreteras, etc.), por encima de otras empresas concursantes.

            Además de la detención de los seis alcaldes mencionados, fueron puestos en prisión estos funcionarios de los municipios: Boraschi González (Escazú); Chacón Ugalde (Alajuela); Suárez Vásquez y Mayorga Mayorga (Golfito); Castro Camacho (San José); Gutiérrez Vargas (de MECO); y Cruz Porras (de la empresa Explotec). Lo anterior después de haber allanado, por parte de la policía judicial, plantas de asfalto ubicadas en La Uruca, Guápiles, Aguas Zarcas y Río Claro, al norte y Este del país. En total, se investigan 15 proyectos de construcción de infraestructura vial, conservación vial y obras públicas relacionadas con parques, carreteras, calles, aceras y desagües, en las municipalidades señaladas. Las investigaciones a cargo del OIJ partieron desde el año 2019 y salieron a la luz en este mes de noviembre del 2021.

            Según versión oficial dada a la prensa por el fiscal de este caso, Glen Calvo, señala que “hay una estructura definida donde, supuestamente, los empleados de MECO hablaban directamente con los alcaldes y funcionarios municipales y así lograban los objetivos: licitaciones y pagos adelantados. La estructura era un enlace entre la empresa, los alcaldes y los funcionarios.” Así, dicho textualmente por el representante de la fiscalía. Por su parte, el director del OIJ, Walter Espinoza, explicó que “el grupo MECO hacía acuerdos con los funcionarios públicos; las municipalidades trabajaban como enclaves separados y no había vínculos entre una municipalidad y otra. El punto céntrico es la empresa MECO.” En lo que atañe al enlace, el individuo de apellido Gutiérrez, empleado de la empresa constructora (y corruptora), éste desviaba dinero, consumaba hechos irregulares, hacía incumplir con sus deberes a los funcionarios municipales y hubo cohecho y tráfico de influencias. El OIJ tiene en su poder grabaciones telefónicas, logradas gracias a las intervenciones de las conversaciones entre los actores delincuenciales y que, eventualmente –si es que se efectúa el juicio-, servirán como prueba testimonial del caso.

            Algunos aspectos que llaman la atención en este tema particular, son los siguientes:

1.      La policía judicial se abstuvo de violentar la puerta de la mansión del alcalde de San José, Johnny Araya, quien los esperaba vestido, a tempranas horas de la mañana, y salió personalmente cuando le tocaron normal y correctamente su puerta. Se infiere que alguien, de la fiscalía, le avisó previamente que iban a por él.

2.      El mismo alcalde salió con las manos hacia adelante, por la cochera de su casa, semejando que llevaba esposas en sus muñecas; pero corre el rumor de que no era así, que no iba esposado, pues una jacket no permitía ver los hierros que supuestamente le fueron colocados en sus antebrazos.

3.      Los demás alcaldes detenidos por el OIJ, iban evidentemente esposados y con las manos en las espaldas. Araya Monge hacia adelante. Además, a este alcalde de San José le acompañaba solamente un oficial de la policía, quien caminaba a su izquierda, sin ponerle ninguna mano encima; por el contrario, a los otros funcionarios les resguardaban cuatro y hasta cinco oficiales.

4.                      El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, envió un mensaje a Araya, antes de que compareciera en un juicio anterior, en el que le decía que anhelaba que saliera bien de aquella situación. Un hecho que ha sido muy comentado en todo el país, porque no debió darse, mucho menos de tal jerarca a favor de tal indiciado. Hay quienes creen que el mismo presidente de la Corte influyó para que les dieran la libertad a los seis alcaldes al final, preferentemente a su amigo Johnny Araya.

        Y, según sucede siempre en estas circunstancias, los alcaldes, al salir libres de la prisión, al norte de San José, aprovecharon la presencia de los periodistas para asegurar categóricamente: “¡Soy inocente, voy a demostrar que no he cometido ningún ilícito!” Araya, incluso, dejó ver algunas lágrimas en sus ojos, por encima de su tapabocas anti-covid chino.

Someterán a Juicio Político a Presidente

de Chile, Sebastián Piñera

SANTIAGO DE CHILE- A raíz del descubrimiento del supuesto mal proceder de este mandatario en los “Papeles de Pandora” (esto es, en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes), al cerrar la venta irregular de un proyecto minero durante su primer mandato (del 2010 al 2014), 78 diputados chilenos, contra 67 y tres abstenciones, aprobaron llevar a juicio a Sebastián Piñera. Contra él se presentará una acusación de casi 300 páginas y le corresponderá al Senado realizar dicho proceso, aunque tiene una carrera contra el tiempo, porque la actual gestión presidencial de Piñera terminará en marzo próximo y este 31 de noviembre venidero, se celebrarán elecciones generales a nivel nacional, para elegir al nuevo presidente de la República y a los nuevos congresistas.

            De tal manera, la destitución, en el tanto proceda su realización, solo sería un hecho simbólico y la reputación de Sebastián Piñera quedará manchada al ser el primer jefe de gobierno en este país, que sufre un juicio político.

Fortuna impresionante

            El señor Piñera, según publicaciones de la revista Forbes, es dueño de una fortuna estimada en € 3 mil millones y es considerado uno de los hombres más acaudalados de Chile y del Cono Sur americano. La acusación que se le endilga al mandatario tiene que ver con la presunta “negociación incompatible” y el “uso de información privilegiada”, al haber utilizado su posición de presidente de la nación para favorecer sus negocios personales y particulares, en este caso específico el negocio en el que involucró a dos de sus hijos y a su mejor amigo, Carlos Délano, quienes actuaron en su representación, y se traspasaron la mina llamada Dominga, por un monto de US$160 millones. Hasta aquí todo parecía transcurrir dentro de un cause “normal”; pero lo engorroso apareció cuando dichos movimientos no se hicieron en el propio Chile y ante la vista de los ciudadanos y partidos políticos, sino que aconteció en las Islas Vírgenes, un paraíso fiscal por antonomasia.

            Además, el contrato dejó pendiente el pago de US$9 millones, supeditado a que el lugar donde se ubica la mina, no fuera declarado “protección medioambiental” por el gobierno que presidía el mismo Piñera en aquel momento. Lógicamente, el entonces mandatario procedió a declarar el sitio “no protegido”, lo cual facilitó las cosas desde todo punto de vista. Aquí radica el quid del asunto, de la acusación en contra de Sebastián Piñera.

            Es la segunda oportunidad que se pone a este jefe de Estado en “la cuerda floja” al ser acusado constitucionalmente; la primera fue después del estallido social del 2019, cuando se le señaló como un violador de los derechos humanos; sin embargo, en aquel momento los votos no alcanzaron para elevar a proceso judicial su caso. En esta segunda ocasión –que tiene exultantes de la felicidad a los diputados de la izquierda chilena-, se le acusa de faltar a la probidad y de “comprometer gravemente el honor de la nación.”

            Si repasamos, la venta de la compañía minera Dominga, por parte de una empresa de los hijos de Piñera, fue realizada en las Islas Vírgenes –que pertenecen al Reino Unido-, a un íntimo amigo de la familia presidencial. Esta operación se produjo nueve meses después de que Sebastián Piñera asumiera el cargo de su primer mandato en el gobierno chileno, en el 2010. En su defensa, el mandatario ha dicho que se desvinculó en el 2009 de sus negocios, a través de fideicomisos ciegos y por lo revelado en los Papeles de Pandora,  fue sobreseído en el 2017.

            El tiempo corre en contra del Senado y a favor de Piñera, quien podría terminar tranquilamente su gestión presidencial en marzo del 2022; pero, si se efectuara la destitución del presidente, el ministro del Interior asumiría su lugar en un interinato de 10 días y el Congreso elegiría entre sus miembros a un hombre o una mujer, para que asuma la presidencia del país.

La Captura de “Otoniel,” el Símbolo del Narcotráfico Actual en Colombia

NUDO DEL PARAMILLO, Andes colombianos-En las décadas de los 80 y 90, el máximo representante de la maldad, del narco o la exportación de la cocaína hacia Europa y los Estados Unidos, del sicariato, la vendetta (venganza sangrienta) y de los demás males que acusaba este país, sin duda alguna era Pablo Escobar Gaviria, dado de baja el 2 de diciembre de 1993, en la ciudad de Medellín.

            Después de su asesinato, a manos de la policía, el país entró en una especie de “modorra”, de letargo, igual a aquella inmensa serpiente que decidió dormirse después de haber causado tantas muertes en las dos décadas anteriores. Ciertamente, aparecieron otros capos que tomaron el lugar dejado por Escobar, pero tuvieron la inteligencia de actuar con bajo perfil y llenarse los bolsillos de dinero, antes que adquirir esa fama engañosa que condujo a Pablo Escobar a la persecución policial y a su muerte final.

            Pero, de ningún modo, Colombia y su pueblo entraron en una significativa y deseada paz nacional. Todo lo contrario. Solo los periódicos y telediarios dejaron de escribir y presentar imágenes intensas de los nuevos narcotraficantes, quizás cansados, agobiados, de tanta publicidad que le dieron a Escobar y sus delincuentes, quienes se fueron entregando uno a uno a las autoridades. Y el conflicto lo siguió marcando la guerrilla izquierdista de las FARC, que matizó sus actividades armadas con la exportación de cocaína también; es decir, se convirtió en “narco-guerrilla.” Más todavía cuando la Unión Soviética vio sobre sí el desplome de su sistema y ya no ayudó más con armas y dinero a los movimientos insurgentes latinoamericanos, dejando de lado también a la dictadura de Fidel Castro. Lógicamente, las FARC colombianas necesitaban subsistir de alguna manera, hacer el dinero que los soviéticos ya no enviaban y la mejor manera que encontraron fue exportando la droga, lo mismo que los cárteles conocidos hasta ese instante.

“Otoniel” es la nueva cara del lumpen colombiano

            Este delincuente que ha sido aprehendido por las autoridades, era tan importante para la DEA estadounidense, que ofreció por su cabeza US$5 millones… No en balde era el líder del famoso Clan del Golfo; incluso, el gobierno de Colombia creó un grupo élite del ejército para capturarle a él, en forma exclusiva.

            ¿Pero qué se sabe de este individuo de horrenda presencia personal e historial criminal impresionante y doliente? Se sabe que su madre era una devota seguidora de Cristo, en una Iglesia Pentecostal de su localidad, en el municipio de Chigorodó, en el Departamento de Antioquia. Falleció de un paro cardíaco en el 2020, con la gran preocupación de que al séptimo de sus nueve hijos terminara acribillado a “plomazos” por parte de las autoridades. Incluso, ella misma confesó que oraba al Creador, para que la policía capturara prontamente a su hijo, pues temía que fuera acribillado a balazos, con base en el abultado precio que los norteamericanos pusieron a su vida. La señora, a todas luces “un alma de Dios”, se llamaba Ana Celsa David, y deseaba que su hijo, cuyo verdadero nombre es Dairo Antonio Úsuga David, ingresara a la cárcel, porque era más seguro que estuviera en sitio así, resguardado por el ejército o la policía y tendría tiempo para arrepentirse “e irse al cielo”, confesó a una periodista española, la sufriente madre del narco. “Es que, cuando uno se arrepiente, vive pegado a Dios,” señaló la señora.

            Lo describió como un niño tímido cuando cursaba el colegio; pero a los 18 años dio un giro inesperado al unirse al Ejército de Liberación Nacional (EPL), el grupo armado que por aquellas épocas controlaba a Nueva Antioquia. “No era revolucionario, era lo que había y se fue con ellos,” relató una madre notablemente triste y compungida cuando recordó aquel pasaje de la vida de su hijo. “Siempre reproché sus malos pasos,” remató en su monólogo.

            “Cuando el EPL se desmovilizó en 1991, ‘Otoniel’ saltó a las FARC; y poco tiempo después se sumó a las Autodefensas de Córdoba y Urabá, de los hermanos Castaño, acérrimos enemigos de las guerrillas. Tampoco aceptó entregar las armas de los llamados paramilitares y en el 2008, se unió a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o los Urabeños.” Contó la progenitora y añadió que el líder de aquel grupo, Daniel Rondón, alias “Don Mario” fue capturado y le correspondió a su hijo, “Otoniel,” liderar la banda y la hizo más fuerte, hasta convertirla en el grupo narco y criminal más poderoso del país.

            Quienes lo conocieron, lo describen como un hombre desconfiado, despiadado y que nunca usaba teléfonos celulares o cualquier otro aparato electrónico para comunicarse con sus subalternos… lo hacía mediante correos humanos. Antes de ser aprehendido, se habían dictado 168 órdenes de captura por causa de sus reiterados crímenes, catalogados de “atroces” y propios de un salvajismo sin comparación alguna. Tal era la fama adquirida y lo que se comentaba acerca de él, que el gobierno colombiano ordenó la creación de un grupo élite, compuesto por 1000 hombres en un principio; pero que triplicó ese número y cuya única función era la de capturarle y llevarle a prisión, tal y como se ha hecho hace pocos días.

            Entre sus excesos delictivos, se le achaca el asesinato de más de 200 oficiales de la policía; además, se le conocía en la región por buscar niñas (y varoncitos) de 12, 13 y 14 años, para quitarles la virginidad. Se sabe también que intimidaba y extorsionaba a las familias, con tal de que les entregaran a sus hijas (e hijos), para sus prácticas degeneradas. Era un pederasta (pedófilo) en el amplio sentido del término. “Fue un abusador recurrente de jovencitos”, según descripción hecha por el propio presidente de la República, Iván Duque.

            Por otra parte, el Clan del Golfo está responsabilizado por enviar toneladas de cocaína a los Estados Unidos, según hemos reseñado anteriormente; y de montar una red criminal que se dedicaba a cobrar extorsiones a empresarios y comerciantes de la región de Urabá, fronteriza con Panamá, y en la zona del Caribe colombiano.

            Junto a él –para mayor sufrimiento de su madre-, su hermano Juan de Dios, alias “Giovanni”, le acompañó en la mayoría de sus aventuras guerrilleras y con la exportación ilegal de la droga, hasta convertirse en “la mano derecha” de “Otoniel.” Ambos constituyeron una pareja de narcos y criminales, que sembraron el terror en toda Colombia; pero, desgraciadamente para esta familia y muy especialmente para la mamá, doña Ana Celda, a Juan de Dios lo dieron de baja en el 2012, durante un enfrentamiento a balazos con la policía.

La temida extradición

            Cuando los personeros de la embajada de los Estados Unidos en Bogotá, supieron la noticia de la captura de “Otoniel”, el mismo que ha exportado miles de miles de alijos portando droga hacia el territorio estadounidense, reportaron el hecho a Washington, y, de inmediato, la Casa Blanca expresó su deseo de que el narco sea extraditado para ser enjuiciado y encerrado en una de las famosas prisiones norteamericanas.

            Sin embargo, los conocedores de la realidad colombiana insisten en afirmar que la extradición no será realizada como lo quieren los “gringos”; es decir, con toda celeridad; porque lo que desea la Corte Suprema de Colombia es que el delincuente confiese nombres, fechas, datos innumerables acerca de su actividad criminal y señale directamente a policías, militares, jueces, fiscales y autoridades regionales, que han estado involucradas con el narcotráfico y los asesinatos “por contrato” que propició “Otoniel” o en las que participó directamente. “Hay mucha gente (del gobierno), nerviosa en estos momentos, con la captura del capo,” indicó un alto funcionario judicial. “Hay mucha corrupción (institucional), que podría destapar con sus confesiones,” añadió.

            A “Otoniel” le aprehendieron en el Nudo del Paramillo, entre los cerros Yoki y el Azul, una serranía selvática, agreste, impenetrable y de terreno quebrado. Las mismas Fuerzas Especiales que le andaban pisando los talones, consideran a esta zona “un auténtico infierno,” imposible de penetrar si no se está habituado a las características del lugar. El delincuente llevaba seis años en franca huida de las autoridades y no pasaba dos o tres noches seguidas en un mismo sitio, tal era la zozobra en la que vivía. Un grupo de guardaespaldas, armados hasta los dientes, era el que le daba protección; no obstante, el sábado, cuando le pillaron, estaba completamente solo, sin sus escoltas y había pasado la noche a cielo abierto y en medio del frío de la selva.

            La operación para apresarle vio el visto bueno del Alto Mando colombiano, el 15 de octubre pasado, y, por medio del satélite, habían encontrado el sitio donde se escondía; y el viernes anterior a su captura, 22 helicópteros del ejército transportaron a 500 efectivos de las Fuerzas Especiales y de la Infantería de Marina. Establecieron ocho anillos de seguridad alrededor del punto donde se hallaba “Otoniel” y le cerraron todas las posibles rutas de escape. Hasta antes de su captura, el gobierno de Colombia había ofrecido por su cabeza, 3,000 millones de pesos (unos US$800 mil); mientras que el gobierno estadounidense lo tenía en la “Lista Clinton”, donde están inscritos los más peligrosos narcotraficantes y blanqueadores de dinero del mundo.

            Vale la pena enfatizar que muchos de sus hombres fueron abatidos o capturados por la policía y el ejército colombiano desde el 2015, año cuando se intensificó su búsqueda en Urabá, en las dos fases de la “Operación Agamenón”, que también permitió incautar toneladas de cocaína, lista para ser enviada al exterior. Estos reveses para el narco, representaron pérdidas fantásticas de las que nunca pudo reponerse moral ni económicamente. A este capo le seguían unos 1,600 hombres que formaban al famoso Clan del Golfo, y tenían presencia en casi 300 municipios de Colombia. Así según datos estadísticos elaborados por el centro de estudios independiente INDEPAZ.

            Una vez en poder de las autoridades, el gobierno de Iván Duque sabe que tiene entre las manos “una brasa ardiendo” con este delincuente que es sumamente peligroso y no quiere jugarse ningún riesgo con un criminal que tiene sobre sí, seis condenas en firme y más de 100 causas pendientes, tanto en Colombia como en los Estados Unidos. Por ello, ante su peligrosidad, se trabaja en la extradición hacia los Estados Unidos, según informó el Ministro de Defensa, Diego Molano.

            De inmediato, cuando la noticia de su captura llegó a los oídos de sus hombres, procedieron a ejecutar la venganza y asesinaron a cuatro militares y dejaron tres heridos, en dos ataques al Ejército, en Antioquia. Un parte policial indica que, en la vereda Caracolí, del municipio de Turbo, fueron atacadas unidades motorizadas con explosivos y ráfagas de fusil; y en la vereda La Francia, de Ituango, fue hostigada una unidad militar por parte del mismo grupo de seguidores de “Otoniel.”

            Para finalizar, se cree que Wilmer Antonio Quiroz, alias “Siopas”; y Yobanis Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, podrían ser los sustitutos de “Otoniel”, aunque con mayores posibilidades Ávila, porque siempre fue el segundo en la pirámide de mando del Clan del Golfo. El presidente de Colombia, Iván Duque, mostrando un orgullo y optimismo bien fundados por la aprehensión del capo, señaló que este golpe “es el más importante del siglo actual, supone ser el final del Clan del Golfo”; pero los expertos colombianos no lo consideran así, ya que el narco capturado dejó listo a su sucesor y éste tiene la capacidad para seguir con la actividad criminal por varios años más, hasta que se le dé muerte o se le aprese también.

            Una crónica aparecida en el diario español El Mundo, se refiere así a Yobanis Ávila: “Al igual que ‘Otoniel’, procede de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero él del Bloque Bananero, que siempre tuvo gran incidencia en la región de Urabá, la zona que le asignaron y donde se mueve a sus anchas. Responsable del tráfico de cocaína y de planear atentados contra la fuerza pública, tanto él como ‘Siopas’, que fue guerrillero de las FARC y ahora intenta ampliar sus dominios en el Pacífico, cuentan con la suficiente experiencia para continuar el negocio y exportar el polvo blanco a medio mundo, España incluida.

            “Las ACG tienen una estructura federara y este diario, que las ha conocido en diferentes municipios, considera poco probable que se cumpla la predicción de Iván Duque, de que el apresamiento de ‘Otoniel’ suponía el fin de la banda mafiosa. Cuentan con unos 3,800 integrantes, según las Fuerzas Militares, casi el mismo número de miembros que les han detenido o han muerto desde su presentación en sociedad, y siempre aparecen nuevas cabezas.

            “Viven muy bien de la minería ilegal de oro, el narcotráfico y las extorsiones a comerciantes y ganaderos, poseen enorme capacidad de corromper autoridades o amedrentarlas, y nunca se atisba la menor intención de abandonarlo todo y dejar que las guerrillas ocupen su lugar.” Afirma el cronista enviado especialmente a Colombia.

            De tal manera, la mayoría de los colombianos creen que cantar eufóricos la victoria final, además de precipitado, es irreal y peligroso y se debe dar tiempo al tiempo para que se despeje lo que sobrevendrá en relación con los narcotraficantes. Sin duda, su captura ha sido extraordinaria, casi del mismo talante que la de Pablo Escobar Gaviria en su momento, pero todavía no se puede poner un punto final a esta cruenta y sangrienta historia.

La Dimisión del Canciller de Austria, Empujado por Sórdidos Casos de Corrupción

VIENA, Austria- Sebastian Kurz, con 35 años de edad, considerado y apodado en su país “el joven prodigio de la Cancillería,” ha tenido que renunciar a su alto cargo, tras una serie de acusaciones que se le endilgaron por supuestos actos corruptos dentro de su gestión gubernamental.

            Su puesto fue ocupado de inmediato por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Alexander Schallenberg, y el resto de sus ministros continuaron al frente de sus carteras, sin cambio alguno. A pesar de la amarga situación, Kurz recibió el apoyo de los correligionarios de su partido, el Popular Austríaco (ÖVP), no así del socio minoritario de la coalición, Los Verdes, quienes le retiraron el apoyo automáticamente, al enterarse de las anomalías que, supuestamente, había cometido Sebastian Kurz. Incluso, convocaron al pleno extraordinario del parlamento, para votar una moción de censura contra el hoy ex canciller.

            En todo caso, sus amigos cerraron filas a su alrededor y defendieron su presunta inocencia, con respecto a las acusaciones de corrupción. Una vez presentada su renuncia, Kurz dijo a los periodistas en rueda de prensa: “Mi país es más importante para mí, que yo. Quiero dejar espacio (con la dimisión), para evitar el caos y garantizar la estabilidad. Ha habido cargos criminales en mi contra en los últimos días. Están equivocados. Lo podré aclarar, estoy profundamente convencido de ello. Sería bueno si la presunción de inocencia también se aplica aquí. Escribí mensajes en el calor del momento, que no reformularía ahora; solo soy una persona con errores.” Manifestó el canciller saliente, además de dar una sentida disculpa a los electores y al pueblo de Austria en general. Añadió que su salida del gobierno era para terminar con la crisis de gobierno y la situación de estancamiento institucional y añadió que su sucesor en el cargo, Schallenberg, tiene “muchas habilidades diplomáticas que se necesitan en este preciso momento.”

¿De qué se le acusa?

            Según lo que ha trascendido a los medios de prensa y de estos al gran público votante, Sebastian Kurz, junto a otros nueve sospechosos de su partido y tres organizaciones, usaron dinero del Estado, que originalmente estaba destinado a la compra de espacios publicitarios en el periódico Österreich (Austria), a cambio de que fueran publicadas informaciones favorables a su gestión gubernamental. Cuando, supuestamente, se dio el hecho, Kurz ocupaba el cargo de ministro de Exteriores austríaco, y aún hoy en día, no ha sido presentada ninguna acusación formal en su contra; aunque la Fiscalía Económica y de Corrupción (WKSTA, por sus siglas en alemán), afirma que cuenta con indicios firmes y reveladores de abuso de confianza, soborno y corrupción en contra del político, quien sigue insistiendo en su inocencia.

            En favor suyo, el gobernador de Estiria, Hermann Schützenhöfer, indicó que sentía respeto por Kurz, en parte porque “fue un excelente Canciller Federal de Austria. La exitosa lucha contra la epidemia, la recuperación económica y su enfoque en la investigación, siguen siendo sus méritos particulares. Su decisión personal de despejar el camino al frente del gobierno federal, me ha ganado un gran respeto.” Opinó su colega político.

            Lo cierto es que las acusaciones de corrupción le afectan directamente, porque, presuntamente, desviaron los fondos Estatales para publicar encuestas amañadas y pagar campañas favorables a su trabajo, en medios de comunicación, específicamente en periódicos, radioss. Cuando la “tormenta” se desató en su contra, Kurz intentó desaforadamente de convencer a sus socios de otros partidos y a sus correligionarios, para que tuvieran paciencia, porque las investigaciones le iban a dejar fuera del error implícito en las acusaciones. Pero Los Verdes no cedieron y pidieron su dimisión en el acto, sin devaneos ni demora alguna.

Quedará una gran “cicatriz”

            Ciertamente Kurz no renunció a su puesto dentro del Partido Popular Austríaco (ÖVP), y podría retornar al gobierno con el paso de los años y cuando “las aguas turbulentas se hayan aquietado del todo”; pero el electorado es posible que no olvide “sus andanzas,” en principio porque está dentro de un proceso sin precedentes en Austria y los indicios de delito que la fiscalía tiene en sus manos, son tan poderosos que “la bomba” que la justicia dejó caer, ha hecho estallar al gobierno. Básicamente se acusa a Kurz y a su equipo más cercano dentro del Partido Popular, por utilizar métodos criminales para llegar al poder, apoyándose en editoriales y sondeos de opinión “maquillados o embellecidos” y que no obedecen a la realidad establecida por las opiniones verdaderas de los votantes.

            Junto a Sebastian Kurz participaron también las ex ministras de la Familia, Sophie Karmasin y Sabine Beinschab; lo mismo que los controversiales hermanos Helmut y Wolfgang Fellner, acusado este último, a su vez, de acoso sexual, de parte de varios ex colaboradores suyos en la empresa “Media Group Austria.” Además, el diario gratuito Österreich, el canal de televisión o224.tv, varias revistas económicas y para la mujer, junto a una red de emisoras de radio, pertenecen a estos dos hermanos y le dan forma al mayor grupo de comunicación del país, pero con la peor reputación también, debido al sesgo sensacionalista de cada una de sus publicaciones. Y a ellos confió Kurz la difusión de las informaciones falsas que hoy le han hecho caer del gobierno.

            En otro semblante de la crisis, la fiscalía realizó registros en las oficinas del Partido Popular austríaco, en la sede de la Cancillería nacional, en el Ministerio de Finanzas, en las casas particulares de colaboradores del ex Canciller y en la sede de la empresa de comunicación que hemos citado anteriormente. La policía judicial buscó correos electrónicos enviados desde el 2016, soportes de datos, servidores, teléfonos celulares y toda fuente que sirviera para fortalecer el caso contra Kurz y sus allegados. Ante esta situación, el político investigado ha dicho que, con toda seguridad, la policía sacará de su contexto los chats que él envió y otros mensajes, para tergiversar la verdad y fortalecer la acusación cuando ésta se produzca.

            El comunicado que hizo público el Partido Popular al que pertenece Kurz, dice lo siguiente: “Después de las falsas acusaciones que ya se han hecho contra Sebastian Kurz, Josef Pröll, Gernot Blümel, Hartwig Löger y Bernhard Bonelli y otros (…), y que han resultado ser infundadas, ahora se están construyendo más acusaciones sobre hechos que fueron en parte, hace cinco años. Siempre sucede con el mismo objetivo y sistema: dañar masivamente al Partido Popular y a Sebastian Kurz.”

            Más específico aún, en la plataforma en internet llamada Zackzack, dirigida por el ex líder verde y ex miembro del Consejo Nacional, Peter Pilz, se deja leer que “el canciller se compró el ascenso al poder con sobornos a una empresa de medios austríaca (de los hermanos Fellner). La relación (entre ambos), comenzó en abril del 2016, cuando, ya como ministro de Asuntos Exteriores, Kurz miraba con ambición a la Cancillería. La fiscalía sospecha que el joven ministro se aseguró, previo pago, editoriales a su favor, comentarios que apoyaban con encuestas trucadas por el ÖVP.” Puntualiza la crónica y lo cierto es que la información que la policía tiene en su poder, indica que “los acuerdos de cooperación publicitaria y mediática, tienen un volumen total que ronda los €1,3 millones. Los fondos salieron de las arcas públicas y con el visto bueno del entonces secretario general del Ministerio de Hacienda, Thomas Schmidt. Eso lleva a los investigadores a pensar que la cartera de Finanzas desvió dinero para los sondeos que, a juicio del fiscal, estaban exclusivamente para el avance político del partido.

            Así las cosas, el paso por el gobierno de Austria ha sido relativamente corto para Sebastian Kurz, quien, al inicio, sorprendió a unos y otros con su proselitismo camino a la Cancillería y después con su gestión al frente del Estado. Atrás han quedado expresiones de victoria exclamadas por Kurz en uno de sus muchos chats, ahora en poder de la fiscalía, y que lo enlodan todavía más, cuando escribió en referencia al trabajo conjunto entre la Cancillería y la empresa de medios: “Nunca he llegado tan lejos. ¡Gran inversión! Quien paga… crea. ¡Eso me encanta! ¡Gracias por Austria hoy!”

            Más adelante, con el tiempo a favor, si quisiera postularse nuevamente a la Cancillería, posiblemente la memoria colectiva del pueblo lo rechace, porque la cicatriz debido a este caso de corrupción, será muy grande y muy

visible encima de su piel. Hay quienes aseguran con toda propiedad, que “el fenómeno prodigioso del joven Sebastian Kurz, ya terminó para siempre.”

“No es más que un Perdedor. Lo Único que Sabe Hacer es Montar Espectáculos.” Dice de Donald Trump su Sobrina, su Enconada Enemiga

NEW YORK, USA-El ex presidente Donald Trump, está viviendo en estos instantes el comienzo de la vida infernal que le habían prometido y avisado con antelación, la gran cantidad de enemigos que tiene, en cuenta su sobrina Mary, quien, según recordamos, hasta un libro escribió en el que desnuda el carácter, cambios de humor, traiciones y malos sentimientos de su tío.

            Por lo anterior, Trump, para empezar la guerra contra sus enemigos, levantó una querella contra el diario The New York Times, por una información que publicó en sus páginas en el 2018, sobre el tema de la fortuna familiar y las estratagemas fiscales usadas por él y sus hombres, para reducir las cargas tributarias; es decir, para pagar menos tributos de los que debería. Además y colateralmente, Donald Trump se encargó de su sobrina, Mary Trump, por haber violado un acuerdo de confidencialidad cuando dio a conocer información fiscal que aquel le facilitó, durante una disputa sobre la herencia del padre del ex mandatario, Fred Trump. Lo cual indica que ya tiene “contra las cuerdas” a dos acérrimos enemigos suyos: el diario neoyorquino, poderosísimo por demás; y a su beligerante sobrina, quien no lo quiere para nada y ha estado ofendiéndolo y hostigando desde que anunció su candidatura por el Partido Republicano, en las elecciones que ganó a la demócrata Hillary Clinton.

Contra el New York Times

            En el auto de la querella, Trump acusa directamente al todopoderoso diario y a tres de sus empleados, llamados Russell Buettner, David Barstow y Sussanne Craig, por haber perseguido a su sobrina Mary, para que ésta les entregara los documentos, a pesar de que sabían hasta la saciedad que ella había firmado un acuerdo de confidencialidad con su tío Donald.

            Concretamente, la revelación que hizo el NY Times en el 2018, aduce que Donald Trump amasó una fortuna cercana a los US$413 millones que recibió de su padre Fred y por los que evadió una ingente cantidad de impuestos. La investigación de los reporteros del diario neoyorkino reveló que los padres del ex presidente donaron en vida a sus hijos, más de US$1,000 millones, por los que debieron haber pagado unos US$550 millones por concepto de cargas impositivas a la Hacienda de los Estados Unidos. Así mismo, la familia de Donald Trump se benefició –según cita el mismo rotativo-, gracias a una serie de maniobras para evitar la tasa del 55 por ciento a las herencias y pagó únicamente US$52 millones, apenas un 5 por ciento de lo que exige la ley en este caso.

            Fred Trump, el magnate y fundador de la famosa y polémica familia, falleció en 1999 y heredó a sus tres hijos una inmensa fortuna. Eran tres hermanos, pero Donald quedó solo cuando murieron también los otros dos, en 1981 y 1985; y cuando decidió hacerse agente inmobiliario, en la década de los 70, su padre le transfirió decenas de millones de dólares para que iniciara su negocio. No obstante, ante la pregunta que se refiere a ese hecho, Donald siempre ha contestado con la mentira, al señalar que “solo recibí de mi familia US$1 millón;” pero el NY Times ha develado que la cantidad que el patriarca pasó a su hijito, fue 60 veces mayor.

            En lo que respecta a su sobrina, Mary Trump, confesó en su libro salido a la venta el año pasado (2020), y al cual tituló “Siempre Demasiado, Nunca Suficiente”, que ella misma entregó a los reporteros del periódico en cuestión, 19 cajas con documentos referidos a su tío, el expresidente. ¿Pero a qué se debe ese enconado odio de esta mujer contra su tío? Ella ha explicado que Donald humilló y desterró a su hermano (padre de ella), Fred Jr., quien murió en 1981 después de haber librado una verdadera guerra contra el alcoholismo y añadió: “Yo acepté entregar la documentación (a los periodistas del NY Times), porque estaba horrorizada por la conducta de mi tío en la presidencia (de USA). Vi, en tiempo real, cómo Donald destrozaba normas, ponía en peligro alianzas y pisoteaba a los vulnerables.” Y así lo redactó en uno de los capítulos más candentes de su volumen, mismo que se ha vendido en el país y en Europa igual a verdadero “pan caliente.”

Es psicóloga de profesión, por eso lo conoce mejor que nadie

          Mary Trump es psicóloga de formación, un “plus” que le da la suficiente capacidad y peso para hablar sobre las cualidades (si las tuviera) y defectos de su tío Donald. De hecho, en una entrevista concedida al mismo NY Times en año pasado, la sobrina se expresó así de su tío: “Es incapaz de hacer nada que no sea por interés propio, no tiene empatía y experimenta delirios de grandeza sobre sus logros y aptitudes.” Y ante las cámaras de la cadena televisiva NBC, Mary volvió a la carga al atacar a Donald Trump con estas palabras: “Creo que es un perdedor y lo único que sabe hacer es montar espectáculos por cualquier cosa. Es desesperación. Las puertas se le están cerrando.”

            En lo que atañe propiamente a la querella planteada por el exgobernante, sus abogados han insistido en repetir que “los acusados participaron en un complot lesivo, para obtener registros confidenciales y altamente sensibles, que explotaron en su beneficio propio y para legitimar falsamente sus publicaciones.” Por su parte, Danielle Rhoads, vocera del rotativo, manifestó que “la demanda es un intento de silenciar a las empresas de medios independientes y el diario (New York Times), defenderá a los periodistas ante el juez (no los abandonará nunca).”

            Y para “meter aún más el dedo en la llaga,” el rotativo reveló que el padre Trump, le entregó en una ocasión a Donald, US$3,5 millones, al comprar fichas de apuestas en uno de sus casinos. El hecho de dio en los años 80, cuando los Trump eran dueños de varias empresas que incluían una línea aérea y los casinos en Atlantic City. Recordó el periodista firmante del reportaje, que en aquella época los negocios de Donald se vinieron a pique, “fue difícil para el expresidente”, señaló el reportero “y papá Fred recurrió en su rescate financiero y echó mano de sus ganancias, para salvar los negocios de su hijito.” Reafirmó y volvió a asegurar: “En 1987, Donald Trump debía a su padre US$11 millones y, si se hubieran condonado como una donación, debería haber pagado una considerable cantidad de impuestos. En lugar de eso, Fred Trump invirtió US$15 millones en uno de los edificios de Donald y en cuatro años más, vendió sus participaciones por US$10 mil a su propio hijo. De ese modo, un regalo millonario quedó maquillado como una compra-venta ruinosa para el padre.” Publicó la amplia crónica.

         En un intento por poner punto final a las develaciones del New York Times, Donald Trump ha tenido que soportar decenas de reportajes que lo enlodan y sacan a la luz lo que él creyó que el gran público nunca iba a conocer. Por ejemplo, el diario reveló que durante 10 años, la declaración de la renta no le salió a pagar y en el 2016 y 2017, abonó apenas US$750 anuales, después de las retenciones. Finalmente, el Times ha asegurado que el ex mandatario posee cuentas bancarias en China, país contra el cual ha despotricado y se ha fingido su enemigo declarado; pero usó esa misma cuenta en Beijing para cancelar US$188,561 en impuestos al gobierno chino. De tal manera, no había tal “culebra de pelo” en la supuesta enemistad de Donald Trump con el régimen de aquella nación asiática. Todo lo contrario, porque los negocios en territorio y empresas chinas siempre han sido famosos entre quienes conocen más o menos y en profundidad al exmandatario.

           El periódico de la Gran Manzana también ha publicado que Trump tiene cuentas en Inglaterra e Irlanda; pero no reveló cantidades ni fechas de aperturas y asuntos relacionados.

            Por lo pronto, las querellas han sido planteadas ante los juzgados neoyorquinos y todo parece indicar que el acusador podría salir en desventaja y derrotado, pues los querellados tienen ingentes cantidades de pruebas testimoniales, incluso con firmas del propio Donald Trump, que le podrían dejar muy mal parado, más aun en sus intenciones por volver a la presidencia de los Estados Unidos.  

Reanudarán el Juicio al Autor Intelectual del Atentado contra Las Torres Gemelas

de New York

BASE DE GUANTÁNAMO, Cuba- Tras constantes interrupciones a través de los años, parece que esta vez sí será juzgado el presunto intelectual del atentado terrorista contra el World Trade Center en el corazón de Nueva York.

            Se trata de Khalid Shaikh Mohammed, considerado “el arquitecto” o “el cerebro” que planeó la destrucción de las Torres Gemelas, al usar dos aviones comerciales Boing, que hizo estrellar contra los gigantescos edificios, según hemos visto incansablemente cada año a lo largo de dos décadas que han transcurrido desde entonces.

            El musulmán, más envejecido por supuesto, por el tiempo que ha pasado desde su captura, compareció ante un tribunal que estará encargado de enjuiciarle y demostrar su culpabilidad, mientras los analistas y periodistas no dejan de poner en alto relieve el hecho de que dicho proceso coincide con la salida atolondrada de las tropas estadounidenses de Afganistán, el país que cobijó a los terroristas de al-Qaeda y donde se tomó la decisión de causar daño a los Estados Unidos y su pueblo, el 11 de septiembre del 2001. Recordemos que la determinación de invadir Afganistán fue para hallar y capturar a quien ordenó el atentado terrorista, el jeque millonario de nacionalidad saudita, Osama bin-Laden, y de paso terminar con el gobierno criminal de los talibanes, mismos que han regresado en el actual 2020 al poder en esta nación centro-asiática.

¿Por qué Guantánamo?

            En esta bahía en la parte sur de la isla de Cuba, donde se asienta la Base militar estadounidense, están prisioneros, además del principal acusado, otro secuaces suyos, quienes también van a comparecer ante el tribunal en calidad de acusados por los mismos hechos del 11-S. Ellos son: Walid bin Attash, Ramzi bin al-Shibh, Ammar al-Baluchi y Mustafa al-Hawsawi. Supuestamente todos participaron en el atentado, considerado el peor pasaje en la historia de los Estados Unidos de América.

            Desde el inicio de sus capturas, el gobierno estadounidense decidió llevarlos a Guantánamo, en parte por la absoluta seguridad que representa este enclave militar y que dificulta cualquier intento de escape de los prisioneros, así también la posibilidad de que algún comando quisiera liberarlos mediante un ataque a esta Base militar. Además, se trata de presos de guerra y en ningún modo delincuentes comunes que bien podrían ser procesados en territorio de los Estados Unidos, dado sus casos particulares de índole  delictiva.

            Mohammed fue detenido en el 2003 y desde entonces no se le ha juzgado oficial y apropiadamente como se supone debió ocurrir en un Estado de Derecho, según priva en los Estados Unidos. De paso, los defensores de los derechos humanos, muchas veces plegados a los caprichos y manipuleos de los gobiernos enemigos de Washington (de Rusia, China, Vietnam, Venezuela, Nicaragua, Argentina y Cuba, entre otros), han insistido en quejarse al acusar que los presos que en una oportunidad estuvieron implicados en el terrorismo de al-Qaeda, han sufrido humillaciones, vejaciones, torturas (físicas y psicológicas), de parte de sus captores norteamericanos en las celdas de Guantánamo. Es posible que así haya sucedido; pero… ¿Por qué los estadounidenses tendrían que ser humanos y sensibles con unos terroristas que atentaron en el corazón del país y asesinaron a miles de personas, cuando destruyeron a los dos edificios del World Trade Center de Nueva York? La respuesta cae por su propio peso, sin duda. Aun así, el expresidente Barack Obama, durante su mandato, fue magnánimo y dejó en libertad a varios terroristas, incluyendo a algunos líderes del talibán que hoy en día forman parte del nuevo gobierno de Kabul y se trata, precisamente, de sujetos de una altísima peligrosidad para los intereses y seguridad de las naciones occidentales, tanto de Europa como de Norteamérica.

            Lo cierto es que, en la actualidad y a 20 años transcurridos desde la invasión estadounidense a Afganistán y tras la muerte de Osama bin-Laden, la Base de Guantánamo tiene en sus entrañas a varios ex militares de al-Qaeda, a quienes se les podría enjuiciar en los meses próximos, según ha dejado observar el Departamento de Justicia con sede en Washington D.C.

            Es así como Khalid Shaikh Mohammed, el supuesto “cerebro” criminal que planeó la voladura de las Torres Gemelas, compareció hace pocas fechas ante una vista oral, luciendo una larga barba teñida de naranja y siempre con su mirada dura, entre desafiante y satisfecha por los atentados con los dos aviones de pasajeros, que presuntamente él ideó para que se estrellaran contra los dos edificios situados en el corazón de Manhattan. En febrero pasado se intentó arrancar con el juicio contra este individuo, pero una de las olas más fuertes del Covid chino (coronavirus), frustró el comienzo del proceso en su contra.

Desde Pakistán hasta Cuba

            Las cosas están claras. Los fiscales que llevan estos casos no tienen la menor duda de dónde y quiénes partieron las órdenes para realizar los atentados con los Boing, en Nueva York, porque quien giró las órdenes fue el mismísimo Osama bin-Laden, el jeque millonario que le declaró la guerra a los Estados Unidos y que, tiempo posterior, fue dado de baja por un comando de operaciones especiales del ejército norteamericano, en una incursión secreta en territorio del Pakistán, país que le daba alojamiento al terrorista saudí.

            Sin embargo, a Mohammed se le considera “la mente maestra” que estuvo detrás del atentado, porque fue él quien, presuntamente, planeó los secuestros de los cuatro aviones comerciales, para estrellarlos contra el Pentágono, las Torres Gemelas y el que iba dirigido probablemente contra el Capitolio y la Casa Blanca, en el caso del Boing que vio frustrado su objetivo al estrellarse en Pensilvania. Fue aprehendido en el 2003 cuando se encontraba en Pakistán –ese país musulmán que juega al doble papel de amigo de los Estados Unidos y al mismo tiempo da albergue a los terroristas más peligrosos de Oriente Próximo-, y fue trasladado a una de las cárceles secretas la CIA (la Agencia Secreta de Inteligencia estadounidense). Posteriormente fue trasladado a Guantánamo, Cuba, en el 2006.

            El proceso al que se verá sometido está contemplado dentro de la Comisión Militar de Guantánamo, un procedimiento establecido en el 2001, poco después de los atentados de al-Qaeda contra los Estados Unidos, por órdenes del entonces presidente de la nación, George W. Bush. Los detractores de este tribunal militar, aducen que es inconstitucional, porque los acusados no tienen garantías legales; pero la gran mayoría de los ciudadanos estadounidenses vuelven el rostro hacia el lado contrario y son completamente indiferentes con estos supuestos criminales islámicos, que causaron miles de muertes de inocentes a raíz de los atentados con los aviones Boing. Sabemos además que les sería totalmente indiferente si los yihadistas presos en Guantánamo, son sentados en la silla eléctrica o si son sentenciados a cadena perpetua. Lo importante para el norteamericano es que se establezca un precedente y se haga justicia, aunque sea tardía, al cabo de 20 largos años desde que Nueva York quedó envuelta en una nube pesada y gigantesca de polvo y las Torres Gemelas se desplomaron hacia el suelo.

            Lo cierto es que las comparecencias de los supuestos terroristas son apenas una fase previa al inicio del juicio; la siguiente sería en noviembre de este mismo año; el jurado estará formado por 12 militares y se decidirá eventualmente cuáles pruebas podrán formar parte del juicio y ser presentadas por los fiscales y la defensa.

            Un almacén de la Base de Guantánamo será acondicionado para que sirva de sala de sesiones y un grupo reducido de periodistas podrá observar e informar sobre el proceso; también estarán presentes familiares de las víctimas; pero no habrá acceso al público, ni se permitirá que salgan sonidos ni imágenes filmadas, ni fotografíadas de la sala de debates. En su defecto, solo un dibujante podrá elaborar los rostros y gestos de los protagonistas.

            Abril del 2022 es la fecha que ha sido fijada para que dé inicio el proceso, un juicio enteramente militar, dirigido por militares, con jurado también militar, que tratará un tema, un caso, absolutamente militar, cual fue el ataque de una fuerza externa a la población civil de los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Nueva York, el 11 de septiembre del 2001. Fue el ataque a traición de la facción islámica y terrorista conocida con el nombre de al-Qaeda, contra la nación estadounidense. Khalid Shaikh Mohammed es el principal imputado y muy posiblemente resulte condenado, tal y como lo espera el mundo libre y civilizado, de manera unánime. 

Gobernador de Nueva York “entre la Espada y la Pared” por Acusaciones en su Contra por

Supuesto Acoso Sexual

WASHINGTON Y NUEVA YORK, USA- El actual gobernador de la ciudad de los rascacielos, Andrew Cuomo, está en una delicadísima situación en la que ningún funcionario de alto rango, como él, quisiera verse jamás, pues está en juego su credibilidad, su moral, su presente y futuro político, su puesto administrativo y lo peor… su dignidad como hombre, ser humano y funcionario público.

            La situación se ha vuelto tan insostenible, que el propio presidente Joe Biden le ha pedido que dimita, que renuncie a su cargo, sin importarle que sea del mismo partido político que él… el Demócrata. O quizás le importa demasiado que un correligionario “ensucie” al movimiento al que ambos pertenecen.

            Sobre Cuomo pesan las acusaciones de once mujeres, quienes aseguran, sin que les tiemblen sus voces, que el gobernador de Nueva York las agredió sexualmente, se propasó con ellas e hizo otros actos impropios, durante el ejercicio de su cargo. Además, es muy posible que vayan apareciendo otras féminas con el mismo argumento y la misma acusación contra el mismo dignatario.

            La fiscalía neoyorquina halló, en efecto, que Andrew Cuomo las acosó y tomó represalias contra una de ellas, quien le denunció.

El gobernador tiene 63 años de edad y ocupa el puesto al frente de “la Gran Manzana”, desde el 2011; su hermano, Chris, es un famoso presentador de noticias en la cadena CNN; y su padre, Mario, fue también gobernador de Nueva York de 1983 hasta 1994.

            Visiblemente molesto, el presidente Biden dijo en torno a este caso: “Creo que debería dimitir” y añadió que los demócratas pueden recusar a Cuomo en el legislativo Estatal neoryorquino.

Cuomo se defiende

            Nuestro personaje se ha defendido por diversos medios de comunicación, pero lo ha hecho expresamente por las redes sociales, mediante un video que él mismo grabó y en el que ha dicho que “los hechos son muy diferentes de lo que se ha descrito en el informe final de la fiscalía de Nueva York. Nunca hice tocamientos a nadie en forma inadecuada, ni he efectuado insinuaciones sexuales inapropiadas.” Afirmó en el film.

            Las investigaciones han durado casi cinco meses y han sido dirigidas por dos abogados independientes, quienes entrevistaron a 179 personas y examinado 74 mil pruebas que constan de documentos, correos electrónicos, mensajes por celular y fotografías. Todos estos documentos “revelan una imagen perturbadora, pero clara”, han explicado los jurisconsultos al cabo de la investigación. Es evidente entonces que les dan la razón a las 11 mujeres acusadoras, muy a pesar del gobernador Andrew Cuomo.

            Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, aseguró, en rueda de prensa y con las pesquisas en sus manos, que “la investigación independiente ha concluido que el gobernador Andrew Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres y, al hacerlo, violó la ley federal y Estatal. Las pruebas y entrevistas demostraron que Cuomo acosó sexualmente a empleadas actuales y antiguas del Estado de Nueva York al avanzar con tocamientos, besos y abrazos no deseados ni consentidos y al hacer numerosos comentarios de naturaleza sexual, que generaron un ambiente de trabajo hostil para las mujeres.” Añadió que “al menos en una ocasión, según la investigación (hecha), el personal de Cuomo tomó medidas destinadas a desacreditar y menospreciar a una acusadora, Lindsey Bolylan, la primera empleada que lo acusó públicamente de agresión, incluida la filtración de datos personales y confidenciales y la difusión de información injuriosa.” Finalizó la fiscal.

            El informe ha sido calificado por los expertos como “demoledor” en contra del gobernador; por eso, además del presidente Biden, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también exigió la renuncia de Cuomo por medio de un comunicado emitido desde su Despacho. Y es una realidad que el acusado se ha quedado completamente solo, abandonado por sus propios compañeros del Partido Demócrata y a la espera de que le abran, quizás, un proceso de impeachment (juicio parlamentario), para buscar su destitución, dado que se niega a renunciar por voluntad propia.

Enorme legajo recopilado

            A lo largo de los cinco meses de investigaciones, se entrevistaron a 179 personas, se revisaron 74 mil documentos que abarcaron correos electrónicos, mensajes telefónicos y fotografías; y se interrogó al propio gobernador por espacio de 11 horas. Es por ello que las pesquisas en su contra se extienden por espacio de 165 páginas y describen “un ambiente tóxico, de miedo e intimidación, idóneo para cometer abusos de manera impune”, según reza el texto del legajo.

            Después de las declaraciones y denuncias hechas por las 11 mujeres que le señalan acusatoriamente, Joon H. Kim, uno de los dos abogados al frente del caso, dijo: “Nuestra investigación ha revelado que estos no eran incidentes aislados, sino que formaban parte de un patrón de comportamiento. Por ejemplo, la acusación de una agente del cuerpo de policía de Nueva York, indica que Cuomo le solicitó tenerla a su servicio después de una breve reunión en el 2017; fue cuando el gobernador se dedicó a propasarse con ella: “Me tocó en varias ocasiones, pasaba la mano por mi estómago cuando yo le sujetaba la puerta, deslizaba su dedo espalda abajo, cuando me tenía delante en el ascensor; me besó en otra ocasión en la mejilla y me preguntó por qué no llevaba vestido.”

            Otra empleada, quien trabaja actualmente a su servicio, lo acusó de haberle agarrado un seno, cuando estaba en la mansión oficial. En otros casos, Cuomo metió las manos por debajo de la blusa de una subordinada para tocarle los pechos y le agarró el trasero a otra mujer. Es cuando la misma fiscal James ha dicho contundentemente: “la investigación ha revelado una conducta que corroe el mismo tejido de nuestra administración pública.”

            En lo que atañe al lenguaje verbal, los malos ejemplos del gobernador se agolpan unos detrás de otros, como aquella ocasión en la que le dijo a una empleada suya, que se hiciera un tatuaje en el trasero; así mismo, preguntó a otras dos si estarían dispuestas a serles infieles a sus esposos; y le explicó a una de sus guardaespaldas que él siempre busca a mujeres “que puedan resistir el dolor.”

Lo anterior son solo unos pocos casos de una abultada cantidad de ellos y que dejan al gobernador “en la cuerda floja”; pero aquí viene lo sorprendente de todo este desaguisado, porque la misma fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que no va a presentar cargos contra él, algo que ha dejado impávidos a “griegos y troyanos”, más aun cuando la legislación estadounidense es muy estricta en materia de acoso sexual y cuando las acusaciones son sumamente serias en su contra. Es por eso que el gobernador podrá seguir manteniendo su inocencia pese a las exigencias dentro de su propio partido -el Demócrata-, para que renuncie a su cargo.

            Incluso, él mismo ha llegado al descaro de argumentar tranquilamente, después de ver el informe acusatorio: “Yo no soy ese. (…) Están distorsionando injustamente interacciones del día a día, para atacarme.” Y su reacción ante aquella narración de sus manos dentro de la blusa de su subalterna, fue: “¡Eso no sucedió!”

            Hasta el día de hoy y con el curso que ha seguido la investigación, el gobernador está fuertemente golpeado en su imagen pública y de ser humano y, políticamente, se le va a dificultar reponerse de tal situación; aunque sigue siendo muy extraña la actitud de la fiscal quien dijo que no procederá con la presentación de cargos contra Andrew Cuomo, lo cual, además del clima de incertidumbre que ha generado, le da ventaja al gobernador de esta ciudad para que diga más adelante: “la debilidad de las pruebas fue tanta, que la fiscal general desistió de una acusación en forma en mi contra.” Y es posible que ahí quede todo, al lado de la impunidad.

            Justamente eso es lo que no desean las mujeres agredidas y tampoco el ciudadano estadounidense, en particular el neoyorkino, que está cansado de actos como los que hemos narrado aquí.

Guatemala,

Lucha Anticorrupción se Queda sin su Fiscal Especial contra la Impunidad

CIUDAD DE GUATEMALA- Juan Francisco Sandoval abandonó a este país de la manera más insospechada e increíble en un hombre como él, en el que los guatemaltecos habían depositado todas sus esperanzas para que acabara con la impunidad de sus políticos corruptos. Pero este ex fiscal se echó una insignificante mochila al hombro y decidió abandonar Guatemala como lo hacen quienes tienen terror de ser asesinados. Si alguien lo hubiera encontrado en una de esas calles oscuras de la Capital, lo hubiese confundido con cualquier parroquiano que deambula por la ciudad, tal la apariencia que presentaba el señor Sandoval.

            Era de noche y el ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI), se hizo acompañar por el embajador de Suecia en su país y por el procurador de los Derechos Humanos y, en la frontera de las Chinamas, entre Guatemala y El Salvador, Juan Francisco Sandoval, hasta hace poco tiempo el hombre más temido por los políticos guatemaltecos, pues a muchos de ellos metió en prisión y a otros tantos los hizo huir al exterior, dijo adiós definitivamente. Iba con miedo, con auténtico terror, pues muchas veces lo intimidaron en persona y vía telefónica, con amenazas de muerte y, ciertamente, en esta nación una amenaza siempre e ineludiblemente se cumple.

Una mujer poderosa su enemiga

            Y es que Francisco Sandoval tenía a una enemiga de cuidado en la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, nombrada en ese cargo por el anterior presidente de la República, Jimmy Morales; además de las excelentes relaciones laborales y personales que sostiene con el actual mandatario, el médico Alejandro Giammattei. Ella misma fue quien tiró del cargo a Sandoval y al verse sin su poder, lo único que atinó  hacer… fue marcharse precipitadamente de Guatemala, porque ahora, sin escolta, sin el respaldo oficial de la policía y sin el apoyo de las leyes, simplemente es… hombre muerto. Al ser destituido, Sandoval perdió todo el espaldarazo que le daban gobernantes europeos y de los Estados Unidos, quienes vieron en él la posibilidad de limpiar a Guatemala de su endémica corrupción gubernamental. Por eso, era mejor huir y la noche fue su mejor aliada para tal menester.

            Supuestamente el Ministerio Público hizo circular un comunicado de prensa en el que explicó las razones por las cuales Porras hizo destituir a Sandoval; sin embargo, se deduce que fue la propia mujer quien redactó el siguiente texto: “Ante los constantes abusos y frecuentes atropellos de los cuales la institucionalidad del Ministerio Público ha sido objeto, así como el irrespeto que como mujer, funcionaria y profesional del Derecho ha sido víctima desde el inicio de su gestión Consuelo Porras, para menoscabar su trabajo (es por esas causas que le hemos apartado).” Es decir, el fiscal destituido “atropellaba” constantemente al MP y menospreciaba la labor que realiza la actual jefa de esa Institución y de ahí, la decisión de erradicarlo del cargo, según han querido convencer a la opinión pública desde la Corte de Justicia.

            Unas pocas horas antes de abandonar Guatemala, Juan Francisco Sandoval citó a los periodistas a una conferencia de prensa para explicar su punto de vista de la situación; indicó que impugnará su destitución, que considera, a todas luces, “ilegal”, aunque sabe, de antemano, que dicha impugnación no tendrá eco en el Ministerio de Justicia guatemalteco y mucho menos, éxito. Atacó al presidente Giammattei, quien, según el ex fiscal, acuerpa absolutamente a Consuelo Porras, ya que son muy amigos y se protegen mutuamente. Por ejemplo, citó que la Fiscal General le impuso a él que “cualquier cuestión relacionada con el presidente de la República, no solo se pidiera de manera oficial, sino que no se podía llevar a cabo sin su visto bueno.” Esto iba a significar que ella iba a actuar semejante a un “filtro” y decidiría eventualmente si las acusaciones de Sandoval caerían “en tierra fértil” o, por el contrario, ella las rechazaría ad portas, más aún si tocaba a sus amigos repartidos en el gobierno. En otras palabras, le fue vedada la posibilidad de denunciar a altos personeros del Estado, lo que hizo debilitarse su posición y gestión en el cargo; y la respuesta de éste fue: “esa situación no solo es incorrecta, sino que atenta contra la autonomía en independencia del MP.”

            En su opinión, hubo una investigación que incomodó demasiado y preocupó al mismo tiempo al statu quo guatemalteco, relacionada con el hallazgo de varias maletas que contenían 122 millones de quetzales (moneda de Guatemala), unos 13,5 millones de euros, en una casa ubicada en la ciudad de Antigua Guatemala, a 35 kilómetros de la Capital. El hallazgo está vinculado con José Luis Benito, ex viceministro de Comunicaciones del Gobierno anterior, de Jimmy Morales. En estos momentos, Benito se encuentra prófugo de la justicia. En este sentido, el ex fiscal Sandoval dijo a la prensa: “Tuvimos que trabajar este caso casi en silencio, porque teníamos información de que uno de los secretarios de la fiscal general (Consuelo Porras), trasladaba la información (al indiciado), y, si se hubiese enterado, el riesgo era no poder operativizar el allanamiento (a la vivienda).”

            Se cree que el dinero tiene ligamen con el partido del presidente de la República, Alejandro Gianmmattei; incluso, el hoy prófugo iba a ocupar un alto puesto en el nuevo Gabinete gubernamental, pero el hallazgo frustró sus planes políticos y personales. Al continuar con la investigación, Sandoval obtuvo la declaración del secretario privado de Giammattei, llamado Giorgio Bruni, y “desde entonces, los ataques en mi contra y en contra del personal de la FECI, se incrementaron (…). Recientemente –agregó el ex fiscal-, obtuvimos información de la presencia de personas de nacionalidad rusa en la casa del presidente, entre finales de abril e inicios de mayo de este año, coincidiendo con la compra opaca del gobierno, de 16 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, por un valor de US$160 millones y que no terminan de llegar al país.” Explicó Francisco Sandoval.

Proteger a los amigos a toda costa

            Siempre en el contexto de la conferencia de prensa, nuestro personaje acusó nuevamente a la fiscal general Porras, porque, según sus palabras textuales, “no tiene la intención de descubrir la verdad en los procesos de investigación abiertos por corrupción en Guatemala, sino proteger a los amigos involucrados, con el único objetivo de hacer prevalecer la institucionalidad por encima de la justicia. Lamento mucho que su vasta experiencia jurídica la ponga al servicio de los amigos y no al servicio de la población de Guatemala, porque, cuando juró en el puesto, juró la Constitución y no para proteger a los amigos.” Aseveró.

            Al marcharse amparado por las sombras de la noche y en la frontera con El Salvador, el ex fiscal dejó pendientes (sin conclusión satisfactoria), 200 expedientes abiertos referidos a casos de corrupción. Fue cuando recalcó a los periodistas que se iba “con la frente en alto, sabiendo que se quedaron muchas cosas pendientes, pero que avanzamos mucho y nuestro trabajo permitió al pueblo de Guatemala entender cómo hay, en muchas ocasiones en las que no se cumple el objetivo de que el dinero debe servir para atender al ciudadano en su desarrollo integral.” Y ante tal impunidad, Sandoval envió este mensaje a los guatemaltecos: “Espero que la sociedad no se resigne a vivir en un país donde el crimen es la herramienta con la que matan el sueño de millones de ciudadanos honrados.”

            Consultado sobre la razón de su abandono del país, reafirmó una vez más: “Temo por mi seguridad y por la de mi familia, así como por la estabilidad laboral y personal y jurídica del personal de la FECI y por ello responsabilizo a Consuelo Porras por poner en riesgo mi vida y la de mi familia.” Recalcitró en su discurso ante la prensa al decir que “la fiscal general trató de detener investigaciones que involucraban a determinadas personas y (por) retrasar  lo que no conviene y agilizar lo que conviene.” De inmediato negó que él tratara de pasar por encima de la investidura y la persona de Porras y acentuó: “Lógicamente, no iba a sonreír ante cualquier decisión absurda que (ella) tomara”; por ejemplo, aquella orden que giró la fiscal general en octubre del 2019, en la cual la Fiscalía contra la Impunidad “no podía realizar ningún operativo, ni podía pedir una patrulla para ejecutar una orden de captura, sin el visto bueno del Ministerio Público.”

            A pesar de sus reproches, temores y resentimientos que ha dejado escapar a la prensa, Juan Francisco Sandoval tenía el respaldo de amplios sectores del pueblo guatemalteco, que, al enterarse de su destitución, una multitud se reunió en la Plaza Central de esta Capital, en señal de respeto, aprecio y admiración por su trabajo. De ahí marcharon hacia la sede de la procuraduría de Derechos Humanos, donde él tuvo la oportunidad de saludar a los ciudadanos.

            Otro enfoque a la situación la dio el procurador de los DD.HH., Jorge Rodas, quien lo acompañó hasta la frontera con El Salvador la noche de su huida al extranjero y aseguró que “su destitución es un camino llano hacia la dictadura.” Así también la Subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, de los Estados Unidos, Julie Chung, argumentó que el despido del jefe de la FECI “es un revés significativo para el Estado de Derecho”; mientras que Juan González, asistente del presidente Joe Biden, mostró su mal carácter para decir: “No sé a qué está jugando la fiscal Porras (con esta destitución).”

            Es así como observamos que el espaldarazo que tenía el ex fiscal era fuerte, de parte del gobierno norteamericano y de otras dependencias Estatales en el interior de Guatemala; empero, no fueron suficientes porque no pudieron evitar su caída y su posterior exilio en el exterior, algo que es muy frecuente y lamentable en esta nación centroamericana.

Orden de Captura contra el Expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén

SAN SALVADOR- La justicia de esta nación centroamericana anda tras los pasos del ex presidente de la República, de ideología comunista, Salvador Sánchez Cerén, cuando la Fiscalía General ordenó su detención por presunto blanqueo de capitales, cuando fungió como vicepresidente durante el mandato de Mauricio Funes (también prófugo de la justicia y nacionalizado nicaragüense tras recibir la protección de su colega Daniel Ortega); un gobierno que se extendió del 2009 al 2014.

            El fiscal general, Rodolfo Delgado, emitió la orden contra Sánchez Cerén por recibir supuestamente US$530 mil en pagos irregulares provenientes de fondos del Estado salvadoreño. Así, este ex funcionario del gobierno se convirtió en el cuarto ex presidente de este país en ser requerido por la Fiscalía, acusado de corrupción. En el momento cuando uno de sus “espías” le narró que podría ser buscado por la justicia, Sánchez abandonó El Salvador en diciembre pasado (2020); y, además de este sujeto, otras cinco personas fueron aprehendidas por la policía, todas pertenecientes al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FSLN), la antigua guerrilla de izquierdas, convertida en partido político. Esos ex burócratas del gobierno fueron capturados dentro del marco de la llamada “Operación Desfalco,” supuestamente implicados en el robo de bienes del Estado.

En prisión

            En celdas del gobierno se encuentran en estos momentos: Violeta Menjívar (ex ministra de Salud y ex alcaldesa de la Capital); Erlinda Hándal (ex ministra de Ciencia y tecnología); Hugo Flores (ex ministro de Agricultura); Carlos Cáceres (ex ministro de Hacienda); y Calixo Mejía (ex diputado). Mientras tanto, el Secretario General del FMLN, Oscar Ortiz, elevó su voz ante los medios de prensa en defensa de sus compañeros de partido, para decir que las detenciones son un ardid del gobierno de Nayib Bukele para “callar a las voces que le critican, amenazar a todo tipo de oposición, chantajear la diferencia y sobre todo, lo que nunca pensamos que volvería a El Salvador: la persecución política; (porque) ha comenzado a consolidarse una violación sistemática a los derechos civiles, políticos y humanos de nuestras familias y nuestras comunidades.” Acusó.

            La Fiscalía General también ha dictado órdenes de arresto contra Gerson Martínez  y Manuel Orlando Quinteros (ex ministros de Obras Públicas); Lina Pohl (ex ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales); y José Guillermo López (ex ministro de Agricultura y presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónima –CEPA-). Según el Fiscal Delgado, los ex funcionarios están acusados de apropiación de fondos públicos y el siguiente paso será el de expropiar sus bienes, tanto muebles como inmuebles, de acuerdo a lo dicho por el mismo “acusador” del Estado salvadoreño.

“Sánchez Cerén es oficialmente prófugo de la justicia. Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre del 2020 y jamás regresó”, dijo de él el presidente actual, Nayib Bukele. El “saqueo público” ha sido muy evidente, citan las autoridades.

Mélida Solís y Carlos Cerdas, Dueños de las Constructoras Corruptas, Regresaron a Prisión por Orden de un Juez que tuvo Miedo de Fuga

SAN JOSÉ, Costa Rica- Pese a los alegatos y comentarios emitidos por los abogados defensores de ambos prisioneros de la justicia, las nuevas detenciones de los dos corruptores, dueños de empresas constructoras de obras viales, Mélida Solís y Carlos Cerdas, están bien ejecutadas, ya que se estaban jugando varias situaciones de cara al pueblo costarricense.

            El adefesio legal que hizo la otra jueza, Ana Carolina Lizano Salazar, al dejar a ambos imputados libres, tras el pago de dos fianzas por US$3 y US$5 millones –cantidades risibles para los dos presos-, era urgente que un nuevo juez corrigiera esa penosa resolución, tal y como se hizo hace pocos días, cuando el letrado Hugo Porter ordenó la re-captura de los dos implicados y principales sospechosos del llamado “caso cochinilla” y les impuso prisión preventiva por cuatro meses.

            Y era urgente, repetimos, porque el prestigio, tan dañado de todos modos, del Poder Judicial, en el devenir del tiempo, estaba a punto de caer al subsuelo y el pueblo y la prensa nacional estaban al borde del arrebato colérico generalizado. Es por eso que uno de los defensores que pertenece a “la batería” de abogados contratados por los dos empresarios, dijo que el juez “no tuvo criterio propio” y que la determinación la tomó presionado por los ciudadanos y los periodistas. Por supuesto que así fue, agregamos nosotros. Porque los ánimos de la población, al ver tantas decisiones mal tomadas por los jueces que redundaron en la impunidad de los delincuentes y les favorecieron de lleno, ya estaban a punto de estallar; además, es una prerrogativa de los ciudadanos presionar, exigir y demandar a sus autoridades para que cumplan a cabalidad con sus funciones, que para eso fueron nombrados en sus altos cargos.

            A lo anterior, debemos agregarle que la estafa… la gran estafa ocasionada al gobierno por estos dos empresarios, con la connivencia de los funcionarios –plenamente identificados, suspendidos de sus labores y con medidas cautelares-, del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), quienes se prestaron para recibir coimas, regalías, sobornos y demás actos corruptos mediante pagos espurios, a cambio de que permitieran ganar las licitaciones únicamente a esas dos empresas constructoras (y otra más que detallaremos seguidamente), manejar literalmente al CONAVI en todos sus departamentos y hasta establecer los montos del dinero a pagar a las mismas constructoras, con presupuesto Estatal. En otras palabras, las dos constructoras (y corruptoras), hacían y deshacían en el seno del Consejo Nacional de Vialidad y aún se debe esclarecer si dominaban al ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, y a los antecesores suyos en el cargo (aunque se sabe que un ex ministro del MOPT, de la administración del expresidente Luis Guillermo Solís, recibió el famoso celular que regalaba Mélida para que se comunicaran directa y expresamente con ella y el alto funcionario llegaba siempre a su casa, con un fajo de dólares que la misma mujer le había regalado, a cambio de los favores que ya hemos descrito. Así según declaración de la ex esposa de ese ministro, quien reveló detalles de su entrega corrupta a las empresas constructoras).

            Ante tal panorama, H.SOLÍS y MECO tenían a su cargo más del 95 por ciento de las obras por construir en Costa Rica, su mantenimiento y aquellas otras que se erigieron en el pasado. El dominio, el monopolio… era total y dejaron sin oportunidad a otras empresas más pequeñas y que actuaban, desde luego, con transparencia y honestidad. Incluso, se sabe perfectamente, por las grabaciones hechas a conversaciones telefónicas en las que participó Mélida Solís, dueña de H.SOLÍS, que ella amenazó al dueño de la constructora Orosi, con echarle “toda la maquinaria del CONAVI encima, porque yo tengo comprado a todo su personal”, le mandó a decir con su esposo a aquel hombre que solo pretendía un espacio para hacerse con una licitación en las ciudades de Cartago y Turrialba y proceder al asfaltado y mantenimiento de sus vías públicas y carreteras vecinales. Pero no lo logró, topó con un muro infranqueable, sustentado en el poder de esta mujer que ahora está en prisión.

            Otra razón que esgrimió el juez Hugo Porter, se fundamentó en el inmenso poder económico que tienen los indiciados (son multimillonarios ambos), y que podrían utilizarlo para escapar del país hacia otra nación que carezca de convenio de extradición con Costa Rica; es decir, el peligro de fuga estaba latente. Incluso, hay indicios concretos de que familiares de Mélida Solís, estaban planeando tal escape de ella, conversaciones que están en poder del Organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ) en estos momentos. El letrado Porter cerró así una vía de escape, porque su temor y el de la fiscalía general, tenía un asidero real y fácil de que se produjera por parte de los actores o acusados.

La constructora Herrera

            El llamado “caso cochinilla” es gigantesco, extenso, monstruoso, abrumador y es un verdadero animal mitológico con decenas de tentáculos que ha aprisionado a muchas personas, las ha corrompido, las ha hecho aceptar dinero sucio de parte de las tres empresas constructoras, porque además de MECO y H.SOLÍS, existe también la llamada Constructora Herrera (que se cree es manejada por un hijo de Mélida Solís), que ha seguido el mismo procedimiento de las otras dos y ha sobornado a personeros del CONAVI en distintas oportunidades. Por ejemplo, obsequió, presuntamente, 4,5 millones de colones a Carmen Madrigal Rímola, gerente de Proveduría del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), a cambio de licitaciones públicas para construir carreteras, puentes y demás obras de ese tipo. De hecho, el expediente judicial indica textualmente: “la funcionaria (mencionada), habría recibido ese monto a cambio de un trato preferencial, para el desarrollo en los contratos de obra pública.”

            Por supuesto que esta mujer, Madrigal Rímola, fue detenida por el Organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ), junto a otras 29 personas que trabajan para las empresas constructoras (y corruptoras), para el MOPT y CONAVI, cuando efectuó los allanamientos que dieron origen al “caso cochinilla.” En la orden de allanamiento se puede observar claramente que, antes del 13 de abril del 2020, estaba pendiente un proceso de formalización de contratos sobre obras a ejecutar en Guanacaste y en Santa Rosa de Pocosol, al norte de Costa Rica, entre la empresa Constructora Herrera y el CONAVI, esta última en representación del Gobierno costarricense. Así también estaba “en veremos” el cobro de facturas a favor de esta misma empresa constructora y que, mediante dádivas (regalos amorales y espurios), los oficinistas del CONAVI apresuraban sus pagos y les daban prioridad a los dueños de esas compañías.

            Así mismo, se supo que la misma funcionaria Madrigal aceptó otras dádivas para que pagara los servicios profesionales de un abogado y la cancelación de una deuda que ella tenía con el Ministerio de Hacienda, por concepto de un bien inmueble (supuestamente una casa de habitación), más la suma de 4,5 millones de colones que detallamos en las líneas de arriba.

            El expediente de la policía judicial vuelve a señalar textualmente: “William Herrera Chacón dio dicha retribución económica, con el fin de que Carmen Madrigal Rímola realizara actos contrarios a sus deberes, interesándose indebidamente y utilizando su posición y funciones dentro del CONAVI, para lograr un trato preferencial y expedito en la formalización de contratos de obra pública. Además, para que utilizara su posición e influencia en los funcionarios Mario Rodríguez Vargas (director ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad), y Carlos Solís Murillo (gerente financiero del CONAVI), para lograr un trato preferencial y expedito al pago de las facturas de la constructora Herrera que en ese momento, se encontraban a cobro en el Departamento Financiero del CONAVI.”

            En palabras simples y sencillas, los funcionarios del gobierno, de esta Institución que tiene que ver con la edificación de carreteras, calles, caminos, puentes, rotondas, túneles, etcétera, etcétera, se vendían fácilmente y “por miseria” –como decía repetidamente Mélida Solís de H.SOLÍS-, para facilitar las cosas a las empresas constructoras, ya fuese agilizando el pago de las facturas millonarias a nombre de los dueños de las empresas o concediéndoles los proyectos solo a ellas, luego de haber ganado, con deshonestidad, las licitaciones públicas, por encima de otras empresas más pequeñas y posiblemente apegadas al orden legal y honrado.

            Los movimientos ilícitos, los pagos “por debajo de la mesa”, los encuentros en restaurantes y hoteles entre miembros de las empresas mencionadas y empleados del CONAVI, MOPT y de La Casa Presidencial, estaban a la orden del día, se producían a espaldas del pueblo, de la legalidad y de la decencia y ahora forman parte de un legajo extremadamente voluminoso, de un expediente que contiene la investigación –que aún no termina-, de parte del OIJ, y que resulta impresionante de leer y ante la vista de quienes han tenido la oportunidad de observarlo cercanamente. Los datos inmorales se agolpan unos a otros cuando los vamos descifrando y cada vez aparecen más imputados, más culpables de la inmensa trama corrupta y más movimientos subrepticios, imposibles de imaginar en este pequeño país centroamericano, que se ufanaba de transitar en medio de la honestidad y honorabilidad nacional e Institucional.

            Por lo pronto, no hay “punto final” en este sórdido tema, solo “puntos suspensivos” porque las investigaciones continúan y cada vez se descubren más hechos corruptos. Por su parte, dos cabezas poderosas, Mélida Solís y Carlos Cerdas, están tras las rejas, mientras los demás actores culpables están fuera de la cárcel con medidas cautelares y en cualquier momento podrían ingresar a las penitenciarías. Esta es una “hidra”, un monstruo mitológico con dos cabezas grandes, de largos cuellos, y varias cabezas más, donde están los cerebros de los corruptores menores, quienes también dieron dádivas a los burócratas del Estado, compraron consciencias, pero no con la fuerza ni el impacto con el cual actuaron Mélida Solís y su colega Cerdas. Sin embargo, todos están identificados, la policía judicial sabe de dónde partieron y hasta dónde llegaron y eso es realmente lo que importa, para que el brazo de la justicia caiga sobre ellos con todo el peso necesario y que el ciudadano común está exigiendo desesperadamente y con fundamentado enojo.

Ex Fiscal que acaba de Renunciar y Pensionarse con Millonaria Pensión, Sabía sobre los Actos Corruptos en el Gobierno Central

y Guardó Silencio

SAN JOSÉ, Costa Rica- Cada día, en los periódicos costarricenses, se publica una arista más del sonado caso de corrupción (el más grande en la historia del país), y que es conocido con el nombre de “Cochinilla”, el insecto invasor que succiona la savia de los cultivos hasta debilitarlos y secarlos, según hace también la corrupción y los corruptos en el seno de las Instituciones del Estado.

            Últimamente, y para estupor de los ciudadanos, se ha dado a conocer que la fiscal Emilia Navas Aparicio, quien acaba de renunciar y acogerse a una millonaria pensión otorgada por el Poder Judicial, sabía con toda certeza, claridad y detalle, sobre lo que estaba sucediendo en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), epicentro de los últimos y monstruosos casos de corrupción. Pero la señora, que parecía investida de suprema dignidad y llegó a su cargo haciendo críticas fortísimas del anterior fiscal que ella sustituyó –quien  tampoco dio la talla en ningún sentido-, ha resultado de lo peor que ha pasado por ese delicadísimo puesto como jefa del Ministerio Público. Es decir, los últimos tres fiscales generales son para meterlos en prisión por negligentes, incapaces y por responder a intereses nada fiables y sospechosos.

            Esta información la dieron a conocer recientemente, auditores del mismo CONAVI, quienes, al hacer las investigaciones pertinentes ante sospechas que surgieron de que algo no caminaba con rectitud en esa Institución, entregaron las pruebas a la entonces fiscal Navas y ésta, simplemente, hizo caso omiso de los hechos y archivó el documento que le fue confiado. ¿Las razones? Las desconocemos y esperamos que, en las futuras publicaciones de prensa, los periodistas costarricenses develen la profundidad de este tema. Pero fuere como fuere, el hecho de no atender a los requerimientos de los auditores, supone ser un tema de negligencia, omisión sospechosa de parte de ella y hasta posible connivencia de la Sra. Navas Aparicio con los corruptores externos e internos que funcionaban en el CONAVI.

Presidente de la República sabía también...

            La auditoría también fue entregada a personeros de la Casa Presidencial, durante el gobierno del ex mandatario Luis Guillermo Solís, pero hicieron caso omiso de igual manera. Posiblemente no quisieron destapar la inmundicia de la corrupción que se estaba generando en las Instituciones Estatales señaladas. “Funcionarios cercanos al presidente, conocían de las irregularidades (…),” manifestó el auditor Reynaldo Vargas Soto, ante la Comisión legislativa que investiga el caso “Cochinilla”, en el que dos constructoras de puentes y carreteras pagaban coimas a funcionarios del gobierno (CONAVI y MOPT), para que éstos les entregaran con prontitud cheques de pago y les hicieran ganar licitaciones que les permitieran hacer obras públicas en todo el país.

            El mismo auditor Vargas indicó que, en el 2018, presentó dos denuncias ante el Ministerio Público (o Fiscalía General de la República), en las que ventilaba contrataciones y pagos por recepción de obras que no correspondían. En esa misma época, la misma auditoría encontró dos casos con irregularidades, en las que estaban vinculadas empresas privadas de la actividad de la construcción. De inmediato y en aquel entonces, acudieron al Despacho de la Fiscal General, Gloria Navas Aparicio, conversaron ampliamente con ella, le narraron lo que estaba sucediendo en el CONAVI y la plática quedó en nada, porque la funcionaria hizo “oídos de sorda” y no intentó nada por detener la corrupción descubierta. Así lo describió el auditor con sus propias palabras: “En ese momento, acudimos a doña Emilia Navas. Nos reunimos con ella y con Carlos Meléndez. Le planteamos hacer una alianza estratégica entre las auditorías internas (del CONAVI), para poder luchar contra la corrupción a nivel nacional; y la respuesta desde el Ministerio Público fue que tenían un plan piloto con la auditoría del Poder Judicial.”

            Y agregó a su explicación el auditor Reynaldo Vargas: “Los dos casos que tuvimos los planteamos en forma general y le trasladamos los casos con las indicaciones que nos hicieron. De hecho, esa es la denuncia penal 486 que se remite en diciembre a doña Emilia Navas. Era un tema muy similar al que hoy se indica en prensa (caso ‘Cochinilla’). Era algo muy similar, pero en menor escala en una zona específica de conservación vial.” Se trataba de unos audios en los que se escuchaba a un ingeniero de zona, el inspector y un contratista, que se ponían de acuerdo para gestionar pagos de dinero de manera anómala; o sea, de espaldas a la legalidad.

Evasión de responsabilidades

            Se desprende de las declaraciones vertidas por el auditor Vargas a los diputados, que, tanto la entonces fiscal Navas Aparicio, como el presidente de la República de aquel período, Luis Guillermo Solís, prefirieron hacer caso omiso a las indicaciones sobre corrupción en el CONAVI y olvidarse del asunto. Aparentemente era “un animal demasiado grande y hasta monstruoso” para tomarlo en sus manos. Esa es la impresión que dejan ver.

            Y prosigue el auditor en su argumentación ante la comisión legislativa: “Le planteamos la idea a Emilia Navas. Queríamos coordinar sobre casos que, para las auditorías internas, es imposible poderlos abarcar. Queríamos una alianza estratégica –reiteró-. Ahora, los procesos están abiertos y no se puede indicar más detalles por un tema de confidencialidad. Yo remití ese tema al Ministerio Público y ahora está en manos de ellos.” Puntualizó algo sombrío, debido a la frustración que sintió en aquel tiempo ante la indiferencia y frialdad con la cual fue recibido por la fiscalía general, representada por Navas Aparicio, y por el ex presidente Solís.

            Indicó el auditor que también notificó al Ministerio de Hacienda y al ex mandatario Luis Guillermo Solís la corrupción que acababa de descubrir en el CONAVI: “En abril del 2017, le solicité una audiencia al entonces presidente, Luis Guillermo Solís (y) me remitió a Hacienda con el viceministro José Francisco Pacheco (nótese el grado de importancia que le dio Solís al asunto, a juzgar por la jerarquía de los interlocutores del gobierno que él eligió para que se hicieran cargo de la denuncia que le estaban planteando). Hablamos con él y con doña Miriam (Araya) de la Dirección Ejecutiva de la Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria (STAP), sobre la situación de las auditorías internas. En ese momento me acompañó el auditor de concesiones. Conversamos, le remitimos documento, pero, una semana después, renunció y todo lo que habíamos hecho se vino abajo.” Nótese así mismo, que la llamada doña Miriam renunció casi al instante del encuentro con el auditor. Extraño de verdad.

            Ese fue el interés que le brindaron, tanto la ex fiscal Navas, quien renunció hace pocos días a su cargo, porque su compañero sentimental ha sido el abogado de gran cantidad de delincuentes de “grandes kilates” en casi todos los casos de corrupción que han afectado al país, como el ex presidente Guillermo Solís (muy cuestionado por otros temas de corrupción, dicho sea de paso), y por funcionarios de Hacienda, quienes guardaron un silencio cómplice desde todo punto de vista. Evadieron sus responsabilidades, le dieron sus espaldas al clamor de justicia que les hizo escuchar el pueblo y prefirieron no dar a conocer la corrupción que después fue creciendo hasta convertirse en un hecho inmenso, increíble e imposible de asimilar, en el que dos constructoras (MECO y H. SOLÍS) y otra empresa de consultorías, estuvieron pagando sobornos y comprando consciencias de empleados gubernamentales, para que les beneficiaran con licitaciones y procedieran a la construcción de obras públicas (carreteras, puentes, rotondas, etc), en las que usaron, además, materiales de pésima calidad (asfalto, cemento, etc.), que ya están fallando ostensiblemente y en perjuicio de los conductores de vehículos.

            Sin duda, la ex fiscal Navas tiene mucho que explicar acerca de esta denuncia. Veremos si los diputados la llaman a esa comisión especial, formada para investigar al “caso Cochinilla”; aunque es posible que la dejen en paz, como suele suceder en Costa Rica, y siga disfrutando de su millonaria pensión -aprobada en “décimas de segundo”-, y de noches vaporosas con su compañero, el abogado de los sinvergüenzas más impresionantes que han surgido en esta nación en los últimos años.

Esta es la Jueza Especializada en dejar Libres

 a los Delincuentes

SAN JOSÉ, Costa Rica- Su nombre es Ana Carolina Lizano Salazar, obtuvo el delicadísimo cargo de jueza tercera penal el 10 de agosto del 2018, en el puesto 89124, cuando tenía apenas 29 años (y posiblemente las decisiones erráticas que ha tomado se deban a su natural inmadurez). Nació en San José de Costa Rica el 26 de marzo de 1988, no está casada, tampoco tiene hijos, lo cual redunda en su inmadurez y en su falta convincente de sabiduría… Indudablemente es una mujercita que ha vivido poco y también es evidente que toda su corta existencia la ha dedicado a los estudios; de tal manera, se graduó de abogada muy temprano en su vida y se incorporó al Colegio de Abogados el 21 de julio del 2012, con apenas 24 años de edad y 5 de experiencia (si se le puede llamar “experiencia” a ello). Hoy ostenta el carnet de ese colegio, número 21901.

            Su ascenso en el escalafón judicial ha sido meteórico; aún más… ha sido una verdadera exhalación, porque en un abrir y cerrar de ojos “la niña de su mamá”, puesto que es hija ilegítima (en los datos del Registro Civil no aparece padre conocido, algo que quizás haya incidido también en las decisiones tan inseguras e imprecisas que ha tomado con el lumpen del país), ya era jueza, un cargo que, para ejercerlo apropiadamente, se necesita mucho bagaje, mucho recorrido, precisamente para no cometer las barbaridades que ha cometido al soltar a delincuentes en potencia, ante el enojo, la furia contenida de los ciudadanos costarricenses, quienes la escarnecen en las redes sociales y la colocan en las mismas posiciones de los corruptos que ha liberado, “porque si ha dejado sin cárcel a los corruptos, ella, la jueza, es tan corrupta como ellos”, han escrito algunas personas, sumamente encolerizadas, en sus cuentas privadas.

“Un arpón” directo al corazón del pueblo

            Ha sido evidente y convincente el arduo y respetable trabajo que ha realizado la policía judicial, el OIJ, al destapar, dar a conocer y aprehender a los dueños de las empresas constructoras, MECO y H. SOLÍS, entre otras más, que montaron una extensa red de corrupción en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Casa Presidencial y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), mediante la cual compraron consciencias, obtuvieron “favores” al margen de la ley, pagaron dádivas y sobornaron, entre otras acciones dolosas, para que el ciudadano común aplauda al OIJ por esa entrega a favor de la honestidad en la función pública y sentar posteriormente en el banquillo de los acusados a los infractores.

            Con base en lo anterior, el día sábado cuando se anunció que una jueza “equis” (se desconocía quién iba a tomar las decisiones, pues el aparato judicial se guardó su identidad, indudablemente porque ya la prensa y sus colegas abogados sabían de sus “meteduras de pata” anteriores), iba a determinar el futuro jurídico inmediato de los detenidos por el OIJ (28 personas en total y 2 de ellas anteriormente ya habían sido liberadas). De tal forma, se creó una expectativa, una tensión y una premura por conocer la famosa decisión de la profesional a cargo, por parte de la Corte Suprema de Justicia. En otras palabras, el pueblo estaba deseoso de estallar, literalmente, en alegría, puesto que el 99,9 por ciento de los costarricenses está de acuerdo en que los corruptores, dueños de las empresas constructoras, son unos delincuentes, unos millonarios que han amasado sus fortunas estafando al país entero durante años; es por eso que los sociólogos están impresionados porque nunca antes habían observado en el pueblo costarricense “una unidad de criterio tan homogénea y tan uniforme” en torno a un caso, como lo es este al que le han dado el nombre de “cochinilla”, en recuerdo del insecto que se come a los cultivos de manera invasiva, igual a la corrupción que ha invadido los estamentos más delicados del gobierno.

            Pero la sorpresa se dio ¡Y de qué manera! Fue un auténtico balde de agua fría a las esperanzas de los ciudadanos, quienes estaban agolpados frente a sus televisores para conocer la decisión de la susodicha jueza, quien tomó estas decisiones: dejar libres, pero con medidas cautelares, a 26 sospechosos de las dos empresas constructoras, el MOPT, CACISA y el CONAVI, supuestamente todos ellos con “tobilleras” electrónicas para monitorearlos dónde se encuentren; y a la dueña de la empresa de construcción vial, Mélida Solís Vargas, le impuso una fianza de US$3 millones, que al final pagó poniendo a disposición del juzgado de Hacienda, tres apartamentos ubicados en una torre de su propiedad en un supuesto barrio de lujo de esta Capital, que, para ser más sinceros de lo normal, no creemos que valgan esa cantidad, puesto que esa mujer acostumbra inflar los precios de las construcciones en las que participa o gestiona. Al dueño de MECO, Carlos Cerdas, la otra empresa constructora (y corruptora), le impuso US$5 millones. Y llama la atención que ninguno de los abogados defensores de estos presuntos delincuentes, se opuso a tales montos, puesto que eran pagables con extraordinaria facilidad, ya que estamos hablando de dos costarricenses multimillonarios, dueños de hoteles, edificios de apartamentos, automóviles de lujo y con cuentas, supuestamente, en paraísos fiscales en el Caribe y Panamá, tasadas en euros y dólares. El poder que tienen estas personas, en el aspecto financiero, simplemente es impresionante. Y eso lo sabe la jueza Lizano Salazar, de manera cabal y certera. Talvez eso la tenía impresionada y la hizo decidir la barrabasada que decidió.

            Lógicamente, la reacción de los ciudadanos no se hizo esperar y fue de furia, impotencia, decepción y se sintió burlado y defraudado nuevamente por esta muchachita inexperta, bisoña, de 33 años, a quien se le ha entregado un puesto que le queda demasiado grande, muy holgado, porque es una persona que debería estar apenas comenzando a escalar dentro de la Corte Suprema de Justicia y no, de repente, al frente de un Despacho tan delicado y tan sensible, que ella no sabe manejar ni en mínimo grado (o quizás si lo sabe manejar pero a su propia conveniencia o temores a los antisociales, a sabiendas de que es gente con mucho poder e influencias y la podrían dañar en el futuro).

Es así como el escarnio a esta mujercita vestida con “toga”, que han hecho los ciudadanos en las redes sociales, además de violento y con sustento comprensible, era esperable y, por supuesto, muy respetable desde cualquier ángulo desde el que se le mire, porque su determinación de dejar libres a los infractores se asemejó a un arpón incrustado en el corazón de la ciudadanía. Las palabras contra esta jueza, de apellidos Lizano Salazar, simplemente son irrepetibles en cualquier lugar que se considere decente. Tales los exabruptos. Y lo más reprobable en ella no solo radica en la bofetada al rostro del pueblo, sino que tiró por la borda dos años de intenso trabajo por parte de las autoridades, de la policía judicial, al investigar, develar y aprehender a los corruptos, corruptores y corrompidos, distribuidos en las dependencias del Estado y en las constructoras llamadas MECO, H. SOLÍS Y CACISA, está última con trabajo de “consultorías” e inspecciones, cuyas actividades, de antemano, ya despiertan hondas sospechas.

Bagaje de desaciertos y decepciones

            Dimos a entender en las líneas anteriores que a la jueza Ana Carolina Lizano Salazar la mantuvieron en secreto hasta la tarde cuando dictó las medidas cautelares a los imputados, porque, a pesar de su juventud e inexperticia, ha cometido otros errores de bulto, enormes, que no entendemos aún cómo se mantiene en ese puesto o el mantenerse ahí, por el contrario, es para que, precisamente, cometa esos desaguisados al favorecer a los delincuentes y que le interesa a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que así suceda. ¿Quién lo puede rebatir y desvirtuar?

            Concretamente, ella misma fue la que liberó a los implicados en el sonado caso de corrupción del INFOCOOP y del otro conocido como el “cementazo” y en este último, al libertar al principal sospechoso, Juan Carlos Bolaños, quien goza de impunidad en su mansión y esboza sonrisas burlistas cada vez que los periodistas se le acercan para entrevistarlo.

            Algunos profesionales en Derecho Penal han estado barajando la opción de querellar a la jueza Lizano por los cargos de prevaricato e incumplimiento de deberes, principalmente por haber autorizado, en el último caso de las constructoras y CONAVI/MOPT/CACISA, una caución real (entiéndase como la garantía que da una persona del cumplimiento de un pacto, mediante fianza, juramento u otra medida que determine el letrado), para la excarcelación de los principales imputados. Es por eso que el abogado Luis Rodríguez Rescia manifiesta: “Por la gravedad de los delitos, el arraigo cuestionado de los principales imputados (…), la prueba incriminatoria abundante y la cuantía pecuniaria probable de los daños y perjuicios causados es que, a mi criterio, el peligro de fuga para evadir a la justicia es valedero y, por lo tanto, la excarcelación sería improcedente por esos hechos y los siguientes a ponderar (…).” Y el licenciado en Derecho consultado señala que es muy posible que los indiciados, al verse en libertad, cometan:

       1.      Obstaculización de la justicia.

       2.      Continúen con la actividad delictiva (más aún cuando el ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, sigue pidiendo a los diputados la aprobación de mayor presupuesto, para continuar con obras de infraestructura pública, que han sido dadas en concesión a las dos empresas corruptoras, MECO y en menor media a H.SOLÍS).

       3.      Riesgo inminente de fuga por parte de los principales imputados, a los que el Ministerio Público (fiscalía general), les solicitó la prisión preventiva.

       4.      Arraigo cuestionado –según opinión del abogado Rescia-, del señor Cerdas (de MECO), y los esposos Acosta-Solís (de H. SOLÍS).

Y enfatiza: “tenemos que ser conscientes que no son delitos de poca monta en todo el sentido de la palabra y que todas las piezas están amalgamadas y debidamente identificadas en las intervenciones telefónicas (que hizo el OIJ). Por tanto, debiera investigarse la posible comisión del delito de Incumplimiento de Deberes o Prevaricato (del parte de la Jueza Lizano).” Y acentúa que lo que está en juego son los derechos del Estado, de los ciudadanos, de la legalidad y de la justicia de Costa Rica. En otras palabras, la jueza Ana Carolina Lizano cometió un error de inmensas proporciones al haber dejado en libertad a una serie de indiciados, contra quienes existen pruebas contundentes de sus acciones dolosas en contra del dinero público.

El mismo profesional del Derecho enfatiza que “los daños y perjuicios económicos probables, son billonarios y las penas con que se castiga la posible comisión de los delitos imputados, son muy altas, por lo que de ahí proviene mi criterio de que un par o trío de unas cuantas propiedades no son garantía de arraigo ni seguridad de que los imputados no se puedan fugar del país y evadir la acción de la justicia.” En su opinión, según asegura, esas pertenencias inmobiliarias deberían inmovilizarse o congelarse “y si los imputados resultaran culpables, los mismos responderán por todos los daños y perjuicios causados al Estado.” Concluye. Es decir, la susodicha jueza debió ordenar, entre otras determinaciones que debió tomar y no lo hizo (por temor o por alguna coima que desconocemos), el bloqueo total y absoluto de las cuentas bancarias de los dueños de MECO y H. SOLÍS, por lo menos las que tienen en Costa Rica, aunque se sabe, por obviedad, que sus millones están en paraísos fiscales, como las islas del Caribe y Panamá.

      En palabras sencillas, los casi 15 días de cárcel que experimentaron los corruptos en cuestión, fue un pequeñísimo “susto” que se les dio; pero que, a la jueza Lizano no le pareció bien en modo alguno y les otorgó la libertad en contra de la opinión de casi todos los costarricenses que claman justicia de parte de un sistema judicial que debería ser funcional, honroso y honorable. Cosa que no es de ninguna manera.

Y para ponerle un final de epitafio a lo que esta jueza ha hecho, “nadando contra corriente”, reproducimos la pregunta que se hizo un usuario de las redes sociales en torno de este caso: “¿Cómo es posible que, si hay más de tres mil jueces en todo el territorio nacional, le toque juzgar estos casos a la misma persona?” Por ello se desprende que el papel de Ana Carolina Lizano no es impartir justicia, sino que es el de soltar a todo aquel que sea capturado y que tenga muchísimo dinero, que esté implicado en un mega-caso (como el “cementazo” o este de las constructoras), y que represente ser un riesgo para ella y sus compañeros del Poder Judicial, por las posibles represalias (en cuenta el sicariato). Es muy posible que la Lizano tuviera miedo al poder de esas sabandijas, contra quienes hay muchísima evidencia recabada; pero la opinión que domina el ambiente nacional dice que “recibió algunos miles de colones por debajo de su escritorio,” para ejecutar las liberaciones. Y conste… no lo decimos nosotros en este periódico… lo dicen los ciudadanos sencillos, honrados y trabajadores de Costa Rica. El 99,9 por ciento lo cree así.

Sistema Judicial de Costa Rica vuelve a Fallar:

Deja en Libertad a Mayoría de Imputados en Caso de Constructoras Corruptas

SAN JOSÉ- Esta vez a los costarricenses que forman el pueblo llano, sencillo y trabajador, la decisión de la jueza Carolina Lizano de dejar en libertad a todos los sospechosos del peor caso de corrupción en la historia del país, no los sorprendió, pues esperaban tranquilamente la decisión de esta mujer que trabaja para la Corte Suprema de Justicia. La prensa anunciaba con estridencia el hecho que se iba a dar y trataba de “vender” la idea de que la misma decisión a ser tomada por la jueza iba a ser el “boom” de la primera mitad de este año; pero nadie “les compró esa baratija”, porque preveían lo que al final resultó ser lo mismo…

            Y es que la funcionaria ya tiene un bagaje en estos sonados casos, porque, cuando ha tenido que demostrar firmeza y dejar encarcelados a los imputados, más bien los ha soltado o ha dictaminado “casa por cárcel” y siempre se trata de mansiones que los delincuentes han comprado o levantado con fundamento en los dineros estafados al Estado o al pueblo. La señora Lizano se especializa, entonces, en tener mano blanda y favorecer a los indiciados, quienes, seguramente, la llenan de temor, pues se trata de personas con mucho poder económico e influencias.

“Tobilleras” y otras “caricias”

            De tal forma que, por determinación de la Sra. Lizano, todos, absolutamente todos los capturados y encarcelados por el Organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ), quedaron en libertad, pero con las famosas “medidas cautelares”, tales como: no acercarse a un kilómetro del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), lo mismo que del aeropuerto internacional; debieron entregar pasaportes, no acercarse a testigos, no asistir a sus puestos de trabajo (aunque no les suspendió los salarios, de tal manera que seguirán percibiéndolos con normalidad); y portar en sus tobillos el dispositivo para localizarlos donde quiera que estén, pero que han estado fallando desde que el Poder Judicial los compró a una empresa nada fiable por sus servicios de mala calidad.

            Lo anterior en lo que respecta a los “peces pequeños”; es decir, los empleados o mandos medios del CONAVI, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de las dos constructoras corruptoras, MECO y H. SOLÍS, lo mismo para CACISA, una empresa consultora, encargada de verificar y garantizar los trabajos en las carreteras de Costa Rica; pero en lo que atañe a los “peces gordos”, la jueza quiso “impresionar” a la opinión pública y fijó la fianza en US$3 millones de dólares para la dueña de H. SOLÍS, la mujer llamada Mélida Solís Vargas, quien es algo así como “la estrella” (the star), de esta fétida historia de corrupción y a quien, en las redes sociales, le está cayendo todo el ácido y el odio de los ciudadanos, quienes son toleran su estilo de vida, de magnate multimillonaria (que efectivamente lo es), pero con dinero mal habido, gracias a los fraudes, extorsiones, coimas, compra de consciencias, pagos oscuros, etcétera, etcétera. Es decir, Mélida Solís tiene la personalidad propicia para producir una buena película en la que se detallen todos sus movimientos siniestros, mediante los cuales hizo su portentosa fortuna.

            Un dato para ser tomado en cuenta, indica que esta mujer fue trasladada desde las celdas judiciales, relativamente cómodas, donde fue llevada tras su captura, hasta el centro penal Vilma Curling, mejor conocido como Cárcel del Buen Pastor, y que funciona expresamente para la detención de mujeres. Esto ha significado un duro golpe moral y psicológico para esta mujer, acostumbrada a los lujos en su vida privada. Ha estado aislada en una celda para prevenir al Covid chino y cualquier ataque de otra reclusa. La estadía en ese centro penal supone ser una auténtica pesadilla para Mélida Solís Vargas, quien, desde niña, solo ha disfrutado de la suntuosidad que, en primera instancia, le brindó su padre, el fundador de la constructora H. SOLÍS, y después ella misma, fundamentada en su juego sucio que le propinó ganancias económicas inconcebibles en este pequeño país del tercer mundo. En un principio se dijo que iba a pagar la fianza con tres propiedades ubicadas en la Capital y que superan los US$3 millones ordenados por el juzgado de Hacienda. No obstante, mientras el perito judicial examinaba los detalles de las tres propiedades, Mélida Solís Vargas seguía internada en su celda de manera indefinida, hasta que no se diera el visto bueno y pudiera salir en libertad. Debió ser muy duro para ella el comer la misma comida que prueban las demás reclusas y dormir en una lúgubre y húmeda celda, lejos de su lujosa habitación en su mansión, en Santa Ana, al Este de San José.

            Para el propietario de MECO, Carlos Cerdas Araya, el monto que le permitió salir libre fue tasado en US$5 millones, que pagó el mismo lunes sin ningún contratiempo. Llama la atención el hecho de que los abogados defensores, cuando escucharon las cantidades a pagar por sus defendidos, no objetaron en modo alguno, pues están “nadando” en billetes, propiedades, mansiones, hoteles, autos de lujo, helicópteros, yates y demás muebles e inmuebles que han comprado a lo largo del tiempo con su extraordinario e ilimitado poder económico. Estamos hablando de delincuentes con un altísimo poder adquisitivo, multimillonarios con cuentas en paraísos fiscales, difíciles de localizar, bloquear y confiscar.

            Después de que, absolutamente todos los indiciados recobraron la libertad, gracias a las cortesías de la jueza Lizano, los fiscales del Ministerio Público han criticado esta decisión, porque aducen que, en efecto, “hay peligro de fuga” de parte de estos pillastros que han estado incrustados en puestos muy sensibles del Estado costarricense, durante años, corrompiendo y dejándose corromper, haciendo “favores”, adjudicando obras viales a cambio de coimas de parte de los empresarios dueños de las constructoras.

Otros aspectos de la gran trama corrupta

            El voluminoso expediente elaborado por el OIJ, llamado “Caso Cochinilla”, devela otras situaciones vergonzantes en las que siguen implicados los mismos corruptos hartamente mencionados por la prensa costarricense, más la aparición de otros más. Por ejemplo, se indica que los dueños de la constructora (y corruptora) H. SOLÍS, visitaron la Casa Presidencial en unas 10 ocasiones. Así consta en las bitácoras que sigue la sede del gobierno de Costa Rica. Dichas visitas fueron organizadas por el Despacho de la Primera Dama de la República, Claudia Dobles. Estuvieron en ese edificio entre junio y noviembre del 2018, con el objetivo de conformar una mesa interinstitucional para reubicar el Triángulo de la Solidaridad, un terreno que forma parte de la Unidad Funcional IV de la ruta de Circunvalación Norte, actualmente en construcción por parte de las empresas H. SOLÍS y Estrella. El texto que se desprende de esas reuniones, dice: “La reubicación resultaba fundamental, ya que el asentamiento informal impedía el avance del proyecto Arco Norte de Circunvalación y su conexión con la ruta 32, que debía iniciar obras a más tardar en el mes de agosto del 2018. Lo anterior para que el estado costarricense no incurriera en costos por el no inicio de la obra (multas), a partir de dicha fecha.” Cuando se logró el acuerdo, fueron reubicadas varias familias en situación de pobreza extrema, que componían el asentamiento informal o “precario,” nombre que se le da en Costa Rica a los barrios marginales.

            Lo importante en este particular es señalar que la indiciada Mélida Solís Vargas participó en una sesión en la Casa Presidencial; y Roberto Acosta, su esposo, y a la sazón gerente general de la constructora H. SOLÍS, estuvo presente en 9 de ellas. En esas reuniones participaron también representantes del CONAVI, MOPT y del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.

            Un detalle final en este reportaje, puesto que el tema da perfectamente para escribir un libro debido a la maraña de situaciones, tramas, implicaciones y corrupción, asegura que las empresas corruptoras, MECO y H. SOLÍS, se exponen a ser inhabilitadas en el futuro, por espacio de unos 10 años, en la participación en obras públicas del Estado; esto en el tanto se compruebe el grado de corrupción en el que habrían incurrido. Los jueces tomarían como base la norma 9736, artículo 119, inciso F, contemplado en la nueva Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica. Es decir, no podrían participar en licitaciones, concursos, remates y subastas públicas. Si así fuese, “se cerraría el grifo” del flujo de dinero y, prácticamente, los empresarios, ahora en entredicho moral, tendrían que buscar otras opciones para funcionar con sus negocios constructores. Aunque debemos recordar que ambas constructoras son apenas dos de las muchas empresas que esas dos familias poseen, puesto que son dueñas de hoteles de playa, exportadoras, etcétera, etcétera. Además, un fallo de tal magnitud de parte de los jueces costarricenses, no creemos que se vaya a producir, según hemos conocido del actuar de los encargados de impartir justicia en este país; esto significa que el daño a los indiciados sería casi nulo y si ganaran el juicio –si se llegara hasta esa instancia, cosa que todos dudamos-, se les devolverían las propiedades que han puesto a responder por concepto de fianzas.

            Así de improbables están las cosas para el pueblo de Costa Rica que quiere ver a los delincuentes poderosos tras las rejas. Triste realidad, pero es la única verdad que subyace.

Familia Solís Vargas Pretendía ser el “Falcon Crest” y “Dinasty” de Costa Rica

SAN JOSÉ- Cuando la vemos vestida para la ocasión, con pantalones “beige” y blusas blancas, con los anteojos para el Sol en sus manos y supra-maquillada, impostando “aires” de millonaria, al lado de un supuesto ingeniero de parecida apariencia, bien afeitado y permanente sonrisa de hombre “que lo ha conseguido todo” a mitad de la vida, nos recuerda a los actores de las famosas series televisadas de la década de los 80, “Falcon Crest”, los productores de vino en California; y “Dinasty”, dueños de pozos petroleros en Texas, quienes hacían ostentación de sus millones de dólares, mansiones, autos de lujo, ropas, joyas, pero con los corazones atestados de maldad, venganza, odio e intrigas, matizados con la homosexualidad y lesbianismo de algunos de sus hijos, y drogadicción.

            La imagen de Mélida Solís Vargas, hija mayor de Hernán Solís, el fundador de la empresa constructora costarricense H. SOLÍS, nos recuerda indefectible e inevitablemente a esas “matriarcas” aparentemente débiles por su contextura física, pero de carácter fuerte y capaces de deshacerse de quienes se le opongan, tan solo con un “chasquido” de dedos. Esta mujer es la dueña del emporio financiero que le dejó su padre y, con el paso de los años, se hizo una experta “manejadora de los hilos” por detrás del tinglado que ella y sus ayudantes armaron, para llevar a cabo el peor acto de corrupción que se haya dado en Costa Rica.

            No hay duda de que el contraste grosero y traumático se está dando actualmente en la vida de esta mujer, cuando permanece, en estos instantes, en una celda del Circuito Judicial de Goicoechea, mientras una jueza decide su futuro inmediato y sus abogados defensores (uno es el ex esposo de la fiscal general), tratan de atinar con alguna de sus argucias para sacarla de ese “hueco” de castigo donde permanece ahora. Y afirmamos que es un contraste porque, si echa a andar sus recuerdos –más aún con el tiempo a favor que tiene en la cárcel-, verá sus viajes internacionales a bellas y elegantes ciudades, las tiendas de lujo que visitó y donde compró ropa, joyas y regalos para sus hijas y nietos; recordará también  las cenas en restaurantes caros, las limousines que adquirió (que no bajaron de Mercedes Benz, BMW y Rolls Royce), etcétera, etcétera, etcétera. Por eso su alma y su estado emocional se precipitaron al suelo el primer día cuando se encontró detrás de los barrotes de la celda.

La salud como atenuante legal

            Las pruebas recabadas por el Organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ), contra esta mujer y a la sombra del “caso cochinilla”, son aplastantes y abrumadoras; por eso, por lo pronto, lo único que parece ocurrírsele a uno de sus abogados es apelar a la salud de ella. Es por eso que la dueña de la constructora (y corruptora), H. SOLÍS, fue llevada en ambulancia desde el Circuito Judicial de Goicoechea, hasta la Clínica Jiménez Núñez, supuestamente con la presión sanguínea “al tope.” Y no es para menos, pues esta clase de mujeres acostumbran hacer dietas impresionantes, con tal de mantener la figura en “su punto”, verse bellas y presumir de la misma silueta en las reuniones de la “high class” a las que asistía. Lamentablemente para Mélida Solís Vargas, la “matriarca” del “Falcon Crest” de Costa Rica, una vez que fue valorada y estabilizada en el centro médico, no tuvo más remedio que regresar a su celda, porque, si creyó que eso significaba que la jueza le iba a dar casa por cárcel, no fue así. Aunque es muy posible que le den ese “castigo”, según se acostumbra en este país con la gente que tiene dinero; es decir, hay prisión nauseabunda y horrenda para la delincuencia común, pero los adinerados consiguen una supuesta cárcel en sus mansiones. La historia delictiva de Costa Rica está llena de este tipo de malos ejemplos.

            La presión sanguínea se le disparó a la “matriarca” cuando se le efectuaba la audiencia para establecer las medidas cautelares: se mareó, mientras las circunstancias le recordaron que, en realidad, no hay, en este mundo, ninguna super-mujer; tampoco hay nadie invencible y mucho menos intocable, a pesar de la gran cantidad de actos ilícitos que haya hecho y el dinero por millones que haya logrado. Su abogado, Francisco Campos, sobre-actuando y mostrando una inusitada preocupación, dijo a los medios de prensa que “la habían estado medicando esta semana y, aun duplicándole las dosis, seguía con la presión altísima.” No hay duda de que, por esa vía médico/legal, se enrumbará su defensor para solicitar “casa por cárcel”, debido al pésimo estado de salud de la dueña de H. SOLÍS.

            Mélida tiene 61 años en la actualidad y, a todas luces, era quien llevaba “la batuta” desde su elegante oficina en este sórdido caso de corrupción, al pagar coimas (dinero en efectivo, licores, almuerzos y hasta prostitutas), a empleados del CONAVI, Casa Presidencial y Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a cambio de favores con las licitaciones y pago de cheques a nombre de la constructora (corruptora); pero, reiteramos, conociendo el actuar de la “justicia” costarricense, es posible que su caso quede en nada, incluso que prescriba, por la lentitud con la cual se mueven los fiscales y jueces en estos casos impresionantes. Repetimos: son diestros y ágiles en los casos sencillos, con delincuentes comunes; pero con esos que tienen el estilacho “Dinasty”, suelen prolongarlos en el tiempo, hasta que el pueblo se olvida de ellos y es cuando los delincuentes pueden gozar de impunidad definitiva.

            28 personas más, que pertenecen a su constructora (y corruptora) H. SOLÍS, al CONAVI y al MOPT, son las que acompañan a Mélida Vargas en su incómoda celda, algo que nunca imaginó en su vida de jugarretas al margen de la ley, de lujos, con base en ese dinero mal habido y de prepotencia evidente, inhumana y convincente. A ella y sus subalternos, así como a los demás burócratas que hemos mencionado, se les relaciona con los delitos de corrupción en contratos de obras viales y la causa se puede observar y leer en el expediente judicial 19-000025-1218-PE.

Parecido a los teléfonos de la Oficina Oval y del Kremlin

            Según declaración de la ex esposa del anterior ministro del MOPT, durante la administración del expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, esta mujer, dueña de la constructora (y corruptora), H. SOLÍS, entregaba un celular nuevo a los ministros de esa Cartera, con el propósito de tenerlo siempre a disposición y fáciles de localizar. A ese extremo de manipulación llegaba la “gansterín,” Mélida Solís Vargas.

            Incluso, en el legajo voluminoso confeccionado por el OIJ, el nombre del actual titular del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, es mencionado varias veces por esta mujer y lo hace con un tono de muchísima confianza y cordialidad. “No es una, ni dos, ni tres. (Sino que) son varias las veces que la expresión ‘Ministro o don Rodolfo’, se menciona en las conversaciones telefónicas” que sostuvo Mélida Solís con sus contactos en el CONAVI y en el mismo Ministerio de Obras Públicas. Así se puede leer en el mismo expediente, arriba señalado, y todo indica que la imputada tenía “línea directa” con Rodolfo Méndez Mata, como si se tratase del teléfono que hay entre la Casa Blanca, en Washington, y el Kremlin, en Moscú; o el de Batman con el Comisionado de Ciudad Gótica, en la famosa comic que nos sedujo cuando éramos niños.

            Además, con fundamento en esas conversaciones, se deduce que la dueña de la constructora (y corruptora), se reunió muchas ocasiones con el titular del MOPT, para tratar los temas que a ella (o quizás a ambos), le interesaban, con respecto a infraestructura vial. Hay quienes aseguran que la intención principal de esta mujer era utilizar a Méndez Mata para llegar hasta el Despacho del Presidente de la República, Carlos Alvarado, y, de haberlo logrado, con la innegable astucia que posee, pudo haber gobernado al país, manipulando al mandatario. Sin embargo, y a pesar de lo investigado por el OIJ acerca de esta “amistad” entre la mujer y el ministro, el presidente Alvarado dijo: “don Rodolfo goza de toda mi confianza.”

           No obstante, la supuesta “probidad, honestidad y transparencia ética” del ministro Méndez Mata, ha quedado ensombrecida por la forma (anómala) en la que se otorgaron contratos, por la calidad de las obras y los sobreprecios evidentes. Es cuando echamos mano al mismo expediente redactado por el OIJ en el que dice textualmente: “(…) con sus acciones, de una u otra manera, (don Rodolfo) habrían beneficiado a la empresa H. SOLÍS.” Tampoco debemos olvidar que Méndez Mata es el jefe del MOPT y es el presidente del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el centro de la corrupción institucional que estamos observando en estos días. Veremos si el lodazal fétido le alcanza a él también. Por lo tanto solo sabemos certeramente que Mélida Solís Vargas, en su papel de “matriarca/jefa” de “Falcon Crest” se valía de muchísimos trucos con tal de conseguir sus oscuros propósitos y sería lamentable que la jueza que ve su caso le dé “casa por cárcel”, pues ello significaría una bofetada para el ciudadano que nota que la justicia en su país, simplemente es una burla…

Policía Judicial de Costa Rica descubre Gigantesca Red de Corrupción Privada entrelazada

con la Gubernamental

SAN JOSÉ- El organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ), la policía adscrita a la Corte Suprema de Justicia de este país, allanó varias oficinas del Estado, incluyendo a la mismísima Casa Presidencial, y otras que pertenecen a empresarios privados, en lo que se ha dado por llamar “el caso cochinilla” y que ha involucrado a decenas de burócratas del gobierno, incluyendo al de Panamá que ha solicitado documentación acerca de las empresas constructoras que han propiciado este escándalo y que tiene a los costarricenses asombrados e incrédulos con lo sucedido en los últimos días.

            En palabras sencillas, las autoridades llevaban cerca de dos años observando y siguiendo sigilosamente a empresarios de grandes empresas de la construcción de infraestructura nacional y a personeros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de la Casa de Gobierno y del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), debido a sus prácticas engorrosas, reñidas con la honradez y la decencia. Los entendidos en la materia comparan lo sucedido en Costa Rica con los casos de la constructora corrupta brasileña Odebrecht, que pagaba sumas millonarias a presidentes del mismo Brasil, Perú, Colombia, México, Panamá y otras varias naciones, para que les permitiera obtener concesiones para levantar grandes obras (puentes, edificios, carreteras, etc.), sin competir con otras transnacionales y ganar las licitaciones de manera fácil y deshonesta. Incluso, el expresidente peruano, Allan García, la mañana cuando la policía le tocó su puerta para aprehenderlo debido a las dádivas que recibió de los cariocas, puso su revólver en la sien y se disparó, cometiendo suicidio. A ese extremo han llegado algunos tras ser “embarrados” por esa nueva modalidad de estafar a los gobiernos y a los pueblos, con la connivencia de los mandatarios de turno.

            En una variable sobre el mismo tema, siempre nos preguntamos por qué Odebrecht no actuó en Costa Rica, expandiendo su influencia y su sombra corruptora al pagar coimas a funcionarios Estatales y la explicación es muy sencilla: los brasileños no incursionaron en esta nación centroamericana porque no hubo lugar para ella, pues aquí habían dos empresas constructoras, netamente costarricenses, que hacían el papel corruptor con la misma eficacia que la gran transnacional suramericana. Simplemente no hubo espacio para actuar aquí y pagar los sobornos a los que estaba acostumbraba pagar.

El nombre de un insecto nocivo

            “Operación cochinilla”. Con ese apelativo se conoce la enorme intervención del OIJ en los Despachos que hemos nombrado en la introducción de este reportaje. Se trata de un insecto sumamente nocivo para la agricultura, que arrasa a plantaciones enteras con las consiguientes pérdidas de las cosechas y de dinero de los hombres del agro y son de dificilísima exterminación. Si no se les acaba a tiempo, los perjuicios que pueden causar en lo sembradíos pueden ser incalculables. “La cochinilla”, además, siempre regresa cuando el campesino cree que la ha eliminado de sus cultivos. Siempre regresa. Y así acontece también con la corrupción y los corruptos.

            Con ese nombre ha sido llamado el peor caso de corrupción que ha sufrido Costa Rica en toda su historia, cuando el OIJ allanó, en un principio, 57 puntos donde se investigó previamente que los corruptos habían actuado tras haber ganado deshonestamente 78,000 millones de colones (moneda nacional). La argucia que utilizaron fue la de “mojarle o embarrarle” las manos a los burócratas de las Instituciones mencionadas, con dinero en efectivo (incluso con cantidades bajas, risibles), comidas, invitaciones a cenar y hasta con los favores de prostitutas. Del mismo modo que las “cochinillas”, los parásitos de las plantas, estos corruptores se extendieron por todo el aparato Estatal, “chuparon el tallo y se alimentaron de la savia de la enorme planta” que es el gobierno central del país.

            De la “cochinilla” existen unas 2 mil especies en todo el mundo y provocan que la planta deje de crecer, hasta que la secan por completo y pasan a otra para hacer el mismo procedimiento. Precisamente así son los corruptos: secan al Estado hasta debilitarlo, van de Despacho en Despacho, de burócrata en burócrata y los únicos que se alimentan y fortalecen son los mismos corruptos, quienes ganan extraordinarias cantidades de dinero, de acuerdo a lo que hemos observado recientemente.

            Millones de colones fueron desviados del Consejo Nacional de Vialidad entre el 2018, 2019 y los primeros trimestres del año 2020. En estos momentos yacen en las celdas judiciales 30 personas, un numeroso grupo constituido por empresarios de las constructoras, empleados y ex empleados del CONAVI. Son famosos los nombres de Carlos Cerdas Araya, de la empresa MECO; y Mélida Solís Vargas, de la constructora H. SOLÍS. Ambas son líderes en el levantamiento de obras viales en Costa Rica. A estas dos han que sumarle a CACISA, dedicada al control de calidad de infraestructura, supervisión, diseño y geotecnia.

            Retornando al caso del insecto, Joaquín Sánchez, jefe de la Sección Anticorrupción del OIJ, explica: “La plaga se caracteriza por la poca visibilidad (igual que los corruptos y sus acciones). Eso le sirve para la proliferación y su detección se torna complicada, al ubicarse en las bases de los tallos y el reverso de las hojas, donde la revisión a simple vista no es efectiva. Para encontrarla hay que hacer maniobras, como escarbar y voltear las hojas para observar los puntos blancos, pero, para cuando pasa esto, la planta ya ha manifestado un estancamiento en su crecimiento o, en el peor de los casos, las hojas y los tallos comienzan a verse amarillentos y su aniquilación es compleja. Exactamente igual que la corrupción que durante años ha afectado a nuestro país. Este caso nos puso ante un panorama donde la corrupción se encuentra oculta detrás de mecanismos que tratan de no mostrar evidencias en el actuar nocivo para las finanzas del Estado.”

Transmisión televisiva en vivo

            La Oficina de Prensa del OIJ avisó a los periodistas, de manera previa, sobre las intervenciones que iba a realizar el día cuando se echó a andar “la gran cacería” de corruptos. Es así como el grosor del pueblo costarricense tuvo la oportunidad de ver por los canales de televisión nacionales, los avances de dichas acciones, no sin mostrar su “espanto”, sorpresa y profunda decepción por el gran número de detenidos. El pueblo vio como botaban puertas de oficinas, casas particulares y de las dos empresas cuestionadas; la forma como abrían cajones, escritorios, archivadores, se llevaban computadores, expedientes, documentos varios y ponían esposas en los antebrazos de los burócratas detenidos y se les introducían en automóviles de la policía judicial. Entraban en silencio, sin proferir una sola palabra, a sabiendas de su culpabilidad absoluta.

            En un inicio, se consideró que unas 20 personas, todas ellas funcionarios públicos, han colaborado con los corruptores de las dos empresas constructoras, al otorgarles contratos de obra pública, exclusivamente, y es muy posible que se les acuse de peculado, cohecho, malversación de fondos y tráfico de influencias. Un trabajo descomunal para los fiscales y jueces.

            En palabras sencillas, los miembros de las empresas privadas MECO, CACISA y la constructora H. SOLÍS, contactaron a los empleados Estatales (del CONAVI, MOPT y Casa Presidencial), los convencieron, les pagaron (a veces grandes sumas de dinero, otras… cantidades ridículas), para que les facilitaran ganar las licitaciones para levantar grandes obras de infraestructura (puentes, carreteras, edificios, calzadas, etc.). Utilizaron, para agradar a los burócratas del Estado, invitaciones a almuerzos en distintos restaurantes de San José, patrocinaron fiestas de los mismos empleados y les pagaron servicios de prostitutas en distintas ciudades, donde los oficinistas acostumbraban asistir con regularidad. Es decir, los métodos usados por los corruptores fueron diversos y no necesariamente costaron demasiado para sus arcas, para sus finanzas, pues los burócratas se vendían a cualquier precio, por lo visto.

            Los detenidos, que se mantienen en las celdas del OIJ en estos instantes y están a la orden del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, todos ellos sospechosos de corrupción con las obras viales, son: la hermana de la abogada de la empresa H. SOLÍS, una mujer de apellidos Solís Vargas, Carmen Madrigal Rímola, gerente de Proveeduría Institucional del CONAVI; José Rojas Monge, Director Financiero; Edgar May Cantillano, Gerente de Conservación de Vías y Puentes; Sergio Lobo Bejarano, jefe de Tesorería del mismo CONAVI; Hugo Zúñiga Fallas y Karol Mora Obando, de la gerencia de Conservación de Vías y Puentes y de la dirección de Costos de Vías y Puentes, respectivamente; Laura Chávez Mora, de la Unidad Ejecutora del Puente Binacional sobre el Río Sixaola; Marcela Monge Hernández, de la gerencia de Adquisición y Finanzas; el ingeniero Abraham Sánchez Castro; Eliécer Rivera Campos y Mauricio Ortiz Vega, del Departamento de Ejecución Presupuestaria; y Carlos Solís Murillo, ex gerente financiero del CONAVI.

            En lo que respecta a la constructora MECO, fue detenido un empresario de apellidos Cerdas Araya; y en H. SOLÍS, la apoderada de esa otra constructora, de apellidos Solís Vargas. Otros arrestados por el OIJ son: González Carballo, Arce Alpízar, Bolaños Salazar, Bonilla Guillén, Abarca Quesada, Herrera Chacón, Martínez Martínez,, Castro Rodríguez, Cervantes Morales, Mora Obando, Quesada Pérez, Zamora Zamora, Ureña Villalobos, Quesada Aguirre, Rodríguez Araya y Sittenfeld Apple. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que dos sospechosos fueron liberados de prisión, llamados Juan Carlos Abarca Quesada, gerente operativo de la empresa ALSO Frutales; y Luis Alberto Ureña Villalobos, funcionario de la Dirección de Geología y Minas, del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Los otros 28 implicados siguen en las celdas, esperando que los jueces les dicten medidas cautelares. Esta diligencia se lleva a cabo de manera lenta, pues hay que estudiar a fondo cada caso individualmente y, al ser tantos los implicados, hay que destinar muchas horas y días a esa labor. En el caso de Juan Carlos Abarca,  tuvo que entregar su pasaporte, pues se le dictó impedimento de salida del país, deberá firmar cada semana en un juzgado y pesa sobre él la prohibición de hacer gestiones ante el CONAVI; tampoco podrá comunicarse con los co-imputados en el plazo de un año.

La policía no se detiene

            De acuerdo a las informaciones vertidas por el OIJ, las acciones policiales no se han detenido, porque, a pesar de que hay 28 detenidos –más los otros dos que dejaron en libertad-, las sospechas y pesquisas han hecho que las autoridades continúen con los allanamientos de más oficinas y viviendas particulares. De tal manera, se han realizado últimamente más irrupciones en el edificio del CONAVI, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y en las empresas MECO, H. SOLÍS Y CACISA, en busca de más y mayores evidencias. Según un comunicado del Ministerio Público (Fiscalía General de la República), “se ha logrado el decomiso de prueba de interés para el caso, como información documental de tipo contable y económico; y evidencia de tipo electrónica (celulares, tablets y computadoras). Las investigaciones del OIJ –continúa el comunicado de prensa emitido-, revelaron que los funcionarios públicos se habrían aliado con constructoras que, al parecer, les daban plata, carros, terrenos y hasta favores sexuales, para que les otorgaran contratos de obras viales. Los agentes judiciales tenían dos años de estar investigando este caso y durante 19 meses intervinieron las llamadas telefónicas de los sospechosos.” Concluye el boletín oficial.

            Así mismo, se pagaron sobornos hasta de US$60 mil a empleados gubernamentales, de parte de las mismas empresas constructoras, con la finalidad de ocultar fallas viales en la edificación de proyectos de infraestructura y para ocultar inconsistencias en las mezclas asfálticas (al haber usado asfalto de pésima calidad). Principalmente se señala a la compañía MECO, por haber pagado esas cantidades significativas a los burócratas del Estado costarricense, entre el 2018 y el 2020, en el proyecto de las Garantías Sociales, que une a las localidades capitalinas de Zapote con Desamparados, San Francisco de Dos Ríos y San Pedro de Montes de Oca.

            También, se habrían simulado óptimas condiciones en las exigencias de los carteles de licitación, en las obras ejecutadas en Guápiles, Provincia de Limón; Nicoya, en Guanacaste; y San Carlos, en Alajuela norte. Los empresarios, además del dinero por concepto de sobornos, habrían regalado a los burócratas, lotes (terrenos), viajes al exterior e interior del país, automóviles y la visita a burdeles en esta ciudad de San José, lo mismo que en Cartago; es decir, pagaron las tarifas cobradas por las prostitutas al ofrecer sus servicios y no se dio solamente en una ocasión, sino que fueron visitas reiteradas las que hicieron los empleados del gobierno a “las casas de citas.” Fue, concretamente, la empresa CACISA la que sobornaba con comidas y “mujeres públicas,” con el propósito de que los burócratas del CONAVI agilizaran los pagos de facturas cuando, supuestamente, la empresa privada había supervisado las obras construidas; ya que la labor de CACISA era la de supervisar las obras viales de gran importancia, construidas en cualquier sitio de Costa Rica, entre ellas el paso a desnivel en la rotonda de las Garantías Sociales, en Zapote; y la cuestionada Ruta 1856 (o “Trocha Fronteriza” con Nicaragua), misma que generó un escándalo hace pocos años atrás y que tiene una causa abierta en la Fiscalía de Probidad.

            Tobías Arce Alpízar, alto personero del CONAVI, era una de “las teclas que los corruptores tocaban” para obtener sus favores con licitaciones, pago de facturas “infladas” en los montos de dinero y demás malversaciones. “Arce es una persona astuta que conoce a cabalidad el funcionamiento de la Institución, para ayudar a cobrar facturas y comunicar las dádivas. Tenía una relación muy cercana y de confianza con Carlos Solís Murillo, gerente de Adquisiciones y Finanzas, quien es la persona a la que constantemente le consultaba sobre los procedimientos y los presupuestos y lo tenía informado a cambio de almuerzos, licor, prostitutas, etc.” Cita un documento del OIJ llegado a nuestras manos en este periódico. Además, existe la transcripción de conversaciones telefónicas entre Tobías Arce y los corruptores. Por esa acción suya, la empresa CACISA habría recibido 979 millones de colones, mediante 13 facturas emitidas por el CONAVI y que se giraron por concepto del caso de la Ruta 257. También quedó claro que Solís Murillo, agilizó el pago de facturas a nombre de CACISA, a cambio de las contrataciones de “damas de compañía”, que no son otra cosa que favores sexuales con mujeres públicas. Un diálogo telefónico de noviembre del 2019, así lo confirma.

            Sin duda, la figura de Arce Alpízar, según desprendemos del legajo de las investigaciones, era “indispensable” para el contacto fluido y eficiente entre los empresarios dueños de las constructoras, la supervisora de las obras y el CONAVI. “(…) con la ayuda de Carlos Solís Murillo y Marcela Monge Hernández (de la Gerencia de Adquisición y Finanzas), quienes, motivados con (las invitaciones de) almuerzos, dinero (en efectivo), licores y hasta mujeres (en el caso de Solís Murillo), (se) agilizaban los procesos de pago (salidas de facturas del CONAVI), en clara manifestación de actos contrarios a sus deberes”, según detalla el informe elaborado por el OIJ, tras las capturas. Carmen Madrigal Rímola, gerente del Departamento de Proveeduría del CONAVI, también se benefició con las dádivas otorgadas por los corruptores de CACISA. “Hay que seguir motivando al personal,” dijo vía telefónica Tobías Arce Alpízar a su contraparte en la empresa de supervisiones viales. Todo ello ha quedado consignado en grabaciones y textos en poder de la policía judicial y enviado a los principales medios de prensa del país.

Ministro de Obras Públicas en la mira

            Era la premisa de los empresarios corruptores: llegar hasta el ingeniero Rodolfo Méndez Mata, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con la finalidad de facilitar los actos dolosos. Era prioritario tener en su poder a Méndez Mata para que éste, a su vez, presionara al Presidente de la República, Carlos Alvarado, y fuera aprobado el presupuesto extraordinario y, por supuesto, beneficiarse de esos millones que pertenecen al Estado. Un personero de la constructora H.SOLÍS, en contubernio con un funcionario del CONAVI, idearon un plan para impulsar la aprobación de recursos por unos 50 mil millones de colones que, eventualmente, beneficiarían a esa empresa. Textualmente, el voluminoso expediente elaborado por el OIJ, dice: “Entre los meses de diciembre del 2019 y enero del 2020, los investigados de común acuerdo, a fin de generar un beneficio económico indebido para la constructora H.SOLÍS, influyeron con prevalencia del cargo y personal, respectivamente, sobre Rodolfo Méndez Mata (Ministro del MOPT), para que éste realice actos tendientes al convencimiento del presidente de la República, respecto a la aprobación del presupuesto extraordinario (de la República), a fin de destinarlo a algunas líneas de conservación vial a cargo de esta constructora.”

            Es evidente que el caso “cochinilla” tiene varios tentáculos que se esparcen en múltiples direcciones, tanto hacia adentro del gobierno actual, como hacia afuera; y en lo que atañe al mismo Ministerio Público (Fiscalía General), que es el órgano encargado de elevar las acusaciones y solicitar la apertura de los juicios a la Corte Suprema de Justicia, ha presentado un inconveniente que tiene a muchos sectores del pueblo costarricense, indignados, en especial con la fiscal, Emilia Navas Aparicio, quien, en lo que respecta a varias causas de gran complejidad e importancia en Costa Rica, “se ha inhibido” de esos casos por una u otra razón que ella idea y esgrime de manera “olímpica” y con argumentaciones poco sólidas y convincentes. Por ejemplo, en el sonado caso del “cementazo”, que fue otro tráfico de influencias en el Banco de Costa Rica, que implicó a directivos de ese ente y al mismo ex presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, la jefa del Ministerio Público, Navas, también se hizo a un lado y la oficina a su cargo no ha actuado ni con mínima diligencia siquiera, ante el enojo y decepción del pueblo que le ha seguido los pasos a esta fiscal.

            En lo que atañe a este caso “cochinilla”, también anunció de manera rimbombante, queriendo dar la apariencia de ser una funcionaria proba y llena de escrúpulos, que se “inhibía” así mismo, porque “mi esposo es uno de los defensores de un implicado en este caso”; luego se descubrió que ella está divorciada de quien ha reiterado en todos los medios de prensa que es su marido. Evidentemente aquí ha habido una mentira con respecto a su estado civil; luego explicó que, aunque se divorciaron, siguen viviendo juntos “por el bienestar de nuestros hijos.” Sin embargo, la imagen que se tiene de ella, hace creer que elude a la mayoría de casos de alta complejidad, que desea mantenerse en el puesto de fiscal general, devengando su millonario salario mensual, pero sin poner en peligro su estabilidad laboral ni su tranquilidad. Es cuando algunas voces del pueblo le han dicho que “para eso, precisamente, se le paga… para que trabaje, sin importar qué tema sea el que tiene enfrente, y ejerza su papel de jefa del Ministerio Público.” También manifestó ante la prensa que, en estas investigaciones realizadas por el OIJ contra las empresas constructoras, la tuvieron a ella desinformada de lo que estaban haciendo, debido a que está ligada a quien fue su esposo y que éste, a su vez, es defensor de uno de los imputados. Es decir, si la tuvieron desinformada durante más de dos años en los que transcurrieron las investigaciones, es porque no sirve para ese puesto en la fiscalía, no le tienen confianza, no genera esa confianza y no es lógico, ni coherente, ni razonable, que una persona así ostente un puesto tan delicado, que, en naciones serias, donde las leyes y la jurisprudencia son temas extraordinariamente sensibles y delicados, como en los Estados Unidos o Europa occidental, la señora Navas hace tiempo hubiese sido forzada a renunciar y cederle el puesto a un funcionario nuevo, libre de ataduras, responsable, valiente, eficiente y trabajador, que no busque la “inhibición” ante los distintos casos, que no es otra cosa, en la fiscal Navas Aparicio, que una evasiva con todas sus letras y consecuencias.

            Para finalizar este arduo y extenso reportaje, hemos de señalar que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, un año de prisión preventiva para los actores de este mega-escándalo que ha ensombrecido a Costa Rica, en el que se realizaron millonarias contrataciones de obra pública a dos empresas privadas de la construcción, a cambio de dinero y otras coimas a funcionarios del gobierno, a cambio de ganar o les adjudicaran licitaciones, entre otros movimientos ilícitos que hemos descrito aquí. La Fiscalía solicitó prisión para 14 de los imputados y en el restante 16, requirió otro tipo de medidas no privativas de libertad, por ejemplo… suspensión de los cargos que ostentaban. “Hay peligro de fuga, de obstaculización de la investigación y continuidad delictiva”, aseguró esta oficina. El juzgado competente se ha dedicado, desde el día de las detenciones, a escuchar a los abogados defensores y, posteriormente, decidirá la suerte inmediata de los sospechosos.

            En un intento de síntesis de “cochinilla”, y a pesar de lo traumático que ha sido para la ciudadanía de esta nación centroamericana, es muy posible que apenas sea el comienzo de algo todavía más intrincado y deshonesto. Por ello, la prensa, junto a las autoridades judiciales, se mantiene a la expectativa y no descarta tampoco que se den más aprehensiones en los días siguientes. Hay quienes aseguran que lo observado hasta el día de hoy, sea solo “la punta del iceberg y la montaña de hielo sea mucho más grande en lo profundo, impresionante y grave” de lo que nos podemos imaginar. A esto debemos sumarle el enorme desprestigio que padece el Poder Judicial, donde solo hay justicia para los delincuentes de poco cuño, pero para los grandes infractores solo hay impunidad, olvido e “inhibición” de quien tiene el deber y la responsabilidad de enfrentar a los imputados y sus ilícitos.

 La justicia de Costa Rica, además de ciega, es indiferente, evasiva e irresponsable con su papel ejecutor.

Otros Matices del Caso “Cochinilla”

SAN JOSÉ, Costa Rica- Cada día que pasa, el Organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ), descubre más indicios, sigue más pesquisas sobre este sórdido asunto en el que dos empresas constructoras y otra de “inspecciones de infraestructura,” “enlodaron” con coimas o dádivas, a decenas de empleados del gobierno costarricense.

            Algunos datos novedosos que acaban de salir a la opinión pública, revelan que Mélida Solís Vargas, dueña de la empresa de construcción H.SOLÍS, una de las corruptoras, es señalada directamente por el Ministerio Público o Fiscalía, por su participación de primer orden, al usar a su empresa de la misma manera que una organización criminal. Ella ejecutaba acciones directas para crear vínculos y supuestos acuerdos ilícitos con empleados del Estado y tenía a una persona de su entera confianza, de apellidos Naranjo Vargas, cuyo trabajo era mantenerla informada sobre el funcionamiento de los procesos del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), y que habría cometido movimientos para corromper y “propiciar relaciones de compromiso con los empleados de esa Institución.”

            De tal forma que la encargada de ejecución presupuestaria del CONAVI, de apellidos Carmona Rivas; el gerente de Adquisiciones y Finanzas, Solís Murillo; el analista financiero, Ortiz Vega; el gerente financiero, Rojas Monge; y el analista del Departamento Financiero, Cortés Oviedo, estaban, presuntamente, engarzados con esta mujer y le generaban beneficios indebidos, como el pago expedito y preferencial de facturas que se le debían a la constructora H.SOLÍS. La sospechosa movía “los hilos” detrás de esos funcionarios, mediante regalías y favores inapropiados para obtener los beneficios que hemos mencionado.

Un Despacho gris en la Casa Presidencial

            Hemos resaltado y repetido varias ocasiones que los tentáculos de este monstruo que configura a la corrupción en Costa Rica, son largos, fuertes y capaces de introducirse en todos los estamentos de la función pública. Es así como Juan Camilo Saldarriaga, encargado de temas de infraestructura de la Casa Presidencial, el mismo reducto donde se desempeña el Presidente de la República, Carlos Alvarado, y su esposa, la Primera Dama, estaba infiltrado por los delincuentes de las empresas constructoras.

            Y no era para menos, puesto que Saldarriaga tenía contacto directo con el ministro de Hacienda y el actual viceministro de Egresos, llamado Isaac Castro; por eso su cargo, su trabajo, era de extraordinario valor para los corruptores: “su intervención (en dicho ministerio), era esencial”, se deja leer en el legajo escrito y manejado por el OIJ y agrega: “En el mes de julio del 2020, Carlos Murillo Solís, al intervenir con razón de su cargo como gerente de Adquisiciones y Finanzas del CONAVI, dirigió la moción presupuestaria ante la Comisión (legislativa) de Hacendarios, para producir un resultado lesivo a los intereses de la hacienda pública. Ya que planteó la aprobación de 22,500 millones de colones, de los cuales Carlos Solís utilizaría una parte para encubrir el déficit de 42 mil millones de colones por dineros malversados en el CONAVI y continuar destinando fondos a conveniencia de los intereses de las empresas contratistas.” Más claro no puede describirse la situación caótica en la que habían caído los funcionarios gubernamentales, con el propósito de favorecer a los corruptores de las constructoras.

            Y aquí es donde precisamente entra el empleado de la Casa Presidencial, Saldarriaga, porque le preocupaba el déficit del CONAVI de 42 mil millones de colones y por eso se apresuró a intervenir, usando su alto cargo, para que los diputados aprobaran la moción y, posteriormente, se giraran los fondos que urgían para tapar el faltante monetario. Fue cuando apareció nuevamente la mujer llamada Mélida Solís Vargas, quien se lanzó vorazmente sobre el Despacho del diputado David Gourzong Cerdas, para convencerlo de que le ayudara a la aprobación de la misma moción del presupuesto de la República, y obtener, en consecuencia, más beneficios para su empresa, H. SOLÍS. El legislador procuraría que el plenario de la Asamblea Legislativa avalara la moción financiera presentada sin ningún contratiempo y, para ello, él iba a actuar con todo el poder que, como diputado, le asistía.

            Pero “los tentáculos” de esta hidra no se quedaron en esas oficinas y en esos objetivos, sino que comenzaron a moverse por diversos lugares, pasillos y puntos de influencia, porque el funcionario del CONAVI, Solís Murillo, solicitó una ventaja indebida para su sobrino de apellidos Rodríguez Solís, y para otro sujeto, conocido como Cordero Ugalde, hijo del jefe de Servicios Generales del CONAVI, para que ambos fueran nombrados empleados en la empresa H. SOLÍS y, a cambio de esos favores, él daría trato preferencial y expedito a las facturas que salían para pagarse a nombre de la constructora y que en ese momento yacían en el Departamento Financiero. Es decir, en lugar de esperar entre el legajo de las demás factoras, él las colocaría al principio para que fueran canceladas a H. SOLÍS más rápido que a ninguna otra empresa. Así mismo, favorecía a esta constructora con trámites de importancia capital: en partidas, modificaciones y ejecución presupuestaria, que manejaba el Despacho del mismo Solís Murillo. También fue descubierto el supuesto pago de Mélida Solís Vargas, dueña de H. SOLÍS, por US$2 mil, al mismo empleado del CONAVI, para que tratara de manera preferente las facturas asociadas a los proyectos carreteros de la Circunvalación Norte y Conservación Vial.

“Cada quien tiene su precio”

                       Hemos visto hasta este momento que los pagos han sido significativos, por los montos que supuestamente giró Mélida Solís Vargas; pero se dieron casos en los que los empleados del CONAVI se vendieron por cantidades absolutamente ridículas o por artefactos o máquinas cuyos precios no tenían gran valor. Por ejemplo, la funcionaria Carmona Rivas, encargada de Ejecución Presupuestaria, aceptó el regalo de una computadora, cuyo valor es apenas de 75 mil colones, a cambio de ejecutar favores indebidos a la misma empresa de construcción. “El obsequio” vino desde la oficina de la misma Mélida Solís, quien utilizó a una subalterna suya de apellidos Naranjo Vargas, para que contactara a Carmona, del CONAVI, dialogara con ella, la convenciera de “ayudar” a la constructora y le hiciera entrega del aparato. Según observamos en este particular, aquello de que “cada quien tiene su precio” mostró que varios empleados de esta Institución del Estado se vendieron por artefactos de valor mínimo, “chucherías” insignificantes que, a la postre, les condujeron hasta las celdas judiciales, donde permanecen en estos instantes.

            Otros matices (siempre oscuros) del “caso cochinilla”, revelan que la misma Mélida Solís Vargas, junto a otras dos colaboradoras suyas, falsificaron una factura por US$9 mil, y el documento elaborado por la policía judicial (OIJ), lo explica de esta manera: “La facturación consistió en indicar que los montos que ahí se cobraban a la empresa Hernán Solís, eran por servicios profesionales, siendo, en realidad, que parte de ese monto no correspondía a pagos por ese concepto y que dichos dineros correspondían a la dádiva de US$3,000 que Mélida Solís Vargas debía dar a Carlos Solís Murillo, por haber hecho un acto contrario a sus deberes, al haber incluido en la modificación presupuestaria una distribución de fondos, en la que destinó un monto alto del presupuesto a pagar las obras que la Constructora Hernán Solís tenía adjudicadas.”

            Para cerrar el presente reportaje, utilizaremos el mismo documento del OIJ que resume de esta manera lo acontecido, en parte, en el CONAVI: “La funcionaria (…) de apellidos Carmona Rivas se habría adecuado a los intereses de la empresa H. SOLÍS, desatendiendo el interés público.” Y a cambio de “chucherías”, objetos de poco valor, por los que tendrá que pagar sus cuotas en “días cárcel.”

            Continuará…

Esposa del chapo Guzmán, no Irá a Juicio al Declararse Culpable de todos

los Cargos

WASHINGTON, D.C. USA- Desde que comenzó a tener razón y a percatarse del mundo que la rodeaba en México, en medio de una familia que se dedicaba al trasiego de drogas y al sicariato, Emma Coronel Aispuro, la esposa del tristemente célebre “chapo” Guzmán (también preso a cadena perpetua en los Estados Unidos por narcotráfico y asesinatos), supo que su destino iba a estar siempre inmerso en ese infierno que llegó a conocer, incluso igual a los empleados de su padre, quien era uno de los “capos mayores” de su organización criminal, el cartel de Sinaloa.

            Es por esa razón que los policías, las persecuciones, los abogados defensores, las armas en medio de su sala, las huidas precipitadas y las noticias, mezcla de drogadicción y muerte, fueron siempre parte de la Coronel, como si se tratara de otra piel unida a la que la naturaleza le dio al nacer. Incluso, cuando fue detenida hace pocos meses por las autoridades norteamericanas, acusada por los mismos cargos de su delincuente esposo Guzmán, ella también se esperaba esa situación y por ello no opuso resistencia.

Emma Coronel, en tal caso, es de esas extrañas personas que, desde muy pequeña, sabía cuál iba a ser su destino inmediato y lejano y parece que su vida ha llegado finalmente a la confluencia que siempre temió y rogó a su dios para no llegar hasta ahí: la aprehensión y la cárcel.

Aceptación de los cargos

            Ciertamente la mujer mexicana, compañera del “chapo” y madre de sus dos hijas mellizas, evitó ir a un juicio al declararse culpable de las acusaciones por tráfico internacional de estupefacientes y eludirá, obviamente, lo tedioso y tensional que son los procesos judiciales, así también a los periodistas que querrán saber del acontecimiento en todos sus detalles. Ha sido un paso de gran trascendencia el que dio y con resultados que solo los jueces conocen cabalmente.

            La admisión de culpabilidad por haber ayudado a su marido con el tráfico de drogas, ante una Corte Federal de esta ciudad Capital de los Estados Unidos, es algo así como “el punto final a su carrera delictiva”, a todo el recorrido que comenzó desde niña y al cual hicimos referencia al inicio de este reportaje. Emma Coronel, ex reina de belleza y con 31 años de edad, no tuvo escape –y tampoco lo quiso de esa manera-, del mundillo en el que se movía su padre narcotraficante. Incluso, su matrimonio con el mayor capo de México, “el chapo” Guzmán, fue parte de ese destino que ya tenía prefijado para sí misma.

            Al aceptar su culpabilidad, ciertamente evitó el proceso, según hemos subrayado en las líneas de arriba, pero ello la hará ingresar a prisión más fluida y rápidamente que nadie, en los anales del crimen organizado en los Estados Unidos. De tal manera, tendrá que escuchar su sentencia el próximo 15 de septiembre, una decisión judicial que todos suponemos con toda certeza y que podría ser la cadena perpetua, igual a su esposo. Los conocedores de las leyes estadounidenses afirman que “solo el primero de los tres cargos en su contra, por conspiración para distribuir cocaína, heroína y otras drogas en el territorio de los Estados Unidos, podría acarrearle la pena máxima de cadena perpetua.” Aunque, en el momento cuando el juez Rudolph Contreras tuvo entre sus manos la confesión y acepción de Coronel de su culpabilidad, dijo desconocer cuál será la condena que le impondrá a la mexicana y negó, de paso y en forma categórica, que le hayan prometido a ella una pena más leve por declararse culpable.

            ¿Pero por qué se declaró culpable? Los expertos en leyes estadounidenses explican que pudo deberse al hecho de que ella quiso acortar su tiempo en prisión y también para eludir un proceso judicial largo, penoso y desgastante, más aún para una mujer, quien, además, es madre de familia de dos niñas muy pequeñas todavía. Es cuando Todd Yoder, un abogado defensor, experto en leyes de este país, indica que “al declararse culpable, para Emma Coronel, definitivamente le da la esperanza de recibir una sentencia más leve. De hecho, en el acuerdo de culpabilidad firmado por la mujer, los fiscales proponen que reciba entre 108 y 135 meses (de 9 a algo más de 11 años), de prisión.” Aseveró el letrado de la defensa.

El principio del fin

            Aun recordamos la imagen de esta mexicana cuando su esposo, “el chapo” Guzmán, era enjuiciado en New York, cuando se presentaba en los tribunales acompañada por dos guardaespaldas gigantescos, negros, y con “aire” de estrella de Hollywood, ante quien se rendían las cámaras de los telediarios y los fotógrafos de los periódicos. Con gafas grandes, para Sol, pantalones vaqueros ajustados y más erguida que de costumbre, como si su esposo fuese “el personaje del año” en los Estados Unidos. Lejos estaba de imaginarse que, al poco tiempo, ella iba a sufrir parecidas circunstancias de su consorte.

            Así, para su sorpresa, fue detenida en febrero pasado en el aeropuerto internacional de Dulles, cercano a esta Capital, bajo los cargos de tráfico de drogas, conspiración para lavar dinero y participación en transacciones con un narcotraficante.

Emma Coronel tiene la doble nacionalidad, mexicana-estadounidense, y es madre de dos mellizas, hijas, a su vez, del “chapo.” Según el fiscal Anthony Nardozzi, en su intervención en la audiencia en la que Coronel aceptó su culpabilidad, esta mujer “ayudó al cartel de Sinaloa, liderado por su marido, a introducir en los Estados Unidos, más de 450 kilos de cocaína, 90 kilos de heroína, 90 toneladas de marihuana y 45 kilos de metanfetamina, entre el 2011 y el 2017.” Añadió que, “después de que Guzmán fuera arrestado en México, en febrero del 2014, Emma Coronel sirvió de intermediaria para entregar mensajes a miembros del cartel, sobre actividades de narcotráfico y lavado de dinero.” Y remató con esta otra acusación: “Coronel conspiró, junto con los hijos de Guzmán y otros, para una fuga de prisión de este capo, la cual se concretó en julio del 2015, mediante un túnel de kilómetro y medio de largo, desde la cárcel mexicana de El Altiplano. Ella recibió entregas de dinero del narco, en efectivo, para financiar el cinematográfico escape. En 2007, la acusada se casó con Guzmán y a partir de ese momento, hasta su arresto en febrero del 2021, recibió apoyo monetario de su esposo, con dinero proveniente de las drogas.” Concluyó el fiscal Nardozzi.

            Todos los caminos la conducían a prisión. De eso no cabe la menor duda. Que son los mismos senderos que siguen todos los narcotraficantes y solo la muerte los puede desviar de ese final. En el caso de la Coronel, mientras ella se pavoneaba en las afueras del edificio de la Corte, en New York, donde se juzgaba a su esposo, mientras sus dos matones negros apartaban a los curiosos y a los periodistas, el gobierno estadounidense llevaba muy adelantadas las investigaciones contra esta misma mujer. Solo era cuestión de tiempo su captura…

            En ese lapso de tiempo, la sospechosa en cuestión controló residencias y propiedades comerciales pagadas por su esposo Guzmán y procedió a alquilarlas, para seguir obteniendo ganancias económicas. También participó en un reality show cuyo tema trataba de las familias de los narcos y tenía el proyecto de lanzar una línea de ropa, con el nombre de “El Chapo.” Desgraciadamente para ella, durante el proceso que se le siguió a su marido y que presenció sentada dentro del público, en el 2019, surgieron testimonios que la incriminaban, junto a pruebas comprometedoras. Fue así como Dámaso López, alias “el licenciado”, quien actuó como testigo en dicho juicio y ex hombre de confianza del “chapo”, narró la forma como ella participó en el plan de la fuga carcelaria en México, reuniéndose varias veces con él, antes y durante el hecho.

            También se presentaron pruebas en las que se veía a Emma Coronel trabajando como intermediaria entre su marido y su padre (otro miembro prominente del cartel de Sinaloa), en intercambios sobre envíos de drogas. Por supuesto que “el radar” de las autoridades estadounidenses se puso más alerta que de costumbre con esta mujer, al escuchar los testimonios de quienes la conocían a la perfección y sabían de sus andanzas.

Atenuar la pena

            Los entendidos en materia penal aseguran que, si hubiese aceptado ir a juicio, esta mujer podría haber pasado el resto de su vida tras las rejas; el ejemplo dado por su esposo, “el chapo”, con la sentencia que recibió está más que claro, al recibir cadena perpetua por desafiar al gobierno de los Estados Unidos, además de las pruebas irrefutables que se presentaron en su contra, determinaron el destino y el futuro inmediato de este narco.

            La Coronel podría recibir una condena inferior a los 10 años de cárcel, el mínimo establecido por ser el primer cargo por narcotráfico que enfrenta; y podría acortar aún más su tiempo en la cárcel, si participa en programas de rehabilitación por ser ciudadana de los Estados Unidos y por buen comportamiento en la penitenciaría. Además, existe la posibilidad de que ella misma coopere con las autoridades de la DEA, brindando información sobre el cartel mexicano y ello podría redundar en su libertad, a posteriori.

            Ahora, la pregunta que todos se están formulando es, ¿Por qué Emma Coronel decidió aceptar su culpa ante el juez estadounidense? Y la respuesta podría ser esta: porque estaba sometida a una enorme presión emocional que provenía desde distintos ángulos de su realidad diaria y referida a los crímenes que, indudablemente, ha cometido. Y, por supuesto, también alguno de sus abogados defensores le aconsejó que diera ese paso, que, al final, podría beneficiarla y, principalmente, a sus niñas gemelas, que necesitarán siempre de la presencia de su madre.

            Esperemos hasta septiembre próximo, para conocer el fallo judicial en su contra…

Investigan a Empresas de Donald Trump

WASHINGTON D.C.-Lo que era un rumor que corría vertiginosamente en los corrillos gubernamentales, en relación con las empresas de Trump cuando era presidente de esta potencia, pronto dejará de serlo cuando la fiscalía solicite a los juzgados que eleve a proceso los presuntos delitos en los que la Organización Trump ha incurrido una y otra vez. Prontamente dejará de ser una causa civil, para convertirse en una penal, señalan los entendidos en esta materia.

            El Ministerio Público, a cargo de Letitia James, ha estado investigando al llamado emporio del exmandatario y los negocios de su familia, para recabar información que sirva para confrontarlo con la justicia. Las pesquisas se unirán a las que emprendió en su momento la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, debido a que Donald Trump pudo haber infravalorado algunas de sus propiedades, para eludir, en parte, el pago de impuestos.

            El presunto infractor bloqueó y dio por concluidas dichas investigaciones en su contra, en febrero pasado, cuando todavía estaba al frente del gobierno de los Estados Unidos, y arguyó que descalificaba la acción de la justicia “porque su motivación era política”, y agregó que James y Vance son demócratas y por ello era la persecución que montaron en su contra. Sin embargo, ha sido notorio que Donald Trump y sus hijos han perpetrado una y otra vez, delitos fiscales y bancarios, pero esas acciones fraudulentas hay que demostrarlas con precisión y con base en pruebas irrefutables para que tengan el efecto deseado. “Es posible que Trump haya incurrido en fraude en la negociación de préstamos y beneficios fiscales; en concreto, si la compañía infló el valor de sus propiedades, para obtener créditos ventajosos, mientras infravaloraba su valor para beneficiarse de reducciones fiscales.” Indica Letitia James. Y su portavoz, Fabien Levy, añade: “Hemos informado a la Organización Trump de que nuestra investigación ya no es de naturaleza puramente civil. Ahora estamos investigando de forma activa a la Organización Trump con carácter penal, junto con la oficina del fiscal del distrito de Manhattan.”

El inicio de la investigación

            Los movimientos financieros de Donald Trump comenzaron a llamar la atención, a raíz de una declaración, bajo juramento, de su ex abogado, Michel Cohen –hoy abierto enemigo del ex presidente, de quien, incluso, publicó un libro donde delata sus actos deshonestos-, en una audiencia ante el Congreso de la nación, el 27 de febrero del 2019, donde aseguró que “el ex mandatario había inflado el valor de varias de sus propiedades, en sus declaraciones a los Bancos que le prestaban dinero, con la intención de obtener mejores préstamos y seguros, al tiempo que las infravaloraba en sus declaraciones fiscales, con la intención de pagar menos impuestos.”

            A partir de esas palabras declaratorias de Cohen, ex asesor legal de Trump, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan decidió centrarse en las dos propiedades más emblemáticas que pertenecen al ex presidente republicano: La Torre y el Hotel Internacional Trump, situados en Chicago; y el edificio Trump, en Nueva York, a la postre el más conocido mundialmente, debido a las miles de fotografías que se le han tomado desde que este personaje irrumpió en la política estadounidense. De igual manera, ha estado bajo investigación una finca en el condado neoyorquino de Wetchester.

            En su defensa, Donald Trump tuvo adjetivos desacertados e imprecisos, para referirse a las investigaciones y acusaciones, al calificarlas de “fascistas”, “políticamente motivadas” y que respondían a “la mayor caza de brujas política de la historia de los Estados Unidos.” Simultáneamente, el Tribunal Supremo desestimó un recurso de los abogados de Trump, quienes pretendían evitar la entrega de sus declaraciones de impuestos de los últimos ocho años, a un Tribunal de New York. Fue cuando el fiscal Vance obtuvo el registro de esas declaraciones que, en principio, fueron divulgadas por el periódico de esta ciudad, The New York Times.

Una familia implicada

            Por “los vientos que corren,” casi toda la familia del ex presidente ha incurrido en delitos de corte fiscal y miles de documentos incriminatorios señalan a los Trump como un “clan” que estafó Bancos y compañías de seguros. De tal forma que un juez federal, en septiembre del 2020, ordenó a Eric Trump, hijo del magnate, que respondiera a las preguntas del fiscal, en relación con estos casos. Eric se había negado a brindar declaraciones ante la justicia, alegando que “mi declaración podría ser utilizada con fines políticos.”

            Hay quienes consideran en los Estados Unidos que esta es apenas “la punta del iceberg” de todas las matráfulas, engaños, mentiras y evasivas que Donald Trump y los suyos han cometido a lo largo del tiempo y el futuro que les espera es bastante gris, según las voces que se escuchan, tanto en los medios de prensa y políticos, como en los pasillos judiciales.

            En la actualidad, el ex mandatario, además de las acusaciones que pesan sobre él en New York, tiene otros frentes jurídicos abiertos… Por ejemplo, una acusación penal en Georgia, por haber intentado revertir el resultado de las elecciones de noviembre pasado; y, en otro flanco, Letitia James investiga también el intento fallido de Trump por comprar el equipo de rugby de los Buffalo Bills, además de la presunta falsedad documental, el fraude fiscal o fraude en los seguros en sus cuatro proyectos inmobiliarios de la Organización que él dirige y que hemos desglosado a lo largo de esta crónica.

            Todos coinciden en el hecho de que, si las acusaciones prosperaran, el destino político de Donald Trump se vendría abajo igual a un castillo de naipes, y no podría ser elegido candidato nuevamente por el Partido Republicano, para las elecciones presidenciales del 2024. Y, por el bien de los norteamericanos y de la comunidad mundial… sería plausible que eso sucediera y se sepulte para siempre a este individuo que emergió de la nada política, para causar discordia y caos, cuando alcanzó llegar a la Casa Blanca. Esa es la esperanza de muchísimas personas alrededor del planeta y podamos descansar de este gánster de manera definitiva.

Jordi Pujol pasaría Nueve Años en Prisión

CATALUÑA, España-Quien fuera el todopoderoso presidente de la Generalitat de esta autonomía española, Jordi Pujol, podría ser sentenciado a 9 años de cárcel, por el juez que ve su caso, y al responder a un pedido de la Fiscalía Anticorrupción, que también solicitó 29 años de prisión para el hijo primogénito de éste, Jordi Pujol Ferrusola; para su hermano, Josep, 14 años de castigo y 8 años más para cada uno de los otro cinco hermanos, por organización criminal, entre varios cargos. La esposa, Marta Ferrusola, a pesar de que fue sorprendida “con las manos en la masa”, ha sido sobreseída por motivos de su estado de salud, que no es nada buena.

            El clan Pujol será juzgado en la Audiencia Nacional de Cataluña, España, junto a 10 empresarios que están relacionados con los anteriormente mencionados y se les achaca organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil contra la Hacienda Pública, e, incluso, por frustración de la ejecución.

            La matriarca, Marta Ferrusola, también fue acusada de los mismos cargos de su esposo Jordi, como hemos dicho, pero el juez instructor, Santiago Pedraz, archivó la causa, pues comprobó que la señora, quien tuvo una participación importante y constante en los delitos, padece una dolencia neurológica y ello la convirtió en inimputable. Un leve respiro para la altísima tensión que ha vivido esta familia, desde que fueron descubiertos cometiendo ilícitos de “altos vuelos” en el entramado financiero catalán.

Voluminosa acusación

            El folio que comprende la acusación global contra el clan Pujol y sus asociados en la ilegalidad, es significativo, pues abarca unas cien páginas con los indicios que han sido recopilados a lo largo de los ocho años de instrucción judicial, cuando se descubrieron los fondos económicos, que eran de origen desconocido, y que esta familia ocultaba en Andorra, el paraíso fiscal por excelencia al que han echado mano decenas de españoles para escapar del ojo avizor de Hacienda. La fiscalía cree que dichos fondos “buitre”, empezaron a darle forma a una cuantiosa fortuna, en el año 1990. El gran capital pertenece a los progenitores y a todos los hermanos, llamados Jordi, Josep, Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer y a nueve personas más asociadas con ellos.

            En la versión de la Fiscalía catalana, Jordi Pujol, el viejo, se aprovechó de su elevada posición política, cuando fue presidente de la Generalitat (gobierno catalán), y del partido Convergencia Democrática de Catalunya, y creó una red de clientelismo, constituyendo un entramado con empresarios amigos suyos, con quienes repartió beneficios económicos millonarios, a partir de concursos públicos. Es por ello que el Ministerio Público considera que el origen de la grandiosa fortuna de los Pujol, se gestó precisamente cuando Jordi aprovechaba su posición política y era prácticamente invencible, al frente del gobierno de esta autonomía del norte de España.

            “El clan se repartió entre los hijos, en una actuación coordinada entre toda la familia, para ocultar la fabulosa cantidad de dinero”, señala el auto del proceso, en uno de sus párrafos más llamativos. Específicamente, Jordi Pujol pactó con su esposa, Marta Ferrusola, distribuir el dinero en cuentas abiertas a nombre de los siete hijos y quien debía repartir las cantidades era el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, sobre quien cae el peso de la acusación en estos momentos y también el grueso de los delitos y así mismo, la mayor petición de condena, junto a quien fue su esposa, Mercé Gironés, quien afronta 17 años de cárcel por las mismas razones expuestas.

            “Todas esas cuentas de los hermanos, se nutrían con ingresos en efectivo que gestionaba el matrimonio, fuesen titulares o meros autorizados en cuentas de terceros, pero también mediante transferencias de ordenantes que, en algunos casos, son desconocidos y en otros, personas que no reconocen tener relación alguna con la familia”, detalla la misma acusación de la Fiscalía.

            Agrega que los imputados gestionaban un mecanismo en el cual disponían de dinero en España, mediante cargos en sus cuentas de Andorra, e ingresaban allí lo que en territorio español no podían justificar. La cantidad de dinero depositado en Andorra se acercó a los 39 millones de euros y cuyo origen es un misterio todavía, pues nunca explicaron ese significativo detalle. Lo más curioso y que arranca algunas sonrisas en las personas que leen la crónica judicial, radica en que se hacían llamar todos ellos, entre los gestores financieros, “la Sagrada Familia”; incluso la matriarca, Marta Ferrusola, cuando hablaba por teléfono se hacía pasar por una Madre Superiora de un convento catalán, tratando de evitar que la descubrieran mediante “el pinchonazo” policial a su teléfono fijo.

De Banco en Banco

            Las cantidades son impresionantes, puesto que están tasadas en millones de euros y, en un inicio, estaban depositadas en Andbank, pero después las trasladaron a la Banca Privada de Andorra (BPA); y en el 2014, cuando comenzó la causa penal contra el clan, parte de los involucrados en la gran estafa, se regularizaron ante la Hacienda Pública, pagando lo que habían dejado de pagar en España; pero otros individuos “desaparecieron el dinero, mediante transferencias a México”, indica la Fiscalía y añade: “Incluso, el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, sigue teniendo capitales en México y acusa a uno de sus socios por colaborar para sustraerlos a la investigación, fabricando, sobre la marcha, documentación que justificase dichos movimientos. Pudo desviar allí, hasta 4 millones de euros, cuando ya estaba judicializado el asunto y pesaba orden de bloqueo sobre todos sus bienes y enmascaró otras cuantías, vistiendo inversiones como créditos fallidos, para evitar que lo que entrase en España, fuese embargado.” Indica el auto del proceso o legajo elaborado y presentado por la Fiscalía General.

            Los Pujol, a partir del instante cuando fueron descubiertos y desenmascarados por la prensa, han utilizado más de un subterfugio, envueltos en el cinismo. Por ejemplo, después de dos años de escándalo de esta familia, el viejo Pujol escribió e hizo público un comunicado en el que pedía “perdón por no haber gestionado con transparencia la herencia de su padre (¡!), Florenci Pujol” (y) se acogía a la llamada amnistía fiscal y justificaba así, el origen del impresionante patrimonio del clan. ¡Una herencia paterna! ¡Una multimillonaria herencia que el papá dejó al viejo Jordi! Por supuesto que nadie en España -y menos en Cataluña-, creyó en esa mentira tan grande como la misma Catedral de Barcelona, en el corazón de la ciudad. De tal manera, comenzaron a viajar hasta Andorra, grandes cantidades de periodistas y descubrieron fácilmente que no solo había en los Bancos una herencia, sino numerosos abonos millonarios, tanto por movimientos dentro del propio Andbank, como llegados desde Suiza, junto con otros ingresos cuya procedencia resultó también ser desconocida y entre los que llamó la atención, particularmente, una entrada en efectivo de 113,9 millones de pesetas, la antigua moneda española (unos 685 mil euros actuales). Entonces, de herencia nada. Y así vio Jordi Pujol desmoronarse con facilidad otra mentira suya, por la insistencia de los periodistas. El viejo y su descendencia pronto estuvieron contra la pared, mientras el Ministerio Público se movilizaba en la misma dirección: para desenmascarar al clan Pujol Ferrusola.

            Un ejemplo de “la pillería” desatada por esta familia, se dio cuando el primogénito depositó en el Banco, 50 mil euros por las comisiones obtenidas al vender un edificio emblemático de la Generalitat, en 1991, a personas allegadas a su padre, quien ostentaba el cargo de presidente del gobierno catalán.

            Detalladamente, los saldos en las cuentas bancarias y depósitos financieros, indican que desde el 2008 hasta el 2012, Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, y su entonces esposa, Mercé Gironés, pasaron de 106,796 euros, a más de 12,2 millones. En el lapso que va del 2004 al 2012, las salidas de dinero superan casi los 11 millones de euros; y ambos compartían un importante entramado de empresas “fantasmas,” que no tenían tráfico mercantil ni valores añadidos, tampoco tenían empleados, pese a que facturaban por supuestos servicios de asesoramiento y consultorías. En este particular, se estima para el primogénito, una multa de más de 6,5 millones de euros, por las cantidades de dinero defraudadas a la Hacienda española. También “donaban” dinero a la Fundación Albert Pascual, relacionada con Jordi Pujol Ferrusola.

            Lo descrito y detallado a lo largo de esta crónica sobre los casos delictivos de los Pujol, es apenas un poco de lo mucho que esta familia defraudó en Cataluña y lo restante, lo grueso quizás, irá saliendo a la luz, conforme vaya transcurriendo el juicio que comenzará prontamente. La prensa de toda España está a la expectativa, lo mismo que la de Andorra y Suiza, pues fueron países usados por el clan para realizar sus movimientos financieros espurios. Una familia de “grandes colmillos y grandes garras” que merece, además del repudio actual de la mayoría de los españoles, que les caiga todo el peso de la ley y paguen por sus defraudaciones, mentiras, engaños, falta de moral y por ser un grupo gansteril que avergüenza al país entero; pero la cárcel será la reivindicación para la nacionalidad española al completo y sentar el precedente que debe sentarse a favor de la honradez y la honorabilidad pisoteadas por la mal llamada “Sagrada Familia.”

Erdogan, Dictador de Turquía, Cobra

Venganza contra Golpistas

ANKARA, Turquía-Que no le quede a nadie la menor duda de que Recep Tayyip Erdogan, no es un presidente constitucional, libremente elegido por el pueblo, en unas votaciones también libres y democráticas. Nó, Erdogan es un dictador en el amplio sentido de la palabra, puesto que está posado más allá de las leyes, se fundamenta en la fuerza de un ejército poderoso que le es leal, que persigue, acaba, asesina y encarcela a sus opositores, por más pequeños que estos sean, y decide sobre el bien y el mal en este milenario y carismático país, puente entre oriente y occidente, entre Asia y Europa y que tiene la mitad de su territorio en el Viejo Continente y la otra mitad en Oriente Próximo.

Macro-juicio y cadenas perpetuas

            Al llegar a su término el último de los grandes procesos judiciales en esta Capital, a raíz del intento de golpe de Estado del verano del 2016, en el que fallecieron 251 civiles y oficiales leales a la dictadura y más de 2 mil personas resultaron heridas, fueron leídas las sentencias a los cerca de 500 imputados, de los cuales 38 fueron condenados a cadena perpetua y el resto a penas de cárcel que oscilan entre los 6 y los 16 años. Una decena de los mismos presuntos golpistas, se dieron a la fuga hacia naciones vecinas como Albania, Rusia, Grecia, Chipre y Los Balcanes, cuando la asonada contra Erdogan fracasó. Al final del proceso, fueron declarados inocentes o exonerados, por ser cadetes o soldados rasos que solamente recibieron órdenes de los mandos superiores.

            Hay que enfatizar que, entre los imputados, la mayoría pertenecía a la Guardia Presidencial, un cuerpo de élite muy cercano al dictador, ya que estaba encargado de la seguridad del jefe de Estado turco. Al finalizar el intento golpista, este cuerpo fue disuelto en el acto, “por haberse rebelado contra quien tenían la misión de proteger”, en este caso al mismo Recepp Tayyip Erdogan, según cita el auto de la acusación.

            Entre los condenados a la pena máxima, esto es… a cadena perpetua, seis ex militares recibieron (especial) perpetuidad en el fallo de los jueces y ello les impide solicitar una revisión penitenciaria. Es así como vemos que la mano vengativa del tirano no se anduvo “con paños tibios” y aplicó “SU” ley con el mayor rigor posible. Por ejemplo, el coronel Muhammet Tanju Poshor, quien ordenó ocupar el edificio de la radiotelevisión pública, la noche del golpe; y el teniente coronel Umit Gencer, quien obligó a una presentadora de la cadena pública TRT, a leer la declaración de los alzados en armas, en vivo y en directo a todo el país, fueron dos de los personajes que recibieron el máximo castigo al que hicimos referencia en las líneas anteriores.

            Así también, el encargado de la seguridad del Palacio Presidencial, junto al ayudante de campo del propio dictador Erdogan, fueron condenados porque, según los fiscales, la noche del acontecimiento jugaron un papel esencial “en la coordinación entre los golpistas.”

            Pero el tirano que gobierna con mano de hierro a Turquía no se detuvo al finalizar estos procesos sin precedentes en esta nación islámica, sino que está haciendo ingentes esfuerzos para capturar y extraditar desde los Estados Unidos, al predicador musulmán Fethullah Gülen, quien, según Erdogan, es el autor intelectual desde su exilio en Norteamérica, del golpe de Estado fallido. Incluso, el aparato judicial turco (total y absolutamente plegado a las órdenes del dictador), ha declarado a la organización político-religiosa de este clérigo, culpable de los hechos acaecidos en Ankara. Es por eso que un documento de la seguridad del Estado manifiesta que “durante décadas los gülenistas se han infiltrado en la administración pública y las fuerzas de seguridad del gobierno, controlando puestos clave, como las unidades de inteligencia o de recursos humanos, lo que les permitía abrir el paso a las Instituciones a otros discípulos del predicador islamista.” Por esa razón, subsiste y persiste la sospecha de que la asonada provino de este líder desterrado en América del Norte.

Antiguos aliados      

            No siempre ha existido esa pugna entre los seguidores de Gülen y de Erdogan, porque en la primera década de la dictadura del segundo, forjaron una estrecha alianza e, incluso, gracias a esos nexos, pudieron neutralizar a enemigos comunes de aquel entonces, quienes estaban enquistados en la burocracia Estatal y en el ejército. Pero, a partir del 2013, estos aliados se confrontaron entre sí, debido a la lucha por el poder que quería el uno y el otro y Erdogan logró mantenerse al frente del país y, de inmediato, declaró al grupo religioso de Gülen, organización terrorista y aquel tuvo que abandonar Turquía con rumbo al exilio.

            No conforme con haber expulsado a su ex amigo del país, ordenó realizar una inmensa purga en el seno del gobierno y fue sustituyendo a los acólitos del clérigo musulmán, por miembros de su partido y militantes de la extrema derecha turca, afines, por supuesto, al dictador, quien apareció fortalecido e inamovible en los enclaves del poder.

            El aseguramiento de su posición en la cabeza de la dictadura, no ha concluido, porque Erdogan tiene que vigilar y limpiar constantemente de enemigos ubicados en los estamentos del Estado; y el golpe de Estado reciente le ha servido, a manera de acicate, para insistir en que, en cualquier instante, podría producirse un nuevo alzamiento. Por eso sus fuerzas de seguridad se mantienen con el ojo avizor alerta, en una constante tensión en la que la paranoia del tirano se siente por todos los corrillos del Palacio de Gobierno y demás dependencias y ministerios.

            La posición política de Tayyip Erdogan, en la actualidad, no es la más favorable, puesto que las encuestas recientes no le son afines; de tal manera, ha acusado directamente a la formación de congresistas de centro-izquierda CHP, la segunda más numerosa en el Parlamento, de ser una aliada de los golpistas que han sido juzgados hace pocos días. Su temor se ha hecho manifiesto cuando, en un discurso ante los diputados, acusó  que el mensaje de la oposición “es un instrumento de golpistas y terroristas”; seguidamente enseñó al pueblo un video propagandístico, emitido por los principales canales de la televisión turca, en los que se vincula al CHP con todos los golpes de Estado que tuvieron éxito en los años 1960, 1971, 1980 y 1997; y en los fracasados intentos del 2007 y 2016. No obstante, los hechos reales han demostrado que los golpes de Estado se han efectuado por facciones militares diversas y rara vez han tenido sustento en partidos políticos contrarios a la dictadura.

              Naturalmente, por ser una dictadura no declarada y por el inestable ambiente interno del país, la Unión Europea (UE), no ha aceptado a Turquía para ser miembro de este grupo de naciones; además por poseer muchas leyes esencialmente islámicas, que, ante la modernidad del continente, chocan de frente, precisamente porque van en contra de los derechos humanos de las minorías raciales, la mujer y otras sinrazones que mantienen al Estado turco desligado del resto de Europa.

            Pero una situación es diáfana, clarísima, en la Turquía del Siglo XXI: está regida por un dictador que hace cualquier movimiento o sesgo, con tal de mantenerse en el poder sin que le tiemble el pulso en las decisiones que toma y sin reparar en los daños que causa a las vidas humanas y a la sociedad.

Finalmente Acusan al Gobierno Israelí por su

Política de Apartheid

TEL-AVIV, Israel- Ese sentirse “el pueblo elegido” de parte de los israelíes (por no sabemos quién o qué se arrogó esa calificación), indica, de hecho y de antemano, que estamos tratando de una raza o pueblo (supuestamente) distinto al resto de la humanidad y ello es, a todas luces, una muestra de un privilegio, y llevado al extremo, desemboca en racismo y… en apartheid. Justamente eso es lo que sucede de parte del gobierno judío en su siempre tenso y criminal roce con el palestino y con los ciudadanos que habitan en la Franja de Gaza y Cisjordania.

            Pero no sabemos todavía por qué las organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos, se tardaron tanto en develar la verdadera naturaleza del trato que brinda Israel a Palestina y que no es otra cosa que racismo, crímenes de lesa humanidad, segregación y el robo diario de su territorio, aparte de no cumplir con la Resolución de las Naciones Unidas, que ordenó, en 1948, la creación del Estado judío y del Palestino, al mismo tiempo; pero Tel-Aviv ha “dinamitado”, desde entonces, el nacimiento del país de sus vecinos inmediatos y ha preferido la confrontación armada contra ellos, aislarlos y estrujarlos en su territorio, cada vez más diezmado o reducido.

Human Rights Watch

            Ha sido esta ONG internacional la que ha calificado, sin ambages y con toda claridad, a la política bilateral de Israel hacia Palestina, como un auténtico apartheid, tal y como lo observamos en las décadas de los 70s y 80s en la racista Suráfrica, contra la población negra, que era, dicho sea de paso, la verdadera dueña de ese país. Los blancos solo eran los intrusos e invasores del territorio surafricano.

            En el caso israelí, Human Rights Watch (HRW), señaló que en esta nación de Oriente Próximo “se dan las condiciones equiparables, debido a la intención de mantener la dominación de un grupo racial sobre el otro, en un concepto de opresión sistemática por parte de un grupo dominante, sobre el grupo marginado.” En palabras sencillas y con mayor claridad, los israelitas practican una política de segregación, ocupación, robo de tierras y racismo, contra el pueblo palestino y esta realidad es demasiado evidente, para seguirla ocultando.

            Y es que, por primera vez en 43 años de historia, esta ONG ha empleado la palabra o el concepto preciso, para definir y explicar la política de Israel en los territorios ocupados (con la fuerza de los tanques), que le han ido quitando paulatinamente a Palestina, y ese término no es otro más que “apartheid,” el racismo en su máxima expresión, con todos los  agravantes que lleva implícito, desde el asesinato individual, hasta el masivo, de las personas que pertenecen a la “otra” etnia.

            Lo cierto es que Human Rights Watch sigue la estela que va dejando la ONG israelí, B’tselem, que fue la primera que acusó al gobierno de Benjamín Netanyahu, en su propio país, por las violaciones a los derechos de los palestinos y, cuatro meses después, los estadounidenses de HRW acusaron también al mismo Gabinete judío por los crímenes que hemos reseñado aquí, concretamente de “apartheid y persecución” contra un pueblo al que consideran intrínsecamente enemigo e inferior.

Voluminoso Informe

            La denuncia presentada contra Israel comprende un legajo de 213 páginas, intitulado “Se ha Traspasado el Umbral: las Autoridades Israelíes y los Crímenes del Apartheid y Persecución.” Y, en acto seguido, pide a la comunidad internacional condicionar cualquier relación con el gobierno de Netanyahu, con el objetivo de que finalice dichos abusos.

            Por otra parte, en lo que parece un despertar de los organismos externos a Israel y de carácter mundial, la Corte Penal Internacional (CPI), ordenó una investigación sobre crímenes de guerra perpetrados por Israel y en contra de Palestina y su pueblo. De hecho, ya existía un precedente, porque el Estado judío expulsó, en noviembre del 2019, al representante de la CPI, Omar Shakir, argumentando interferencia en los asuntos internos de Israel. Y, tanto la CPI, como Human Rights Watch, han expresado categóricamente que “En Israel se dan condiciones equiparables al ‘apartheid’, debido a la intención de mantener la dominación de un grupo racial sobre otro, en un contexto de opresión sistemática por parte del grupo dominante sobre el grupo marginado y con frecuentes actos inhumanos.”

            Una de las recomendaciones que da HRW en su informe, es imponer un embargo de armas a Israel, de aquellas naciones que les venden, porque los asesinatos de parte de los soldados judíos a la población palestina indefensa, son la constante y se da todos los días a lo largo del año. Una práctica que se remonta desde 1948. Por eso la participación en este “genocidio” no reconocido ni dado a conocer mundialmente, llega de manera tardía al conocimiento de los demás pueblos. Es así como el mismo Omar Shakir ha dicho que “el umbral se ha cruzado desmedidamente; por ejemplo, en los casi 700 mil colonos israelíes que viven en estos asentamientos que (supuestamente) iban a ser temporales y se han convertido en construcciones permanentes, ante la falta total de acuerdo para la creación del Estado palestino.”

            A lo anterior debemos añadirle asesinatos en las mezquitas a grupos numerosos de fieles, cuando estaban en oración, cuando militares judíos irrumpieron y los masacraron a fuego cruzado de ametralladoras. Lo mismo han hecho con ancianos, niños y mujeres embarazadas, en Gaza y Cisjordania, sin que nadie, fuera de Palestina, levantara su voz para denunciar esta criminalidad flagrante y a plena luz del día. La última violación a los derechos humanos, la determinó –como siempre-, el propio Benjamín Netanyahu, dictador de Israel, quien prohibió que las vacunas de manufactura rusa, Sputnik V, entraran al corazón de ambos territorios palestinos, donde viven hacinadas más de un millón de personas y el coronavirus chino se expande veloz y fácilmente entre ellas. Un acto tan criminal como los anteriores, llevados a cabo con balas de ametralladoras.

            Para el director ejecutivo de la ONG estadounidense, Kenneth Roth, “negarles a millones de palestinos sus derechos fundamentales, sin que exista una justificación legítima de seguridad y por el solo hecho de ser palestinos y no judíos, no es meramente una ocupación (de sus territorios), abusiva.” Y en este caso concreto, HRW se basa en la definición legal del término “apartheid”, que, según el Estatuto de Roma, “es un crimen contra la humanidad”, tal y como acontece de parte de Israel contra sus permanentes enemigos.

            La respuesta del gobierno judío ha sido la esperada: minimizaron el informe y el Ministerio del Exterior calificó el documento de “simple panfleto de propaganda, sin ninguna vinculación con los hechos o la verdad y redactado por una organización movida, desde hace tiempo, por una agenda anti-israelí.” Esta misma respuesta le fue dada a B’tselem, que fue la primera ONG que utilizó el término “apartheid” para aplicárselo a sus propios compatriotas judíos.

            Desgraciadamente, los hechos han sido prístinos (inalterados, que permanecen en su esencia primaria), muy evidentes e imposibles de ocultar y si no han sido divulgados internacionalmente, ha sido precisamente por la indolencia y esa indiferencia que, en ocasiones, caracteriza a las organizaciones mundiales que callan y no sabemos con acierto la razón de ese silencio. Pero que Israel comete crímenes de lesa humanidad a diario… los comete y las pruebas están a la mano, de quienes deseen conocer más sobre la sangre derramada del pueblo palestino, vejado, ayer, hoy y siempre.

Derek Chauvin Culpable en todos los Cargos

MINEÁPOLIS, USA- El ex oficial de la policía de esta ciudad, Derek Chauvin, ha sido hallado culpable de los cargos de los que se le ha acusado, por quitarle la vida al ciudadano afroamericano, George Floyd. El juicio concluyó y el jurado deliberó por espacio de 10 horas, repartidas en dos días, mientras una tensa calma invadía a la nación estadounidense de norte a sur y de Este a oeste. La tensión “se podía tocar en el aire”, tal el grado de expectación que causó este proceso cuyo principal eje fue el racismo manifiesto en el ex policía, quien asesinó a plena luz del día, despaciosamente y ante la mirada de los transeúntes –quienes grabaron el hecho con sus celulares-, al afroamericano, sin que mediara, de parte de éste, ningún indicio de violencia o posibilidad de escape.

            El crimen sorprendió al mundo por dos razones principales, una política y la otra psíquica. La primera, porque ocurrió en la supuesta democracia más grande y sólida del planeta, donde el racismo no había llegado a tal extremo de desfachatez ni de odio manifiesto y abierto; y la segunda razón, desde el aspecto psicológico, mostró a un oficial de la policía totalmente alienado, frívolo, quien disfrutó de los minutos cuando su rodilla apretaba la garganta del afroamericano George Floyd, sin importarle que lo estuvieran filmando y pudiera ser detenido y enjuiciado posteriormente, tal como ocurrió. La actitud despreciable y despreciativa de la vida de una persona de raza negra, por parte del ex oficial Chauvin, no dejan de sorprender cada vez que alguien observa las fotografías que han inundado a los medios de prensa y el internet, precisamente por su frialdad en el instante cuando estaba asesinando al ciudadano afroamericano y el hecho de que nunca se incomodó porque lo estuvieran tomando con los teléfonos móviles, gran cantidad de personas que atestiguaron el asesinato. Da la impresión de que el odio racial que sintió Chauvin en este instante, lo inhibió emocionalmente para reaccionar en contra de los testigos y creyera que el homicidio era un acto que debía llevar a cabo, así de cualquier modo. Simplemente no le importó lo que estaba pasando más allá de su circunstancia inmediata, porque su único afán era acabar con la vida de Floyd, un hombre de tez negra. Las imágenes fueron contundentes para declararlo culpable, por parte del jurado.

El Proceso

            El país entero detuvo la respiración cuando se dio a conocer que el juicio había concluido y decenas de personas se apostaron en los sitios más emblemáticos de las principales ciudades de los Estados Unidos; incluso, el presidente Joe Biden, junto a su vicepresidenta (de raza negra también), Kamala Harris, siguieron con detenimiento y por la televisión, el momento cuando los miembros del jurado dieron a conocer su decisión en relación con el acusado, Derek Chauvin.

            Afuera del edificio de los tribunales, un contingente numeroso de soldados resguardaba al juez, los testigos, abogados, fiscales y brindaba seguridad por completo a los funcionarios que laboran en ese lugar; y unos metros más distantes, la muchedumbre se agolpaba para conocer el veredicto. Cuando éste se hizo público, el estallido de entusiasmo y felicidad, se escuchó en toda la nación.

            También, los negocios en el corazón de esta urbe, permanecieron cerrados con cortinas de acero en sus fachadas y grandes tablas de madera, en prevención de otra manifestación de violencia, en el caso de que Chauvin recibiera un veredicto favorable. La novia del ciudadano negro asesinado, Courtney Ross, no dejaba de repetir: “Un veredicto de culpable, es lo que necesita esta ciudad para recuperar su paz.”

              Hemos de decir que, dentro del derrotero del proceso judicial, la defensa de Chauvin fue débil, posiblemente ante la contundencia de las evidencias presentadas, que incluyeron fotografías y films de celulares, como si se tratara de una banda fílmica, realizada por un productor para una película de Hollywood, tal el tiempo y la dedicación que tuvieron los transeúntes para grabar la incidencia. Incluso, el mismo Derek no manifestó palabra alguna en su defensa y se dedicó a pasear su mirada, entre preocupada y glacial, por el salón donde se efectuaba el juicio. Siempre la frialdad fue su característica más llamativa. “Es un hombre que podría matar a su madre, sin demostrar la menor emoción en ese instante,” explicó un psicólogo de la ciudad.

            El juez, ante la expectativa reinante adentro y afuera del recinto judicial, iba leyendo los resultados de la deliberación: “guilty, guilty, guilty” (“culpable, culpable, culpable”), se le escuchaba decir claramente, ante la unanimidad de los miembros del jurado. Lo cierto fue que el ex policía de Mineápolis, Derek Chauvin, bajó de su auto al afroamericano George Floyd, lo redujo, lo hizo acostarse boca-abajo junto a una de las ruedas del automóvil policial y apretó su cuello y garganta con su rodilla izquierda durante casi 10 minutos, hasta que éste dejó de respirar. Su voz entrecortada por la agonía, le imploraba: “No puedo respirar, no puedo respirar”, pero el ex oficial Chauvin no hacía caso al ruego del gigantesco y corpulento hombre negro, quien pudo oponer resistencia física a la captura y haber ganado en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, pero se trataba de un hombre decente, muy tranquilo y respetuoso de las leyes, según las palabras de varias de las personas que le conocieron cercanamente.

            Y mientras Floyd agonizaba, otros tres policías se sumaron al asesinato, leales a Chauvin y, sin duda alguna, comprometidos con el racismo que existe en los cuadros policiales de los Estados Unidos y que es el principal defecto que acusa esta democracia. Los uniformados así mismo fueron detenidos, están entre barrotes en sus celdas y en espera de otros procesos que prontamente decidirán sobre la culpabilidad que indudablemente tienen sobre sí.

            Dos minutos después de que Floyd perdiera el conocimiento y diera paso a la muerte, Chauvin siguió apretando con su rodilla al cuello del afroamericano, con fuerza inusitada.

            Todo ello quedó registrado en gran cantidad de celulares, tal el desparpajo, frialdad y descaro del asesino, quien actuó a plena luz del día y ante la mirada de decenas de circunstantes.

Glacial, siempre glacial

            Mientras el juez Peter Cahill (miembro del Cuarto Circuito Judicial), leía el veredicto del jurado, Chauvin movía nerviosamente sus ojos y su boca y nariz se hallaban cubiertos por una mascarilla quirúrgica por causa del coronavirus; pero su actitud glacial durante todo el proceso, incluyendo el día de la lectura de la decisión de los miembros del jurado, fue la única emoción que presentó. Incluso cuando el mismo juez revocó su fianza (luego de haber pagado US$1 millón para quedar en libertad), y ordenó que le llevaran a las celdas, Chauvin tampoco mostró preocupación, tristeza y mucho menos, arrepentimiento.

            Los componentes del jurado fueron seis blancos, cuatro negros y dos que se identifican multirraciales, quienes escucharon a las dos partes, la fiscalía y la defensa, y llegaron a la conclusión de que el acusado actuó con toda la alevosía posible y no les resultó convincente el argumento del abogado de Chauvin, llamado Eric Nelson, quien arguyó que “la acusación no había probado más allá de la duda razonable que mi cliente usó la fuerza excesiva y que Floyd murió a causa de esa misma fuerza.” Alegó también que el fallecimiento pudo haber sido por “el consumo de drogas (de Floyd), su pasado médico y la tardía actuación (de los paramédicos), y esos pudieron ser los factores determinantes.” La fiscalía, al rebatirle, mencionó: “no olviden, ustedes miembros del jurado, lo que vieron sus ojos: un video que conmocionó al mundo en la primavera pasada y que provocó una aleada de protestas y tensiones raciales, dentro y fuera de los Estados Unidos.”

            En lo que respecta al presidente de la nación, Joe Biden, dijo que el veredicto “es un paso gigante hacia la justicia, pero no es suficiente para combatir al racismo sistémico. Este puede ser un momento de cambio significativo;” de paso, exigió que el Congreso apruebe reformas a las prácticas policiales, “para estar a la altura del legado del afroamericano George Floyd”. Y añadió: “Fue un asesinato a plena luz del día y le quitó al mundo la venda de los ojos, para que viera el racismo sistémico. Ese problema es una mancha en el alma de la nación, una rodilla en el cuello de la justicia para los estadounidenses negros que sienten un miedo y un trauma profundo, dolor y agotamiento. Nadie debería estar por encima de la ley y el veredicto de hoy envía ese mensaje; pero no es suficiente. No puede parar aquí. Para conseguir cambios y reformas verdaderas, podemos y debemos reducir la probabilidad de que tragedias como estas, puedan pasar de nuevo.”

            Seguidamente, el presidente de los Estados Unidos recordó un proyecto enviado al Congreso, que lleva el nombre de George Floyd precisamente y que busca reformar a los departamentos de policía, prohibirles las tácticas que causaron la muerte del afroamericano y facilitar las demandas contra aquellos agentes que hieran o maten injustamente a ciudadanos. Al finalizar su intervención desde la Casa Blanca, Biden manifestó: “(la aprobación de la reforma) no debería tardarse un año, (porque) las palabras de George Floyd fueron, ‘no puedo respirar’. (Entonces) no podemos dejar que esas palabras mueran con él. Tenemos que seguir escuchándolas. No debemos mirar a otro lado. El legado de George no solo será sobre su muerte, sino sobre lo que debemos hacer en su memoria.” Concluyó.

            Así, el ex policía Derek Chauvin espera en estos momentos, encerrado en una reducida celda de máxima seguridad, la sentencia del juez. Podrá recurrirla, pero no sabemos si su abogado estará dispuesto a “jugarse esa carta”, debido a la contundencia de las pruebas. El ex oficial fue hallado culpable de asesinato involuntario en segundo grado, que es penado con 40 años de cárcel; de asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años; y de homicidio involuntario en segundo grado, que implica hasta 10 años de prisión. Sin embargo, tiene el atenuante de que no posee antecedentes penales y por ese detalle podría ser condenado solamente a un máximo de 12 años y medio de cárcel por cada uno de los primeros dos cargos y a 4 años, por el tercero.

            En todo caso, Derek Chauvin, segundos antes de que el juez leyera el veredicto del jurado, apuntó en la palma de su mano el número de teléfono de su abogado: evidentemente estaba convencido sobre cuál iba a ser la determinación de los competentes y a sabiendas de que era tan culpable como el peor de los criminales. Después de la lectura del fallo, le ordenaron ponerse de pie, poner sus manos atrás para esposarlo y ser conducido a un calabozo.

            La sentencia se podrá escuchar dentro de unas seis y ocho semanas.

Comenzó Juicio por Asesinato de

George Floyd

MINEÁPOLIS, USA- A diez meses del impresionante y cruel asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, a manos de cuatro gendarmes de la policía estadounidense, ha dado inicio el proceso que tiene como principal culpable al ex oficial Derek Chauvin, el asesinato evidentísimo y filmado por varios celulares de circunstantes curiosos, cuando procedía a matar al ciudadano de tez oscura en una calle de esta ciudad. Las primeras escenas del proceso se han dado en el edificio del Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin, sede de este acontecimiento que ya tiene carácter de histórico, debido a su enorme relevancia.

            Previamente, se informó que el gobierno de la misma ciudad indemnizará con US$27 millones a la familia de la víctima, un monto que ayudará a estas personas en sus necesidades más perentorias, a pesar del dolor por haber perdido a uno de sus miembros más importantes en las garras de la violencia policial.

            Y es que el ex policía no solo demostró su intrincado e intrínseco racismo cuando puso su rodilla sobre la garganta de Floyd, en una acción que ha sido reiterativa en él a lo largo de su carrera policial, sino que descubrió el racismo que corre subrepticiamente en la realidad de la sociedad estadounidense y que, de cuando en cuando, emerge a “los canales y desagües” en forma de violencia desenfrenada e injusta. Así mismo, quedó claro el sentimiento anti-racial que coexiste en las mismas capas sociales y que incendiaron a varias ciudades cuando se conoció el asesinato del gigante hombre negro.

             Es tan grande el sentimiento racista de Derek Chauvin, que no le importó ver que le estaban filmando con varios aparatos celulares alrededor, mientras su víctima le dijo en 20 oportunidades –que se escuchan con claridad en los mismos móviles-, que no podía respirar. Simplemente su deseo pudo más que su vergüenza de oficial de la policía y continuó apretando el cuello de Floyd, hasta que éste dejó de respirar finalmente. Todo ese material fílmico está siendo presentado en el juicio y, de hecho, el proceso ha comenzado precisamente con esas escenas criminales, en las que Chauvin tiene, junto a la rueda de su auto policial, la cabeza de George Floyd bajo su rodilla.

Ante millones de racistas… millones de anti-racistas…

            No es preciso ni obedece a la realidad cotidiana de los Estados Unidos, asegurar que el país está dividido en cuento al tema del racismo; pero sí es realista observar y enunciar (y denunciar también), que son millones de estadounidenses quienes consideran a los negros una sub-raza y una sub-cultura que se debe expulsar de este territorio y muchos de ellos creen en el aniquilamiento físico. Pero también es cierto que ante los millones de racistas norteamericanos, hay millones de personas que detestan dicha aberración y hacen patente y pública esa repulsión. El asesinato racial de George Floyd hizo que estos últimos salieran a las calles de varias urbes estadounidenses, para gritarle al mundo su disconformidad, su enojo y su repudio por el flagrante crimen contra un ciudadano negro. En esas congregaciones espontáneas, estaban presentes tanto negros como latinos y muchísimos rubios que admiran, respetan y aman a la raza negra.

            Los incendios, saqueos de los centros comerciales y tiendas, así como las muertes acontecidas durante la ira generalizada por el crimen, fue algo que también consternó al mundo y llenó de esperanza –aunque parezca paradójico-, al resto de la humanidad, porque el mensaje implícito en tanta violencia callejera, nos dijo que el amor entre todos los elementos de distintas razas es algo que prevalece por encima del odio vociferado, difundido y practicado por los racistas representados en esa oportunidad por el ex policía Derek Chauvin. El mensaje enviado al ex mandatario Donald Trump, un simpatizante del judaísmo mesiánico y ultra-ortodoxo y por lo tanto, racista, fue que en los Estados Unidos una gran cantidad de personas detestan a quienes odian por la sinrazón de tener distinto el color de la piel, por encima del alma y los sentimientos de los seres humanos llamados “diferentes.” El silencio de Trump, al principio; y sus torpes palabras, después, solo le quitaron la careta de su rostro y le mostraron como un racista decidido y peligroso, incrustado en el centro del poder del país.

            Volviendo al tema del juicio contra el ex policía Chauvin, el jurado ha sido conformado por 15 personas, con 9 blancos y 6 de otras etnias; y los entendidos en materia judicial han señalado que la defensa del criminal alegará que “Floyd no fue asesinado durante el arresto, sino que falleció circunstancialmente por las drogas que habría ingerido previamente y por varias dolencias coronarias que padecía”, y para ello, esos mismos abogados (en su triste papel), emplearán los resultados de la primera de dos autopsias que se le practicaron a la víctima. Aunque la segunda autopsia arrojó el inevitable y convincente dato de que George Floyd murió asesinado por la rodilla del ex policía Derek Chauvin, que le quitó el oxígeno y le impidió seguir respirando. Además, hay decenas de videos que registraron el hecho y que pertenecen a los celulares de las personas que filmaron el fatal momento, reiteramos incansablemente.

            El indubitable asesino, Chauvin, de 45 años y un currículo vitae de violencia y racismo a lo largo de su vida, está acusado de asesinato en segundo y tercer grado y homicidio involuntario en relación con la muerte de George Floyd, de 46 años, ocurrida el 25 de mayo del 2020; se enfrenta a una pena máxima de hasta 45 años en prisión por el cargo más grave y es muy posible que obtenga su libertad a los 95 años, lo cual supone una cadena perpetua, si lo vemos dentro del contexto del paso del tiempo que estará tras los barrotes. Sin embargo, si el veredicto al final de este proceso no es el que se espera, a pesar de la contundencia de las evidencias en su contra, las autoridades temen que se desaten nuevas oleadas de violencia en las ciudades de los Estados Unidos y ello, tanto el presidente Biden como los jueces, desean evitarlo a toda costa. Según las tomas hechas por los teléfonos móviles y cámaras de seguridad instaladas en los edificios aledaños, Chauvin “está invitado a pudrirse en prisión” y en el tanto la justicia sea aplicada de la manera correcta y en la forma inequívoca. Eso esperamos todos quienes observamos el asesinato en una de las calles de Minneapolis y aborrecemos el racismo criminal.

Otro proceso contra ex compañeros de Chauvin

            Pero la historia no comienza ni termina con Derek Chauvin, sino que continuará en otra sala de juicios, porque otros tres agentes que estuvieron presentes aquel día del asesinato de Floyd, serán presentados ante el gran jurado por asistirle en el homicidio. Se trata de Thomas Lane, J.A. Kueng y Tou Thao, quienes no hicieron nada por ayudar a la víctima, por quitar la rodilla de Derek de su cuello e, incluso, participaron de hecho en el asesinato, algo que quedó registrado también en las cámaras de los celulares y de vigilancia. Los tres fueron despedidos de sus puestos y serán presentados al tribunal en agosto próximo; sin embargo, “la estrella”, el mayor criminal de los cuatro, sin duda es Chauvin, según hemos constatado todos alrededor del mundo, una vez que los videos del asesinato se hicieron virales. El fiscal general de Minnesota es Keith Ellison, quien lidera a todo un equipo que actúa en la parte acusatoria.

            En lo que estriba al pago de la indemnización a la familia de Loyd, esta recibirá, como hemos esbozado en las líneas de arriba, US$27 millones, lo cual sienta otro precedente en la ciudad, porque nunca antes se había presentado una situación de tal magnitud y se trata del mayor acuerdo extrajudicial por un delito relacionado con el racismo, según ha explicado el abogado de la familia. Y ha sido tan repudiable el hecho, que los miembros del gobierno local de Mineápolis, lo acordaron de manera unánime y “sin pestañear” siquiera. Es cuando la mismísima defensa del asesino Chavin ha dicho que “el pago es una admisión (tácita), de la culpa policial, que empaña todo el proceso.” Y con base en ese argumento, el acusado trató de desestimar este juicio y comenzar uno nuevo en otro lugar y con otro magistrado, pero fracasó ad portas en su intento por salvarse de una culpa por un crimen que todos hemos observado alrededor del planeta, repetimos.

            En un intento de síntesis de nuestra parte, pues “el camino empedrado” por el que deberá transitar el homicida, apenas empieza, y lo sitúa en el medio de un conflicto que nadie quisiera tener sobre sus espaldas, porque todo indica que será condenado irremediablemente, si confiamos en la lógica, el raciocinio y capacidad del jurado y del juez. Lo anterior a la luz del proceso, dentro de la dinámica que deberá tener; pero coexiste otro problema de gran envergadura y que preocupa grandemente a las autoridades, así también a la Casa Blanca, y se trata de las manifestaciones de apoyo y enojo a favor de George Floyd. Es por esa razón que la ciudad ha sido reforzada con la seguridad policial y no escatiman que se vayan a presentar revueltas en casi todas las urbes estadounidenses, incluyendo Washington D.C., sede de gobierno de los Estados Unidos.

            Lo positivo se centra en que ya no está en el poder Donald Trump, un azuzador congénito e inconsciente de la violencia y un racista declarado, quien, durante las manifestaciones por el asesinato del ciudadano negro, ofreció a cada gobernador de cada Estado de la Unión, llevar contingentes del ejército para que dispararan contra los enardecidos seguidores de George Floyd y abiertos contrarios al racismo. En otras palabras, la presión que tienen sobre sí los miembros del jurado y el propio magistrado, es enorme, y, de acuerdo a la lógica más elemental y rotunda… deberían condenar al ex policía con base en las ineludibles y clarísimas evidencias. De no hacerlo… volverán a incendiar a los Estados Unidos, una nación que en estos momentos está “sentada sobre un barril de pólvora” después del odio sembrado por Trump, las muertes por el coronavirus chino, la recesión económica con todos sus agravantes y por la misma fuerza implícita que lleva en sí el anti-racismo.

Esto apenas comienza. Observemos… 

Le Falló el Cálculo Político a Ex Presidenta

 de Bolivia, Jeanine Áñez

LA PAZ, Bolivia-No nos queda la menor duda de que esta mujer boliviana tiene una vocación admirable por el sistema democrático, por la práctica de los valores de la libertad, la justicia y las decisiones que descansan en los pueblos soberanos; pero cometió un inmenso error que le ha llevado a prisión, sin que ella nunca lo hubiera imaginado jamás: permitió que un esbirro del narco-dictador comunista, Evo Morales, se postulara en las últimas elecciones y… ¡las ganara! Y es que la democracia es precisamente eso… permitir que cualquiera, sin importar sus inclinaciones ideológicas, presente su nombre a consideración de los votantes; y, en el tanto que Áñez, entonces presidenta interina del país, hubiese prohibido la postulación del acólito de Evo Morales, hubiera incurrido en un grave error anti-democrático, porque, justamente, la democracia es eso… permitir lo que en los regímenes dictatoriales está vedado por naturaleza; es decir, que los enemigos del dictador de turno y del sistema dictatorial, hagan política aunque sea en mínimo grado.

            Por supuesto que nos estamos refiriendo al ganador de esos comicios, “la mano derecha (o izquierda, en este caso, para ser más precisos), de Morales, el actual mandatario boliviano, Luis Arce Catacora, algo más que un copartidario del líder cocalero de ultraizquierda, sino su servil ciego y supra-obediente. Pasó poco tiempo desde que este individuo asumiera el mandato en Bolivia, para que ordenara la cobarde “revancha” contra Jeanine Áñez, quien ya había cumplido la misión de deponer a Evo Morales de su silla dictatorial en la que parecía inamovible (por la eternidad), y devolver la democracia a su nación, y le cayó en su casa de habitación la policía –en la madrugada, según es el procedimiento de los represores marxistas-, y se la llevaron presa, sin una acusación previa que aclarara el motivo de dicha aprehensión. Mientras tanto, los demás líderes de América callaban y han callado hasta este preciso instante. Hoy, Áñez está más sola que nunca en su mazmorra propiedad de los comunistas y a plena disposición del despotismo, el salvajismo y la criminalidad de los marxistas de América del Sur, y, en este caso… de la venganza de Evo Morales, a quien ella bajó de su dictadura.

Para empezar, cuatro meses de prisión

            Yendo al grano, el gobierno marxista de Bolivia ha amenazado con condenarla unos 30 años, con “fundir” en su celda a la pobre ex presidenta Jeanine Áñez; pero, por el momento, la fiscalía pidió 6 meses de cárcel, aunque solo consiguió 4 meses de prisión preventiva. ¿De qué se le acusa? Obviamente su “pecado” fue deponer a Evo Morales de la cabeza de la dictadura del país, cuando, después de haber amañado las penúltimas elecciones, las ganó con base en las matráfulas y movimientos espurios y declaró descaradamente que no entregaría el poder. La venganza, por esa razón, ha sido servida en contra de esta mujer, quien pecó de democrática, honesta y nada revanchista con los comunistas seguidores de Evo Morales, a quienes debió perseguir y meter en prisión, antes de que hicieran con ella lo que ahora han hecho. La lección con los marxistas no ha sido aprendida todavía en ningún lugar del mundo, a pesar de los múltiples casos que se han dado; es decir, ¡A un marxista no se le puede dejar en libertad nunca! Porque es dañino, es un destructor de la democracia, de las libertades civiles e individuales de los pueblos y personas y, una vez empoderados, acabarán contigo “sí o sí”, sin pensarlo dos veces.

            Junto a la señora Áñez han sido encarcelados Alvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, ambos ex ministros de su fugaz Gabinete, que solo fungió para devolver la democracia a Bolivia y que perdió debido al triunfo de Luis Arce, quien se postuló solamente para salvar de la repatriación y un eventual juicio por corrupción y narcotráfico, a su cuasi-hermano, Evo Morales. La postulación de Arce no tuvo otro objetivo que ese… proteger y salvaguardar la integridad física y política de Evo Morales y aún no se sabe cuándo entregará el poder al mismo líder cocalero, porque ese es el próximo movimiento que se espera que ejecute Arce Catacora.

            Retornando al tema de la razón del encarcelamiento de Jeanine Áñez, la fiscalía boliviana la ha acusado de golpista contra el Estado de Bolivia y, por supuesto, por haber quitado de su dictadura a Evo Morales. Es muy evidente, clarísimo, que los que están actuando desde las Cortes de Justicia y la Presidencia de la República, son los amigos de Evo, narco-comunistas semejantes a aquel; y han solicitado la prisión preventiva alegando “riesgo de fuga y obstaculización de la investigación” como si hubiera algo que investigar, pues no hay delito siquiera. Pero los narco-comunistas han acusado a Áñez y sus ex compañeros de Gabinete, de “terrorismo (¡!), conspiración y sedición (¡!).” Los tres prisioneros se encuentran en los complejos carcelarios de Obrajes, en La Paz, donde se encuentra Áñez; y sus ex colaboradores en la penitenciaría de San Pedro.

            Un detalle digno de ser tomado en cuenta en el momento de brindar esta información, se refiere al hecho de que el gobierno actual de Bolivia ha decidido procesar a Jeanine Áñez en su papel de ex senadora y nunca como ex presidenta de la República, aunque las razones de esta decisión no han sido explicadas por los nuevos dictadores bolivianos.

Sin defensa ni esperanza

            La situación actual por la que atraviesa la ex mandataria, es delicada, muy cruda y difícil, pues no se le ha facilitado “el debido proceso,” carece de abogado defensor y sus esperanzas de recobrar la libertad son escasas, casi nulas. En medio de su desesperación, ella envió una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA), un ente, de todas formas, estéril en el continente, según lo que le hemos visto a lo largo de su existencia; y también a la Unión Europea (UE), donde aduce que sufre “persecución política aberrante”; y ante los periodistas la ex presidenta ha insistido en señalar que merece “un juicio especial y no el ordinario que se le planea otorgar.” Es por eso que ha dicho: “Yo tengo privilegios, le guste o no a Evo Morales”, quien es su captor y permanece detrás de toda esta ignominia que sufre Áñez. 

            Con mayor claridad y de frente a la opinión mundial, funcionarios del actual gobierno comunista de Bolivia han explicado sobre este asunto particular: “La revolución indígena pretende encarcelar a Áñez, a cinco de sus ministros y a los siete militares y policías que participaron en la caída de Evo Morales.” Ante esta descarnada y descarada declaración, dicha con una franqueza inesperada, la Iglesia Católica y parte importante de la sociedad civil boliviana, ha expresado su repulsión contra los narco-comunistas que se hicieron nuevamente con el poder en esta nación andina.

            Desde la comunidad internacional se han escuchado voces apenas audibles, por su debilidad e indolencia de sus líderes; por ejemplo, Josep Borrel, Alto Representante de la Unión Europea, manifestó tímidamente: “El diálogo y la reconciliación son cruciales; las acusaciones por los hechos del 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas, respetando la independencia de poderes.” Sin embargo, estas palabras del español que está al frente de la diplomacia de la UE, son nada más que suave retórica, incapaz de cambiar absolutamente nada en la realidad de Bolivia y mucho menos a favor de Jeanine Áñez y sus ex colaboradores presos.

            Y, a pesar de lo que hemos reseñado aquí, los matones de Evo Morales y de su subalterno Luis Arce, quien hace la farsa de ser presidente de la República, han capturado a Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala, quien estuvo al frente de las protestas callejeras que se dieron en Cochabamba, cuando se ventiló que Evo Morales había incurrido en fraude electoral para perpetuarse en el poder.

            Pero, cuando parece que tiene todo en su contra, Áñez ha recibido el espaldarazo moral y espiritual de la Iglesia Católica boliviana, que ha elevado su voz en contra de su encarcelamiento y denunció en un comunicado reciente que existe la pretensión del gobierno por crear una realidad falsa y que no fue lo que sucedió en Bolivia: “Se pretende tachar de golpista al pueblo y a sus representantes que defendieron el voto ciudadano y a la democracia, mientras que presentan como víctimas a los autores del fraude (Evo Morales es quien encabeza a esas supuestas “víctimas, denunciadas por el Clero).” El documento fue firmado por Monseñor Sergio Gualberti, Arzobispo de Santa Cruz de la Sierra.

            En todo caso, la venganza del líder cocalero y narco-dictador, Evo Morales, ha sido ejecutada contra la persona que le bajó del poder, la señora Jeanine Áñez, y el largo brazo vengativo de este usurpador ha alcanzado también a otros funcionarios, líderes populares y militares que atinaron con acabar con su dictadura oprobiosa de miserias, mentiras, tráfico de drogas, lavado de dinero y connivencia con los otros dictadores de la región, en las figuras de Nicolás Maduro, Lula Da Silva, Cristina Fernández de Kircher y Rafael Correa, todos ellos manipulados desde La Habana, Cuba, por el criminal Raúl Castro, el verdugo de los pueblos libres y democráticos de América Latina.

“Cuando el Río Suena… ¿Narcotráfico Trae?”

TEGUCIGALPA, Honduras- Desde que Juan Orlando Hernández asumió la presidencia de esta república centroamericana, venimos leyendo crónicas en los periódicos del istmo y escuchando de las bocas de sus enemigos comunistas, que está hasta las sienes de narcotráfico, que participa de lleno y solapadamente en ese negocio tan arraigado en América Latina. Pero, cuando han sido los marxistas hondureños los que lo han acusado, hacemos caso omiso y pasamos la página, porque los comunistas están acostumbrados a acusar a todo aquel que no comulgue con su ideología de hambre y opresión. Y cuando son personas serias las que afirman que Hernández tiene amistad con “los varones de la droga”, hacemos un prudente silencio y comenzamos a leer e investigar un poco más… En otras palabras: “las mentiras en la voz del diablo, suenan a mayores mentiras” y si alguna vez hubo verdad en lo que se ha dicho, en las palabras de los comunistas pierde toda autenticidad y peso. Depende de quienes aseguren esto o aquello, para que sea creíble o lo contrario.

            Específicamente, el mandatario de Honduras ha aparecido nombrado en los juicios que se han llevado a cabo en los Estados Unidos y eso ha dado pie a la DEA para que abra una investigación profunda y un expediente con el nombre y la foto de Hernández. Por ejemplo, un miembro del cártel de “Los Cachiros” aseveró que el presidente hondureño recibió miles de dólares de ellos para “protegerlo a él, a su familia y a dos dirigentes más.” De tal modo, Juan Orlando Hernández, por más que ha querido soltarse de “esas feas amarras”, sigue unido a los narcotraficantes, aunque sea tan solo de palabra, hasta este preciso momento.

            Dos líderes de la banda narco de “Los Cachiros”, llamados Geonanny Fuentes y Devis Leonel Rivera Maradiaga, hoy presos y juzgados en los Estados Unidos por tráfico internacional de estupefacientes, señalaron al juez estadounidense que entregaron a Hilda Hernández, a la sazón hermana del mandatario, US$250 mil dólares en efectivo, con el fin de que les diera protección y así los militares ni la policía preventiva, los arrestaran y no fueran extraditados a la Unión Americana. “Les entregamos varios sobres con miles de dólares,” aseguró Fuentes ante los oídos atentos del jurado civil que analiza su caso y dará un fallo sobre su proceder.

            Esta confesión no solo apunta contra el presidente de Honduras, sino también contra su vicepresidente, la cúpula del ejército, la policía y contra los dos últimos mandatarios, en las figuras de Porfirio Lobo y Manuel Zelaya (de ideología comunista). “Todos ellos facilitaron el tráfico de droga, a cambio de sobornos,” volvió a decir el prisionero. Desde luego que estas confesiones han causado algo parecido a “un cataclismo” en este país centroamericano y Hernández se encuentra, en estos instantes, en medio de una incomodísima posición frente a la prensa y la ciudadanía.

Más y más dinero sucio

            Quien recibía supuestamente los pagos de los narcotraficantes, como hemos dicho, era Hilda, la hermana de Juan Orlando Hernández, quien falleció en un accidente de helicóptero; también el dinero mal habido llegaba a las manos del otro hermano del presidente, llamado Antonio “Tony” Hernández, hoy encarcelado en los Estados Unidos al ser encontrado culpable de sus ligámenes con el submundo del narco. Lo mismo el vicepresidente de la República, Ricardo Alvarez, a quien los narcotraficantes entregaron, presuntamente, US$500 mil a cambio de “protección” y no les tocaran cuando trabajaban con la droga en territorio hondureño. Este último prometió a “Los Cachiros” que iba a eliminar la ley de extradición hacia los Estados Unidos, en el caso de que su jefe, Juan Orlando Hernández, alcanzara la presidencia del país, tal y como ocurrió.

            En lo que atañe a Manuel Zelaya, gran amigo de los comunistas de América Latina, supuestamente le entregaron medio millón de dólares en el 2006, por las mismas razones que hemos detallado a lo largo de este reportaje. Por supuesto que los señalados se han defendido amarga y vehementemente y el propio Zelaya escribió en su cuenta de Twitter que “se trata de las confesiones de narcotraficantes arrepentidos, que tratan de reducir sus penas. (Y) una prueba irrefutable de que nunca recibí un soborno, fue que nunca nombré a un ministro del crimen organizado o bajo presión de la Embajada de Estados Unidos (en Tegucigalpa).” Sin embargo, fue durante el gobierno de Zelaya cuando Honduras se convirtió, precisamente por su ubicación geográfica y la vulnerabilidad de sus políticos, en una auténtica bodega para almacenar la cocaína que se trafica desde Colombia y que tiene como destino Cuba, México, los Estados Unidos y Europa.

            Retornando al caso del actual presidente hondureño, recordamos que su hermano Tony fue capturado por la DEA, cuando negociaba la compra de varios kilos de cocaína; incluso, un testigo indicó durante el proceso judicial que a la postre lo condenó, que, en el 2013, asistió a una reunión en la que el mismísimo Joaquín el chapo Guzmán, exjefe del cártel de Sinaloa y hoy preso a cadena perpetua, entregó a Tony Hernández la impresionante suma de US$1 millón, para ser utilizados en la campaña presidencial de su hermano, en la que resultó finalmente ganador.

            ¿Pero, porqué Juan Orlando Hernández ha resultado siempre favorecido por los Estados Unidos, a pesar de que las pruebas y los testimonios apuntan directamente hacia él? Quienes le conocen explican que su buena relación con Donald Trump y su facilidad para plegarse a los designios y mandatos de Washington, le han dado réditos y le han convertido en un firme aliado de los estadounidenses en la región, a pesar de que, posiblemente, practica un doble juego en el que están involucrados los jefes de los cárteles de la droga y las autoridades de la DEA, en el otro extremo de la figura. En todo caso, con la llegada de Joe Biden, parece que el favoritismo por Hernández podría verse reducido o erradicado por completo y cuando acabe su período presidencial, podría convertirse en un perseguido por la justicia y hasta extraditado hacia USA, según le sucedió a su hermano.

¿Es Honduras un narco-Estado del mismo corte de Venezuela y Cuba?

            En el interior hondureño, los políticos evitan este concepto para definir a su país… “narco-Estado;” pero quienes conocen fielmente la realidad, no escatiman ni ahorran palabras para aseverar que, efectivamente, Honduras pasa por ser un narco-Estado, quizás no tan poderoso como lo son Cuba y Venezuela, pero cumple funciones importantes para los narcotraficantes, como el almacenamiento de la cocaína y la impunidad de quienes trafican la droga. Es por ello que un miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha descrito lo siguiente en torno a esta nación centroamericana: “Es verosímil lo que están diciendo los narcos en Nueva York, porque el poder de la droga está demasiado cerca del poder en Honduras; pero también hay que reconocer que Juan Orlando Hernández impulsó la extradición de narcos que estaba prohibida en la Constitución y hay que medir la importancia que esto tiene. En Colombia esto causó una guerra y supuso pasar de narcotráfico a terrorismo. Paralelamente ha extraditado a cerca de 15 grandes capos y es posible que sea una venganza (las confesiones de “Los Cachiros” en los Estados Unidos, durante el juicio que se les sigue). La calidad de las pruebas será determinante.” Dijo.

            En dicho proceso que se efectúa en estos días en Nueva York, el fiscal aseguró que, efectivamente, Honduras es un narco-Estado; y lo mismo piensa el ultra-enemigo político y personal de Juan Orlando Hernández, su contendor en las pasadas elecciones, Salvador Nasralla, quien ha sido candidato presidencial en dos oportunidades. Es por eso que ha dicho lo siguiente: “Honduras está manejado por el crimen organizado y todos los poderes están controlados por la misma mafia. (El actual) mandatario puede terminar como Manuel Antonio Noriega, exdictador de Panamá, detenido en 1989 tras la invasión de los Estados Unidos. Los americanos no tienen amigos… tienen intereses. Y este hombre (Hernández), se les fue de las manos. La confesión de los narcos en Nueva York ha ido acompañada de apuntes, llamadas, libretas… y todos coinciden en la misma metodología.” Asevera Nasralla y continúa con sus impresiones: “El ejército garantizó su reelección ilegal y paralelamente es quien permite el paso de la droga: unas 80 toneladas de cocaína pasan mensualmente por Honduras, lugar estratégico en la ruta que asciende por el Caribe, desde Colombia y Venezuela.” Puntualiza el enemigo declarado de Orlando Hernández, a quien, se cree, le arrebataron las últimas elecciones presidenciales mediante un supuesto y escandaloso fraude.

            En todo caso, en esta nación cabe perfectamente el viejo refrán que dice: “cuando el río suena, piedras trae.” ¿O será acaso que en lugar de piedras, trae cocaína y dinero sucio para comprar las consciencias de los políticos, militares y dirigentes gubernamentales? Fuere como fuere, la imagen de Juan Orlando Hernández está por los suelos y lo señala el verdadero catalizador de la realidad política del país… el pueblo. Y debido a ello, si postulara su nombre nuevamente a las próximas elecciones presidenciales, podría ser derrotado con relativa facilidad, a no ser que opte por un “auto-golpe de Estado” para perpetuarse en el poder y evadir a la justicia estadounidense que le tiene en la mira, desde que su hermano fue aprehendido y se han sabido cosas más profundas del presidente y de algunos de sus ministros.

            El gran perdedor es el país, sin duda alguna, pues Honduras se debate entre la horrenda pobreza de sus ciudadanos, quienes emigran, a pie, hacia la Unión Americana, la deshonestidad de sus políticos y la delincuencia asesina de “las maras” en sus ciudades más importantes, mientras la sombra del narco se desliza a sus espaldas y siembra otra clase de terror e inestabilidad.

Obviamente la Democracia es Imperfecta; pero Algunos la Hacen Mayormente

Imperfecta

CURITIBA, Brasil- Cuando tomo los diarios de España, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y de las Américas Central y del Sur, y leo noticias en el sentido de que el vicepresidente español, el impresentable Pablo Iglesias, anda en los pasillos del Parlamento Europeo abogando a favor del golpista y separatista (en fuga), Puigdemont, para que no le levanten la inmunidad parlamentaria de la cual goza, pienso en la torpeza del sistema democrático, no solo español, sino ahí donde se le tenga como forma de gobierno y de vida, pues el enemigo del sistema democrático, en este caso en España, yace (y le pagan su sueldo), en el mismísimo seno del gobierno y desde ahí protege a los antidemocráticos y defiende sus ideas totalitarias o comunistas. Pablo Iglesias debería estar preso por distintos actos de corrupción que ha cometido, pero le han elevado al altísimo cargo de vicepresidente, desde donde despotrica contra la Casa Real española, sin que le ocurra nada a él, entre otras barbaridades que ejecuta a diario.

            Dentro del tema que nos interesa, pero siempre dentro del marco de la democracia y sus imperfecciones, en Brasil, un corrupto de los más espantosos y enormes que ha habido en ese gigantesco país, es el expresidente Lula da Silva, a quien un juez del Tribunal Supremo, llamado Edson Fachin, le ha dado su libertad al anular cuatro procesos en los que había sido condenado por sus prácticas, diáfanas, de corrupción agravada. Le vimos por la televisión brasileña saliendo de prisión, exultante, levantando su puño cerrado en señal de su marxismo y amenazando con ganar las próximas elecciones nacionales en las que se postulará. Solo en un sistema democrático se podrán ver más y más hechos erráticos como el que estamos observando en Brasil. Es decir, un delincuente del tamaño de Lula no purgó ni dos años de prisión por recibir millonarias cantidades de dólares en la conocida operación Lava Jato.

            De repente el remedo de juez que le dejó libre, decidió que el tribunal que juzgó a Lula “no era competente” y por esa causa había que eliminar las sentencias en su contra. Es así como Lula da Silva está en libertad a sus 75 años y ha mencionado que se postulará a la presidencia en el 2022; es decir, además de corrupto por recibir complacidamente “las dádivas” millonarias, va a optar por la presidencia de Brasil y si triunfa en dichos comicios, algo que podría darse con relativa facilidad, debido a la pésima gestión del troglodita Jair Bolsonaro, su país tendrá a un presidente que ha sido tan corrupto como el que más… Recordemos el error garrafal que cometieron los peruanos con Alan García, al reelegirlo después de sus evidentísimos actos corruptos. América Latina y sus votantes no aprenden las lecciones que les dan sus políticos degenerados y esas diversas circunstancias, además de debilitar al concepto y sistema democrático, lo ensucian y restan credibilidad.

Ser desvergonzado es el secreto

            En casos como el de Alan García, quien terminó pegándose un tiro en su cabeza cuando la policía iba por él, por la misma causa de da Silva, por haber recibido dinero de la corruptora Odebrecht, la empresa constructora que le embarró las manos a más de un político en el continente americano y África, y el de da Silva, las personas honestas, situadas en el grosor poblacional, se preguntan cómo un delincuente de esa categoría no siente vergüenza al haber estado preso por corrupto y, además de esa actitud desvergonzada… dice que optará por la presidencia del país, nuevamente. Y la respuesta es muy simple, aunque difícil de digerir: porque no tienen remordimientos, tampoco escrúpulos y son capaces de dar órdenes a los soldados y policías para que asesinen a inocentes, y al día siguiente se sentarán a tomar el desayuno de la misma manera como lo han hecho siempre… tranquila y desenfadadamente. Los conceptos “pudor, vergüenza, sonrojo, arrepentimiento” y el más importante de ellos “disculparse de corazón ante la gran masa de votantes,” eso ni pensarlo, no pertenece a su verborreico vocabulario, que utiliza solo para engatusar a las masas de personas nobles y bien intencionadas, quienes, estúpidamente, acaban votando por ellos nuevamente.

            Y si le sumamos a lo anterior lo que acaba de decir Lula, la situación empeora: “La política es mi ADN, solo cuando muera dejaré de hacerla (incluyendo los actos corruptos, desde luego, le faltó agregar a su ADN).” Atrás quedaron sin efecto las condenas contra él, por un apartamento triple ubicado en Guarujá, una finca en Atibaia y otros dos procesos relacionados con el Instituto Lula. Así mismo han quedado en el olvido las condenas que recibió por corrupción y blanqueo de dinero y por recibir prebendas (de Odebrecht), a cambio de favores políticos. Pero el juez Fachin, quien debe ser íntimo amigo del ex mandatario corrupto, le ha favorecido de principio a fin y le ha dejado en libertad al cabo de 19 meses de cárcel.

            Quienes conocen “al dedillo” la realidad jurídica brasileña, mencionan que “no es raro que un tribunal o un juez dicten un fallo totalmente distinto, al adoptado tiempo atrás.” Y es que el sistema judicial de este país contempla que los jueces del Supremo tomen decisiones UNIPERSONALES, como la que henos visto que ha sido tomada por el juez Fachin. Y es aquí donde entra en el escenario el presidente Jair Bolsonaro al opinar que Fachin “siempre tuvo una fuerte relación con Lula y no creo que el pueblo querrá a Lula de candidato.” En este punto último veremos hasta dónde le alcanza la inteligencia global al votante del Brasil, porque si lo reelige será tan corrupto (moralmente), que el mismo Lula; Y si lo rechaza, demostrará una innegable fuerza moral y una gran capacidad de madurez e inteligencia política, del mismo modo como sucedió con el gran electorado estadounidense al sacar al demente Trump del poder.

            Por su parte, el causante directo y único de este desaguisado, de este golpe vulgar a la democracia, el propio juez Edson Fachin, ha dicho que tomó la abyecta (este término es nuestro), decisión, porque Lula da Silva debió ser juzgado, no en Curitiba, sino en el Distrito Federal y con ese argumento ridículo, ha dejado en libertad a uno de los peores delincuentes políticos que ha tenido el continente, del mismo corte de expresidentes mexicanos (en fuga), salvadoreños, peruanos y argentinos y cuyo nombre es Luiz Inácio Lula da Silva, un mal ejemplo para todos e irrecomendable para nadie. Y el gran adefesio de la corrupción continúa, a pesar de que en Brasil la operación Lava Jato fue enterrada definitivamente, pero en el resto de naciones latinoamericanas sigue tan vigente como el mismo día cuando se descubrieron los hechos delictivos en los políticos que recibieron “las regalías” multimillonarias.

Repercusiones en las Bolsas de Valores

            Todo acto trae consigo una consecuencia y la consecuencia de esta absurda, irresponsable y peligrosa del juez Fachin a favor de un delincuente en la persona de Lula da Silva, propició el alza del dólar hasta alcanzar los 5,88 reales (moneda brasileña), por unidad americana. La irresponsabilidad de este seudo-juez ha causado también una conmoción política, el descrédito del sistema judicial del país, cuya palabra y veredictos no son nada luego de esta determinación de Fachin a favor de su amigo; y lo anterior se da en momentos en los cuales la pandemia del coronavirus originado en China está fuera de control médico, los hospitales desbordados en varios Estados del Brasil y con un gobierno al límite de la inutilidad y en manos de un demente, como lo es Bolsonaro, un militar de la escuela represiva de los años 70, metido a político.

            No hemos de negar que Lula presionó a su amigo juez, al presentar un recurso de habeas corpus ante el Supremo, que ha dado resultado positivo para el corrupto aquí mencionado. Posterior a esa acción para salir de la cárcel, el plan de Lula da Silva es el de postularse nuevamente a la presidencia de la República, sin que pesara su gobierno corrupto sobre su consciencia, lo cual es garante de su evidente desvergüenza por los hechos que perpetró. Cuando se le preguntó si optaría por la candidatura, respondió que Joe Biden, presidente estadounidense, es mayor que él y que cumplirá 77 años en el 2022. Y lo expresó así: “Si, en ese momento, los partidos de izquierdas entienden que puedo representarlos, no tendré ningún problema en hacerlo (…).” Manifestó descaradamente el convicto hoy liberado.

            En el caso de presentar su nombre ante las elecciones que están a un año y siete meses de celebrarse, sin duda el contrincante de Lula será el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien, si los comicios fuesen mañana, los perdería irremediable e inevitablemente por la pésima gestión gubernamental que ha realizado, muy al estilo Donald Trump, en los Estados Unidos, actuando de manera prepotente, con fuertes indicios de dictador, minimizando el peligro del virus chino y causando, con ello, los contagios masivos que se observan en todo el territorio nacional. De tal modo, no sabemos si Lula ganaría ante los otros candidatos que se presentarían; pero de lo que sí estamos seguros es que Bolsonaro no sería reelecto. Bueno, la lógica y la evidencia de lo sucedido así lo indican; aunque en este subcontinente latinoamericano, en cuestiones electorales y políticas, no hay nada seguro y nos remitimos al Perú, donde un delincuente que una vez se exilió en Francia para huir de la justicia peruana, regresó a Lima y fue reelecto presidente, a pesar de los pesares. Y es muy posible que el delincuente ecuatoriano –corrupto en un caso idéntico al de Lula, por recibir dinero de Odebrecht-, regrese al Ecuador y sea elegido nuevamente presidente de esa nación. Inconcebible, pero así son los votantes de esta parte de América, un territorio gigantesco atrapado por las tenazas corruptas en poder de los políticos corruptos.          

El Ocaso de Nicolás Sarkozy

PARÍS, Francia- Tenía la firme intención de regresar al Palacio del Elíseo en condición de Presidente de la República francesa por segunda ocasión, pero le sucedió lo peor que le puede pasar a un político, todavía más si es de jerarquía como lo era él: fue condenado a prisión por un Tribunal y deberá purgar encierro en su casa de habitación. Esta es la historia recién vivida por Sarkozy, uno de los últimos mandatarios galos del segundo milenio…